Néstor Iván Martínez Padilla

Expediente 313/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
313/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Néstor Iván Martínez Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el quince de agosto de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 313/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común que presta auxilio a los Juzgados de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, Néstor Iván Martínez Padilla, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados de las autoridades siguientes: 1) Director General; 2) encargado de la Dirección Técnica (en su denominación correcta); 3) Coordinador del Área Médica; 4) Departamento de Observación y Clasificación (autoridad que se tiene como responsable en sustitución de la que el quejoso denominó como Titular del Área de Criminología), todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. Actos que estima violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 8º, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Registro, prevención y admisión de la demanda. En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado registró la demanda con el número de expediente 313/2023, y previno a la parte quejosa a efecto de que manifestara: 1) Si los actos reclamados consisten en las omisiones por parte de las autoridades responsables de darle contestación a su petición, relativa a la atención médica en traumatología que le ha solicitado desde el mes de enero del año en curso; 2) Aclarara si también reclama la negativa por parte de las autoridades responsables para que le asignen una cama baja, dentro del módulo ECO-3 en donde se encuentra ubicado; y 3) Manifestara si ha promovido petición administrativa o controversia, relativa a los actos reclamados en este juicio. Mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, una vez atendida la prevención, se admitió la demanda de amparo, por lo que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de doce de junio de dos mil veintitrés, se tuvo como autoridad responsable al Departamento de Observación y Clasificación del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en sustitución de la autoridad que el quejoso denominó como Titular del Área de Criminología del citado centro federal. TERCERO. Audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el quince de agosto de dos mil veintitrés, al tenor del acta respectiva. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016 de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de octubre de dos mil dieciséis, por tratarse de un juicio de amparo en materia penal, que se atribuye a autoridades cuya residencia se encuentra en el territorio en que este juzgado federal tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que los actos reclamados por la parte quejosa del 1) Director General; 2) encargado de la Dirección Técnica (en su denominación correcta); 3) Coordinador del Área Médica, 4) Departamento de Observación y Clasificación (autoridad que se tiene como responsable en sustitución de la que el quejoso denominó como Titular del Área de Criminología), todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consisten en: La omisión de contestar las peticiones de nueve de diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés, en los que solicitó audiencia con el director, atención médica en traumatología y se le asignara una cama baja dentro del dormitorio en que se ubica. La omisión de otorgarle atención médica en traumatología. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Directora General, encargado de la Dirección Técnica, Coordinador Médico y jefe del Departamento de Observación y Clasificación del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de contestar la petición del quejoso de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, en donde solicitó audiencia con el Director del centro de internamiento, a efecto de que se le diera atención médica y se le ubicara en cama baja (fojas 149, 150, 160, 161, 164, 165 y 167); sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. En efecto, por cuanto a la negativa de la Directora General del Centro Federal, se confirma, habida cuenta que de las constancias que remitió, se aprecia que el dieciocho de diciembre de dos mil veintidós (anterior a la presentación de la demanda de amparo), atendió la petición del quejoso de nueve de diciembre de dos mil veintidós, informándole que no se contaba con antecedente para ubicarlo en cama baja por servicio médico; que respecto al problema hemorroidal que refería, se le había proporcionado el tratamiento por el lapso de dos meses el cual había concluido, no obstante al presentar ligero sangrado se le trasladaba al hospital para valoración por servicio médico, así como para su valoración en lesión antigua en pie y determinar si requería cama baja; dicha contestación se encuentra firmada por el ahora quejoso Néstor Iván Martínez Padilla. Ahora, por cuanto a las restantes autoridades responsables, se advierte no existe el citado acto reclamado, como así lo precisan, pues la petición de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se encuentra dirigida únicamente al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", por tanto, no existía obligación de dar respuesta a un escrito que no les fue turnado. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 804176, que dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Departamento de Observación y Clasificación (autoridad que se tiene como responsable en sustitución de la que el quejoso denominó como Titular del Área de Criminología), del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que se hizo consistir en la omisión de atender la petición del quejoso de enero de dos mil veintitrés, no obstante que dicha autoridad lo hubiera negado en su informe justificado (foja 167). Se afirma lo anterior, pues de las constancias de autos se aprecia que la solicitud de audiencia de enero de dos mil veintitrés, a nombre del aquí quejoso, dirigida al Área de Criminología de centro de internamiento, en donde solicitó se la autorizara el uso de cama baja, fue acordada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés (foja 151), esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo de treinta de marzo del año en curso; por tanto, se tiene como cierto dicho acto. En cuanto al diverso acto reclamado a las autoridades responsables Director General, encargado de la Dirección Técnica (en su denominación correcta), Coordinador del Área Médica, y Departamento de Observación y Clasificación (autoridad que se tiene como responsable en sustitución de la que el quejoso denominó como Titular del Área de Criminología), todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, relativo a la falta de atención médica en traumatología, se tiene como cierto, aun cuando las autoridades hubieran negado su existencia (fojas 149, 150, 160, 161, 164, 165 y 167), pues sólo mediante un estudio de fondo, de ser procedente, se podría determinar si se ha respetado o no el derecho fundamental a la salud del interno. