Nestor Martínez Vidal
Expediente 609/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Nestor Martínez Vidal
Actuaciones
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región uno, con sede en el municipio de Macuspana, Tabasco, el disco en formato DVD de audio y video, que contiene la audiencia inicial de formulación de imputación y continuación de la audiencia inicial (auto de vinculación a proceso) de veinte y veinticinco de febrero de dos mil veinte, respectivamente, celebradas en la causa 337/2019, de su índice, el cual se resguardó en la mesa de trámite de este órgano jurisdiccional, mismo que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 609/2020-3, promovido por Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Uno, con sede en Macuspana, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil veinte (fojas 1 a 6), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el tres de agosto del mismo año, Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO El auto de vinculación a proceso dictado el veinticinco de febrero de dos mil veinte, por el hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto en el artículo 198 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región uno, con sede en Macuspana, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de cinco de agosto de dos mil veinte (fojas 7 a 13), se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 609/2020-3; se requirió a la autoridad responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO En veintidós de septiembre y dieciocho de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, fueron emplazados Sara del Socorro Pérez Torres (foja 39) y la Fiscal del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Macuspana, Tabasco; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El auto de vinculación a proceso de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictado en la carpeta administrativa 337/2019, del índice del Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región uno, con sede en Macuspana, Tabasco, por el hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto en el artículo 198 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable al rendir informe justificado (foja 18), lo que se corrobora con la copia certificada de un disco versátil digital (DVD), que remitió el juez de control, que contiene las videograbaciones de las audiencias de veinte y veinticinco de febrero de dos mil veinte, respectivamente. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia, tampoco se advierta de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las videograbaciones remitidas por el juez de control, se advierte que: A las doce horas del veinte de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en la carpeta administrativa 337/2019, en la que estuvieron presentes y se identificaron la fiscal Magda Antonia Briceño Santiago, el asesor jurídico particular Luis Alberto Cruz Montero, la víctima Sara del Socorro Pérez Torres, la defensora pública Mariela Cornelio Félix, y los imputados Néstor Martínez Vidal, Santiago Martínez Vidal y otra. En dicha audiencia, la fiscal formuló imputación y solicitó se vinculara a proceso a los ahora quejosos; los inculpados hicieron uso de su derecho a declarar sobre los hechos que se le atribuyen y, en su oportunidad, previa consulta con su abogada, solicitaron se resolviera su situación jurídica dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas; señalando el juez fecha y hora para esos efectos. A las catorce horas del veinticinco de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, en la carpeta administrativa 337/2019, en la que estuvieron presentes y se identificaron la fiscal Magda Antonia Briceño Santiago, el asesor jurídico particular Luis Alberto Cruz Montero, la víctima Sara del Socorro Pérez Torres, la defensora pública Mariela Cornelio Félix, y los imputados Néstor Martínez Vidal, Santiago Martínez Vidal y otra. En dicha audiencia, previo debate entre las partes, el juez de control decretó auto de vinculación a proceso en contra de Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, por considerar que fueron quienes posiblemente realizaron o participaron en la comisión del hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 198 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Sara del Socorro Pérez Torres. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Como quedó precisado en el considerando relativo, los impetrantes de amparo reclaman el auto de vinculación a proceso de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictado en su contra en la carpeta administrativa 337/2019, por el delito precitado. Determinación que considera infringe lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, como conceptos de violación adujeron que: Se dictó un auto de vinculación sin ajustarse a lo contemplado en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el fiscal señaló el hecho en el artículo 198 fracción II del Código Penal del Estado; sin embargo, dicha fracción contiene tres hipótesis, sin que haya indicado a cuál se refería. La fiscal omitió señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho delictivo. De lo verbalizado por la fiscal no se advierte que hayan sido lanzados físicamente del predio, pues únicamente refiere que la actuaria hizo entrega del bien libre de