Nestor de Jesús Ramírez Beltrand

Expediente 1433/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1433/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Nestor de Jesús Ramírez Beltrand

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de la Materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por NO PRESENTADA la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Control electrónico respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la Ley en la Materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se tuvo por no presentada la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos . . 4. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, para que desahogara el requerimiento contenido en dicho auto, consistente en ratificar el escrito a través del cual se pretendía desahogar la prevención de mérito, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 1141 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada, la demanda de amparo promovida por ***. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, de febrero de 1994, página 307, con registro digital 213454, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término.". Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Ahora, en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, de la misma certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo tres días concedido en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, para que el directo quejoso manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se le tiene por precluido el derecho que pudieron haber ejercitado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. 1. Relación del estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de once de octubre del año en curso (fojas 229 y 230), se tuvo a la autoridad responsable Jueza de Control Especialidad en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, informando las gestiones realizadas a fin de cumplir con la sentencia protectora, sin que hasta la presente data lo haya hecho. 2. Requerimiento de cumplimiento a la sentencia amparadora. En esas circunstancias, de conformidad con lo que establece el artículo 192, de la Ley de amparo, requiérase vía correo electrónico a la autoridad responsable Jueza de Control Especialidad en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al que se le notifique el presente proveído, cumpla con la ejecutoria en comento, la cual concedió el amparo para el efecto siguiente: a) En el término de tres días, emita un acuerdo en el que provea lo conducente para agilizar el procedimiento del beneficio de libertad anticipada solicitado por el impetrante de amparo, en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; b) En el entendido que por lo menos cada cinco días hábiles deberá informar a este órgano jurisdiccional los avances correspondientes, en el supuesto que exista alguna prueba o actuación pendiente de llevarse a cabo, la desahogue de inmediato, para lo cual deberá utilizar y hacer efectivas, de ser necesario, las medidas de apremio que considere pertinentes; c) Una vez realizado lo anterior, proceda a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de libertad anticipada, en los términos que establece el artículo 126 de la Ley Nacional de Ejecución; d) Dentro del plazo de cinco días siguientes a la celebración de la audiencia, redacte, notifique y entregue copia a las partes de la resolución que determine si es procedente o no la solicitud del beneficio de libertad anticipada, de conformidad con el artículo 127 del referido cuerpo de leyes; y, e) Remita a este Juzgado de Distrito las constancias que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector. Se autoriza al actuario de la adscripción que corresponda, firmar electrónicamente el oficio que se genere, e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. 3. Apercibimiento. Por otra parte, apercíbase a la autoridad responsable, que de no cumplir dentro del plazo concedido con el fallo protector sin causa justa, en el término indicado, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa consistente en cien unidades de medida y actualización; además, en caso de que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla, Gutiérrez, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurren se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. (.).4. Notificación a las partes de la adscripción de la Titular. Ahora bien, vista la certificación de cuenta se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, acordó la primera adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en sustitución del Juez Raúl López Pedraza, a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós; lo que fue notificado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/721/2022, de veintiséis del mismo mes y año. Ante esa circunstancia, resulta menester hacer del conocimiento de las partes lo relatado en el párrafo que precede por un plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para los efectos legales procedentes; pues de no hacerlo, se actualizaría una violación procesal que ameritaría la reposición del procedimiento. (.).Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Joel Trinidad Duque en representación de Guadalupe Efren Torres Roque, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas y el Fiscal del Ministerio Público Investigador en Combate al delito de Abigeato, en Tonalá, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1172/2022 IX-B. PREVENCIÓN (...) En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 108 fracción V y 114 fracción I y II de la Ley de Amparo, requiérase al directo quejoso Guadalupe Efren Torres Roque, para que, dentro del término de cinco días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, cumpla con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad manifieste los antecedentes del acto reclamado de manera completa, detallada y consecutiva. Sobre todo, señale la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión reclamada. Es aplicable la Jurisprudencia: 2a./J. 161/2013 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Asimismo, en la tesis XX.2º.3 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla". Apoya esta determinación por identidad jurídica, la tesis 1a./J. 64/2015 (10a) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 713, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010471, de rubor y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Por lo que, se hace del conocimiento al promovente de la demanda de amparo, que el directo quejoso Guadalupe Efren Torres Roque, es quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden, ya que es quien reciente el daño por los actos de autoridad, y está en aptitud de proporcionar dicha información. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADA PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO En relación a la prevención señalada se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, prevéngasele que en caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, se procederá en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;.." Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, Registro Digital 213454, en la tesis XI.2o.55 K que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." Debe decirse que los criterios citados en la presente prevención, se hacen sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente con respecto a los temas que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que las notificaciones a la parte quejosa, en el presente juicio de amparo se realicen vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia, a Joel Trinidad Duque, con el nombre de usuario "DUQUE", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Login, debiendo corroborar su credencial de acceso. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del número telefónico que precisa, para efectos de comunicaciones no procesales. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a Joel Trinidad Duque, José Antonio Villatoro Martínez, Jairo Sedein Palomoque Madrid, Manuel Fernando Mora Vázquez y Mariela Martínez Antonio, y las demás personas señaladas en su demanda de amparo toda vez que solo los autoriza para efectos de oír y recibir notificaciones. (...) Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinado en sesión celebrada el veinte de junio del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2700/2022 suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México; asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien además certifica que la promoción que dio origen a éste acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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