Néstor Juvencio Peña Herrera
Expediente 1670/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1670/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Néstor Juvencio Peña Herrera
Actuaciones
- Principal
Se notifica a la parte quejosa RODOLFO ALEJANDRO MORENO ÁLVAREZ, por medio de lista fijada en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el contenido de la determinación emitida el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, cuyo contenido indica: Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 758), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se haya pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo, esto es: ".a) Deje insubsistente la orden de incorporar el reporte de robo del vehículo marca Audi A4, tipo 8K20AY, modelo 2015, color blanco glaciar metalizado, número de serie WAUBFC8K2FA084062, número de motor CNC 099037, placas de circulación PYS-26-60 del Estado de Morelos, al Sistema Nacional de Robo de Vehículos, así como la orden de búsqueda, localización y puesta a disposición del automotor de mérito, ordenada en la carpeta de investigación FRV01/112/2016." ".b) Se abstenga de realizar algún acto de molestia en la posesión que detenta el quejoso respecto del vehículo marca Audi A4 de mérito relacionado con la carpeta de investigación FRV01/112/2016." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de Robo de Vehículos, mediante oficio FGE/CGJ/12345/2018-10 de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, remite el acuerdo de cancelación de reporte de robo, así como los oficios girados a las autoridades competentes para efectuar la cancelación de reporte de robo y cancelar cualquier orden de molestia o retención del vehículo marca Audi A4, tipo 8K20AY, modelo 2015, color blanco glaciar metalizado, número de serie WAUBFC8K2FA084062, número de motor CNC 099037, placas de circulación PYS-26-60 del Estado de Morelos, así también se advierte que dicha autoridad ya pronunció el acuerdo de no ejercicio de la acción penal (fojas 601 a 728), por lo que este Juzgado Federal, dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con dichas constancias. Consecuentemente, la autoridad responsable Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica, mediante oficio CES/UJMSP/0678/2018-L, remitió copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios girados a diversas autoridades competentes con la finalidad de dejar sin efectos la orden de búsqueda, localización y dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto en los autos de la carpeta de investigación FRV01/112/2016 (fojas 740 a 757), por lo que este Juzgado Federal, dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con dichas constancias. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, acordó la cancelación de reporte de robo, y giró los oficios a las autoridades correspondientes para efectuar la cancelación de reporte de robo, así también realizó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y consecuentemente, la autoridad responsable Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica, mediante oficio CES/UJMSP/0678/2018-L, remitió copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios girados a diversas autoridades competentes con la finalidad de dejar sin efectos la orden de búsqueda, localización y dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto en los autos de la carpeta de investigación FRV01/112/2016 (fojas 740 a 757), por lo que este Juzgado Federal, dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con dichas constancias, por lo tanto este órgano jurisdiccional considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente dejara insubsistente la orden de incorporar el reporte de robo del vehículo marca Audi A4, tipo 8K20AY, modelo 2015, color blanco glaciar metalizado, número de serie WAUBFC8K2FA084062, número de motor CNC 099037, placas de circulación PYS-26-60 del Estado de Morelos, al Sistema Nacional de Robo de Vehículos, así como la orden de búsqueda, localización y puesta a disposición del automotor de mérito, ordenada en la carpeta de investigación FRV01/112/2016, así también se abstuviera a realizar algún acto de molestia en la posesión al quejoso respecto del vehículo marca Audi A4 de mérito relacionado con la carpeta de investigación FRV01/112/2016. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acordó la cancelación de reporte de robo, y giró los oficios a las autoridades correspondientes para efectuar la cancelación de reporte de robo del vehículo marca Audi A4, tipo 8K20AY, modelo 2015, color blanco glaciar metalizado, número de serie WAUBFC8K2FA084062, número de motor CNC 099037, placas de circulación PYS-26-60 del Estado de Morelos, así también realizó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y consecuentemente, la autoridad responsable Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica, mediante oficio CES/UJMSP/0678/2018-L, remitió copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios girados a diversas autoridades con la finalidad de dejar sin efectos la orden de búsqueda, localización y dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto en los autos de la carpeta de investigación FRV01/112/2016 (fojas 740 a 757). Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que la suspensión definitiva se concedió. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Néstor Juvencio Peña Herrera, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1670/2018, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia vigente, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama esencialmente el impetrante de amparo consiste en la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar el auto admisorio de la demanda presentada el cinco de octubre del año en curso. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando aleguen violaciones directas al artículo 17 constitucional, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora bien, en el caso concreto, el promovente se duele de que la autoridad responsable es omisa en dictar el auto admisorio de la demanda presentada el cinco de octubre del año actual, circunstancia que aduce repercute en el trabajo que desempeña; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurre, pues en relación a la fecha en que el quejoso promovió la demanda administrativa de donde emana el acto reclamado (cinco de octubre del año en curso) y la fecha en la que se presentó el presente juicio de amparo, (diecisiete de octubre del presente año), es que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia; motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Lo anterior, no se contradice con lo resuelto en diversos amparos del índice de este Juzgado; en razón de que lo aquí determinado obedece a lo establecido en la tesis 2ª.J.48/2016 (10ª.) del rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, y la cual señala que por regla general el amparo interpuesto contra actos relativos a la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violaciones intraprocesales no afectan derechos sustantivos, y por tanto resulta improcedente, a menos que el juez de amparo, de la propia demanda advierta que existe una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización total del mismo, hipótesis que a juicio del suscrito no se actualiza conforme a lo expuesto con antelación. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir a trámite el juicio de amparo en que se actúa, a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado del análisis de las constancias que obran en autos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Transparencia y acceso a la información pública. Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Cristina Sánchez Giles, en atención a que dicha persona se encuentra registrada su cédula profesional en la base de datos de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial la Federación. De igual forma, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, toda vez que no cuentan con el registro descrito en el párrafo que antecede. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber al promoverte que puede consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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