Néstor Rafael Abreu Cruz
Expediente 655/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Néstor Rafael Abreu Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA III. Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA II. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA II Vista la demanda de amparo firmada electrónicamente por Omar Trejo Téllez, autorizado del quejoso Néstor Rafael Abreu Cruz, contra actos de la Unidad de Gestión Judicial Uno y otras autoridades; se provee: RADICACIÓN Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 655/2021-II-B. ACTO RECLAMADO ORDEN DE APREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN. Atribuido a la Unidad de Gestión Judicial Uno y otras autoridades. DESECHAMIENTO El precepto transcrito autoriza a este Juzgado Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo aparentemente promovida por Néstor Rafael Abreu Cruz, fue presentada en línea, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; apreciándose que carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica del quejoso Néstor Rafael Abreu Cruz, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, ya que la signatura que obra en el escrito que se provee, es de su autorizado Néstor Rafael Abreu Cruz. Ahora, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. En consecuencia, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Máxime que la firma del promovente es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, en el caso la falta de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación constituye un requisito esencial para dar validez a un documento ingresado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve mediante el uso de firma electrónica vigente. Si bien, el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo. En tales condiciones al no existir en la demanda evidencia criptográfica de la firma electrónica de la persona que se considera afectada en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que Néstor Rafael Abreu Cruz, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso los actos reclamados, no son de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Lo anterior, toda vez que se advierte que el acto realmente reclamado en esta instancia consiste en la orden de aprehensión y su ejecución, pues así se advierte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, al aseverar que el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se presentaron a su domicilio Policías de Investigación de la Procuraduría General de la República, quienes informaron la intención de aprehenderlo, en virtud de cumplimentar una orden de aprehensión librada en su contra. Actos que se itera, no encuadran en las hipótesis del mencionado precepto 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional. En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carezca de la firel del quejoso, es procedente su desechamiento de plano, ello porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Lo que de ninguna manera implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa, ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirles a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho -salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-. Sin que deba perderse de vista que, acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (firel). NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Dese intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos del artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Ahora bien, con fundamento en artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico; así como, en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; así como, a las especificaciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el referido virus; se le autoriza para consultar y promover el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto a través del usuario "sandra.colin", exhortándosele para que continúe la tramitación del expediente a través del juicio en línea. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el domicilio físico que señala; asimismo, téngase señalando correo electrónico y número telefónico para mantener comunicación no procesal. De igual modo, se tiene como autorizado a José Antonio Roldan Suárez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del ordinal 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las restantes personas, lo anterior, en virtud de que no cuentan con el registro de su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. AUTORIZACIÓN DE USUARIO. Como lo solicita el impetrante de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al asunto que nos ocupa, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), a través del usuario "LicTrejo28".
- Principal
MESA II Vista la demanda de amparo firmada electrónicamente por Omar Trejo Téllez, autorizado del quejoso Néstor Rafael Abreu Cruz, contra actos de la Unidad de Gestión Judicial Uno y otras autoridades; se provee: RADICACIÓN Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 655/2021-II-B. ACTO RECLAMADO ORDEN DE APREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN. Atribuido a la Unidad de Gestión Judicial Uno y otras autoridades. DESECHAMIENTO El precepto transcrito autoriza a este Juzgado Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo aparentemente promovida por Néstor Rafael Abreu Cruz, fue presentada en línea, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; apreciándose que carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica del quejoso Néstor Rafael Abreu Cruz, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, ya que la signatura que obra en el escrito que se provee, es de su autorizado Néstor Rafael Abreu Cruz. Ahora, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. En consecuencia, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Máxime que la firma del promovente es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, en el caso la falta de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación constituye un requisito esencial para dar validez a un documento ingresado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve mediante el uso de firma electrónica vigente. Si bien, el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo. En tales condiciones al no existir en la demanda evidencia criptográfica de la firma electrónica de la persona que se considera afectada en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que Néstor Rafael Abreu Cruz, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso los actos reclamados, no son de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Lo anterior, toda vez que se advierte que el acto realmente reclamado en esta instancia consiste en la orden de aprehensión y su ejecución, pues así se advierte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, al aseverar que el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se presentaron a su domicilio Policías de Investigación de la Procuraduría General de la República, quienes informaron la intención de aprehenderlo, en virtud de cumplimentar una orden de aprehensión librada en su contra. Actos que se itera, no encuadran en las hipótesis del mencionado precepto 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional. En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carezca de la firel del quejoso, es procedente su desechamiento de plano, ello porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Lo que de ninguna manera implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa, ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirles a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho -salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-. Sin que deba perderse de vista que, acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (firel). NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Dese intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos del artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Ahora bien, con fundamento en artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico; así como, en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; así como, a las especificaciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el referido virus; se le autoriza para consultar y promover el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto a través del usuario "sandra.colin", exhortándosele para que continúe la tramitación del expediente a través del juicio en línea. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el domicilio físico que señala; asimismo, téngase señalando correo electrónico y número telefónico para mantener comunicación no procesal. De igual modo, se tiene como autorizado a José Antonio Roldan Suárez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del ordinal 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las restantes personas, lo anterior, en virtud de que no cuentan con el registro de su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. AUTORIZACIÓN DE USUARIO. Como lo solicita el impetrante de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al asunto que nos ocupa, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), a través del usuario "LicTrejo28".
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