Nestor Flores Tacuba y Otros.

Expediente 459/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
459/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Nestor Flores Tacuba y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa de la llegada de los autos del juicio de amparo 459/2021-V, del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual le fue devuelto el diverso 1051/2021, de su índice, toda vez que en proveído de once de noviembre del año en curso, este juzgado federal no admitió la competencia legal declinada para conocer del asunto. En el mismo orden, se le tiene informando que remitió los autos al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, a quien considera competente para que conozca de la demanda. Por tanto, téngasele acusando recibo de los autos en comento. Glósese el oficio de cuenta al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta que signa la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede Acapulco de Juárez, al que adjunta el juicio de amparo 1051/2021, de su índice, promovido por Néstor Flores Tacuba, en nombre y representación de su esposa Eglantina Aguirre Larios, contra actos del Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa Tamaulipas y otras autoridades, por considerar que carece de competencia legal para conocer del mismo. Regístrese en el libro de gobierno con el número 459/2021-V, y fórmese expediente impreso y electrónico. Del análisis integral al escrito que contiene la demanda, de las constancias de autos, así como del acuerdo veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco; se advierte que el juzgador en mención, determinó que carece de competencia legal, por cuestión de territorio, en virtud del lugar donde debe tener ejecución, el acto reclamado, en razón a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que consideró que dicha competencia corresponde a este Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Chilpancingo, al precisar, en lo que interesa: "(.). Del contenido del transcrito precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: (.) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. Luego, en el presente asunto se reclama como acto destacado la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ubicado en el Fraccionamiento Villas Vicente Guerrero, código postal 39096, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde actualmente se encuentra recluida al Centro Federal de Readaptación Social Número 16, Femenil en Morelos, México; en este contexto, si el numeral 37, de la Ley de Amparo en la regla inicial dispone que para determinar la competencia del Juez de Distrito es necesario que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en el caso se actualiza el último de los supuestos, pues la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, esto es, a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo. Lo anterior, tomando en consideración que el promovente del amparo señaló que la quejosa se encuentra en aquél centro de reclusión desde hace doce años, lo cual da certeza del lugar en donde comenzara a ejecutarse el traslado reclamado. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (l0a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 899 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Décima Época, Materia(s): Común, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICÍA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DÍSTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCÍARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su natura1eza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Así como la Tesis II. 1o.55 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la página 2311, del libro 72, tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO QUE AÚN NO SE MATERIALIZA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRÍTO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE RECLUIDO EL QUEJOSO. EI artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Ampao dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, por lo que si se trata de una orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro que aún no se materializa, se actualiza la hipótesis referida, pues en caso de demostrarse su existencia, tendría ejecución material en el lugar donde se encuentre interno el quejoso, ya que si bien es verdad que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia la./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ÍNTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", indicó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, porque atendiendo a su naturaleza jurídica, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, pues la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario; también lo es que si el quejoso señala como acto reclamado la orden de traslado no ejecutada a cualquier otro centro penitenciario, sin que se tenga certeza a cuál, es innegable que al no encontrarse materializada, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluida la persona, pues allí es donde iniciará a perpetrarse tal acto." Ahora bien, analizado toda lo anterior, este Juzgador no acepta la competencia legal declinada, por los motivos que a continuación se señalan. Una vez hecho el estudio del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable ordenadora entre otra, al Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. En ese sentido, es conveniente precisar que tratándose de amparo indirecto, para el conocimiento del mismo, la ley de la materia, en su artículo 36, establece, que en los casos en que el reclamo sea atribuido a un tribunal Unitario de Circuito será competente otro de la misma jerarquía; numeral que literalmente dice: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." Conforme a la disposición transcrita, se advierte que el juzgado a mi cargo no es competente conocer del juicio biinstancial, cuyo conocimiento, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, está declinando a favor de este Órgano de Control constitucional, sobre el argumento de que es en este lugar donde se encuentra recluida la directa quejosa; lo cual, en el supuesto sin conceder, que la referida impetrante estuviera interna en el Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, en el que este juzgado ejerce jurisdicción -ya que se considera que la demanda no es suficientemente clara para así establecerlo-, dicha circunstancia por sí sola, en el caso en estudio, no trae como consecuencia que en efecto, se surta la competencia a nuestro favor, pues existe una prohibición legal para que este juzgador conozca del mismo, establecida en el mencionado artículo 36 de la Ley de Amparo, ya que en el caso, es autoridad responsable ordenadora un Tribunal Unitario de Circuito, que dispone en forma categórica que en dicha hipótesis, el que debe conocer del juicio de amparo indirecto, es otro Tribunal de la misma naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 14/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2014964, de rubro y texto: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS POR TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. PARA DETERMINARLA, DEBE APLICARSE LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Conforme al precepto citado, cuando en el juicio de amparo indirecto se impugnan actos o resoluciones de un Tribunal Unitario de Circuito, deberá conocer del asunto otro Tribunal de la misma naturaleza (jerarquía y circuito), si lo hubiera, o bien, el que se encuentre más próximo de aquel que haya emitido el acto reclamado, sin necesidad de fundar esa decisión en la aplicación supletoria del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la regla normativa que rige dicha competencia, se encuentra establecida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, en el que expresamente se indican los criterios que la definen: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad. Lo anterior, con independencia de que los actos o resoluciones reclamados pudieran o no tener ejecución material, toda vez que ello no fue considerado por el legislador como parámetro para delimitar la indicada competencia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 48 de la ley de la materia, devuélvanse los autos del juicio de amparo número 1051/2021, del índice de dicho Juzgado de Distrito, así como todos sus anexos, que originaron la radicación del expediente en que se actúa, a la Juez oficiante y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

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