Nestor Manuel Marquez Gomez
Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nestor Manuel Marquez Gomez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de marzo de dos mil veintidós. INFORMA ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado en forma electrónica por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso oficio número 1281/2022, derivado del auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 19/2022, de donde deriva el presente cuaderno; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, primero de marzo de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por ********************, por lo que, se ordenó remitir los autos originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, para que realizara el trámite de turno al juzgado correspondiente********************sin embargo, a la fecha no obra constancia en los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa del órgano jurisdiccional al que correspondió conocer del mencionado juicio o bien si se aceptó o no la competencia declinada. En tales condiciones requiérase a la mencionada Oficina de Correspondencia Común, para que dentro del término tres días computados legalmente, informe a este órgano jurisdiccional el turno correspondiente del juicio de amparo mencionado en el párrafo que antecede o bien el impedimento legal que tenga para ello********************lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Néstor Manuel Márquez Gómez, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de diecisiete de enero del año en curso y al efecto, textualmente manifiesta: a) Se hace saber de esta Autoridad Federal que, no existe ninguna autoridad responsable ni ordenadora ni ejecutora del Acto que ahora se reclama el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTIFICA FEDERAL, mencionando con toda precisión que, las únicas autoridades como responsables son las mencionadas en mi escrito inicial, cuya ubicación y domicilio ya mencionados con precisión, corresponden a las ciudades de Zamora y La Piedad, Michoacán. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, así como el escrito de cuenta, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. Se sostiene lo anterior, porque el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo párrafo, refiere que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y la tercera, determina que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de garantías, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, de la demanda de garantías y escrito aclaratorio de cuenta se advierte que, el promovente designa como autoridades responsables a las siguientes: ORDENADORAS Agente del Ministerio Público de la Federación de Zamora, Michoacán. Agente del Ministerio Público de la Federación de La Piedad, Michoacán. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 1 de Atención Inmediata. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 2 de Atención Inmediata. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 3 de Atención Inmediata. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 4 de Atención Inmediata. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 5 de Atención Inmediata. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 6 de Atención Inmediata. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 7 de Atención Inmediata. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 8 de Atención Inmediata. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 1 de Alto Impacto. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 2 de Alto Impacto. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 3 de Alto Impacto. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 4 de Alto Impacto. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Zamora, Michoacán, de la Mesa 5 de Alto Impacto. EJECUTORAS Comandantes y Jefes de Grupo de la Policía Ministerial Federal de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de Zamora, Michoacán. Comandantes y Jefes de Grupo de la Policía Federal Ministerial de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de La Piedad, Michoacán. Comandantes y Jefes de Grupo de la Policía Ministerial de Investigación adscritos a la Fiscalía Regional de Zamora, con sede en la ciudad de Zamora, Michoacán. De quienes reclama: De las autoridades responsables ordenadoras reclamo los actos de investigación que derivaron de la orden de presentación y/o comparecencia y/o citación, emitida en mi contra, así como la transgresión a mi Garantía de Audiencia en dichos actos de investigación, toda vez que nunca he sido citado por ninguna de las autoridades mencionadas, de la visita que se realiza en mi domicilio ubicado en calle Pino Suárez número 46 de la colonia centro de la ciudad de Zamora, Michoacán, mencionando a los vecinos del lugar que se me hiciera saber que el Policía de Investigación lo estaba buscando con fines judiciales de investigación. De las autoridades responsables ejecutoras, reclamo los actos tendientes a la privación ilegal de mi libertad circulatoria, actos ilegales de molestia y perturbación a mi persona o posesiones, de igual manera, cualquier acto de presentación, citación, comparecencia o ejecución de una Orden de Aprehensión o cualquier mandamiento tendiente a violentar mis Derechos Humanos de Libertad circulatoria, Seguridad Jurídica, Debido Proceso o mi Derecho Humano a Juicio Previo. Por lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia legal por territorio se surte en favor del Juzgado de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, ya que, es en su jurisdicción donde tienen su residencia las autoridades ejecutoras. