Néstor de la Cruz Luna
Expediente 571/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Néstor de la Cruz Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En treinta de septiembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 19289.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las diligencias de información ad-perpetuam 142/2014 y toca de apelación civil 522/2014, que remitió en apoyo a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Bjm.
- Principal
En veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, --------------------------------------------------------------- C E R T I F I C A:----------------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del nueve al veintitrés de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Federal el uno de septiembre de la presente anualidad.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito registrado con el número 18896.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha uno de septiembre de dos mil quince, en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el toca civil 522/2014 y diligencias de información ad-perpetuam 142/2014 que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso NESTOR DE LA CRUZ LUNA, mediante el cual manifiesta su deseo de no impugnar la resolución dictada en el presente juicio de garantías y solicita se haga dicha circunstancia de la autoridad responsable; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Bjm.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 571/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el catorce de enero de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Poder Judicial de Zacatecas, NÉSTOR DE LA CRUZ LUNA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables. Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Zacatecas. Acto reclamado. "ACTOS RECLAMADOS.- La Sentencia pronunciada por la autoridad responsable el 05 de diciembre del año 2014, que resuelve el recurso de Apelación que interpuse en contra del acuerdo emitido por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito de Tlaltenango, Zacatecas, que declara el sobreseimiento de las Diligencias de Información AD-Pepetuam promovidas por el suscrito, y que la autoridad responsable confirma en todas y cada una de sus partes, en donde no se cumplieron con las normas esenciales del procedimiento y hubo violaciones a mis derechos fundamentales". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 14 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se remitió al Tribunal Colegiado del Vigésimo tercer circuito, mediante oficio 86, suscrito por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual fue recibido en la oficialía de partes del propio Tribunal el cuatro de febrero de dos mil quince, cuya Superioridad por resolución de dieciséis de abril de dos mil quince, se declaró legalmente incompetente para conocer en la vía directa de la demanda de amparo a que se alude, por lo cual, ordenó remitir los autos formados con motivo de la misma, para su conocimiento, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el veintitrés de abril de dos mil quince, en que asumió su conocimiento y como consecuencia, ordenó su admisión y su registro bajo el expediente 571/2015; y como la Sala responsable ya había remitido su informe justificado, al que acompañó las constancias relativas y además se encontraba emplazado el tercero interesado; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, notificar a las partes la radicación del juicio de amparo en que se actúa; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la cual se celebró al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos emitidos por autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La resolución de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictada en el toca civil 522/2014, por la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de dieciséis de julio de dos mil catorce, por medio del cual, el juez natural sobreseyó el procedimiento relativo a las Diligencias de Información Ad Perpetuam, promovidas por el propio quejoso. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II.2.1. Certeza: La autoridad responsable Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado por conducto de su Magistrado Presidente aceptó la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con las constancias que integran los expedientes que el mencionado Magistrado Presidente remitió como justificación de sus actos, consistentes en Toca de apelación civil 522/2014, así como Diligencias de Información Ad Perpetuam, 142/2014; documentales a las cuales que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Para un mejor entendimiento del presente asunto, resulta pertinente hacer una relación de los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las constancias que integran los expedientes remitidos por la Sala Civil responsable; que son los siguientes: a) En escrito presentado el cuatro de junio de dos mil catorce, del que correspondió conocer al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, Néstor de la Cruz Luna, promovió en la vía de jurisdicción voluntaria, Diligencias de Información ad-Perpetun, a efecto de que se le declarara poseedor único, en concepto de dueño, respecto de los inmuebles que refiere en dicho ocurso, por lo cual, previa prevención que se le hizo al ahora quejoso a efecto de que realizara algunas precisiones; por acuerdo de doce de junio citado, se acordó su admisión en la vía y forma propuestas, ordenándose su registro bajo el número 142/2014 (f.1-5 y 25-26 de dichas diligencias). b) Continuado el trámite de las Diligencias de mérito, el catorce de julio de dos mil catorce, compareció el aquí tercero interesado Juan de Luna Bañuelos, oponiéndose a las propias diligencias, aduciendo que provocan un perjuicio a los bienes y derechos de la sucesión de su finado padre J. CARMEN LUNA APARICIO, dado que los inmuebles afectos al a dichas diligencias, fueron excluidos del inventario y avalúo en el juicio Sucesorio Intestamentario 606/1999 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas (f.98-102 de las dligencias). c) En de dieciséis de julio de dos mil catorce, se acordó de conformidad el escrito de oposición presentado por el mencionado tercero interesado, decretándose el sobreseimiento de las referidas diligencias, al advertir el mencionado Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, planteamiento de una cuestión que obsta a todo procedimiento en jurisdicción voluntaria (f. 105 de las aludidas diligencias). d) Inconforme el ahora quejoso con el mencionado acuerdo, interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto el cinco de diciembre de dos mil catorce, habiéndose confirmado el auto recurrido. Resolución, la anterior, que es la que constituye el acto reclamado. Ahora bien, el quejoso expresó como conceptos de violación, los que en esencia se transcriben a continuación. ". La determinación de la responsable viola en mi perjuicio la garantía de igualdad y debido proceso, consagrada en el texto de los artículos 1° y 14 Constitucionales, pues olvida que conforme a lo dispuesto por el artículo 5° fracciones II y V del Código Procesal Civil vigente en el Estado, la norma se entenderá de manera que contribuya a alcanzar expedición y equidad en la administración de justicia y que las disposiciones relativas a las partes deberán interpretarse en el sentido de que todas ellas tengan las mismas oportunidades de acción y defensa. Si bien es cierto, los motivos que dan sustento a la oposición no son la materia de la jurisdicción voluntaria y ningún pronunciamiento cabe al respecto en ese procedimiento, también lo es que si corresponde a la potestad resolutoria del juzgador, el análisis de la concurrencia en su caso, de las causales de desechamiento como lo son la falta de personalidad y de interés por parte del opositor y por ello, respetar la garantía de audiencia que tengo para objetar la personalidad y el interés del opositor, pues el suscrito tengo el derecho a que la autoridad decrete desechamiento de una oposición por quien no tenga interés jurídico para ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Adjetiva Civil en cita. Ese derecho fue vulnerado en su momento por el Juez Natural y ahora por la responsable, al considerar que en el trámite de la oposición el dispositivo legal en cita no prevé la posibilidad de formar artículo y dar vista al suscrito y olvida la obligación que tiene toda autoridad de respetar los derecho fundamentales de los ciudadanos, entre ellos la garantía de audiencia y debido proceso. Las