Néstor David Morales Pelagio
Expediente 813/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Néstor David Morales Pelagio
Actuaciones
- Principal
...Del estado que guardan los autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja, contra el proveído de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido...
- Principal
...Notifíquese personalmente...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Néstor David Morales Pelagio, por propio derecho y en su carácter de Abogado General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, contra actos de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 813/2019/VII-A. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Néstor David Morales Pelagio, reclama el nombramiento de Verónica Hernández Giadáns, como Encargada del Despacho de la Fiscalía General del Estado, plasmado en el Punto Segundo del Acuerdo tomado por la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, el tres de septiembre de dos mil diecinueve, tras separar temporalmente a Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado, como medida cautelar, por el presunto incumplimiento del mandato Constitucional de no contar con la certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en dicho cargo. En el caso particular, este órgano jurisdiccional considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6° de la misma ley. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación armónica de los artículos 107, fracción I , de la Constitución General de la República, 61, fracción XII , 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de garantías quienes resientan una afectación o perjuicio real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Por perjuicio se entiende para efectos del amparo, la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Aunado a lo anterior, en términos de los artículos 107, fracción I Constitucional, el acceso al juicio de amparo, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Precisado lo anterior, la suscrita Juzgadora estima actualizada la causal de improcedencia mencionada, relativa a la falta de legitimación por parte del quejoso para instar la acción constitucional en contra de la determinación del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de nombrar a Verónica Hernández Giadáns, como Encargada del Despacho de la Fiscalía General del Estado, en lugar de su anterior titular Jorge Winckler Ortiz. Lo anterior, porque si bien considera que debió ser designado en forma directa en tal encargo, por orden de prelación, en términos del artículo 498, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, también lo es que del propio artículo que menciona, no se observa la existencia de tal presupuesto legal a su favor. En efecto, dicho artículo en la parte que interesa dice: "Artículo 498. En las ausencias temporales de el/la Fiscal General será suplido de la manera siguiente: I. En ausencias no mayores de treinta días naturales, el/la Fiscal General designara por simple oficio a cualquiera de las y los Servidores Públicos señalados de la fracción I a la VI del artículo 15 de la Ley Orgánica; y II. En caso de que la Fiscalía quede vacante por cualquier circunstancia en tanto se sustancia el procedimiento establecido en el artículo 67 fracción I d) de la Constitución del Estado, quedara a cargo, de manera provisional, la Servidora Pública o el Servidor Público que en orden de prelación se encuentre señalado de la fracción II a la V del artículo 15 de la Ley Orgánica." Por su parte, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece: "Artículo 15. Integración. Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Fiscalía General estará al mando del Fiscal General, quien se auxiliará de los servidores públicos de confianza y de las unidades administrativas siguientes: I. Abogado General; II. Visitador General III. Fiscal de Investigaciones Ministeriales IV. Fiscales Regionales; V. Fiscales Coordinadores Especializados;." Así las cosas, de la lectura de ambos preceptos legales se puede advertir concatenadamente que el servidor público que deberá ocupar el cargo de encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, en caso de quedar vacante su titularidad, por cualquier circunstancia, lo será por orden de prelación, el Visitador General de la citada fiscalía, cargo público distinto al que ostenta el firmante de la presente demanda, como se advierte del documento que anexó a su escrito de mérito. Lo anterior, aunado a que de la propia reglamentación a la legislación orgánica referida, en su artículo 499, se advierte lo siguiente: "Artículo 499. Todas las ausencias temporales de la persona Titular de la Fiscalía General o del Encargado del Despacho, quedará por ese simple hecho, autorizado el Abogado General y el Subdirector de Amparo, Civil y Penal, para que en nombre y representación de la persona titular de la Fiscalía General, firme los informes previos y justificados, así como las promociones y recursos que deban interponerse, y proveer el cumplimiento de las ejecuciones que se dicten referentes a los Juicios de Amparo, en que sea parte la Fiscalía General o su titular. La anterior autorización no limita las funciones o atribuciones otorgadas a la/el Fiscal General o Encargado del Despacho, para designar a cualquier otro funcionario, a efecto de que realice las acciones señaladas en el párrafo precedente." Transcripción literal que corrobora el hecho de que el Abogado General, junto con el Subdirector de Amparo, Civil y Penal, tendrá la representación ya sea del Fiscal General o del Encargado del Despacho, lo que de facto implica su exclusión en el orden de prelación para ocupar la titularidad de dicha dependencia, para aquellos casos en que quede vacante el puesto de titular, por cualquier causa. No pasa inadvertido el hecho de que la fracción I del artículo 498 de la Constitución Local ya mencionado, sí le da, por orden de prelación, el derecho a ser nombrado como titular de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, el propio numeral establece como condición que dicho nombramiento lo hará el titular de dicha dependencia, lo que en el caso no acontece, dada la separación temporal del mismo en forma anticipada. Tampoco se descarta el hecho de que como ciudadano común, en términos del artículo 67, fracción I, inciso d) de la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bien podría el aquí quejoso resultar incluso propuesto para ocupar la titularidad de dicha dependencia; sin embargo, ello no le da legitimación para promover el presente juicio, pues el estar ubicado en el organigrama como primera opción de personal de confianza del titular de dicha dependencia, no implica jurídica ni lógicamente su designación directa a tal encargo, máxime que existe disposición legal expresa en contrario. Finalmente, debe destacarse que tratándose del interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En efecto, el interés legítimo para instar la acción constitucional consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, es decir, que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que está en aptitud de expresar un agravio diferenciado de los demás integrantes de la comunidad, al ser su interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que su anulación le producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica como resultado inmediato y directo de la resolución que se pronuncie. Orienta lo anterior la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).- A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. En consecuencia, al existir una disposición expresa de la ley que excluye al aquí quejoso de la pretensión legal de aspirar a ser nombrado en forma directa como Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, no le asiste legitimación alguna para instar la presente vía Constitucional, lo que actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y toda vez que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría su prosecución, se desecha la demanda origen de este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado bajo las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Justiniano Próspero Zeferino, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Sin que pase inadvertido para este Juzgado que en el proemio de la demanda de amparo se desprenda que el nombre del quejoso es Gustavo Fernando Vasto Pulido; sin embargo, de la lectura del mismo se aprecia que quien firma es el impetrante de amparo Néstor David Morales Pelagio. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe...
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