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente: Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004166 1 de 1 Primera Sala Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Pág. 383 Jurisprudencia(Común) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso haya firmado su demanda en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, puesto que tal evento es insuficiente para considerar que el acto reclamado se vaya a ejecutar en esta ciudad; de ahí que se afirme, que no por dicho acto debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el Juez de Distrito donde se firme la demanda, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, con el solo hecho de signar su demanda en el lugar en donde quisiera promover, por lo que la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito en donde pertenecen las autoridades responsables, se ejecutó y va tener ejecución el acto reclamado. Sustenta lo anterior: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206269 1 de 1 Primera Sala Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988 Pág. 147 Tesis Aislada(Común) COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCION COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACION DE LA. ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado. Aunado a que el quejoso no señaló autoridades ejecutoras con residencia en la circunscripción de este juzgado, circunstancia que finca la competencia a su favor y adujo que su domicilio se ubica en la calle Pino Suárez número 46 de la colonia centro de la ciudad de Zamora, Michoacán. Similar criterio a lo determinado, adoptó el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver el conflicto competencial 17/2016, originado con motivo de la demanda relativa al juicio de amparo 320/2016-I, de la que no se aceptó su competencia por parte de este juzgado, planteada por el homólogo titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; lo anterior, al existir idénticas razones a las expuestas en párrafos precedentes. Atento a lo anterior y con apego al Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y además con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, estima que es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de garantías, promovida por Néstor Manuel Márquez Gómez, el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno; razón por la cual y a efecto de que dicho Juzgador esté en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Materia, remítasele la demanda de garantías y escrito aclaratorio, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada. Con copia certificada de la demanda, fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de los actos reclamados, dado que no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedido legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda y aclaratorio, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. Sustenta a la anterior determinación: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 316027 1 de 1 Segunda Sala Tomo CXXX Pág. 357 Tesis Aislada(Común) SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de enero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Néstor Manuel Márquez Gómez, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación de Zamora, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 19/2022-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Ahora, previo a proveer sobre la admisibilidad de la demanda de amparo que nos ocupa, con apoyo en el artículo 108, fracciones I y III, en relación con el numeral 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente del amparo para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.. Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar los cuadernos del incidente de suspensión solicitado, regularice la demanda en cuanto a lo siguiente: a) Manifiesten sí es su deseo señalar como responsable a alguna autoridad con residencia en esta localidad, a quien le atribuya la ejecución del acto reclamado, toda vez que del contenido del escrito de la demanda, se advierte que señala únicamente a las residentes en Zamora y La Piedad Michoacán de Ocampo. APERCIBIMIENTO. Apercibido que de no desahogar la prevención dentro del plazo legal que para tal efecto se le confiere, se entenderá que no señala a ninguna autoridad, con residencia en esta ciudad, y se proveerá lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a la anterior consideración la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XXIII, agosto 2013, Tomo 1, visible en la página 383, Décima Época del Semanario Oficial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2004166, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." PRECISIÓN. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla el propio quejoso, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pág. 68 Jurisprudencia(Común) "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como autorizado en los amplios términos que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Mendoza Murillo, toda vez que de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que la cédula profesional 3220768 fue expedida en favor del citado Miguel Mendoza Murillo. CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medios de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico miguemenmx@hotmail.com, para efectos de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por medio de dicho medio electrónico, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. Por tanto, las notificaciones que en su caso le resulten, aún las de carácter personal, practíquense mediante lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale uno en esta ciudad para tales efectos. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaría General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. PRECISIÓN. Tomando en consideración la naturaleza del presente acuerdo y toda vez que el quejoso no señaló domicilio en esta ciudad donde recibir notificaciones, por única ocasión notifíquese el presente proveído mediante el correo electrónico que se precisa, debiendo el fedatario de la adscripción, levantar la constancia respectiva en torno al resultado de la diligencia que se encomienda. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO QUE SE PRECISA.
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