causales de desechamiento como la falta de personalidad y de interés por parte del opositor son de análisis previo al de la valoración si la cuestión planteada por el opositor obsta pronunciamiento alguno en jurisdicción voluntaria, por tratarse de presupuestos procesales aún en una cuestión de la naturaleza de la oposición en comento. Lo anterior es así, pues en la lógica argumentativa que enarbola la autoridad responsable, si el juzgador advirtió una cuestión de importancia que obste todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria fue suficiente para sobreseer el procedimiento voluntario, y por ello resulta inane el análisis de alguna causal de desechamiento, permite que aun cuando concurra alguna de ellas, no será motivo de análisis, por lo que torna nugatorio el derecho que tengo a que en las presentes diligencias se declare que concurre una causal de desechamiento como lo es LA FALTA DE INTERÉS por parte del opositor y al sostener el sobreseimiento decretado por el juez primario obliga al suscrito a hacerlo valer en un juicio contradictorio, e impide al suscrito el acceso a una justicia pronta y expedita a que tengo derecho, violando en mi perjuicio el contenido del artículo 17 Constitucional. Sostengo el suscrito que para que tenga lugar el análisis respecto de la concurrencia de las causas de desechamiento, es necesario formar artículo aun cuando no lo provea de manera explícita el artículo 843, si lo ordena nuestra Carta Magna, pues al ser su análisis potestad del juzgador por lógica elemental debe dar la posibilidad al promovente de manifestar lo que a su derecho convenga respecto al interés jurídico con que se acude al opositor y con base a ello, determinar si concurre o no alguna de esas causales y enseguida, pronunciarse respecto a si la cuestión planteada obsta todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria. En el caso a estudio, es de explorado derecho que tiene interés jurídico en un asunto judicial, todo aquel que pueda verse afectado en su esfera jurídica con las determinaciones que en él se pronuncien. En vía de agravio, expuse a la autoridad responsable que el opositor JUAN LUNA BAÑUELOS carece de todo interés por oponerse al trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, pues como se advierte de la copia certificada del auto del veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario 606/1999 que cita el opositor y que se ofreció como prueba en apoyo a mis afirmaciones, el órgano jurisdiccional tuvo por convalidada y aprobada para todos los efectos legales la cesión de los derechos hereditarios de entre otros herederos, los del hoy opositor JUAN LUNA BAÑUELOS y por ende "POR SEPARADOS DE LA PRESENTE INTESTAMENTARIA", por lo que bajo esas circunstancias es innegable que lo que ocurra en relación a la intestamentaria, ya no le afecta en su esfera jurídica y por ende, CARECE DE TODO INTERÉS JURÍDICO PARA OPONERSE Y SE CONFIGURA ESA CAUSAL COMO CAUSA DE DESECHAMIENTO DE SU OPOSICIÓN. Esa documental no fue posible exhibirla en las diligencias de jurisdicción voluntaria virtud a que se resolvió de plano por el juez natural, sin embrago, se exhibió como prueba en vía de agravio al interponer el recurso de apelación que da origen a la resolución que constituye el acto reclamado. Al efecto, la autoridad responsable se pronunció (fojas 16 cuarto párrafo de la resolución combatida) en el sentido de que respecto a la cesión, no hay constancia en autos del juicio a que se actúa, por lo que no es dable prejuzgar al respecto, por lo que persiste la consideración de que el opositor actúa como heredero judicialmente reconocido, análisis que no es posible realizarlo ante la ausencia material de tal constancia procesal, por lo que calificó de infundado e inoperante el agravio relativo. Expongo nuevamente a esta autoridad constitucional, que esa documental se exhibió como prueba en el escrito de expresión de agravios y obra a fojas 14, en autos del Toca 522/2014 que constituye el acto reclamado y que envió como informe justificado la responsable, lo que deviene en una falta de análisis exhaustivo de los puntos propuestos por el suscrito en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 337 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, lo que constituye una violación en mi perjuicio de las reglas del debido proceso, en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional. La falta de análisis de esa constancia que como podrá apreciar esta autoridad, así como de los alcances que jurídicamente tiene, al tratarse de una documental pública con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 323 fracción VI de la Ley Adjetiva Civil en vigor y al sostener falsamente su inexistencia en autos, deviene en una falta de fundamentación y motivación, con lo que trastoca en mi perjuicio, el contenido del artículo 16 Constitucional. Por último, me causa agravio la determinación de la responsable al analizar el agravio 8, al negar que la sentencia de primer grado me impide tener acceso a la justicia pronta y expedita pues el juez natural determinó que tanto al opositor como al suscrito "se dejan a salvo sus derechos a fin de que promuevan el juicio contradictorio que corresponda." Queda demostrado que el opositor al haber dispuesto de sus derechos hereditarios, se le tuvo por separado de la prosecución del juicio sucesorio intestamentario, por ende, lo que en este ocurra, no le afecta a su esfera jurídica, y como consecuencia de lo anterior, carece de interés jurídico para oponerse como heredero al trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, al no permitirme el juez de primer grado la posibilidad de manifestarme al respecto y ahora la responsable, no solo confirmando esa circunstancia, sino además, dejando de analizar la documental que exhibí como prueba y que por esa grave omisión, a pesar de que contrario a lo que afirmó, si obra en autos, lo que demuestra la falsedad en esa afirmación, le impidió conocer la concurrencia de una causal de desechamiento de la oposición, hago énfasis en que no cuestiono si la cuestión planteada obsta o no todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria, sino el que el análisis de las causales de desechamiento como lo es la falta de personalidad y de interés jurídico del opositor SI SON MATERIA DE ANÁLISIS por el juzgador de origen y para ello, DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL PROMOVENTE DE LAS DILIGENCIAS. Lo anterior es así, pues como tal, tengo derecho a que PREVIO al análisis atinente a si la cuestión planteada obsta o no todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria, el juez natural decrete si concurre o no una causal de desechamiento, y si es el caso, determinar ahora sí, si la cuestión planteada es de importancia tal que amerite sobreseer las diligencias, al no hacerlo así, torna nugatorio el derecho que como promovente tengo a que la autoridad, en respeto a esas normas procedimentales realice ese análisis y a quien carezca de interés jurídico como es el caso, deseche la oposición que tuviese. Al no hacerlo así, pues se pronunció en el sentido de que se dejan a salvo mis derechos para hacerlo valer vía y forma correspondiente, incumple con esa obligación legal, pues dejó de analizar la documental con la que se demostró la falta de interés, por considerarlo "inane", pues la cuestión planteada obsta todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria, por lo que es evidente que al que remite la defensa de mis derechos a un juicio contradictorio, impide el derecho que tengo a una justicia pronta y expedita como lo consagra el artículo 17 Constitucional. Lo anterior, independientemente de la afirmación que vierte la responsable en el sentido de que las determinaciones en jurisdicción voluntaria no hacen cosa juzgada y esos derechos pueden ser tutelados en un juicio contradictorio, pues al margen de lo anterior, como queda señalado, como ciudadano tengo derecho a que la autoridad jurisdiccional en estricto respeto a las normas del debido proceso y de la certeza jurídica que debe emanar de las resoluciones de la autoridad, fundadas en ley, deben brindar, garantice que quien se oponga al trámite de unas diligencias de jurisdicción voluntaria tenga en principio, un interés jurídico que deba ser tutelado y que al hacerlo valer, amerite el sobreseimiento de un procedimiento como el que se invoca, para ser dirimido en un procedimiento contradictorio, circunstancias que fueron pasadas por alto por la autoridad responsable, vulnerando mis derechos fundamentales que solicito de esta autoridad constitucional