Néstor Fernando Orozco Cantú

Expediente 414/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
414/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Néstor Fernando Orozco Cantú
  • Magistrados Integrantes de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de once de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el doce de abril de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el quince de enero de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra parte se concedió la protección federal; sin embargo, dicha resolución fue recurrida por las partes, habiendo conocido de tal recurso de revisión el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y registrado con el número de amparo en revisión 93/2018, de su índice, respecto del cual determinó modificar la sentencia recurrida para que el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; así como el Presidente Municipal, Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Policía Preventiva y Vialidad del Municipio, Dirección Jurídica del Gobierno Municipal, Titular de la Unidad de Asuntos Internos e Instructores de Procedimiento y Dirección Jurídica, todos de Puerto Vallarta, Jalisco, realizaran los actos siguientes: Deje insubsistente el reporte de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en el que se informó el resultado de no aprobado de las evaluaciones practicadas al quejoso, así como el proceso de evaluación del que derivó dicho resultado por carecer de validez. Asimismo, cabe agregar que la tutela federal se hace extensiva por cuanto se refiere a las diversas autoridades responsables Presidente Municipal, Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Policía Preventiva y Vialidad del Municipio, Dirección Jurídica del Gobierno Municipal, Titular de la Unidad de Asuntos Internos e Instructores de Procedimiento y Dirección Jurídica, todos de Puerto Vallarta, Jalisco, consistentes en la inocacion del procedimiento especial de separación identificado con el número 21/2016, toda vez que se trata de un acto que tiene su origen en el citado reporte de resultado de no aprobado de las evaluaciones realizadas a la quejosa, que fue anulado en este fallo. De tal suerte, los indicados actos reclamados deben quedar sin efectos, por formar parte del procedimiento de separación que se instauró en contra del quejoso con base en el referido reporte declarado insubsistente con motivo de la protección constitucional otorgada en esta resolución. Así, mediante proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado federal requirió al Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, así como a las autoridades responsables adscritas al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, citadas con antelación, para que en el término de tres días, dieran cumplimiento a lo ordenado por la ejecutoria de amparo. En ese contexto, a las constancias remitidas por las responsables, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, mediante oficio CESP/CEECC/0990/2019, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, informó al Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, que se declaró insubsistente la evaluación conjunta con número de folio 33897-R, de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en el entendido de que se declaró insubsistente el proceso de evaluación de los exámenes de control y confianza que se le aplicaron al quejoso, así como el reporte final 33897-R, por tanto, dejaron de surtir efectos los examenes y el reporte final practicados a Francisco Javier García Ortega, con motivo del desahogo de su proceso de evaluación de control y confianza, y como consecuencia, el resultado emitido dentro del citado proceso; asimismo, que el Titular de la Unidad de Asuntos Internos e Instructores de Procedimiento y Dirección Jurídica; el Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Policía Preventiva y Vialidad del Municipio; y el Secretario Técnico de dicha Comisión, todos de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante los acuerdos emitidos el uno de abril de dos mil diecinueve, ordenaron dejar sin efecto alguno el acuerdo de inicio del Procedimiento Especial de Separación que nos ocupa, todo lo actuado con posterioridad al mismo, así como el acta de sesión de trabajo CHJPPV/003/2016, única y exclusivamente por lo que ve a la orden de iniciar el procedimiento especial de separación a Francisco Javier García Ortega, y en consecuencia, el oficio CHJPPV/004/2016. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra parte, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. V. Cuadernos incidentales. Con el contenido del presente acuerdo se ordena dar cuenta en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "Remita el exhorto relativo a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 3614/2017/17-B." En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, por auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se advierte en lo que interesa que, el veinticinco de enero del año en curso, el apoderado especial de la parte quejosa, recibió el oficio 2100/17/181/2019, dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, con la finalidad de diligenciar el exhorto ordenado en autos y con ello lograr el emplazamiento de la patronal, lo anterior, en el juicio natural de origen.. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio; y por otra, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, exhibe copia certificada de diversas actuaciones llevadas a cabo dentro del juicio de origen; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite haber notificado a las partes en el juicio de origen el proveído de trece de febrero del presente año, así como haber notificado el oficio ordenado en dicho auto. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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