Néstor Iván Jarquín Soto
Expediente 587/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Néstor Iván Jarquín Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL 587/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. 1. Autoridad solicita copias. Agréguese el oficio firmado por el coordinador General de las Defensorías, adscrito a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, mediante el cual solicita copia certificada del expediente de este juicio de amparo 587/2022, promovido por Carmela Jarquín Soto a favor de Néstor Iván Jarquín Soto; en atención a su contenido, se provee: Como el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos de su artículo 2º, dispone que las partes en este juicio pueden solicitar en todo tiempo, a su costa, cualquier constancia o documento que obre en los autos del mismo; en tanto que, en el caso, la autoridad oficiante no es parte de este juicio. Por ello, a efecto de acordar al respecto, se solicita al coordinador General de las Defensorías, adscrito a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, justifique para qué fin necesita copias de todo lo actuado en este juicio, o remita la resolución o acuerdo de donde se advierta la justificación de la remisión de las constancias que refiere. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 587/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por el quejoso Néstor Iván Jarquín Soto; en atención a su contenido, se provee: 1.1Domicilio para recibir notificaciones. Téngasele revocando el domicilio señalado en la demanda inicial para oír y recibir notificaciones, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se le tiene señalando como nuevo domicilio el que indica en el escrito de cuenta. 1.2. Autorizados. Además, se le tiene revocando a las personas designadas para ese efecto; y por autorizadas a las personas que indica en el escrito de cuenta, únicamente para recibir notificaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Amparo. 1.3. Autorización de correo electrónico y número telefónico. Respecto del correo electrónico y un número telefónico que proporciona, se precisa que los mismos no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación especial con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 2. Expedición de copias. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídasele a costa de la parte promovente un legajo de copia certificada de todo lo actuado en este expediente, teniéndose por autorizada para recibirla a Sandra Isabel Zurita Vásquez, previa razón que de su entrega y copia de su identificación que se deje en autos. Se precisa a la parte quejosa que no se expide la misma por duplicado, pues se trata de un solo quejoso; además, no se expusieron las razones por las cuales requiere más de un juego de esta determinación, por lo que una vez que justifique dicha solicitud se podrá, en su caso, expedir una copia más que pide. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J.20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, tomo I, mayo de 2017, página 308, registro 2014287, con el rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO". Se precisa a la parte quejosa que, conforme al artículo 3° del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrá agendar cita en el Portal de Servicios en Línea "Agenda OJ"", a fin de recoger la copia solicitada, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, sede San Bartolo Coyotepec, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo referido. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 587/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de veintitrés de mayo del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Se comunica a la parte quejosa que como se decretó la suspensión de oficio y de plano en auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18 del referido acuerdo general y 7.41 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es depurable; por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de depurable. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 587/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. 1. Informe de suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el presidente y síndico Municipal de Santa María del Tule, Oaxaca, por el cual rinden el informe de suspensión de plano concedida a la parte quejosa, e informan que el quejoso Néstor Iván Jarquín Soto fue detenido por una falta administrativa el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, empero, fue puesto en libertad desde las veintiún horas del veinte de mayo siguiente. Para acreditar lo anterior, remite el acta de liberación de veinte de mayo de este año, en la que el directo quejoso manifiesta que salió en buenas condiciones de la cárcel, como se advierte de lo siguiente: Diligencia de notificación. Por otra parte, vista diligencia de notificación personal de veinte de mayo de dos mil veintidós, realizada por el actuario adscrito a este Juzgado al quejoso Néstor Iván Jarquín Soto; en su atención, se le tiene ratificando la demanda de amparo, y al respecto, se procede a determinar lo conducente en relación con la admisión o no, de la demanda de amparo. Para ello, debe precisarse que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama toralmente la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. 3. Desechamiento. Cabe mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, pues han cesado los efectos del acto reclamado; precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". La cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del solicitante del amparo, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como acto reclamado la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, mientras que el presidente y síndico Municipal del Ayuntamiento de Santa María del Tule, Oaxaca, informan que el quejoso Néstor Iván Jarquín Soto fue detenido por una falta administrativa el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, empero, fue puesto en libertad desde las veintiún horas del veinte de mayo siguiente. Situación que se corrobora con la orden de liberación, anexo al oficio presentado por las autoridades responsables, en la que el quejoso Néstor Iván Jarquín Soto manifestó lo siguiente: "Salí en buenas condiciones de la cárcel". De ahí que, al haber quedado en libertad Néstor Iván Jarquín Soto el veinte de mayo de dos mil veintidós, es inconcuso que se cumplió el fin por el cual fue presentada la demanda de amparo (esto es, obtener la libertad del quejoso), lo que hace evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, y se dejó de afectar la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo, en el sentido que desapareció la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento reclamada por la parte quejosa; por ello, como el acto reclamado no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos, es inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional a desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor del quejoso Néstor Iván Jarquín Soto en acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós; circunstancia que se hace del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. 3.1. Acceso a la justicia. Debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, registro 165538, página 324, de rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4. Domicilio y personas autorizadas. En atención a la ratificación efectuada por el directo quejoso, y toda vez que en auto de veinte de mayo del año en curso se reservó proveer lo conducente respecto a los autorizados. Por ello, téngase en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por autorizados con facultades amplias a Gloria Tomas Vásquez (cédula profesional 4824596) y a José TeresoCruz Reyes (cédula profesional 4096553), toda vez que de la certificación secretarial se advierte que existen registradas las cédulas profesionales a su favor, en el Registro Nacional de Profesionistas, que los faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Y en términos del artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado la parte quejosa. 5. Correo electrónico y teléfono. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número telefónico que menciona. No obstante que dicho correo y número telefónico no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 6. Días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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