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de atender la solicitud del quejoso de enero de dos mil veintitrés, que atribuye al Departamento de Observación y Clasificación (autoridad que se tiene como responsable en sustitución de la que el quejoso denominó como Titular del Área de Criminología), del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". En efecto, las actuaciones que integran este asunto demuestran que ha cesado el acto reclamado por la parte quejosa en la demanda de amparo, consistente en la omisión de dar respuesta a su solicitud de enero de dos mil veintitrés, que dirigió al Área de Criminología del centro de reclusión, en el que solicitó se le autorizara hacer uso de cama baja en el dormitorio en que se encuentra Es así, en la medida que de las constancias de autos, con el valor probatorio ya precisado, se advierte que la autoridad responsable Departamento de Observación y Clasificación del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a la que pertenece el Área de Criminología de ese centro penitenciario -a quien se dirigió la solicitud-, dio atención a esa petición el veintisiete de abril de dos mil veintitrés (posterior a la presentación de la demanda de amparo), haciéndole saber al quejoso que su propuesta sería puesta a consideración del Comité Técnico, firmando el interno de enterado (foja 153). Asimismo, se aprecia que en sesión ordinaria de fecha veintiséis de abril del año en curso, el Comité Técnico del CEFERESO, autorizó el uso de cama baja al interno, aquí quejoso, quien en diligencia de notificación de doce de junio de dos mil veintitrés, llevada a cabo por el actuario adscrito a este juzgado, asentó que se le había atendido favorable la petición de cama baja, por lo que daba por completa y satisfecha su solicitud (foja 122). De lo anterior se colige que el acto de autoridad ha dejado de dañar la esfera jurídica del quejoso, puesto que ha quedado demostrado que ya fue acordada y notificada la solicitud cuya omisión reclamó en este juicio de amparo. Por tanto, se actualiza la invocada causa de improcedencia. Diversa causa de improcedencia. Por otra parte, respecto del acto reclamado, consistente en la falta de atención médica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. La fracción II, del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el arábigo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, a los actos reclamados les resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento. Así los artículos 9, 107 a 115, 131 y 132 de la citada legislación, disponen: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad". Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". [Lo resaltado es propio de este juzgado federal] Del análisis de los artículos transcritos se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; a la alimentación nutritiva; a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios; acceder al régimen de visitas; a efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; y a participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de su libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario. De igual manera, se establece que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el ocurso se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. A la par, la aludida legislación establece la forma en que las peticiones se deben sustanciar, resolver e impugnar, incluso, tratándose de casos urgentes (artículos 111 a 115, 131 y 132). En ese contexto, se precisa que el quejoso refiere en su escrito de demanda, que no recibe la atención médica en traumatología que requiere, derivado de una fractura que presenta en el pie derecho. Lo anterior evidencia que respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en esa falta de atención médica en traumatología, existe un mecanismo sencillo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permite a los peticionarios del amparo, en su calidad de internos, plantear una petición a fin de que las autoridades penitenciarias le den dicha atención, y en caso de no recibir respuesta o que ésta le sea adversa, podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente, en términos del numeral 114, antes transcrito. Lo antes expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2018548, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Luego, al no haber hecho valer el quejoso el mecanismo de defesa procedente en contra de la omisión inherente a las condiciones de su internamiento (omisión de proporcionarles atención médica para su fractura en pie derecho), resulta evidente que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, consistente en que antes de acudir a la instancia constitucional, se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada la misma. Lo anterior es así, porque acorde con las manifestaciones del quejoso, no hay dato alguno que demuestre que el padecimiento del que se duele (fractura en pie derecho), comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, o lo someta a cierto dolor físico y/o estado patológico que, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Además, si bien el quejoso hizo valer una petición ante la autoridad penitenciaria; sin embargo, de no haber sido atendida ésta, puede ocurrir en controversia ante el juez de ejecución en términos del artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia XI.P. J/8 P (10a.), registro digital 2023391, de rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A CUESTIONES DE INTERNAMIENTO RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO O ASISTENCIA MÉDICA. A EFECTO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN CONDICIONES DE DECIDIR SI ADMITE O DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, DEBE REALIZAR UN JUICIO VALORATIVO DE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL QUEJOSO. El ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", respectivamente, permite concluir que cuando un interno promueva demanda de amparo indirecto, en la que reclame omisiones inherentes a condiciones de internamiento, previo a instar la acción constitucional, debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "peticiones administrativas", así como los medios de impugnación previstos en su contra; sin embargo, cuando tal omisión esté relacionada con la prestación del servicio médico o asistencia médica, el Juez de Distrito, a fin de estar en condiciones de pronunciarse en relación con la admisión o el desechamiento de la demanda de amparo, deberá realizar un estudio preliminar de las circunstancias particulares y los elementos vertidos por el quejoso en su escrito, bajo protesta de decir verdad, a fin de ponderar si la atención médica solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento que requiera de cierta atención urgente curativa o de rehabilitación médica, verbigracia, cuando el interno precise de un procedimiento para el restablecimiento de su salud, para tratar una enfermedad, o bien, de alguna acción tendiente a corregir las invalideces físicas o mentales que sufra, que de no prestarse oportunamente, causen al quejoso dolor físico o un estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de la vida; juicio valorativo que le permitirá decidir al juzgador, atendiendo al caso particular, si se está o no ante una excepción al principio de definitividad, que permita al interno acudir directamente al juicio de amparo." En tales condiciones, ante la actualización de las causas de improcedencia analizadas, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 313/2023, promovido por Néstor Iván Martínez Padilla, contra los actos reclamados del Director General, encargado de la Dirección Técnica, Coordinador del Área Médica, y Departamento de Observación y Clasificación, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE, personalmente al quejoso Néstor Iván Martínez Padilla, en el lugar de su internamiento.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. De autos se advierte, que en proveído de tres de julio del año en curso, se dio vista con los informes justificados rendidos por el Jefe de Departamento de Observación y Clasificación, así como por el Criminólogo Penitenciario "C", en ausencia del Coordinador Médico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido; por lo tanto, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para u verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Glósense a los autos los oficios y anexos de cuenta, remitidos por el Jefe de Departamento de Observación y Clasificación y por el Criminólogo Penitenciario "C", en ausencia del Coordinador Médico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; mediante los cuales rinden informe justificado; por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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