personas. No se verbalizó algún documento judicial por parte de la fiscalía en cuanto al lanzamiento del trece de marzo de dos mil diecinueve, en el cual basa su acción la fiscalía, por lo que el juzgador en su resolución refirió que la vinculación fue motivada con sus declaraciones, pero en ninguna manera aceptaron que fueron lanzados, mucho menos que hayan ocupado el predio al día siguiente del lanzamiento, es decir, el catorce de marzo de dos mil diecinueve. El juzgador consideró que se reunían datos de pruebas suficientes para acreditar el hecho y su participación en grado de coautoría, sin que se hayan valorado los datos de pruebas bajo la lógica, sana crítica y máxima de la experiencia. No existen datos idóneos, pertinentes y suficientes para justificar el auto de vinculación. La coautoría requiere para su existencia un condominio funcional del hecho y debió verbalizar la fiscalía la conducta individual de cada uno de ellos en el hecho considerado como delito. Al respecto, el suscrito considera que los aludidos motivos de inconformidad son infundados. Primero, cabe establecer que en el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, estable lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Como se dijo, se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues de la reproducción de las videograbaciones remitidas por la juez de control, se advierte que las audiencias de veinte y veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se desarrollaron de manera oral. Asimismo, se desprende que las aludidas audiencias fueron públicas y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción de los imputados, al ser informados de los hechos que se les atribuyen y los datos de prueba propuestos por la Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. Si bien se observa que el debate procesal se realizó en dos audiencias, ello se debió a que los inculpados solicitaron que su situación jurídica se resolviera en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se considera que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, dado que las audiencias se desarrollaron sin interrupción. De la misma manera, las audiencias se realizaron conforme al principio de inmediación, ya que el juez que estuvo a cargo de ambas fue el mismo. En igual tenor, de las referidas audiencias se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma el Ministerio Público, la parte ofendida y su asesor jurídico particular, los imputados y la defensora pública; Se verificó que los inculpados estuvieran informados de sus derechos constitucionales y legales; Se hizo saber a los imputados que no podía negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirigieran con respecto a ésta y se les exhortó para que se condujeran con verdad; Se le preguntó a los inculpados si era su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefería que éstos fueran anotados por separado y preservados en reserva, optando por esto último; Se formuló la imputación en la que la Ministerio Público comunicó a los imputados el hecho que les atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha y lugar de su comisión, la forma de su intervención, así como los nombres de sus acusadores; Sobre el particular, se dio a los imputados la oportunidad de declarar, quienes lo hicieron, previa consulta con su abogada; al respecto el juez les informó sus derechos procesales relacionados con este acto y su decisión; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso de los imputados, se explicó en qué consistía ésta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que contestara la aludida solicitud -lo cual hizo al inicio de la continuación de la audiencia inicial; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho término; al respecto, asesorado de sus defensores, solicitó se resolviera sobre su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, lo cual se hizo así; En la audiencia de veinte de febrero de dos mil veinte, la fiscal solicitó que se le decretara a los inculpados una medida cautelar, la cual fue declarada improcedente por el juez; En la continuación de la audiencia inicial el juez preguntó a la defensa si tenía dato de prueba que aportar, respondiendo que no; Agotado el debate, el juez resolvió sobre la vinculación a proceso peticionada por el fiscal; y, Se definió el plazo para el cierre de la investigación; De ahí que se considere que en el caso se cumple con las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso. Mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito, también se precisa que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, el Máximo Tribunal del país sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Por otra parte, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]". Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario que: Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; La ley señale como delito a ese hecho; y, Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria; ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 337/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto. En efecto, de las videograbaciones remitidas por el juez de control, relacionadas con la carpeta administrativa 337/2019, se advierte que a las doce horas del veinte de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en la carpeta administrativa 337/2019, en la que estuvieron presentes y se identificaron la fiscal Magda Antonia Briceño Santiago, el asesor jurídico particular Luis Alberto Cruz Montero, la víctima Sara del Socorro Pérez Torres, la defensora pública Mariela Cornelio Félix, y los imputados Néstor Martínez Vidal, Santiago Martínez Vidal y otra. En términos generales y en lo que interesa, dicha audiencia se desarrolló de la siguiente manera: Doce horas y minutos siguientes La aludida víctima nombró al referido asesor particular, quien aceptó y protestó el nombramiento, verbalizando su cédula profesional; en el mismo tenor, los inculpados designaron a la precitada defensora pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido, verbalizando su cédula profesional. El juez hizo del conocimiento de la víctima y de los imputados los derechos que les asisten. Doce horas con tres minutos y siguientes Previa pregunta del juez y consulta con su abogada, los inculpados solicitaron que sus datos personales se mantengan bajo reserva. Doce horas con cinco minutos y siguientes La representación social solicita autorización para formular imputación; el juez explica a los inculpados en qué consiste esta etapa y les solicita que presten atención a la comunicación que les hará la Fiscal. Doce horas con seis minutos y siguientes Acto seguido, la agente del Ministerio Público comunica a los inculpados que se les sigue una investigación en la carpeta 578/2019, radicada en el Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco, por considerar que el día catorce de marzo de dos mil diecinueve, a las nueve horas, fueron quienes ocuparon un inmueble ajeno en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, que tiene una superficie de 645.12 metros cuadrados, sin el consentimiento de Sara del Socorro Pérez Torres, quien legalmente puede otorgarlo, el cual previamente le fue entregado en posesión de manera real, formal y material, libre de personas y de objetos, el trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante diligencia de lanzamiento realizada por la actuaria del Juzgado Civil de Ciudad Pemex, de Macuspana, en relación al exhorto 64/2019, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, deducido del juicio ordinario mercantil 0089/1997, en adjudicación de bienes por remate, de la cual la víctima tiene la propiedad, que acredita con la escritura pública 16009, volumen 269, de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del licenciado Jorge Armando González Vargas, Notario Público número 1 de Jalapa, Tabasco, el cual tiene un valor de trescientos mil trescientos pesos. Hechos que la fiscal refirió están señalados como delito de despojo, previsto y sancionado en el numeral 198 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, con una penalidad de dos a ocho años de prisión, mismo que relaciona con el numeral 199, del mismo ordenamiento legal, que establece que la sanción establecida en el ordinal anterior se incrementará a una mitad, cuando haya sido realizado por tres personas. Asimismo, la representación social expuso que la calidad de participación de los inculpados, es de coautores, de conformidad con el artículo 13 Bis fracción II del Código Penal vigente en el Estado; el hecho es de consumación instantánea, de acuerdo con el numeral 8 fracción I del citado ordenamiento jurídico; y la conducta es dolosa en términos de los ordinales 9 y 10 párrafo segundo del mismo código. De igual forma, hizo del conocimiento de los imputados las personas que deponen en su contra, esto es, la víctima y el testigo Darwin Hernández Alvarado. Doce horas con doce minutos y siguientes Previa la aclaración solicitada por la defensa, los imputados manifestaron comprender los hechos que les hizo saber la fiscal. Asimismo, el juez hizo saber a los imputados su derecho a declarar o guardar silencio; previa consulta con su defensora, manifestaron que declararía sobre los hechos. Con motivo de lo anterior, el juez estableció recibir en primer lugar la declaración de Santiago Martínez Vidal; para tal efecto ordenó retirar de la sala a los restantes imputados. El juez exhortó al inculpado Santiago Martínez Vidal, para que se conduzca con verdad y le hizo saber que no está obligado a responder las preguntas que en su caso le formulen. Acto seguido, declara que viven n ese lugar desde hace cincuenta años; que no conoce a la señora que está presente en esa audiencia. Enseguida, previa explicación del juez sobre su declaración a Néstor Martínez Vidal y los derechos que le asisten, manifestó que tiene más de cincuenta años viviendo en el domicilio en cuestión y que no conoce a la señora que según es la dueña. Doce horas con cuarenta minutos y siguientes Acto seguido, la representación social solicita que se vincule a proceso a los imputados. El juez explica a los inculpados al respecto, solicitándoles que presten atención a la exposición que hará la fiscal. Enseguida, la agente del Ministerio Publico, con fundamento en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó se vinculara a proceso a Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, por su posible intervención a título de copartícipes en el hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto y sancionado en los artículos198 fracción II, y 199 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Sara del