Nestor Mendez Rosas

Expediente 1161/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1161/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
21/09/2016

Partes del expediente

  • Nestor Mendez Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis, en la que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese copia del presente proveído en los expedientes original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente controvertido constitucional para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrución, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por último, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1161/2016-I-B, promovido por NÉSTOR MÉNDEZ ROSAS, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del considerando quinto.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el informe de mérito. Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexa al oficio que se provee, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, en términos del numeral 9 del mismo ordenamiento, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que menciona.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diez de agosto de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1161/2016-I-B (foja 5), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Zeus Islas González, secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por NÉSTOR MÉNDEZ ROSAS (fojas 1 a 3), auto de tres de agosto de dos mil dieciséis (suspensión provisional, con fojas 4 a 6), constancia de notificación a la autoridad responsable. Así mismo, da cuenta con la copia certificada del acuse de recibo del escrito signado por el quejoso citado, depositado ante la autoridad responsable, Fiscal General del Estado de Puebla, el veintiséis de julio del año en curso, cuya compulsa y certificación se ordenó en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. A lo anterior, la jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los autos la copia certificada de cuenta y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de la parte quejosa la documental en cita, sin perjuicio de hacer relación de ella en la etapa correspondiente. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el Secretario da cuenta con la copia certificada del acuse de recibo del escrito signado por el quejoso citado y depositado ante la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Puebla el veintiséis de julio del año en curso. A lo anterior la jueza acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental relatada por el Secretario, la que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, la jueza acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; los autos para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1161/2016-I-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por NÉSTOR MÉNDEZ ROSAS, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por NÉSTOR MÉNDEZ ROSAS, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo , se precisa que el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla de acordar el escrito de fecha veinticinco de julio del año en curso, depositado ante la autoridad responsable el veintiséis siguiente. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. La autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir su informe previo, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la copia certificada del acuse de recibo que el quejoso anexó en original a su escrito de demanda, la cual goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, pues del contenido de dicho documento se advierte que, efectivamente, el quejoso NÉSTOR MÉNDEZ ROSAS realizó una solicitud a la autoridad responsable citada mediante escrito depositado ante ella el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, según se advierte del sello fechador que obra en el documento aludido, sin que la autoridad responsable haya demostrado que dio contestación a dicha petición, por lo que resulta procedente establecer la certeza del acto reclamado. Además, la negativa de la autoridad responsable no fue probada por ésta con medio de convicción alguno, pues tratándose de hechos negativos, la carga de probar que no existe la omisión imputada, no corresponde a la parte quejosa, sino a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.1o.230 K del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro, texto y datos de localización siguientes: ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables. CUARTO. No obstante, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada por las consideraciones que continuación se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de derechos fundamentales se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos. Entonces, si se toma en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la omisión de la responsable de acordar un escrito, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión y 2. Que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea susceptible de ser suspendido, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por NÉSTOR MÉNDEZ ROSAS, en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicada.

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