Néstor Eduardo Aguilar Ramos

Expediente 625/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
625/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Néstor Eduardo Aguilar Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el *** signado por ***; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado María Dolores Camacho Díaz, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia constitucional terminada de engrosar el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de garantías 625/2023-VIII, promovido por ******************** (fojas 63 a 75); transcurrió para las partes de la siguiente manera: a) al agraviado, del siete al veintiuno de noviembre; b) a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y la tercero interesada, del treinta de octubre al quince de noviembre; y c) a las autoridades responsables, del veintisiete de octubre al catorce de noviembre, todas las fechas del año que transcurre, sin que hayan realizado manifestación alguna; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; se determina que este expediente es susceptible de conservación, pues se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá realizar su transferencia al depósito documental designado para tal efecto, de conformidad en lo dispuesto por el numeral 26 del referido acuerdo. De igual manera, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por separado expediente único relativo al incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General. Finalmente, se aprecia que al momento de rendir su informe justificado la responsable el Juez de Primera Instancia de Ejecución Penal del Cuarto, Décimo Primero y Décimo Cuarto Distritos Judiciales del Estado, con sede en esta ciudad, remitió un tomo de pruebas, derivado de la carpeta de ejecución ********************, deducida del proceso penal ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, en esta localidad; en consecuencia, dado que resulta innecesaria la retención, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    También, al ordenarse la apertura de incidencia con motivo de la condena condicional solicitada por su defensor y fijarse fecha para la audiencia respectiva; el juez responsable durante la audiencia de quince de julio de dos mil veintiuno y su notificación personal de diecisiete del citado mes y año (fojas 239 a 244 del tomo anexo), le requirió para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que fuere notificado, se internara en forma voluntaria ante el Centro de Ejecución de Sanciones, a fin de cumplir con la pena impuesta, bajo el apercibimiento que de hacer caso omiso se giraría una orden de reaprehensión, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, tal requerimiento resulta correcto dado que se ajusta a lo que establece el artículo 102 de la Ley antes citada, ya que se requirió al quejoso para que en el plazo que estipula dicho numeral, se internara voluntariamente a cumplir con su sentencia. El mencionado requerimiento se notificó al quejoso de manera personal, en fechas quince y diecisiete de julio de dos mil veintiuno; notificaciones que se estima, ajustadas a derecho, pues se desprende que cumplen lo dispuesto por el artículo 82, fracción I, incisos a) y c), del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se llevaron a cabo en audiencia y en las instalaciones del órgano responsable. Posteriormente, una vez que feneció el término legal conferido al sentenciado, se dio vista al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución, mismo que solicitó expresamente el obsequio de orden de reaprehensión (fojas 277 a 282 del anexo). Con motivo del incumplimiento del obligado, se procedió a librar el mandamiento privativo de libertad en su contra, el nueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 283 a 286 del tomo anexo que obra por cuerda separada). En ese sentido resulta infundado lo alegado por el quejoso en el sentido de que se vulnera la garantía de audiencia, pues el requerimiento que se le hizo para que se internara voluntariamente a cumplir con la pena de prisión que se le impuso, le fue notificado de forma personal, y se cumplieron las formalidades del procedimiento. En lo que atañe a las garantías plasmadas por el artículo 16 de la Constitución Federal, no se advierte afectación en detrimento del quejoso y los motivos de disenso esgrimidos al respecto, resultan infundados. Lo anterior es así, pues la responsable ordenadora, es la competente para pronunciarse en torno a la reaprehensión reclamada, conforme al numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El mandamiento sometido a escrutinio, contiene las consideraciones suficientes para su dictado, ya que el juzgador de ejecución estableció, entre otras cuestiones, que se radicó la carpeta respectiva para el cumplimiento de una sentencia condenatoria firme; que el enjuiciado fue requerido mediante notificación personal, para