se respeten y establezcan. Insisto, aun cuando el artículo 843 del Código de Procesal Civil no prevea de manera explícita el que tenga que dar vista al promovente para que manifieste lo que a sus derechos convenga, no puede interpretarse como una facultad absoluta para el juzgador para resolver de plano, pues es la cuestión de fondo incidental, motivo de la oposición la que debe ventilarse en un juicio contradictorio diverso, pero lo relativo a la posible concurrencia de una causal de desechamiento como lo es la falta de personalidad o de interés jurídico, sí son materia de análisis por el juzgador conocedor del procedimiento voluntario y en el que por regla mínima de interpretación y respeto al derecho fundamental de audiencia, debe darse al promovente de las diligencias, la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga, exclusivamente respecto a esas causales y con base en ello, pronunciarse el juez en primer lugar respecto a su existencia y con posterioridad, si es el caso, determinar si la cuestión planteada obsta todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria y en su caso, sobreseer, no hacerlo en estos términos, sería tanto como considerar que el dispositivo en cita es inconstitucional, pues vulneraria ese derecho fundamental que tengo, por lo que bajo esas circunstancias, solicito de esta autoridad federal su inaplicación. Por su parte, la Sala Civil responsable, para la emisión de su resolución reclamada, se apoyó en las siguientes consideraciones: "TERCERO.- Iniciamos por destacar los razonamientos del auto dentro del acuerdo de sobreseimiento que se examina, para luego confrontarlos con los motivos de inconformidad emitidos en su contra por el apelante, mismos que son del tenor literal siguiente: (f. 105 del expediente natural) (...) "Una vez analizada su petición, se advierte que plantea una cuestión de importancia que obsta a todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria, pues argumenta que su ascendiente, ahora finado, ostentaba el carácter de poseedor del predio materia de las diligencias y ahora objeto de debate, con lo que el procedimiento se torna en litigioso al ahora estar en conflicto el bien jurídico de posesión del señor Néstor de la Cruz Luna y el derecho de posesión trasmitido por causa de muerte a los herederos del señor J. Carmen Luna Aparicio, luego entonces no puede determinarse en esta quien debe poseer los predios materia de las diligencias. Atentos a lo anterior, ya que no es válido prejuzgar al respecto, y no siendo la vía idónea para llevar a cabo un proceso que lógica, cronológica y teleológicamente lleve a concluir sobre la verdad de los hechos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 843 fracción III (sic) del Código de Procedimientos Civiles en vigor.. Se sobresee el presente procedimiento. Se dejan a salvo los derechos del promoverte y del opositor, para que promuevan el juicio contradictorio que corresponda". Nota: El énfasis en negritas y subrayado es de la Sala. CUARTO.- Al disentir el Diligencista de tal pronunciamiento, lo impugna a través del recurso de apelación que nos ocupa, a cuyo efecto hizo llegar a esta Sala el escrito en que externó en su contra en un solo punto, sus AGRAVIOS, los que esta Sala subdivide bajo números arábigos para mejor identificación de los mismos y su debida respuesta. Consultables a fojas 9 a 13 del Toca; del que se advierte se duele de lo siguiente: 1.- "Que transgrede el contenido del artículo 843 último párrafo del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado." El que carece de fracciones, sigue diciendo, y que aplica de manera incorrecta, luego procede a transcribir su texto, para enseguida argüir: "De una interpretación sistemática y funcional del contenido del artículo transcrito, se desprende con toda claridad las directrices que el juzgador debe observar al momento de presentarse una oposición al trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria y de la que se advierte que está impedido para resolver de plano como lo hizo el juez natural ante la sola interposición de una oposición al trámite de las diligencias de Jurisdicción Voluntaria, 2.- "No basta con que la oposición planteé una cuestión que obste todo pronunciamiento en la jurisdicción voluntaria para sobreseer los procedimientos, pues ADEMÁS, para decretar su procedencia, el juez DEBERÁ EXAMINAR DE MANERA PRELIMINAR, que el opositor es parte legítima. 3.- "Así mismo, también deberá analizar si concurre en el caso una causal de desechamiento como lo serían la falta de personalidad o interés jurídico... omite pronunciarse al no hacerlo transgrede en perjuicio de mi representada el contenido del artículo 843 último párrafo del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. " 4.- "En esas condiciones, es incuestionable que si al opositor corresponde exhibir pruebas para demostrar que tiene personalidad e interés, entonces al promovente de las diligencias corresponderá exhibir pruebas atendiendo a los principios de contradicción probatoria y desde luego, en respeto a los principios de igualdad procesal, a la garantía de audiencia, sin que con ello se incurra en un juicio contradictorio, sino únicamente para que el juez en respeto a los derechos fundamentales, esté en aptitud de analizar si en el caso concreto concurre una causal de desechamiento de la oposición; pues al no hacerlo así, se incurre en el absurdo jurídico de permitir que cualquier oposición al trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, argumentando que se es heredero o que incluso el inmueble materia de las diligencias forma parte de una masa hereditaria, sin demostrar que pudiese tener personalidad e interés jurídico." Luego se refiere (pág. 11 del Toca) a la promoción del señor JUAN LUNA BAÑUELOS y expresa: 5.- "Sin embargo, hago notar a este H. Cuerpo Colegiado que el opositor comparece por sus propios derechos y de ninguna manera ostenta el cargo de albacea en esa sucesión, único legitimado para defender los bienes que pudiesen estar afectos a la masa hereditaria, en términos de lo dispuesto por los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 880 del Código Civil, que fueron transgredidos flagrantemente por el juez natural, pues esa circunstancia pasó desapercibida a pesar de que debía analizarse de oficio para pronunciarse si el opositor tenía personalidad e interés jurídico, omisión de suma gravedad, pues el opositor nunca se ostentó como albacea, compareció por sus propios derechos. (...)Carece de todo interés para oponerse ... pues en el supuesto caso, sin conceder que el inmueble objeto de las mismas pudiese estar afecto a la masa hereditaria, no le asistiría ningún derecho a oponerse, pues como lo demuestro con la copia certificada del Auto del veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado dentro del referido Juicio sucesorio Intestamentario que cita el propio opositor... se advierte que la autoridad jurisdiccional tuvo por convalidada y aprobada para todos los efectos legales, la cesión de derechos a título oneroso realizada entre otros, por el opositor JUAN LUNA BAÑUELOS, asimismo, por reconocido como cesionario al señor JUAN DE LA CRUZ MARTÍNEZ respecto de los derechos hereditarios de entre otros herederos, al señor JUAN LUNA SAÑUELOS y por ende, "POR SEPARADOS DE LA PRESENTE INTESTAMENTARIA " por lo que es evidente la falta de interés jurídico para oponerse". 6.- "Lo anterior no sólo hace evidente el dolo y mala fe, falta de lealtad y probidad con que se conduce el opositor y su representante, por lo que solicito sean condenados al pago de los gastos y costas judiciales que se eroguen con motivo de la tramitación de la oposición y trámite del presente recurso de apelación, así mismo se le imponga multa por abuso en el ejercicio del derecho de acción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 86 del Código Procesal Civil vigente en el Estado. 7.- "De lo aquí expuesto es evidente que en el presente caso concurren como causales de desechamiento de la oposición, la falta de personalidad y legitimación así como de interés jurídico por parte del señor JUAN LUNA BAÑUELOS, que debieron examinarse lo que causa un serio agravio a mi patrocinado, pues impide que tenga acceso a una justicia pronta y expedita conforme a las normas procedimentales aplicables que son de estricto derecho. " 8.