Socorro Pérez Torres. Al respecto, la fiscal verbalizó los siguientes datos de prueba: Querella formulada mediante escrito por Sara del Socorro Pérez Torres, de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que dijo ser propietaria del predio urbano con construcción, con una superficie de 645.12 metros cuadrados, ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia La Curva, de Macuspana, Tabasco, como lo acredita con la escritura pública 16009, de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del licenciado Jorge Armando González Vargas, Notario Público número 1 de Jalapa, Tabasco, el cual le fue dado en posesión por la autoridad judicial, el trece de marzo de dos mil diecinueve, a las 09:00 horas, mismo que fue ocupado sin su consentimiento el catorce de ese mismo mes y año, por Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal. Escritura pública número 16009, volumen 269, de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del licenciado Jorge Armando González Vargas, Notario número 1 de Jalapa, Tabasco. Diligencia de lanzamiento de trece de marzo de dos mil diecinueve, realizada por la actuaria adscrita al Juzgado Civil de Ciudad Pemex, en la que se hizo constar que a Sara del Socorro Pérez Torres, le fue entregada la posesión real, formal y material del inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, libre de objetos y de personas. Exhorto número 64/2019, signado por la Juez Sexto Civil de Villahermosa, Tabasco deducido del juicio precitado, que contiene la orden de lanzamiento. Inspección técnica del lugar de los hechos realizada por parte del perito Jesús Morales Méndez, de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, donde asienta que el diecinueve del aludido mes y año acudió al domicilio en cuestión, del que refirió sus características, en donde además señaló que en el interior había tres personas, entre ellas Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, anexando 8 fijaciones fotográficas de dicho lugar. Entrevista del testigo Darwin Hernández Alvarado, quien manifestó que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las nueve de la mañana, fue contratado por la referida ofendida para realizar labores de limpieza en el inmueble en cuestión, en donde encontró a los referidos inculpados. Dictamen topográfico, avalúo comercial y fijaciones topográficas, realizado por el ingeniero Juan Carlos Ovando Pérez, perito de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, refiriendo que se constituyó en el inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, superficie de 645.12 metros cuadrados, en donde para ingresar obtuvo permiso de Néstor Martínez Vidal, quien le manifestó que era el propietario; fijó como valor comercial del predio la suma de $313,174.78 (trescientos trece mil ciento setenta y cuatro pesos 78/100 moneda nacional); predio que dijo se encuentra invadido en su totalidad; anexando seis fijaciones fotográficas del referido inmueble. Oficio 228/2019, de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, signado por Aurora Cornelio Félix, Directora de Catastro Municipal, en donde informa que el predio ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, con superficie de 645.12 metros cuadrados, se encuentra a nombre de Sara del Socorro Pérez Torres. Oficio de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, signado por Leny Mayo Cornelio, Registrador Público de Jalapa, Tabasco, mediante el que informa que el predio en cuestión se encuentra inscrito con folio real 5636 y con número de predio 25279, con una superficie de 645.12 metros cuadrados, a nombre de Sara del Socorro Pérez Torres. Con los anteriores datos de prueba, la fiscal sostuvo que se establece que Sara del Socorro Pérez Torres, es propietaria del inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal sin número, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, con superficie de 645.12 metros cuadrados, mismo que fue ocupado por los referidos imputados sin el consentimiento de la aludida parte ofendida. En cuanto a la probable intervención de Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, en la comisión del hecho que se les atribuye, la representación social refirió que se establece de las declaraciones de la parte ofendida y del testigo Darwin Hernández Alvarado, quienes señalaron que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las nueve horas, los aludidos imputados ocuparon el inmueble en cuestión sin el consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo, lo cual fue realizado por tres personas. Al respecto, la fiscal se apoyó también en la inspección técnica del lugar de los hechos realizada por el perito Jesús Morales Méndez, quien refirió que al realizar esa diligencia en el predio se encontraban tres personas, entre ellas, los imputados. Por lo que concluyó que los inculpados intervinieron a título de coautores, de conformidad con el artículo 13 Bis fracción II del Código Penal vigente en el Estado; que el hecho es de consumación instantánea, de acuerdo con el numeral 8 fracción I del citado ordenamiento jurídico; y la conducta es dolosa en términos de los ordinales 9 y 10 párrafo segundo del mismo código, sin que se encontraran amparados por alguna causa excluyente de incriminación penal que operara a su favor, de las señaladas en el artículo 14 de la ley sustantiva