que dentro del término de cinco días, se internara voluntariamente al Centro de Ejecución de Sanciones a cumplir con la pena de prisión impuesta; o bien, se acogiera al beneficio que le fue otorgado, y al no hacerlo, previa vista otorgada al Ministerio Público de su adscripción, se procedió a librar orden de reaprehensión en su contra; asimismo, se invocaron los fundamentos legales aplicables al caso, entre otros, el artículo 102 párrafo tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 12 y 113 del Código Penal del Estado; 9, 10 Ter, 12, 36 fracción V, 39 Ter, y, 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tamaulipas. De tal forma, el acto combatido contiene los requisitos de fundamentación y motivación mínimos, suficientes para su dictado. Aunado a lo anterior, resulta oportuno precisar que es infundado lo esgrimido por el doliente, en cuanto a la citación a comparecencia y la existencia de datos de un hecho que la ley señale como delito; pues en tratándose de un mandato de recaptura como en el caso, para los requisitos de fundamentación y motivación, no está supeditada al resultado de una denuncia, acusación o querella, su naturaleza y objetivos son diversos de los necesarios para la orden de aprehensión; ya que como se dijo, se dictó como resultado de no haberse internado voluntariamente al centro de reclusión respectivo, a fin de cumplir con la pena impuesta en una sentencia condenatoria firme. Como apoyo a lo anterior, se invocan en sus aspectos estrictamente aplicables, las tesis VIII.1o.11P y VI.1o.P.174P emitidas respectivamente por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, perceptibles con los símbolos de búsqueda 199688 y 187469, que constan publicadas en las páginas 508 y 1399, de los tomos V, enero de 1997 y XV, marzo de 2002, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su orden dicen: "ORDEN DE REAPREHENSION. DIVERSA FUNDAMENTACION JURIDICA. Tomando en cuenta que la orden de reaprehensión reclamada deriva de la exigencia de cumplir o ejecutar la sentencia condenatoria de segunda instancia que revocó la absolutoria de primer grado, es evidente que para su emisión no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el artículo 16 constitucional, por cuanto hace a la existencia de la denuncia, acusación o querella y demás requisitos establecidos en su párrafo segundo, atenta la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión en sí, a pesar de que ambas órdenes incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal según el caso, y la orden de aprehensión en el artículo 16 constitucional." "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SU FUNDAMENTACIÓN ES DIVERSA A LA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Si la orden de reaprehensión reclamada deriva de que han cesado los efectos de la suspensión concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de aprehensión, es evidente que, para su emisión, no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión, a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso, y la orden de aprehensión en el citado precepto constitucional." En tal virtud, no se advierte afectación en los derechos humanos del impetrante y la reaprehensión sometida a escrutinio, resulta ajustada a derecho. Bajo esa óptica, no se estiman vulneradas las garantías que contemplan los artículos 8°, 11, 19 y 20 de la Constitución Federal, pues no se trata de la respuesta a un derecho de petición, sino de las formalidades en un procedimiento penal donde se le apercibió para cumplir un mandamiento y la consecuencia de su desacato; de igual manera, si bien la libertad de tránsito es un derecho fundamental de las personas, ello no implica que la ley aplicable establezca restricciones cuando se incumple determinado mandamiento judicial, de cuyas consecuencias fue previamente conminado el aquí quejoso. En cuanto a las garantías plasmadas en los artículos 19 y 20 Constitucionales, no se estiman afectadas, pues el acto reclamado es una orden de reaprehensión, no se trata de un auto de plazo constitucional del sistema tradicional, de un auto de vinculación, ni orden de aprehensión o detención, como tampoco de la imposición de una medida cautelar. Por otra parte, no se consideran vulnerados los derechos fundamentales consagrados por el artículo 17 Constitucional que invocó el quejoso en la demanda biinstancial; pues del procedimiento natural se advierte que al impetrante se le está administrando justicia por tribunales previamente establecidos para ello, conforme a la ley aplicable al caso concreto, dentro de los plazos fijados por la ley; explicación que resultó clara para las partes, en la medida que el agraviado optó por combatir la orden de reaprehensión que reclama y su ejecución, a través de este juicio de amparo indirecto. Cabe mencionar que no constituye óbice que el promovente, invoque entre otras garantías, el artículo 