- Luego a su favor invoca lo que contiene el artículo 10 Constitucional para que se le garantice el respeto a sus derechos humanos y los Principios de Convencionalidad y del de Pro-Homine, y acota: "En el caso concreto, la interpretación y aplicación incompleta del texto del artículo 843 del Código Procesal Civil vigente en el Estado por el juez natural, vulnera mis derechos fundamentales de igualdad y legalidad, pues al no dar vista con la oposición planteada, impidió a mi representado la posibilidad de exhibir material probatorio que de manera conjunta al exhibido por aquél, le permitiese realizar una valoración cabal y justa respecto no sólo si la cuestión planteada en la oposición obsta a todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria, sino además, satisfecha esta condición, concurría o no, alguna causa de desechamiento como lo es la falta de personalidad o interés para oponerse, para fundar debidamente el sobreseimiento dictado por el A quo. Al no hacerlo así, vulnera mi esfera jurídica fundamental, y transgrede flagrantemente las directrices de interpretación que le impone el artículo 29 inciso a) de la Convención Americana de derechos Humanos, pues con la interpretación y aplicación parcial del dispositivo legal en que funda la actuación que combato torna nugatorio el derecho que tengo a un procedimiento en que se respeten las normas esenciales que lo rigen, en igualdad de condiciones y que además, al omitir analizar sobre la existencia de las causales de desechamiento que invoco, incurre en una falta de fundamentación y motivación, transgrediendo además mis derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales." QUINTO.- Acto seguido, nos dirigimos a dar respuesta a tales expresiones impugnativas, las que, luego de la deliberación correspondiente, esta Sala revisora declara: que los agravios son en su totalidad inoperantes por infundados, por lo cual debe CONFIRMARSE el acuerdo de sobreseimiento combatido, en base a los argumentos que ahora se enuncian: I.- Prima facie, a guisa de preámbulo, destacamos que en procedimientos inter volentes como el que ocupa nuestro estudio, identificado procesalmente como de jurisdicción voluntaria, significa que aspira el promovente a una declaratoria (reconocimiento) judicial que sólo al mismo incumbe, sin que estén de por medio intereses de terceros a quienes eventualmente pudiesen resultar afectados con tal declaratoria; es decir, sin que implique cuestión controvertida entre partes determinadas, pues ello riñe contra todo pronunciamiento en este tipo de asuntos. En suma, no puede dirimirse a su interior cuestión alguna de carácter litigioso, según lo estipula el artículo 836 del Enjuiciamiento Civil del Estado, del tenor siguiente: "Se aplicarán las disposiciones de este título para todos los actos en que por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas." En ese contexto, en concepto de la Sala, el auto impugnado cumple a cabalidad con la hipótesis que previene el numeral 843 párrafo tercero de igual Codificación, que es el fundamento legal que el Juez Primario invoca como base de su acuerdo materia de apelación; disposición que reza: (artículo843) "Si mediare oposición del Ministerio Público, se sustanciará en la forma establecida para los incidentes. En caso de oposición de un tercero que justifique ser parte legítima, el juez analizará en forma preliminar la procedencia de la misma. Si advierte que ella no obsta a la intervención judicial solicitada por el promoverte, la sustanciará en la forma prevista para los incidentes y accederá o denegará a lo pedido en la demanda. Si advierte que plantea una cuestión de importancia que obsta a todo pronunciamiento en la Jurisdicción Voluntaria, sobreseerá los procedimientos, disponiendo que los interesados promuevan el juicio contradictorio que corresponda. Igualmente sobreseerá en los casos previstos por el Artículo 2516 del Código Civil cuando no se reúnan los requisitos que el mismo exige y no se cumpla con el Artículo 848-Bis de éste Código. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. También desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de Jurisdicción Voluntaria, reservando su derecho al opositor." Del cual se colige, que basta con que la oposición refleje una cuestión que impida u obstaculice dada su importancia, todo pronunciamiento judicial en jurisdicción voluntaria, para que el Juez se vea impedido a prejuzgar o cualificar en forma anticipada y determinante la cuestión que dimana de la oposición: si el hecho o causa en que ésta descansa, es fundado o no; pues en tal supuesto, cesa la jurisdicción voluntaria e indiscutiblemente emerge la necesidad aperturar el juicio contradictorio correspondiente, en el que se dirima en un plano de antagonismo procesal lo planteado en la oposición si así lo deciden. II.- Ahora bien, en el caso a estudio el recurrente con ninguno de sus argumentos logra desplomar la consideración toral del Juez Primario en el sentido de que el oposicionista: "plantea una cuestión de importancia que obsta a todo pronunciamiento judicial", en tanto se dirige el apelante en esencia y en forma insistente sólo a controvertir la legitimación e interés jurídico con la cual se presenta el C. JUAN LUNA BAÑUELOS. Lo que de suyo y per se, no es suficiente, para la eficacia del recurso si de antemano deja incólume tal consideración del A quo y no demuestra en su lugar, que ésta sea equívoca en base a circunstancias legales o causas específicas, dado que en ella descansa el eje toral de la decisión pronunciada, pues señala como "cuestión de importancia" (aducida por el opositor) que: El De cujus del juicio sucesorio intestamentario 606/1999 es quien ostentaba la posesión de los predios materia de las diligencias. Lo que a su vez empata con la aseveración del C. NÉSTOR DE LA CRUZ LUNA, según el punto primero de hechos de su solicitud cuando alude a la causa generadora "de su posesión." (Por donación verbal de su madre, señora María Antonia Luna Martínez y que ésta la recibió de su padre Don J. Carmen Luna Aparicio). Sin que pase desapercibido para la Sala que precisamente la referida María Antonia Luna Martínez desempeñó el cargo de Albacea en esa Intestamentaria, a lo cual también se refiere el opositor. Lo que siendo inconcuso, genera que tal estimación del A quo, debe prevalecer, porque efectivamente se advierte que se plantea una cuestión de importancia. III.- En concordancia a lo anterior, encontramos que el recurso deviene impróspero, también por infundados e inoperantes los agravios del apelante. Virtud a lo cual enseguida se obsequia respuesta a los mismos, acorde a la subdivisión del pliego que se ha realizado bajo números arábigos. Veamos: Respecto del número 1 de los supradichos, resulta infundado que se transgreda o se aplique "de manera incorrecta" el contenido íntegro artículo 843 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, tal y como lo señala en los párrafos primero y cuarto de su pliego (f. 9 y 10 del Toca); pues dado el contenido del precepto sólo se exige para el Juzgador que aprecie del escrito del opositor una cuestión de importancia que obste al procedimiento inter volentes, como en el caso lo es, si los derechos a los bienes inmuebles materia de las diligencias corresponden o no al acervo hereditario del difunto J. CARMEN LUNA APARICIO. Consecuentemente, todo procedimiento ínter volentes, debe per se, erigirse bajo el supuesto de que no hay oposición en él. Pues de surgir como así es en el caso, por su propia y especial naturaleza, se ve impedido el Juzgador de primer grado para emitir cualquier declaración o pronunciamiento de fondo que atañe a los derechos reales posesorios en pugna; en tanto ello sólo es propio de un juicio contencioso propiamente dicho. Al respecto de la esencia y finalidad de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, conviene citar la obra que nos ilustra: "Derecho Procesal Civil" Sexta Edición del autor: José Ovalle Favela, página 426, en la que se sostiene lo siguiente: "Por oposición a la contenciosa, (a) la que se ejerce por el juez en las demandas, que, ya por su naturaleza, ya por razón de estado de las cosas, no admiten contradicción." Por tanto, si emerge una oposición, implica una contradicción y ésta entraña en sí misma un debate. Que no es permisible se deduzca o dirima en el procedimiento como en el que se actúa. Así mismo se queja de que el A quo "está impedido para resolver de plano como lo hizo ante la sola interposición de una oposición" (f. 10 del Toca). Lo que resulta infundado, porque si advirtió una cuestión de carácter controvertido, ello es suficiente para que el Juez que conozca del trámite de jurisdicción voluntaria, necesariamente lo sobresea dado que implica un obstáculo para pronunciarse sobre su pretensión. Y debe abrirse juicio