en cita, tampoco ninguna causa que extinga la potestad punitiva de las numeradas en el ordinal 83 del referido ordenamiento jurídico, Con base en lo anterior, la fiscal solicito se vinculara a proceso a Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, por su posible intervención en el hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto y sancionado en los artículos198 fracción II, y 199 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Sara del Socorro Pérez Torres. Trece horas con seis minutos y siguientes Previa pregunta del juez y consulta con su abogada, los imputados solicitaron que se resuelva su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas. Al respecto, el juez señaló las catorce horas del veinticinco de febrero de dos mil veinte, para que se lleve a efecto la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso. Aun cuando la representación social solicitó se impusiera a los imputados medida cautelar, el juez la declaró improcedente. Por otra parte, de la videograbación relativa, se obtiene que a las catorce horas del veinticinco de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, en la carpeta administrativa 337/2019, en la que estuvieron presentes y se identificaron la fiscal Magda Antonia Briceño Santiago, el asesor jurídico particular Luis Alberto Cruz Montero, la víctima Sara del Socorro Pérez Torres, la defensora pública Mariela Cornelio Félix, y los imputados Néstor Martínez Vidal, Santiago Martínez Vidal y otra. En términos generales y en lo que interesa, dicha audiencia se desarrolló de la siguiente manera: Catorce horas y minutos siguientes El juez reitera los derechos que le asisten a la víctima y a los imputados. Previa pregunta del juez, la defensa manifestó que no tenía ningún dato de prueba que ofrecer. En cuanto a lo verbalizado por la representación social en la audiencia anterior, la defensa refirió que: No le asiste la razón a la fiscal porque, aun cuando ésta señaló que el trece de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el lanzamiento de los imputados respecto del predio en cuestión, ellos nunca abandonaron el mismo; Existe discrepancia en la escritura pública, misma que es de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, y la denuncia la hizo en el año dos mil diecinueve; Existe discrepancia en cuanto a la declaración del testigo Darwin Hernández Alvarado, quien hizo mención que trabajaron el trece de marzo todo el día y supuestamente se da el lanzamiento por parte de la actuaria judicial; Existen discrepancias entre el dicho de la víctima y el testigo, porque si se encontraban el trece de marzo en el domicilio, cómo es posible que llegara la actuaria y realizara el lanzamiento; la víctima y el testigo refieren posteriormente que el catorce de marzo llegaron llegan al domicilio aproximadamente a las nueve de la mañana, para continuar con las labores de limpieza en la propiedad. En cuanto a la entrevista a los imputados ellos mencionan que se encuentran habitando ese domicilio desde hace más de 50 años; por lo que considera que ellos son los legítimos posesionarios de dicho bien. Con motivo de lo anterior y con base en el artículo 3169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa solicitó que no se vinculara a proceso a los aludidos imputados, ya que considera que no existen suficientes datos de prueba que demuestren que Sara del Socorro Pérez Torres, sea la legítima propietaria del inmueble en cuestión. Catorce horas con seis minutos y siguientes Al respecto, la fiscal refirió que no le asiste la razón a la defensa, ya que los investigados en su entrevista afirmaron que vivían en ese domicilio y declararon que el día trece de marzo, fueron lanzados con sus cosas por parte de la actuaria judicial. Catorce horas con diez minutos y siguientes A pregunta del juez, el asesor jurídico hizo algunas puntualizaciones; la parte ofendida y los imputados respondieron que no tenían nada que manifestar. Decisión del juez de control Luego de establecer su competencia legal, la autoridad responsable expuso que los requisitos que señala el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedaron satisfechos, los primeros dos, con la imputación de la fiscalía en contra de Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, a quienes se les otorgó la oportunidad de declarar, lo cual hicieron en la audiencia anterior. En cuanto al tercer requisito, el juez señaló que de la formulación de imputación se obtiene que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, a las nueve horas, los imputados ocuparon un inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, que tiene una superficie de 645.12 metros cuadrados, sin el consentimiento de Sara del Socorro Pérez Torres, el cual previamente le fue entregado en posesión de manera real, formal y material, libre de personas y de objetos, el trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante diligencia de lanzamiento realizada por la actuaria del Juzgado Civil de Ciudad Pemex, de Macuspana, en relación al exhorto 64/2019, deducido del juicio ejecutivo mercantil 0089/1997, en adjudicación de bienes por remate, de la cual la víctima tiene la propiedad, que acredita con la escritura pública 16009, volumen 269, de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del licenciado Jorge Armando González Vargas, Notario