Nestor Fernando Mancia González

Expediente 183/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
183/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Nestor Fernando Mancia González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de veintinueve de marzo del presente año, se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, tuviera a bien designar un defensor público que asesore al quejoso Néstor Fernando Mancia González, en el presente juicio, sin que a la fecha lo haya realizado. Ahora, en virtud de que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no señaló abogado que la represente, como tampoco autorizados para que en su nombre oigan y reciban todo tipo de notificaciones, en tales condiciones y a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, se ordena girar atento oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designar un defensor público que asesore al quejoso en el presente juicio. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Notifíquese.

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