Néstor Osiris Ortiz Zúñiga

Expediente 207/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
207/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2017

Partes del expediente

  • Néstor Osiris Ortiz Zúñiga
  • Licenciado Emmanuel Melgarejo Barradas, Fiscal Décimo Segundo adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial en Xalapa

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto. ... archívese el presente asunto como concluido.... Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente a los quejosos y por oficio a los terceros interesados y a la autoridad responsable; asimismo, acorde a lo estimado en el último considerando, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello, previa razón que por su recibo otorgue en autos...

  3. Principal

    ...EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de febrero de dos mil diecisiete. Vista; la demanda de garantías presentada por Néstor Osiris Ortiz Zúñiga, por propio derecho, contra actos de la Juez de Control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, por violación a las garantías contenidas en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 19 Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 207/2017. Ahora bien, antes de pronunciarse respecto de la procedencia del juicio de amparo, cabe hacer mención que es un hecho notorio para quien provee que con el número 536/2016 del libro de registro correspondiente a los juicios de amparo de este órgano jurisdiccional, se encuentra registrada una diversa demanda de garantías promovida por Valeria Cadena Estrada, contra actos de la Juez de Control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz y como tercero interesado al ahora quejoso Néstor Osiris Ortiz Zúñiga, lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo, para proveer eficazmente este asunto. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, de la Época y Semanario en consulta, que dispone: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." En tal virtud, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión, interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Expuesto lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: "La resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado dentro de los autos del proceso penal número 25/2016-I, por el delito de fraude específico, emitido con motivo del fallo protector concedido para efectos dentro del juicio de amparo No. 536/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito de esta capital. Por su parte, el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Carta Magna, dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, y se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, en que haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Se cita por aplicable la tesis XXXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil diez, con rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Asimismo, para una mejor comprensión de lo que se analiza, conviene reproducir el contenido del diverso artículo 61, fracción XIII, del invocado cuerpo legal que a la letra reza: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIII.- Contra actos consentidos tácitamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;...". Así las cosas, como ya se dijo, el ahora quejoso Néstor Osiris Ortiz Zúñiga en la demanda que se analiza se duele de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, emitida en autos del proceso penal número 25/2016-I, del índice de la Juez de Control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 536/2016, la cual fue allegada en copia certificada a dicho expediente y puesta a la vista del ahora quejoso mediante proveído de veinticinco de noviembre de la pasada anualidad -notificado de manera personal el treinta de noviembre siguiente-; aunado a ello, debe decirse que la aludida sentencia se tuvo por cumplida el doce de diciembre de dos mil dieciséis, lo que se le notificó de manera personal al aquí quejoso el quince de diciembre siguiente. Por lo anterior, es indudable que el quejoso tuvo conocimiento, o se ostentó sabedor de la resolución que ahora reclama, desde el momento en el que fue notificado del proveído de veinticinco de noviembre de la pasada anualidad, reseñado en el párrafo que antecede, ya que al ser parte en autos del juicio de amparo 536/2016 que se invocó como hecho notorio, es evidente que estuvo en aptitud de imponerse de su contenido y, manifestar en aquéllos autos si estaba conforme o no con la nueva determinación emitida por el Juez señalado como responsable. Ahora bien, es dable sostener que el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a correr el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, feneciendo el diecinueve de diciembre de esa anualidad, sin considerar dentro de dicho computo los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, de ahí que es evidente que el plazo para la interposición de la demanda de garantías, ha precluido. Lo anterior es así, tomando en cuenta que la demanda aquí instaurada fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, hasta el trece de febrero último; y, toda vez que no se está en ninguno de los casos de excepción previsto en el precepto 17 de la propia Ley, es claro y patente su presentación extemporánea, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 17, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales; en consecuencia, se desecha la demanda de garantías. Sin que pase inadvertido, el hecho de que el quejoso haya señalado que hasta el día veinticuatro de enero de la presente anualidad, tuvo conocimiento de la resolución que combate, pues ello queda desvirtuado del contenido de las constancias que obran en el juicio 536/2016 del que, como se dijo, se desprende que el aquí promovente tuvo conocimiento del acto reclamado cuando menos desde el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se le notificó personalmente, el auto que puso a la vista de éste, la resolución ahora controvertida. Máxime que el aquí quejoso, al ser tercero interesado en el juicio de amparo 536/2016, que se invocó como hecho notorio, estuvo en aptitud de imponerse del contenido de la resolución que ahora se combate. Más aún, fue notificado personalmente del proveído de doce de diciembre de la pasada anualidad, dictado en el citado juicio 536/2016, en el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo y en el que se analizó que los efectos de la misma, fueran cumplidos por la responsable, en el dictado de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, aquí combatida, por lo que obvio resulta que, además, tuvo conocimiento de las consideraciones en que fue sustentada la misma. Es aplicable al presente caso la tesis número P./J. 40/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo I, diciembre de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 18, ambos de la Ley de Amparo, es que se desecha la demanda por haber un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 de la propia ley. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA.- El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y, por autorizada con las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Magbis Abigail Chávez Taracena, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado que para tal efecto lleva este Juzgado, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Sin que pase inadvertido, el hecho de que el escrito de demanda de amparo que se analiza no contenga firma autógrafa, pues de la copia de la demanda que se anexa se advierte que se encuentra firmada en original, lo que demuestra la intensión del promovente de instar la presente acción constitucional. Finalmente, glósese la copia del oficio SEADS/108/2017, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el Pleno del citado órgano, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, determinó la adscripción de Karina Juárez Benavides, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario quien autoriza y da fe

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