Público número 1 de Jalapa, Tabasco, el cual tiene un valor de trescientos mil trescientos seis pesos. Luego, el juez tomó en consideración lo dispuesto en los artículos 198 fracción II y 199 del Código Penal del Estado de Tabasco, que prevén y sancionan el delito de despojo. En cuanto a lo manifestado por la fiscalía en el momento de formular imputación, el juez consideró que con los datos de prueba no estableció el modo en que los imputados ocuparon el inmueble en cuestión, ya que mencionó que derivado del lanzamiento, unas personas ocuparon el bien inmueble; sin embargo, la responsable estimó que se convalidó con la declaración de los imputados, quienes refirieron que ellos presenciaron el lanzamiento y que se encuentran habitando el bien inmueble en cuestión. Aunado a ello, el juez estimó que los datos que la representación social verbalizó arrojan indicios razonables para justificar la solicitud de vinculación, apoyándose para ese efecto en los siguientes_ Querella formulada por Sara del Socorro Pérez Torres, en la que dijo ser propietaria del predio urbano con construcción, con una superficie de 645.12 metros cuadrados, ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia La Curva, de Macuspana, Tabasco, como lo acreditó con la escritura pública 16009, pasada ante la fe del licenciado Jorge Armando González Vargas, Notario Público número 1 de Jalapa, Tabasco, el cual le fue dado en posesión por la autoridad judicial, el trece de marzo de dos mil diecinueve, mismo que fue ocupado sin su consentimiento el catorce de ese mismo mes y año, por Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal. Escritura pública número 16009, volumen 269, de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del licenciado Jorge Armando González Vargas, Notario número 1 de Jalapa, Tabasco. Diligencia de lanzamiento de trece de marzo de dos mil diecinueve, realizada por la actuaria adscrita al Juzgado Civil de Ciudad Pemex, en la que se hizo constar que a Sara del Socorro Pérez Torres, le fue entregada la posesión real, formal y material del inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, libre de objetos y de personas. Exhorto número 64/2019, signado por la Juez Sexto Civil de Villahermosa, Tabasco deducido del juicio precitado, que contiene la orden de lanzamiento. Inspección técnica del lugar de los hechos realizada por parte del perito Jesús Morales Méndez, de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, donde asienta que el diecinueve del aludido mes y año acudió al domicilio en cuestión, del que refirió sus características, en donde además señaló que en el interior había tres personas, entre ellas Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal. Entrevista del testigo Darwin Hernández Alvarado, quien manifestó que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las nueve de la mañana, fue contratado por la referida ofendida para realizar labores de limpieza en el inmueble en cuestión, en donde encontró a los referidos inculpados. Dictamen topográfico, avalúo comercial y fijaciones topográficas, realizado por el ingeniero Juan Carlos Ovando Pérez, perito de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, refiriendo que se constituyó en el inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, superficie de 645.12 metros cuadrados, en donde para ingresar obtuvo permiso de Néstor Martínez Vidal, quien le manifestó que era el propietario; fijó como valor comercial del predio la suma de $313,174.78 (trescientos trece mil ciento setenta y cuatro pesos 78/100 moneda nacional); predio que dijo se encuentra invadido en su totalidad; anexando seis fijaciones fotográficas del referido inmueble. Oficio 228/2019, de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, signado por Aurora Cornelio Félix, Directora de Catastro Municipal, en donde informa que el predio ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, con superficie de 645.12 metros cuadrados, se encuentra a nombre de Sara del Socorro Pérez Torres. Oficio de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, signado por Leny Mayo Cornelio, Registrador Público de Jalapa, Tabasco, mediante el que informa que el predio en cuestión se encuentra inscrito con folio real 5636 y con número de predio 25279, con una superficie de 645.12 metros cuadrados, a nombre de Sara del Socorro Pérez Torres. Al respecto, el juez valoró los anteriores datos de prueba de conformidad con los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando que aportan información que permite corroborar que el día y hora del hecho imputado, fue ocupado el bien inmueble por Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, realizando su participación en calidad de coautores, de manera dolosa y de consumación instantánea, quienes fueron señalados por la parte ofendida y el testigo Darwin Hernández Alvarado, como las personas que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, se encontraban ese día en posesión del mismo. Asimismo, el juez expuso que, aun cuando la fiscal no estableció el modo en que se realizó el hecho en cuestión, se convalidó con la declaración de los imputados, quienes refirieron que se encuentran ocupando un bien inmueble que no les pertenece, dado que omitieron aportar dato de prueba que justifique que tienen ese derecho. De igual forma, el juez señaló que si bien