Nestor Jimenez Saavedra

Expediente 465/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
465/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Nestor Jimenez Saavedra
  • Flor Nacira Martin Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    IV. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 6013/2019, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Néstor Jiménez Saavedra, en contra del auto de treinta de mayo del año en curso, en autos del presente juicio de amparo, formándose por tal motivo, el toca número 192/2019. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA IV. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso NÉSTOR JIMÉNEZ SAAVEDRA, con el que interpone recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo y se desechó la ampliación de demanda interpuesta por el referido quejoso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios a las autoridades responsables, y por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, a la parte tercera interesada, y hecho que sea, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad. Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    IV. Visto el estado guardan los presentes autos y toda vez que de una revisión de las constancias que adjuntó la Magistrada Primera y Presidenta de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta Ciudad, consistentes en el original del toca penal 149/2017 y las copias certificadas de la causa penal 243/2014, en dos tomos, se advierte una causal de improcedencia. En efecto, el quejoso reclama de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el auto de formal prisión dictado en su contra, en el toca penal 149/2017, como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, misma resolución que le fue notificada el siete de marzo del año en curso. Ahora bien, el suscrito considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán: "Articulo 56. Los términos establecidos en este Código son improrrogables, a no ser cuando a petición del inculpado o de su defensor se trate de resolver la situación jurídica de aquél o de ser juzgado, en las condiciones que se precisan en esta ley. Dichos términos comenzarán a correr el día siguiente al en que se hubiera hecho la notificación relativa ..." Por lo tanto, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la resolución reclamada, dictada por los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el toca penal 149/2017, formado con motivo de la apelación interpuesta en autos de la causa penal 243/2014; le fue notificada el siete de marzo del año en curso, por lo que es evidente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fue dictado dentro del toca penal 149/2017, índice de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se sigue en contra del aquí quejoso como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Para mayor comprensión, es menester dejar asentado que de conformidad con el Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán, el proceso penal se divide en tres etapas, a saber: La pre-instrucción, que abarca desde la radicación que dicta el Juez, hasta el auto que resuelve la situación jurídica del inculpado; en esta etapa el juez realiza las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, su clasificación conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado; o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar; La instrucción, que inicia luego del dictado del auto de formal prisión o la sujeción a proceso, y concluye con el auto que declara cerrada la instrucción, esto es, antes de que el Ministerio Público concretice la acusación en su escrito de conclusiones; y, Primera instancia o juicio, que es la etapa en la cual el Ministerio Público precisa su pretensión punitiva a través de sus conclusiones y el procesado su defensa. Por tanto, es dable concluir que el auto de formal prisión es un acto que si bien afecta temporalmente la libertad, lo cierto es que se emite dentro de un procedimiento judicial; en consecuencia, conforme a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el plazo para presentar una demanda de amparo contra actos que ataquen a la libertad personal dentro de un procedimiento es de quince días (con exclusión de la sentencia definitiva condenatoria que impone pena de prisión, pues el término será de ocho años). De ahí que si en el caso, el acto reclamado se notificó al quejoso el siete de marzo del año en curso, entonces el término previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia, trascurrió para la parte quejosa del once de marzo de dos mil diecinueve al dos de abril del propio año, con exclusión de los días diecinueve y veintiuno de marzo del presente año, en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que si la demanda de amparo fue presentada hasta el cinco de abril del año en curso, como se observa del sello estampado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, es claro, que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió en exceso, resultando notoriamente extemporánea su presentación. Por tanto, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del cuatro de julio del año en curso. Asimismo, glósese a estos autos el escrito del quejoso Néstor Jiménez Saavedra, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo, respecto de la notificación hecha el siete de marzo del año en curso, del auto de formal prisión, acto que atribuye al Actuario adscrito