1° Constitucional, en relación con diversos dispositivos inmersos en instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano; pues si bien, conforme al texto del magno precepto 1°, en concordancia con el diverso 133 de la propia Carta Magna, se incorporó el principio pro persona, con el fin de proteger ampliamente a los gobernados en sus derechos, incluso, conforme a las disposiciones previstas en instrumentos internacionales en los que México sea parte, cuando sea más favorable a la persona, que lo dispuesto en la propia Constitución, tal circunstancia no implica de forma alguna, que dejen de observarse las formalidades esenciales de los procedimientos ya establecidos en las leyes nacionales, para resolver el fondo de éstos, esto es, no significa que los órganos legislativos y jurisdiccionales nacionales dejen de cumplir sus atribuciones y facultades de crear ordenamientos y e impartir justicia conforme lo hacían antes de dicha reforma, sino que ese cambio, conlleva a la observancia de instrumentos internacionales cuando en éstos haya una protección más benéfica respecto de la institución jurídica que se esté analizando. En efecto, si bien el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional, exige que el sentido de los derechos fundamentales se interprete de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales, de forma que favorezca de manera más amplia a las personas; lo cierto es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para soslayar las reglas establecidas para la valoración de pruebas al analizar los casos concretos y por ello, al estimar ajustado el actuar de las responsables a las normas nacionales, no se estima transgresión a sus derechos fundamentales. Luego, el hecho de que los actos reclamados no sean acorde a las pretensiones del agraviado, no atenta contra del principio pro persona plasmado en el precepto 1°, de la Constitución Federal, en términos de la jurisprudencia 1ª./J.104/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2004748 y consultable en la página 906, del libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, Materias Constitucional y Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por otra parte, debe destacarse que el orden en que fueron contestados los conceptos de violación del peticionario (fojas 1 a 23 del cuaderno principal), no le causa agravio alguno, ya que el numeral 79 de la Ley de Amparo, no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso, sino que la única condición que establece es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo que en la especie aconteció. Se cita la jurisprudencia VI.2o.C.J/304 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible con el símbolo de búsqueda 167961 y publicada en la foja 1677, del tomo XXIX, febrero de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO: El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Sobre estas bases, lo procedente es negar al accionante Néstor Eduardo Aguilar Ramos, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra los actos que reclamó al Juez de Primera Instancia de Ejecución Penal del Cuarto, Décimo Primero y Décimo Cuarto Distritos Judiciales del Estado, residente en esta ciudad, que hizo consistir en la orden de reaprehensión de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Primera Instancia de Ejecución Penal del Cuarto, Décimo Primero y Décimo Cuarto Distritos Judiciales del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de ejecución 30/2020 (fojas 283 a 286 del tomo anexo que obra por cuerda separada). Ello en virtud de que los conceptos de violación que el impetrante plasmó en su demanda inicial [fojas 1 a 23 de esta contienda], resultaron infundados, sin que existan elementos para suplir la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se atribuyen a la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Ejecución Penal del Cuarto, Décimo Primero y Décimo Cuarto Distritos Judiciales del Estado y a la agente de la Policía Investigadora, encargada del Distrito Matamoros, ambos con residencia en esta ciudad; en virtud de que no se reclamaron por vicios propios. En sus aspectos estrictamente sustanciales, se invoca la tesis de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 207616 y visible en la foja 357, del Tomo I, Primera Parte, enero a junio de 1988, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 79, 215 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Néstor Eduardo Aguilar Ramos, en contra de los actos que reclamó a las autoridades responsables descritas en los considerandos segundo a quinto de esta sentencia, conforme a lo expuesto en el considerando último del propio fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, por medio de lista, toda vez que no se presentó al local del juzgado a recibir la notificación respectiva de manera personal...

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