Nestor Enrique Rodríguez Alvarado
Expediente 1297/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/07/2018
Partes del expediente
- Nestor Enrique Rodríguez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
*SE ESTIMA QUE LA RESPONSABLE ACATO EL FALLO PROTECTOR... ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO... ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN...
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee, téngase por recibido el oficio firmado por la Presidente de la Treceava Junta de La Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada de la determinación dictada en seis de los actuales, por medio de la cual se dejó insubsistente el acuerdo de veintocho de junio del año actual y se señaló nueva data para verificativo de las pruebas confesionales admitidas en autos del expediente laboral 1820/2017/13-I, constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con el oficio y anexo que se señalan en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), manifiesten lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa a quien se le deberá entregar copia simple del oficio y anexo con el que la autoridad informa el cumplimiento dado al fallo protector. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el Secretario Kavdxary Youdvary Gonzalez Macedo, que certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/ KYGM/estef *
- Principal
CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA... SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE CUMPLA CON EL FALLO PROTECTOR... BAJO APERCIBIMIENTO...
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el escrito que suscribe Octavio Temístocles Acosta Sánchez, autorizado de la parte quejosa, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 8), a través del cual, pretende desahogar el requerimiento formulado mediante auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (foja 229), para lo cual pretende ampliar su demanda de amparo. Luego, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Se desprende del precepto reproducido, que el juez de distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En ese contexto, respecto a la ampliación que pretende realizar el suscriptor del escrito que se provee, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107 de las Constitución Federal y 6 de la ley de la materia, toda vez que la misma es promovida por un autorizado en amplios términos del quejoso y no por éste, lo que vulnera el principio de instancia de parte agraviada. Así es, los autorizados están facultados únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o su ampliación, no así para ampliar la demanda de amparo, ya que esta acción debe provenir directamente de la voluntad del interesado, en este caso, de la quejosa Sofía Serrano Reyes, asimismo, el autorizado no podrá conducirse bajo prosteta de decir verdad de hechos que únicamente la quejosa podría realizarlos. Robustece lo anterior la jurisprudencia 37/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Noven Época, XXXIII Junio de 2011, página 68, cuyo contenido literal es el siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la solicitud de ampliación de demanda de garantías promovida por Sofía Serrano Reyes; en consecuencia, se desecha de plano la ampliación de demanda de que se trata. Notifíquese; personalmente. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/RMG/IIEJ
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