Nestor Gabriel Rossano Diaz
Expediente 670/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/12/2020
Partes del expediente
- Nestor Gabriel Rossano Diaz
- NESTOR GABRIEL ROSSANO DIAZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VI RAZÓN ACTUARIAL. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la razón asentada por la Actuaria de la Adscripción, en la que manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte quejosa, los proveído de veintinueve de octubre y veintiséis de noviembre, ambos del año en curso, toda vez que el impetrante de amparo, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas. SE NOTIFICA POR LISTA. En tales condiciones, notifíquese por medio de lista a la parte quejosa los autos de veintinueve de octubre y veintiséis de noviembre, ambos del año en curso, así como el presente proveído, y los posteriores, incluso los de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese. AUTO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de uno de octubre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Néstor Gabriel Rossano Díaz, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese sentido, al evidenciarse que no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, con la finalidad de que se dé el destino correcto a los presentes autos, atendiendo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, párrafo primero, inciso d del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. En el entendido que sí existe documento original, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger el documento que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá ser depurado y en su momento destruido junto con el presente juicio. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2. Notifíquese. AUTO DE VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de octubre del año en curso, se ordenó el archivo del presente expediente, asimismo se indicó que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En virtud de lo anterior y, a fin de evitar mayores dilaciones, notifíquese personalmente a la parte quejosa el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, a fin de que se imponga de su contenido. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de octubre del año en curso, se ordenó el archivo del presente expediente, asimismo se indicó que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En virtud de lo anterior y, a fin de evitar mayores dilaciones, notifíquese personalmente a la parte quejosa el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, a fin de que se imponga de su contenido. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA II La certificación de cuenta evidencia que el quejoso *******, no interpuso recurso de queja dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, por el cual se decretó la prescripción del billete de depósito ******, el cual ampara la cantidad de $******** (*********00/100 M.N.); por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Consecuentemente, con copia certificada de proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte y de la presente determinación, remítase el certificado de depósito referido a la Tesorería de la Federación y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2. Notifíquese.
- Principal
MESA VI RAZÓN ACTUARIAL. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la razón elaborada por la Actuaria Judicial adscrita mediante la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte; en ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquensele la notificación de mérito por lista de acuerdos, así como las subsiguientes, aun las de carácter de personal. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2. Notifíquese. AUCERDO DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por *****, en su carácter de interventor de la Sucesión a Bienes de *****, contra actos del Fiscal adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Metepec, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 670/2020-VI. DESECHAMIENTO. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referidas en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que el acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, en donde se determinó la facultad de abstenerse de investigar en la carpeta de investigación con número económico 134/2019. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la determinación que en su caso se emita resulte congruente. Ahora bien, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Federal "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." De lo transcrito tenemos que los citados preceptos legales establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, las decisiones del agente del Ministerio Público, entre ellas, las abstenciones de investigar, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control, quien podría analizar si dicha situación es legal o en su caso, ordenar la prosecución de la investigación y persecución penal. Dicho en otras palabras, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las abstenciones del Ministerio Público como en el caso, de investigar en los autos de la carpeta de investigación con número económico 134/2019. A su vez, el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las abstenciones del Ministerio Público como en el caso, de investigar en autos de la indagatoria134/2019, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño, tal y como lo interpretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 233/2017. En esas condiciones, se considera que la parte agraviada debió impugnar la abstención en que ha incurrido la autoridad responsable de investigar en la indagatoria en cita, en el caso, ante el Juez de Control. En ese orden, sería la resolución del Juez de Control que decida en definitiva sobre la abstención que reclama la amparista, atribuida al Fiscal adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Metepec, Estado de México, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Ahora bien, este Juzgado de Distrito no soslaya que el presente caso no se ajusta a las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse un acto de abstención por parte del Ministerio Público, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna; por lo que de la misma manera tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido precepto legal, donde se dispone que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Empero, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que la abstención reclamada al Fiscal adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Metepec, Estado de México, es susceptible de ser impugnada ante la autoridad judicial, en la que se podrá determinar lo referente la misma, como en el caso, de abstenerse de investigar en la indagatoria con número económico 134/2019, relacionada con la prosecución de la investigación y persecución penal. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad." "Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. " "Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses." "Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las abstenciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que el quejoso debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con el precepto 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la quejosa de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. No es obstáculo a las anteriores consideraciones el hecho de que la parte quejosa haya manifestado en sus conceptos de violación que se violan sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución, pues de sus argumentos se advierte que esencialmente se duele de sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. SEÑALAMIENTO DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Gerardo Rossano Díaz, toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a las restantes persona que menciona en su escrito de cuenta, por no estar registrada su cédula profesional en dicho Sistema. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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