los imputados al declarar refirieron que dicho inmueble lo tienen en posesión desde hace cincuenta años, también existe una diligencia de lanzamiento en la que consta que le fue entregado el mismo a Sara del Socorro Pérez Torres y los inculpados confirmaron que el desalojo se llevó a cabo el trece de marzo de dos mil diecinueve. Por lo anterior, el juez consideró ciertos los señalamientos de la fiscal, porque no existen datos que contradigan las imputaciones, ya que los mismos inculpados lo corroboraron al declarar que se encuentran ocupando el inmueble en cita. Con motivo de ello, el juez estableció que probablemente Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, fueron quienes cometieron el hecho ilícito consistente en el despojo, previsto y sancionado en el artículo 198 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Sara del Socorro Pérez Torres, considerando que en el caso no opera en favor de los imputados alguna causa excluyente de incriminación o de extinción de las establecidas en los numerales 14 y 83 del precitado ordenamiento jurídico, por lo que decretó en su contra auto de vinculación a proceso. De lo expuesto, se deduce que los requisitos previstos por los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran colmados porque de las audiencias en cuestión se obtiene que: El Ministerio Público formuló imputación contra Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, en los términos anteriormente descritos; Se otorgó a los inculpados la oportunidad para declarar, lo cual hicieron previa asesoría de su abogada. De los antecedentes de la investigación verbalizados por la fiscal y retomados por el juez de control, se desprenden los datos de prueba referidos en párrafos que anteceden, los que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 198 fracción II, del Código Penal para el Estado de Tabasco, en agravio de Sara del Socorro Pérez Torres, y existe la probabilidad de que los imputados lo realizaron o participaron en su comisión. De lo verbalizado por la representante social y expuesto por el juez de control, no se advierte la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En el auto de vinculación se hace referencia a los datos personales del imputado, particularmente el nombre, sin que se haya revelado mayor información sobre su identidad, debido a que decidió que se mantuviera en reserva. La decisión del juez de control contiene los fundamentos y motivos por los cuales estimó satisfechos los requisitos establecidos en el ordinal 316 del código procesal en cita. Se dio a conocer a los imputados el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se les atribuye. Por lo que se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder del juzgador, pues se advierte que el análisis de los datos de prueba no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que aquéllos proporcionan indicios razonables y suficientes -al menos hasta ese estado procesal-, para informar sobre la existencia del referido hecho delictivo. Datos de prueba de los que, según lo verbalizado en las audiencias, se puede establecer que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, a las nueve horas, los inculpados ocuparon un inmueble ajeno en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, que tiene una superficie de 645.12 metros cuadrados, sin el consentimiento de Sara del Socorro Pérez Torres, quien legalmente puede otorgarlo, el cual previamente le fue entregado en posesión de manera real, formal y material, libre de personas y de objetos, el trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante diligencia de lanzamiento realizada por la actuaria del Juzgado Civil de Ciudad Pemex, de Macuspana, en relación al exhorto 64/2019, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, deducido del juicio ordinario mercantil 0089/1997, en adjudicación de bienes por remate, de la cual la víctima tiene la propiedad, que acredita con la escritura pública 16009, volumen 269, de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del licenciado Jorge Armando González Vargas, Notario Público número 1 de Jalapa, Tabasco, el cual tiene un valor de trescientos mil trescientos pesos. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención de los imputados en la comisión del hecho considerado como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por la Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen indicios razonables sobre la probabilidad de que los imputados realizaron el hecho que se les atribuye. En efecto, el juez de control ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, entre ellos, la querella y la entrevista del testigo Darwin Hernández Alvarado, quienes identificaron a Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, como las personas que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, se encontraban ese día en posesión del inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, con superficie de 645.12 metros cuadrados, propiedad de Sara del Socorro Pérez Torres. Asimismo, como lo expuso el juez, aun cuando la fiscal no estableció el modo en que se realizó el hecho en cuestión, ello se deduce de la declaración de los imputados, quienes refirieron que se encuentran ocupando un bien inmueble que no les pertenece, respecto del cual omitieron aportar dato de prueba que justifique que tienen