contradictorio para dirimir sobre la razón que asista a cada uno de los antagonistas, en el que se permitirá el debate en relación a la veracidad de los hechos en que se hace descansar la oposición, en tanto tal circunstancia, se reitera, únicamente es materia de un juicio contradictorio respectivo que promoverán si a su interés conviene. Así que es infundado que se duela de que se "haya resuelto de plano" (sin substanciar artículo), toda vez así es el trámite que ordena el artículo 843 párrafo tercero; sin vista al Diligencista debe decretarse el sobreseimiento: tan luego como se advierta de la oposición, "una cuestión de importancia" que sea imposible dirimir en jurisdicción voluntaria. Por ello también resulta infundado que, por esa circunstancia se "transgreda" tal disposición en su perjuicio. Atinente al número 2 de los que nos ocupan, es notoriamente infundado su alegato, en tanto que el Juez Primario al sobreseer el asunto, desde luego que SI realiza un estudio preliminar en cuanto a la legitimidad del opositor, la cual se advierte de la documentación que acompaña; y el A quo así lo deja plasmado en el acuerdo respecto del ocurso del señor JUAN LUNA BAÑUELOS decreta: "Se le tiene oponiéndose a las presentes diligencias de información ad perpetuam, por los motivos que expone... Una vez analizada su petición, se advierte que plantea una cuestión de importancia." Expresión que refleja sin duda estudio previo del A quo de "los motivos" del opositor y de las actuaciones, y con ello implícito el análisis preliminar de la legitimidad aludida. Máxime que, de los documentos exhibidos con el ocurso, se acredita primeramente que SÍ es descendiente del autor de la herencia en el juicio sucesorio intestamentario 606/1999. Lo que se robustece con la copia certificada de la junta de reconocimiento de herederos que el propio Diligencista allegó a los autos en la que se encuentra reconocido como tal, el señor JUAN LUNA BAÑUELOS. Por lo que hace al identificado como 3, que encontramos análogo a los 7 y 8 en lo conducente al tema atinente a que: "debió analizarse si concurre una causal de desechamiento: (en el acuerdo impugnado) la falta de personalidad e interés jurídico del opositor"; de ahí que todos los alegatos imbuidos en los supradichos arábigos que inciden sobre ese tópico en particular, se contestan conjuntamente. A tal efecto encontramos que los mismos devienen infundados. En tanto que ello es una hipótesis diferente. Es decir, si prima facie el A quo se encuentra con que se advierte una causa de sobreseimiento del asunto. Luego entonces ya resulta inane que se dirija a si existe o no razón para desechar la oposición. Por tanto actuó en congruencia con el supuesto legal de sobreseimiento, no de desechamiento de la misma. Empero, a lo anterior añadimos que también lo conectó a figuras de personalidad y de interés legítimo. Ya que es cierto que el artículo 843 establece al final: "si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano", y así en el caso concreto, tal presupuesto sí que se encuentra satisfecho, pues revisadas en su integridad las constancias de autos (como lo hizo el A quo según su acuerdo, con la expresión: "por los motivos que expone"), tenemos que se opone al trámite el señor JUAN LUNA BAÑUELOS, al exhibir copia certificada de su partida de nacimiento, y del acta de defunción de su padre, como causante sucesorio, el cual hasta el propio recurrente reconoce como tal, en el escrito presentado el día once de junio de dos mil catorce al que acompaña al efecto copia certificada de la junta de declaración de herederos de dicha sucesión, en la que se aprecia que el ahora opositor fue reconocido con tal carácter (f. 16-17 y 19-20), lo cual es suficiente para atribuirle interés jurídico. Pues es con dicho carácter que se apersona; no en representación de entidad o persona alguna diversa. Que es la condición del precepto. Por ello no se le puede tachar de que carece de personalidad. Documentos los referidos con antelación, que al provenir de una autoridad en ejercicio de sus funciones, adquieren eficacia demostrativa plena conforme a lo establecido por el artículo 325 en relación con el 283 fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles, y útiles resultan para acreditar el carácter con que acude como opositor (heredero en la sucesión Intestamentaria del señor J. CARMEN LUNA APARICIO) y con ello justifica su interés jurídico. Delineado lo anterior, evidentemente nos encontramos ante un conflicto dual, en tanto que ambas partes arguyen ostentar derechos subjetivos públicos que les asisten sobre determinados bienes inmuebles, de los que aún no existe ninguna certeza jurídica en cuanto a quién corresponde poseerlos; pues no se ha determinado judicialmente. Por ello es que el Juez fundamenta su proceder explicando que: "No es válido prejuzgar" sobre si la causa de oposición está justificada sin ir más allá de aquello a lo que la naturaleza del procedimiento le permite. Con relación al alegato identificado en el arábigo 4, lo calificamos, ídem que los anteriores, infundado e inoperante; dado que no es de admitirse dentro de un procedimiento no contencioso como el que nos ocupa, la preparación y desahogo de pruebas que acrediten sus respectivas aseveraciones, al no encontrarse tal medida procesal acorde al contenido del artículo 836 al 847, particularmente en el 843 párrafo tercero ya transcrito inclusive del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ni del numeral 848 al 852 de igual Ordenamiento. Atentos pues al principio de contradicción que invoca en su pliego, este sólo aplica en un debate o litis que alude a la conformación de una relación jurídica procesal entre partes antagónicas; es decir, dentro de un juicio contradictorio en que en igualdad de condiciones procesales, se otorgue oportunidad a las partes de oponer excepciones, rendir pruebas, alegar y cuanto acto resulte necesario para la defensa de sus intereses. Además, en observancia al principio de igualdad al que también involucra, toda prueba debe rendirse con citación a la parte contraria, sin que ello esté contemplado dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues contravendría a los artículos 836 y 843 del Código de Procedimientos Civiles. De ahí que no se justifique su alegato de que debió dársele oportunidad de rendir medios de prueba en el juicio inter volentes que nos ocupa, ni siquiera para los fines que aduce. Conectado a lo anterior, también alega que: "incurre en el absurdo jurídico de permitir que cualquier oposición al trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, argumentando que se es heredero o que incluso el inmueble materia de ellas forma parte de una masa hereditaria, sin demostrar personalidad o interés jurídico" (f. 11 del Toca); lo que deviene infundado e inoperante, pues como ha quedado establecido en supralíneas, en apego estricto al artículo 843 del Código Procesal Civil del Estado, basta con que se plantee una cuestión que obste a todo pronunciamiento en la vía no contenciosa, para que el A quo se vea impedido a dirimir aspectos que en sí mismo entrañan una cuestión de naturaleza litigiosa. Y ante ello, el opositor no solamente argumenta en forma singular que es heredero, sino que su calidad como tal está demostrada con los documentos que adjuntó a su escrito. En consecuencia, infundado resulta que se hayan conculcado sus derechos fundamentales al debido proceso que menciona; como tampoco su garantía de audiencia, en tanto se ha reservado a las partes que: "se dejan a salvo los derechos del promoverte y opositor, para que promuevan el juicio contradictorio que corresponda." (Página 105 del expediente natural). De ahí que es procesalmente inadecuado que sostenga ese reproche al A quo, (de que no dio oportunidad para exhibir pruebas) "sin que incurra en un juicio contradictorio" (f. 11 del Toca). Pues inverso a su apreciación, de abrir a prueba se entraría en la condición de aperturar el debate. Lo que no es propio de estos procedimientos y conculcaría el artículo 848 primera parte, del Código Procesal Civil que estipula que la esencia de estos juicios, sólo se actualiza "cuando no tenga interés más que el promovente." Continuando, nos dirigimos a los argumentos identificados en el agravio 5, y los que de su pliego derivan en torno al tema que el apelante esgrime de que el C. JUAN LUNA BAÑUELOS no goza de la calidad de albacea dentro del citado procedimiento ab intestato, quien en su concepto, es el único legitimado para defender los bienes que pudiesen estar afectos a la masa hereditaria. Lo cual deviene infundado