Nestor Rodríguez Domínguez

Expediente 864/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
864/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Nestor Rodríguez Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de diez de octubre del año en curso, dictado por este Juzgado Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, dictado por este Juzgado Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por lista. Notifíquese.

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la prevención formulada el diez de septiembre del año en curso, señalando como acto reclamado la falta de pago de la cantidad total de $587,328.01 (quinientos ochenta y siete mil trescientos veintiocho pesos 01/100 moneda nacional), por el suministro de combustible otorgado a los nosocomios de las ciudades de Iguala, Acapulco y Chilpancingo. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a dilucidar en torno a la procedencia de la demanda, para lo cual, previo análisis del escrito inicial y de aquél que en esta fecha se recibe, se precisa que: a. La parte quejosa, celebró con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el contrato CT-DRMO-SG-081/2016, por un importe mínimo de $2'475,900.00 (dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional) y máximo de $3'094,875.00 (tres millones noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), del periodo del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. b. Tal acuerdo de voluntades fue rescindido mediante acta circunstanciada de veintiocho de agosto de aquella anualidad; y que el adeudo derivado de aquél por la cantidad de $573,720.00 (quinientos setenta y tres mil setecientos veinte pesos 00/100) por concepto de suministro de combustible para calderas fue tramitado sin embargo, éste no fue autorizado. c. Este juicio de amparo se promueve a efecto de que "se obligue a la autoridad responsable a pagar a lo que se obligó". De lo expuesto, se obtiene que el objeto de estudio en este asunto no es de aquellos que pueden ser examinados en esta instancia constitucional; por lo que el juicio de amparo que se intenta deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el particular se cita el siguiente marco normativo. Los artículos 103 y 107 constitucionales, establecen la garantía constitucional que tiene toda persona, física o moral como gobernado, de acudir ante los Tribunales de la Federación cuando considere que una norma general, acto de autoridad o de particular ha violado sus derechos fundamentales, con el objeto que se le restituya en el goce y disfrute de esos derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación u obligando a la autoridad a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que el propio derecho exija. De acuerdo con lo anterior, el objeto de estudio del juicio de amparo lo constituye, entre otros, los actos de autoridad, así como los de particulares; y los primeros conforme con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, son los que emite aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en tanto los segundos, cuando aquellos los realice quienes tengan sus funciones determinadas por una norma general. De ahí que, el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares, ya que su finalidad es proteger al particular (persona física o moral) contra actos de autoridad, pues no constituye un procedimiento ordinario para acreditar hechos en lo general, sino que a través de él se verifica la constitucionalidad o convencionalidad o, en su caso, la legalidad del acto de autoridad frente a la situación y circunstancias que concurrieron en el momento en que aquél se emitió; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se ha dejado a los tribunales comunes, ya que de hacerlo se desvirtuaría la naturaleza del juicio de amparo. Se retoma, al reclamarse en esta instancia el pago de un adeudo derivado de la celebración de un contrato y que la pretensión del quejoso es que a través de esta instancia constitucional se obligue al Instituto responsable al cumplimiento de una obligación, como se adelantó, al pago total de $587,328.01 (quinientos ochenta y siete mil trescientos veintiocho pesos 01/100 moneda nacional); con base en lo expuesto en el marco legal, se estima que las cuestiones que la parte quejosa intenta sean resueltas por esta vía, deben ser dilucidadas por la autoridad ordinaria a través del juicio correspondiente, a fin de que sea en dicha instancia en donde se determine si procede o no el pago de la obligación consignada en el contrato CT-DRMO-SG-081-2018. En aquel juicio, el peticionario de amparo, podrá alegar lo que estime pertinente, relativo al cumplimiento de la obligación que refiere; ya que admitirse lo contrario, la Justicia Federal asumiría la función jurisdiccional que compete a las autoridades del orden común, lo cual es inadmisible, atento a la índole y naturaleza del juicio de amparo, como medio de defensa extraordinario que sólo procede después de haberse agotado las defensas ordinarias. Ilustra lo expuesto por las razones que la sustentan la jurisprudencia VI.3o. J/15, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto siguiente: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto." Por lo anteriormente expuesto, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con escrito de demanda e indudable, porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. ... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...

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