ese derecho. En cambio, de los datos de prueba verbalizados por la fiscal, se obtiene que el bien inmueble en cita es propiedad de Sara del Socorro Pérez Torres. De igual forma, el juez señaló que, si bien los imputados al declarar refirieron que dicho inmueble lo tienen en posesión desde hace cincuenta años, también existe una diligencia de lanzamiento en la que consta que le fue entregado el mismo a Sara del Socorro Pérez Torres y los inculpados confirmaron que el desalojo se llevó a cabo el trece de marzo de dos mil diecinueve, lo cual consta en las videograbaciones de las audiencias relativas, contrario a lo afirmado por los ahora quejosos. Datos de prueba que, efectivamente, revelan indicios razonables y suficientes para establecer la probabilidad de que los imputados cometieron o participaron en la realización del hecho que se les imputa. Aunado a ello, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 de nuestra Carta Magna, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Asimismo, tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que, en esta fase del proceso penal, se considera que los medios de investigación propuestos resultan razonables y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. Por las anteriores consideraciones, el suscrito estima que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada, y no transgrede lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, ya que en la misma se salvaguardan los requisitos previstos en los ordinales 316 y 317 del Código nacional de Procedimientos Penales. Por lo que resulta infundado el concepto de violación en el que los impetrantes de amparo aducen que la fiscal no establece en cuál hipótesis de las que establece la fracción II del artículo 198 del Código Penal del Estado de Tabasco, encuadra la conducta de los imputados, ya que de lo verbalizado en las audiencias se advierte que se trata de la ocupación del bien inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, Colonia "La Curva", de Macuspana, Tabasco, con superficie de 645.12 metros cuadrados, propiedad de Sara del Socorro Pérez Torres. Respecto a que la fiscal omitió señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho delictivo, también es infundado, pues, de lo verbalizado en las audiencias, se advierte que se estableció que el hecho que se les atribuye tuvo lugar el catorce de marzo de dos mil diecinueve a las nueve de la mañana, en el inmueble precitado. Si bien, como lo sostuvo el juez de control, la fiscal no estableció el modo en que se realizó el hecho en cuestión, ello se deduce de la declaración de los imputados, quienes refirieron que se encuentran ocupando un bien inmueble que no les pertenece, respecto del cual omitieron aportar dato de prueba que justifique que tienen ese derecho. También es infundado el argumento relativo a que, de lo verbalizado por la fiscal, no se advierte que hayan sido lanzados físicamente del predio y no existe documento judicial que corrobore que se efectuó el trece de marzo de dos mil diecinueve. Ello, porque el juez señaló que, si bien los imputados al declarar refirieron que dicho inmueble lo tienen en posesión desde hace cincuenta años, también existe una diligencia de lanzamiento en la que consta que le fue entregado el mismo a Sara del Socorro Pérez Torres y los inculpados confirmaron que el desalojo se llevó a cabo el trece de marzo de dos mil diecinueve, lo cual consta en las videograbaciones de las audiencias relativas, en donde también fue verbalizada la diligencia relativa a la orden judicial de lanzamiento, contrario a lo afirmado por los ahora quejosos. En cuanto al argumento de que el juzgador no valoró los datos de prueba bajo la lógica, sana crítica y máxima de la experiencia, tampoco le asiste la razón a los quejosos, porque, como quedó evidenciado anteriormente, la autoridad responsable proporciona las razones y fundamentos por los que otorgó eficacia jurídica a los datos de prueba, sin perder de vista que, como se dijo, el estándar probatorio que exige una resolución de este tipo, es bajo, pues basta que los datos de prueba arrojen información suficiente para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que posiblemente los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. De ahí que se consideren infundados los conceptos de violación planteados por los quejosos, por lo que se les niega el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de cinco de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Néstor Martínez Vidal y Santiago Martínez Vidal, en contra del acto reclamado y la autoridad referida en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos precisados en el considerando SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de cuatro de septiembre pasado, se libró el oficio 13238/2020, dirigido a Magda Antonia Briceño Santiago, Fiscal del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Macuspana, Tabasco, a efecto de que sea emplazada en su carácter de tercero interesada en el presente juicio, mismo que del rastreo realizado a la pieza postal respectiva, en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx, se encuentra con mensajero para entrega. En tal virtud, a efecto de dar tiempo a lo anterior y de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
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