por todo lo ya expuesto; en tanto que, como ya se apuntó, sí le asiste interés jurídico motu propio para oponerse, pues comparece como heredero reconocido, de lo que se deduce, está legitimado para ello. Por tanto se insiste, no es cuestión atinente a "personalidad" lo que se consideró para que trascienda su oposición en los términos que lo ha hecho. Pues con el carácter que ostenta y justifica, lo legitima, porque es concordante con lo estipulado en el artículo 848 fracciones III, del Código de Procedimientos Civiles, en tanto que las Diligencias de información ad perpetuam se reciben con citación de quien "pudiese tener interés" en las mismas. Precisamente esa es la ratio de tal precepto. Y si surge una persona interesada, por supuesto que debe atenderse. Por eso, resultan infundados sus alegatos, pues debe tenerse en cuenta que al manifestar tal oponente que los bienes materia del trámite en la vía de jurisdicción voluntaria que nos ocupa: "no fueron incluidos" en el inventario y avalúo dentro del juicio sucesorio intestamentario número 606/1999, de ahí dimana su interés, máxime que imputa a la albacea (madre del promovente) de ese juicio, precisamente el no haber incluido tales bienes como parte de la masa hereditaria; de ahí que no puede exigírsele también el carácter de albacea como requisito para admitir su oposición, si lo que lo legitima es su propio y personal interés jurídico como heredero. Y en este caso, como heredero inconforme con el proceder del representante legal de la mencionada sucesión. Máxime que fue la albacea señora María Antonia Luna Martínez a su vez mencionada en el escrito inicial del Diligencista como su Donante. (pág. 3 del juicio natural). De todo lo cual, no resulta acertado que el albacea sea el "único legitimado" para expresar argumentos tendientes a la defensa de los bienes hereditarios. Por lo expuesto con antelación, la ley concede a los herederos esa misma y particular prerrogativa como terceros interesados, es decir, la posibilidad de oponerse a las Diligencias, lo que de suyo no puede ser materia de estudio profundo, pues para ello debe abrirse el juicio contradictorio. En cuanto al alegato contenido en el mismo arábigo que se atiende, respecto a que fue "transgredido flagrantemente" el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles; es infundado pues éste se refiere a la legitimación de parte dentro de juicio, lo que en la especie no resulta aplicable ya que no estamos ante el trámite de un procedimiento de esa naturaleza. En consecuencia no existe la transgresión a la disposición en cita como lo señala el recurrente. E igual consideración aplica respecto del numeral 880 del Código Civil del Estado, pues en base a los razonamientos que se han señalado, este numeral no resulta atendible para el caso concreto en tanto el oponente de las diligencias de jurisdicción voluntaria, actúa como tercer interesado por su propio derecho y no con el carácter de albacea, lo cual como ya se explicó, dadas las particulares circunstancias, sí es permisible a la luz de la Ley. En lo que ve a que "carece de legitimación" porque con antelación "cedió" sus derechos hereditarios, de tal circunstancia jurídica NO hay constancia en autos del juicio en que se actúa, por lo que no es dable prejuzgar al respecto; en consecuencia, persiste la anterior consideración de que actúa como heredero judicialmente reconocido. Sin perjuicio de lo cual se tendrían qué analizar los alcances de la referida cesión. Lo que en éste no es posible realizarlo ante la ausencia material de tal constancia procesal. De ahí que su alegato sea infundado y por consecuencia nuevamente inoperante. En cuanto al alegato identificado en el número 6 de los que se responden, es infundado. Se determina lo anterior en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 846 del Código de Procedimientos Civiles, a la letra establece: "Los gastos y costas de la jurisdicción voluntaria son a cargo del promoverte. Mediando oposición de un tercero, son a cargo del vencido." Empero, tal disposición no se actualiza en el caso a estudio, pues la calidad de "vencido" aún no ha sido atribuida a ninguno de los antagonistas en tanto que respecto de las razones esgrimidas para la oposición y en las que se sustenta la solicitud inicial del Diligencista, no ha habido un pronunciamiento de fondo. De ahí que la interpretación idónea del precepto en cita, es en el sentido de que: una vez determinado por sentencia firme a quién asisten los derechos materia de litigio, la condena en costas será, en su caso hacia su contraparte en su carácter de vencido. Por tanto la aplicación de este dispositivo, incluso excluye a los diversos numerales 10 y 86 del Código de Procedimientos Civiles, por ser aquella norma, la que regula la hipótesis en específico que nos ocupa. Además de que, en sí el opositor no propone acción procesal alguna, y los antes referidos preceptos se refieren propiamente al ejercicio del derecho de acción y defensa. Concomitantemente tampoco se adecua la imposición de una multa al oponente a las diligencias "por abuso en el ejercicio del derecho", en tanto tal conducta no está probada en autos. Ahora se procede al análisis del agravio 7, respecto del análisis del resto de motivos de disenso que ahí se contienen, ya que aduce se los causa el A quo al "impedírsele" tener acceso a la justicia pronta y expedita (f. 12 del Toca), lo cual es infundado, pues claramente en el auto combatido se le hace saber, tanto al recurrente como al opositor, que: "se dejan a salvo sus derechos a fin de que promuevan el juicio contradictorio que corresponda". Juicio en el que deberán observarse todas las formalidades esenciales del procedimiento a efecto de que se salvaguarden los derechos procesales de las partes. Prevaleciendo de antemano, el sobreseimiento que se analiza, por cuanto a que en jurisdicción voluntaria no es permisible establecer a cuál de las partes asisten o debe reconocérsele derechos en pugna. Pues ello implicaría transgredir el artículo 848 primer enunciado del Código Adjetivo de la materia. De ahí la calificación otorgada a tal motivo de reproche. Bajo tales circunstancias, todo lo concerniente al ataque respecto a que se le vulnera el acceso a la impartición de justicia relacionado con los derechos humanos acogidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, es infundado; puesto que no se restringe tal garantía cuando en virtud de una resolución judicial que da por clausurado un procedimiento en el cual no ha de dirimirse derecho litigioso alguno, se le dejan a salvo los derechos para acceder a la administración de justicia mediante el seguimiento del juicio contradictorio correspondiente; luego entonces, si no existe obstáculo formal (como no se advierte en el expediente) para que el apelante deduzca la acción o excepción en un juicio seguido con todas las formalidades del debido proceso, es tal calificativa (infundado) la que corresponde a su duelo que se examina. Finalmente, en cuanto al número 8 de los ordinales que se contestan en el segmento que no se ha abordado, es decir en cuanto a su queja consistente en que se "transgreden flagrantemente" las directrices e interpretación que impone el artículo 29 inciso a) de la Convención Americana de Derechos Humanos, y argumenta: "torna nugatorio el derecho que tengo a un procedimiento en que se respeten en igualdad de condiciones al omitir analizar sobre la existencia de las causales de desechamiento que invoca" (f. 12 del Toca); con lo cual asegura: "incurre en una falta de fundamentación y motivación," por lo que se conculcan sus derechos fundamentales. Empero, tal alegato es infundado, pues no existe la vulneración alegada dentro del auto que se combate, puesto que lo decidido ahí, no adquiere categoría de firmeza, por ende no puede constituir afectación de derechos en su perjuicio. Primeramente, porque no estamos ante la presencia de una decisión judicial definitiva según lo dispuesto por el artículo 845 del Código de Procedimientos Civiles, cuyo primer párrafo reza: "Las declaraciones emitidas por los jueces en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, no hacen cosa juzgada, ni aun cuando por haber sido objeto de recurso, hayan sido confirmadas por el Tribunal Superior" En segundo término, la observancia al Principio Pro Homine que invoca, no implica que la Autoridad Jurisdiccional tenga que llegar al punto de pasar por alto normas procedimentales que rigen a efecto de que los justiciables puedan plantear su defensa, pues, precisamente con la finalidad de que sus prerrogativas se garanticen, es