Nestor Ivan Ramirez Carrillo
Expediente 1241/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1241/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nestor Ivan Ramirez Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de catorce de agosto de dos mil quince, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que signa el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por auto diez de agosto de dos mil quince, remitiendo copia certificada de las constancias ahí requeridas. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de junio de dos mil quince, en el expediente laboral **; cabe señalar que en dicho libelo solicitó: ... De las constancias remitidas por el presidente responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el quince de julio de dos mil quince, dictó el acuerdo respectivo en relación al escrito promocional antes mencionado, en el cual determinó: ... Luego entonces, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en dictar el acuerdo correspondiente del escrito promocional de veintidós de junio de dos mil quince, dentro del juicio natural, y éste ya se dictó y notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Cabe precisar que no es el caso en que se pudiera llegar a conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a ejecutar el laudo dictado dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado, ya que este Juzgado Federal considera que ello no es procedente, pues si bien es cierto, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que, el actuar de dichos funcionarios está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo que, la prosecución de tal estadio procesal no es oficiosa, para la autoridad responsable, según lo establece el artículo 950 del código obrero. Lo anterior se estima así, ya que de lo contrario no tendría razón que en la propia Ley Federal de Trabajo se estableciera la figura jurídica de la prescripción de la acción de ejecución de los laudos cuando no exista impulso procesal de las partes, pues tal sanción procesal se impone a quien obtuvo un laudo favorable y no ha instado el procedimiento de ejecución dentro del término de dos años siguientes al en que se notificó de la resolución condenatoria, según lo establece el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que corresponde a ella, en su carácter de parte trabajadora dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero, para que el fallo laboral sea acatado. Máxime que el cumplimiento del laudo o convenio corresponde al presidente de la junta correspondiente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo o convenio, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador el hecho de que no se le haya dado vista a la parte quejosa, en términos del artículo 111 de la ley de la materia, al efecto de que si era su deseo ampliar la demanda de garantías con la contestación de las solicitudes realizadas ante la responsable; esto es así, ya que esto sólo encaminaría a dar un trámite ocioso, pues dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ello, en atención a que el concepto "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, contra la cual procede el amparo indirecto en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se identifica con aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento "total" de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que traería consigo que la ampliación de demanda resultara improcedente. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho informe y anexo para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que existe un indicio de la causal de improcedencia por cesación de efectos, por tanto con fundamento en al artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que remita copia certificada, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, las constancias de: a) el escrito presentado el veintidós de junio de dos mil quince, por la parte actora aquí quejosa registrado con el folio 13151 y b) la notificación a las partes del auto quince de julio de dos mil quince, emitido por la autoridad en cita; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el lapso que se le concede, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado está obligado a indagar y recabar de oficio las pruebas necesarias para así estar en posibilidad de determinar fehacientemente si opera o no esa causal, tal y como lo exige la jurisprudencia siguiente: ... Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere la misma, fijándose las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su celebración. Notifíquese.
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