a la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; dígasele que se desecha la ampliación de demanda, atento a lo señalado en el párrafo precedente, aunado a que este juzgador, advierte que respecto del acto por el que pretende ampliar su demanda de amparo el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, la parte promovente reclama la ilegal notificación de la resolución de uno de marzo del año en curso, dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el siete de marzo del año en curso, en el que se decretó el auto de formal prisión. Así las cosas, en la especie el promovente debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones a que aluden los artículos 68 y 481 del Código de Procedimientos Penales del Estado, por aplicación del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que obliga a desechar la ampliación de demanda. Del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán: "ARTÍCULO 68. Si se probare que no se hizo la notificación decretada o que se hizo en contravención de lo dispuesto por los artículos que anteceden, el encargado de hacerla será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la falta y quedará sujeto a las disposiciones relativas del Código Penal si obró con dolo; en caso contrario, se le impondrá alguna corrección disciplinaria, dejándose en ambos casos sin efecto la notificación relativa, excepto cuando el interesado se ostente sabedor de la resolución. ARTÍCULO 481. Todas las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un procedimiento en materia penal y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen los artículos siguientes. ARTÍCULO 482. Cuando la cuestión sea de obvia resolución y las partes no solicitaren prueba, el Juez resolverá de plano. ARTÍCULO 483. Las cuestiones que, a juicio del Juez, no puedan resolverse de plano, o aquéllas en que hubiere de recibirse prueba, se substanciarán por cuerda separada y del modo que expresan los artículos siguientes. ARTICULO 484. Hecha la promoción, se dará vista de ella a las partes, para que contesten en el acto de la notificación. ARTICULO 485. Si el Juez lo creyere conveniente o alguna de las partes lo pidiere, citará a una audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes. Durante este plazo, así como en la audiencia, se recibirán las pruebas. Concurran o no las partes, el Juez fallará desde luego el incidente, siendo apelable el fallo en el efecto devolutivo." Partiendo de las anteriores premisas y de una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos, es de concluirse, que conforme a lo dispuesto por el artículo 68, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, las notificaciones que se hagan en contravención a lo dispuesto por los artículos del 57 al 67 del invocado código adjetivo, se dejarán sin efecto, siendo la vía idónea para lograrlo la tramitación del incidente de nulidad de notificaciones, que por no tener una tramitación especial se comprende entre los incidentes no especificados cuyos lineamientos se encuentran previstos en los artículos del 481 al 485 del código antes mencionado. Lo relatado líneas arriba, en concordancia con lo dispuesto por los numerales transcritos, conllevan a estimar que la notificación realizada al quejoso, de la resolución de uno de marzo del año en curso, dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que se decretó el auto de formal prisión, que a dicho del promovente no fue realizada con las formalidades de ley, no se encuentra en el caso de excepción relacionado con el principio de definitividad que rige en amparo, sino que por tener el carácter procesal, pues evidentemente se llevó a cabo dentro del procedimiento, como sucede en el caso particular, lo obliga a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes antes de acudir al juicio de control constitucional. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es evidente que el peticionario debió agotar dicho procedimiento antes de acudir al juicio de amparo, y si tal juicio no se agotó de manera previa, lógicamente se actualiza la causa de improcedencia invocada en los párrafos que preceden. Resulta aplicable al caso la siguiente tesis visible en la página 1401, del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCIDENTE NO ESPECIFICADO QUE IMPUGNA UNA NOTIFICACIÓN. SU TRÁMITE PROCEDE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, INCLUSO EN LA FASE "A" DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Los artículos 50 y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social de la entidad, respectivamente, dicen: "El procedimiento en materia de defensa social comprende cuatro periodos: I. El de averiguación previa que, a su vez se divide en dos fases: a) ... y b) ... II. El de instrucción ... III. El de juicio ... IV. El de ejecución ..." y "Las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio de defensa social y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen las fracciones siguientes ...". Así, de una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos se llega a la convicción de que el incidente no especificado no sólo procede, entre otros casos, en contra de una notificación efectuada dentro del periodo llamado de juicio, sino también en cualquier otra etapa, aun en la de averiguación previa fase "a" en donde el representante social lleva a cabo una serie de actuaciones, entre las que se encuentran las notificaciones a las partes; en consecuencia, a dichas actuaciones sí les son aplicables los preceptos que el código procesal prevé para las realizadas ante el Juez o las Salas, máxime que el artículo 73 del mismo ordenamiento legal dispone: "Las diligencias que practiquen el Ministerio Público tendrán pleno valor probatorio si se ajustan a las reglas relativas de este código." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Por consiguiente, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar la ampliación de demanda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Visto el estado guardan los presentes autos y toda vez que de una revisión de las constancias que adjuntó la Magistrada Primera y Presidenta de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta Ciudad, consistentes en el original del toca penal 149/2017 y las copias certificadas de la causa penal 243/2014, en dos tomos, se advierte una causal de improcedencia. En efecto, el quejoso reclama de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el auto de formal prisión dictado en su contra, en el toca penal 149/2017, como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, misma resolución que le fue notificada el siete de marzo del año en curso. Ahora bien, el suscrito considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán: "Articulo 56. Los términos establecidos en este Código son improrrogables, a no ser cuando a petición del inculpado o de su defensor se trate de resolver la situación jurídica de aquél o de ser juzgado, en las condiciones que se precisan en esta ley. Dichos términos comenzarán a correr el día siguiente al en que se hubiera hecho la notificación relativa ..." Por lo tanto, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la resolución reclamada, dictada por los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el toca penal 149/2017, formado con motivo de la apelación interpuesta en autos de la causa penal 243/2014; le fue notificada el siete de marzo del año en curso, por lo que es evidente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fue dictado dentro del toca penal 149/2017, índice de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se sigue en contra del aquí quejoso como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Para mayor comprensión, es menester dejar asentado que de conformidad con el Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán, el proceso penal se divide en tres etapas, a saber: La pre-instrucción, que abarca desde la radicación que dicta el Juez, hasta el auto que resuelve la situación jurídica del inculpado; en esta etapa el juez realiza las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, su clasificación conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado; o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar; La instrucción, que inicia luego del dictado del auto de formal prisión o la sujeción a proceso, y concluye con el auto que declara cerrada la instrucción, esto es, antes de que el Ministerio Público concretice la acusación en su escrito de conclusiones; y, Primera instancia o juicio, que es la etapa en la cual el Ministerio Público precisa su pretensión punitiva a través de sus conclusiones y el procesado su defensa. Por tanto, es dable concluir que el auto de formal prisión es un acto que si bien afecta temporalmente la libertad, lo cierto es que se emite dentro de un procedimiento judicial; en consecuencia, conforme a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el plazo para presentar una demanda de amparo contra actos que ataquen a la libertad personal dentro de un procedimiento es de quince días (con exclusión de la sentencia definitiva condenatoria que impone pena de prisión, pues el término será de ocho años). De ahí que si en el caso, el acto reclamado se notificó al quejoso el siete de marzo del año en curso, entonces el término previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia, trascurrió para la parte quejosa del once de marzo de dos mil diecinueve al dos de abril del propio año, con exclusión de los días diecinueve y veintiuno de marzo del presente año, en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que si la demanda de amparo fue presentada hasta el cinco de abril del año en curso, como se observa del sello estampado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, es claro, que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió en exceso, resultando notoriamente extemporánea su presentación. Por tanto, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del cuatro de julio del año en curso. Asimismo, glósese a estos autos el escrito del quejoso Néstor Jiménez Saavedra, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo, respecto de la notificación hecha el siete de marzo del año en curso, del auto de formal prisión, acto que atribuye al Actuario adscrito a la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; dígasele que se desecha la ampliación de demanda, atento a lo señalado en el párrafo precedente, aunado a que este juzgador, advierte que respecto del acto por el que pretende ampliar su demanda de amparo el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, la parte promovente reclama la ilegal notificación de la resolución de uno de marzo del año en curso, dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el siete de marzo del año en curso, en el que se decretó el auto de formal prisión. Así las cosas, en la especie el promovente debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones a que aluden los artículos 68 y 481 del Código de Procedimientos Penales del Estado, por aplicación del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que obliga a desechar la ampliación de demanda. Del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán: "ARTÍCULO 68. Si se probare que no se hizo la notificación decretada o que se hizo en contravención de lo dispuesto por los artículos que anteceden, el encargado de hacerla será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la falta y quedará sujeto a las disposiciones relativas del Código Penal si obró con dolo; en caso contrario, se le impondrá alguna corrección disciplinaria, dejándose en ambos casos sin efecto la notificación relativa, excepto cuando el interesado se ostente sabedor de la resolución. ARTÍCULO 481. Todas las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un procedimiento en materia penal y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen los artículos siguientes. ARTÍCULO 482. Cuando la cuestión sea de obvia resolución y las partes no solicitaren prueba, el Juez resolverá de plano. ARTÍCULO 483. Las cuestiones que, a juicio del Juez, no puedan resolverse de plano, o aquéllas en que hubiere de recibirse prueba, se substanciarán por cuerda separada y del modo que expresan los artículos siguientes. ARTICULO 484. Hecha la promoción, se dará vista de ella a las partes, para que contesten en el acto de la notificación. ARTICULO 485. Si el Juez lo creyere conveniente o alguna de las partes lo pidiere, citará a una audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes. Durante este plazo, así como en la audiencia, se recibirán las pruebas. Concurran o no las partes, el Juez fallará desde luego el incidente, siendo apelable el fallo en el efecto devolutivo." Partiendo de las anteriores premisas y de una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos, es de concluirse, que conforme a lo dispuesto por el artículo 68, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, las notificaciones que se hagan en contravención a lo dispuesto por los artículos del 57 al 67 del invocado código adjetivo, se dejarán sin efecto, siendo la vía idónea para lograrlo la tramitación del incidente de nulidad de notificaciones, que por no tener una tramitación especial se comprende entre los incidentes no especificados cuyos lineamientos se encuentran previstos en los artículos del 481 al 485 del código antes mencionado. Lo relatado líneas arriba, en concordancia con lo dispuesto por los numerales transcritos, conllevan a estimar que la notificación realizada al quejoso, de la resolución de uno de marzo del año en curso, dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que se decretó el auto de formal prisión, que a dicho del promovente no fue realizada con las formalidades de ley, no se encuentra en el caso de excepción relacionado con el principio de definitividad que rige en amparo, sino que por tener el carácter procesal, pues evidentemente se llevó a cabo dentro del procedimiento, como sucede en el caso particular, lo obliga a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes antes de acudir al juicio de control constitucional. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es evidente que el peticionario debió agotar dicho procedimiento antes de acudir al juicio de amparo, y si tal juicio no se agotó de manera previa, lógicamente se actualiza la causa de improcedencia invocada en los párrafos que preceden. Resulta aplicable al caso la siguiente tesis visible en la página 1401, del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCIDENTE NO ESPECIFICADO QUE IMPUGNA UNA NOTIFICACIÓN. SU TRÁMITE PROCEDE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, INCLUSO EN LA FASE "A" DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Los artículos 50 y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social de la entidad, respectivamente, dicen: "El procedimiento en materia de defensa social comprende cuatro periodos: I. El de averiguación previa que, a su vez se divide en dos fases: a) ... y b) ... II. El de instrucción ... III. El de juicio ... IV. El de ejecución ..." y "Las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio de defensa social y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen las fracciones siguientes ...". Así, de una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos se llega a la convicción de que el incidente no especificado no sólo procede, entre otros casos, en contra de una notificación efectuada dentro del periodo llamado de juicio, sino también en cualquier otra etapa, aun en la de averiguación previa fase "a" en donde el representante social lleva a cabo una serie de actuaciones, entre las que se encuentran las notificaciones a las partes; en consecuencia, a dichas actuaciones sí les son aplicables los preceptos que el código procesal prevé para las realizadas ante el Juez o las Salas, máxime que el artículo 73 del mismo ordenamiento legal dispone: "Las diligencias que practiquen el Ministerio Público tendrán pleno valor probatorio si se ajustan a las reglas relativas de este código." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Por consiguiente, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar la ampliación de demanda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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