que debe atender las exigencias legales procesales inmanentes, y así consecuentemente aflore una efectiva protección de los mismos. De manera que, como se surte en la especie, basta con señalar el A quo con claridad la forma en que pueden acceder a ellos, para que se cumpla con tal principio, lo que en el caso acontece y se justifica plenamente en el acuerdo que se combate, dado que se indica a los antagonistas, cuál es la vía o camino que deben emprender para que sean oídos sus argumentos y demuestren sus defensas, esto es, que inicien el juicio contradictorio correspondiente. Sin soslayar las reglas de la Jurisdicción Ad perpetuam. Lo anterior se sostiene por esta Sala en base a la Jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: ".". Luego entonces, no se trastoca en momento alguno la esfera jurídica del apelante, si por su propia y especial naturaleza, la decisión impugnada deriva únicamente de un procedimiento no contencioso, era inminente el resultado ante el cual nos encontramos (al desplomarse la hipótesis del artículo 848 primer enunciado del Código de Procedimientos Civiles) pues así, no existe la posibilidad de obtener declaración judicial que se pronuncie sobre la permanencia o vigencia de derechos ahora en pugna. Por ende, al quedar abierta la posibilidad para que los que han comparecido a éste con intereses contrapuestos, acudan al juicio contradictorio correspondiente, lejos de conculcarse sus derechos como erróneamente lo estima el apelante, se salvaguardan y con ello se observa plenamente el respeto a su garantía de audiencia y acceso a la administración de justicia, que se consagra en los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna también aducidos como transgredidos; infundadamente. Por último finaliza su reproche aduciendo que el Auto combatido carece de fundamentación y motivación lo que se estima a todas luces infundado, porque el A quo como preámbulo del decretamiento impugnado sostiene que: "por los motivos que expone" (el opositor), luego de analizarlos, con base en lo dispuesto por el artículo 843 del Código Instrumental Civil, sustenta su argumento en que se encuentra ante "una cuestión que obsta a todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria", de la cual no le es válido prejuzgar, y en apego a tal dispositivo es que sobresee el procedimiento. Con lo cual a juicio de la Sala se satisfacen tales elementos esenciales en tanto se dan las razones para su dictado y se fundamenta el mismo; sin que se advierta tampoco contrario a Derecho el dictado del acuerdo que se revisa. De ahí que su alegato no encuentre sustento legal alguno". V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por el peticionario de garantías se estiman infundados por una parte e inoperantes por la otra. En efecto, por lo que respecta a los conceptos de violación que el impetrante del amparo aduce en el sentido de que: 1. La determinación de la responsable viola en su perjuicio la garantía de igualdad y debido proceso, consagrada en el texto de los artículos 1° y 14 Constitucionales, pues olvida que conforme a lo dispuesto por el artículo 5° fracciones II y V del Código Procesal Civil vigente en el Estado, la norma se entenderá de manera que contribuya a alcanzar expedición y equidad en la administración de justicia y que las disposiciones relativas a las partes deberán interpretarse en el sentido de que todas ellas tengan las mismas oportunidades de acción y defensa. 2. Para que tenga lugar el análisis respecto de la concurrencia de las causas de desechamiento, es necesario formar artículo aun cuando no lo provea de manera explícita el artículo 843, si lo ordena nuestra Carta Magna; y, por lo tanto, que se debe dar la posibilidad al promovente de manifestar lo que a su derecho convenga respecto al interés jurídico con que acude el opositor, esto es, darle vista con tal circunstancia; y, con base a ello, determinar si concurre o no alguna de esas causales. 3. De la copia certificada del auto del veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario 606/1999 que cita el opositor y que dice el quejoso ofreció como prueba se advierte que el órgano jurisdiccional (del conocimiento de dicho juicio) tuvo por convalidada y aprobada para todos los efectos legales la cesión de los derechos hereditarios de entre otros herederos, los del ahora tercero interesado JUAN LUNA BAÑUELOS y por ende "POR SEPARADOS DE LA PRESENTE INTESTAMENTARIA", por lo que a decir del propio quejoso bajo esas circunstancias es innegable que lo que ocurra en relación a la intestamentaria, ya no le afecta en su esfera jurídica y por ende, carece de todo interés jurídico para oponerse y se configura esa causal para efecto del desechamiento de su oposición. 4. Que respecto a la cesión a que se hace referencia en el párrafo que antecede, la responsable se pronunció en el sentido de que no hay constancia al respecto en autos, pero que la documental respectiva la exhibió el impetrante del amparo como prueba en el escrito de expresión de agravios y obra a foja 14, en autos del Toca 522/2014, por lo que tal manifestación de la responsable deviene en una falta de análisis exhaustivo de los puntos propuestos por el amparista en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 337 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, lo que estima, constituye una violación en su perjuicio de las reglas del debido proceso, en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional. 5. En relación con lo antes expuesto, agrega el quejoso, que la falta de análisis de la citada constancia, así como de los alcances que jurídicamente tiene, al tratarse de una documental pública con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 323 fracción VI de la Ley Adjetiva Civil en vigor, al sostener la Sala responsable su inexistencia en autos, deviene en una falta de fundamentación y motivación, con lo que trastoca en su perjuicio, el contenido del artículo 16 Constitucional. Se estiman infundados en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, por lo que se refiere al concepto de violación sintetizado en el número uno, resulta infundado, toda vez que contrario a lo que aduce el quejoso, la determinación de la Sala Civil responsable, de confirmar el auto de dieciséis de julio de dos mil catorce, por medio del cual el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, decretó el sobreseimiento del procedimiento relativo a las Diligencias de Información Ad Perpetuam 142/2014, promovidas por el impetrante del amparo; no resulta violatorio de las garantías consagradas en los artículos 1° y 14 Constitucionales, a que alude el quejoso. Ello si se atiende a que, si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por el artículo 5°, fracciones II y V, del Código Procesal Civil vigente en el Estado, la norma se entenderá de manera que contribuya a alcanzar expedición y equidad en la administración de justicia; y, que las disposiciones relativas a las partes deberán interpretarse en el sentido de que todas ellas tengan las mismas oportunidades de acción y defensa; también es verdad que en la especie se cumplió con tal disposición, pues al tratarse en el caso de diligencias de jurisdicción voluntaria, el procedimiento del que emana el acto reclamado; como lo indicó la responsable, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 836 del código adjetivo en mención, no puede dirimirse al interior del propio procedimiento, cuestión litigiosa alguna, por lo cual, al haber existido oposición en cuanto a las diligencias promovidas por el aquí quejoso, tal como lo indicó la mencionada Sala responsable, el juez natural estuvo en lo correcto al concluir en el sentido de que se dejaban a salvo los derechos del promovente y del opositor, para que promuevan el juicio contradictorio que corresponda, dado que a virtud de ello, dichas partes tienen las mismas oportunidades de acción y de defensa, lo que se traduce en equidad en la administración de justicia. En lo relativo al concepto de violación sintetizado en el número dos, también es infundado, ya que es inexacto lo que manifiesta el peticionario de garantías en el sentido de que, para que tenga lugar el análisis respecto de la concurrencia de las causas de desechamiento, es necesario formar artículo aun cuando no lo provea de manera explícita el artículo 843, si así lo ordena nuestra Carta Magna; ya que contrario a ello, si en dicho numeral no se establece la posibilidad de dar vista a la parte promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria, cuyo carácter ostenta el impetrante del amparo, la