Néstor Morales Arguelles
Expediente 1108/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 1 actuación registrada, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Néstor Morales Arguelles
Actuaciones
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 1108/2018, se determina lo siguiente: R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, Ana María Pelagio Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales y que reclamó de las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES AUTORIDADES FOJA SENTIDO JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR. VERACRUZ. VERACRUZ. 29 Niega MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA OCTAVA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. CIUDAD. 24 Cierto JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR. VERACRUZ. VERACRUZ. 26 Niega JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR. VERACRUZ. VERACRUZ. 54 Parcial SEGUNDO. Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda a trámite, se ordenó dar la intervención legal que le compete a la Fiscal Federal de la adscripción, se emplazó a la parte tercera interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en su oportunidad al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y su transformación en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la referida entidad federativa y sede, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz. SEGUNDO. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste aquél, atendiendo a la integridad de la demanda. Aunado a lo anterior, de las copias certificadas del toca 2122/2018, del índice de la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que como apoyo a su informe remitió la responsable, se desprende de dichas constancias la existencia del acto reclamado las cuales constituyen documentos públicos que adquieren pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo. Ahora, en el caso, el acto reclamado es el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el toca 2122/2018, del índice de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, mediante la cual calificaron de legal la excusa planteada por la titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que por actos de imposible reparación, debía entenderse aquellos que producen ejecución irreparable dentro del juicio cuando sólo afectaban de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, y no los casos en que sólo se afectaran derechos adjetivos o procesales, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate; criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, que señala: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Es decir, que por excepción, una violación formal o procesal producía una afectación exorbitante a las partes durante el juicio, que la identificaba como de imposible reparación, cuando concurrían circunstancias de gran trascendencia que significaran una situación especial dentro del procedimiento y de cuya decisión dependía la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a los derechos procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conllevara la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. Sin embargo, en la actualidad el Pleno del Alto Tribunal Constitucional del país, ha considerado que el legislador secundario fue más preciso en el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, al establecer el alcance de la expresión atinente a los actos de imposible reparación, señalando que por dichos actos deben entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Además, que el legislador a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para poder ser considerados como de imposible reparación necesitarían producir dos consecuencias a saber: a) Una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deberían ser capaces de impedir en forma actual ejercer un derecho, y no solamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, b) Que tales consecuencias debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por ende, la Corte estimó que no podía seguirse aplicando la jurisprudencia P./J. 4/2001, así como tampoco considerar procedente el juicio de amparo indirecto, puesto que dicho criterio se generó bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo que a la fecha ya no acontece, por lo que, en virtud de ello, en aquellos juicios de garantías iniciados de conformidad con la Ley de Amparo en vigor, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, ya que en la aludida jurisprudencia se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto, aun cuando la afectación no recaía directa e inmediatamente en un derecho sustantivo; lo cual hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, habida cuenta que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos. Máxime que la Ley de Amparo, establece en el artículo transitorio sexto, lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." A mayor abundamiento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo indirecto procederá contra actos en el procedimiento cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por su parte, la actual Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece en su artículo 107, fracción V, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se observa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto actual, aún señala que procede el amparo contra actos cuya ejecución son de imposible reparación, es decir, no hace una distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales. Sin embargo, la Ley de la Materia vigente sí los distingue, pues señala que un acto de imposible reparación es aquél que afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en Ley Suprema y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En esa virtud, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y caso a través del amparo directo o, bien del amparo adhesivo. Es así, puesto que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Esto es, que la intención del legislador es que las violaciones procesales que se cometan durante el procedimiento se impugnen únicamente a través del amparo directo y el amparo adhesivo, para que el Tribunal Colegiado resuelva respecto de todas las transgresiones adjetivas que se hagan valer, y en su caso, se fijen los términos precisos en que se deberá pronunciar la nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, en el caso, el acto reclamado lo constituye el acuerdo de treinta y uno octubre de dos mil dieciocho, dictado en el toca 2122/2018, del índice del índice de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, mediante la cual calificaron de legal la excusa planteada por la titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz; dicho acto no implica acto de imposible reparación, puesto que no afecta algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y tal resolución sólo implica afectación a derechos adjetivos o procesales que pueden ser separados en caso de que los afectados obtengan sentencia favorable. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 115/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintidós, marzo de dos mil nueve, Tomo XXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 167797, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.". De lo antes expuesto, se puede advertir que el acto combatido por la parte quejosa, no es procedente en la vía biinstancial que intenta, por cuanto a que de acuerdo con el referido artículo 107, fracción V, del ordenamiento anotado, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y en la situación particular, el acto reclamado no reúne esa característica, pues la determinación especificada en el párrafo anterior, se trata de un acto procesal emitido dentro de juicio, y que de acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, no tiene una ejecución de imposible reparación en la medida en que, esa decisión, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Asimismo, resulta aplicable la tesis I.4o.C.233 C, sustentada por el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página dos mil ciento dieciocho, enero de dos mi diez, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 165552, que dice: "EXCUSA. NO ES ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.". En esas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia de manera notoria y manifiesta, lo que procede en la especie es SOBRESEER EL JUICIO DE AMPARO QUE SE RESUELVE, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62, y 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. SEXTO. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. SÉPTIMO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ANA MARÍA PELAGIO RODRÍGUEZ, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la resolución. SEGUNDO. Cúmplase lo establecido en el considerando sexto y séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Juan Carlos López Santiago, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, hasta hoy doce de marzo de dos mil diecinueve en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. Razón. Esta última foja corresponde a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1108/2018, de doce de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. CONSTE.- Razón. El Secretario Juan Carlos López Santiago, hace constar y certifica: la presente resolución, se encuentra digitalizada íntegramente. Conste. Razón. En la misma fecha, se libran los oficios 9491, 9492, 9493 y 9494, según la minuta que se agrega.- Conste. REVISIÓN Firma del Secretario Firma del Encargado de Libros Firma del Analista Jurídico SISE Juicio de Amparo 1108/2018/V-B AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Xalapa, Veracruz, a las doce horas con cuarenta minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve
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