autoridad judicial no tiene facultades para hacerlo, porque incurriría en inexacta aplicación de la ley, lo cual es violatorio de garantías, dado que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite. Por lo que respecta al concepto de violación sintetizado con el número tres, de igual forma es infundado, toda vez que, aun cuando de la copia certificada del auto del veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario 606/1999, que dice el quejoso ofreció como prueba, se advierta que el órgano jurisdiccional tuvo por convalidada y aprobada, como lo señala el quejoso, para todos los efectos legales la cesión de los derechos hereditarios de entre otros herederos, los del ahora tercero interesado JUAN LUNA BAÑUELOS y por ende, los haya tenido "POR SEPARADOS"; de la citada sucesión intestamentaria, esa sola situación, es insuficiente para que la Sala responsable cambiara el sentido de su resolución reclamada, pues por una parte, como puede apreciarse, del propio acto reclamado, dicha documental no fue exhibida en el procedimiento relativo a las diligencias que dieron origen al acto reclamado. Por otra parte, si bien es cierto que el impetrante del amparo exhibió la aludida documental ante la Sala Civil responsable, junto con su escrito de expresión de agravios; también es verdad, que dicha responsable emitió acuerdo al respecto, en fecha seis de octubre de dos mil catorce, en el que determinó, que en lo que respecta a la propia prueba documental, se le dijera al ocursante, es decir, a la autorizada del ahora quejoso, que debería estarse sujeta a lo estipulado en el artículo 389 del Código Adjetivo de la materia, ya que de una correcta interpretación de dicho precepto, se desprende que la sustanciación del tipo de la apelación, se reducirá al escrito de agravios, la contestación y la citación para sentencia, sin que sea permitido en ningún caso admisión de pruebas, por lo que no había lugar a admitir la prueba de mérito. Lo que significa que también resulta infundado lo aducido en el concepto de violación sintetizado con el número cuatro, toda vez que efectivamente, como lo señaló la Sala responsable en la sentencia reclamada, en los autos de las aludidas diligencias, no existe prueba alguna relativa a la cesión de que se trata, puesto que además, ante su instancia no tuvo por admitida la documental que se refiere a dicha cesión, sin que se advierta de las constancias que forman el toca de apelación remitido por la responsable, que el quejoso hubiera impugnado el acuerdo de referencia, por lo que no puede hablarse de incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 337 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, ni de violación en perjuicio del amparista las reglas del debido proceso, en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional. Razón por la cual, de igual forma es infundado el concepto de violación sintetizado en el número cinco, pues al no haberse tenido por admitida la aludida probanza, tampoco existió falta de análisis de la misma, por lo que no existe falta de fundamentación y motivación, al respecto. En lo referente a los restantes conceptos de violación, se estiman inoperantes, toda vez que como puede apreciarse de su simple lectura, el quejoso no combate mediante argumentos lógico jurídicos, tendientes a poner de manifiesto la ilegalidad atribuida al acuerdo reclamado, los fundamentos y consideraciones en que la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se apoyó para la emisión de la resolución reclamada; ya que se concreta a manifestar que corresponde a la potestad resolutoria del juzgador, el análisis de la concurrencia en su caso, de las causales de desechamiento como lo son la falta de personalidad y de interés por parte del opositor y por ello, respetar la garantía de audiencia que tiene para objetar dichas falta de personalidad y de interés del opositor. Asimismo a decir, e insistir, en que las causales de desechamiento como la falta de personalidad y de interés por parte del opositor, son de análisis previo al de la valoración de si la cuestión planteada por el opositor obsta o no en todo pronunciamiento en jurisdicción voluntaria, por tratarse de presupuestos procesales aún en una cuestión de la naturaleza de la oposición en comento. Que le causa agravio la determinación de la responsable al analizar el agravio 8, al negar que la sentencia de primer grado le impide tener acceso a la justicia pronta y expedita, porque el juez natural determinó que tanto al opositor como al quejoso "se dejan a salvo sus derechos a fin de que promuevan el juicio contradictorio que corresponda." Pero, sin que combata los razonamientos de la Sala Responsable, particularmente en cuanto a la respuesta que da a las manifestaciones del quejoso antes mencionadas, como son, en esencia: > Que si se advirtió una cuestión de carácter controvertido, ello es suficiente para que el Juez que conozca del trámite de jurisdicción voluntaria, necesariamente lo sobresea dado que implica un obstáculo para pronunciarse sobre su pretensión. > Que el trámite que ordena el artículo 843 párrafo tercero, consiste en que, sin vista al Diligencista debe decretarse el sobreseimiento: tan luego como se advierta de la oposición, "una cuestión de importancia" que sea imposible dirimir en jurisdicción voluntaria; y, que el Juez Primario al sobreseer el asunto, sí realiza un estudio preliminar en cuanto a la legitimidad del opositor, la cual se advierte de la documentación que acompaña. > Que de los documentos exhibidos por el opositor, se acredita, primeramente que sí es descendiente del autor de la herencia en el juicio sucesorio intestamentario 606/1999, lo que se robustece con la copia certificada de la junta de reconocimiento de herederos que el propio Diligencista allegó a los autos. > Que los documentos referidos con antelación, al provenir de una autoridad en ejercicio de sus funciones, adquieren eficacia demostrativa plena conforme a lo establecido por el artículo 325 en relación con el 283 fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles, y útiles resultan para acreditar el carácter con que acude como opositor (heredero en la sucesión Intestamentaria del señor J. CARMEN LUNA APARICIO) y con ello justifica su interés jurídico. > Que además, el opositor comparece precisamente como heredero, no en representación de entidad o persona alguna diversa, por lo que no se le puede tachar de que carece de personalidad. > Que en el caso se está ante un conflicto dual, en tanto que ambas partes arguyen ostentar derechos subjetivos públicos que les asisten sobre determinados bienes inmuebles, de los que aún no existe ninguna certeza jurídica en cuanto a quién corresponde poseerlos; pues no se ha determinado judicialmente. Por tanto, con las alegaciones antes mencionadas, el impetrante del amparo no combate los razonamientos expuestos por la Sala Civil responsable para resolver en los términos que lo hizo, esto es, para confirmar el acuerdo que decretó el sobreseimiento de las diligencias de información ad perpetuam promovidas por el impetrante del amparo. Consecuentemente, toda vez que no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis de suplencia de la queja deficiente, a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, dada la materia que rige el acto reclamado, y siendo un caso no permitido por la ley, no es posible abordar el estudio de los últimos conceptos de violación mencionados, ya que en el supuesto de que ello ocurriera, se atentaría contra la técnica del juicio constitucional; razón por la que, como ya se indicó, resultan inoperantes los conceptos de violación antes analizados. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, al resultar infundados por una parte, y por otra inoperantes los conceptos de violación expresados por NÉSTOR DE LA CRUZ LUNA, lo procedente es NEGARLE el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso NÉSTOR DE LA CRUZ LUNA, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los razonamientos precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy uno de septiembre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA DICTADA EN UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL EN SU PUNTO RESOLUTIVO DICE LO SIGUIENTE:resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso NÉSTOR DE LA CRUZ LUNA, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los razonamientos precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy uno de septiembre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
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