Nestor Daniel Hernández Nieves
Expediente 149/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Nestor Daniel Hernández Nieves
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, por el cual informa a este órgano que se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, de conformidad a lo señalado en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se declaró carecer de competencia en la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21.. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por NÉSTOR DANIEL HERNÁNDEZ NIEVES, contra los actos del AGENTE DEL MINISTERIO ORIENTADOR DEL PRIMER TURNO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 149/2021. PRECISIONES Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama de las siguientes autoridades: 7331/2021 AGENTE DEL MINISTERIO ORIENTADOR DEL PRIMER TURNO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 7332/2021 AGENTE DEL MINISTERIO ORIENTADOR DEL SEGUNDO TURNO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 7333/2021 AGENTE DEL MINISTERIO ORIENTADOR DEL TERCER TURNO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 7334/2021 DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 7335/2021 COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL Y ELEMENTOS A SU CARGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) "A) La ilegal orden de INVESTIGACIÓN , BÚSQUEDA Y DETENCIÓN LIBRADA EN MI CONTRA, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad Ejecutora tendiente a procurar mi detención y por consiguiente la privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado dictado por las autoridades señaladas como ordenadoras. De la misma autoridad señalada corno responsable ordenadora, señalo como agravio el hecho de no estar informado acerca del procedimiento que se sigue en mi contra por un delito que ignoro cuál sea, pero respecto del que me deberían informar, para así estar en posibilidad de integrar una buena defensa y anexar las pruebas tendientes para justificar mis excepciones. De la autoridad indicada como responsable ejecutora me quejo el que se trate de dar cumplimiento a una orden de detención que a mi criterio es ilegal, ya que no he sido notificado con anterioridad del procedimiento penal y mucho menos he dado motivo para que se libre o haya librado orden de INVESTIGACIÓN, BÚSQUEDA Y DETENCIÓN EN MI CONTRA por una autoridad con facultades para ello." Así mismo, el quejoso refiere en su libelo de demanda, que su domicilio para oír y recibir notificaciones es el ubicado en calle Tenacaxtli manzana 37 lote 5 en el barrio Labradores Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y en sus antecedentes del acto reclamado, manifiesta bajo protesta de decir verdad: "un día antes de la presentación de este amparo, aproximadamente a las diez de la mañana, personas que dijeron ser agentes de la policía ministerial de la fiscalía del Municipio de Chimalhuacán, estado de México, se presentaron en mi domicilio particular ya señalado, con el propósito de privarme de mi libertad, supuestamente llevando una orden consigo.". Sin que de la lectura integral de su demanda de amparo se advierta que la parte quejosa refiera si alguna de las autoridades que la han buscado con la finalidad de privarlo de su libertad tiene jurisdicción en el Estado de Puebla. INCOMPETENCIA. En mérito de lo cual, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por NÉSTOR DANIEL HERNÁNDEZ NIEVES, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, precepto que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, de la lectura integral del artículo transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito deba conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: a) Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima se actualiza la hipótesis señaladas como inciso a), pues evidentemente el acto reclamado (orden de aprehensión) debe tener ejecución en el Estado de México, pues en dicho lugar ejercen su jurisdicción las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, aunado a que refiere que pretenden ejecutarla en su domicilio particular mismo que se encuentra ubicado en el Estado de México. De ahí que al no haberse señalado a alguna autoridad en el Estado de Puebla, ni existan datos que hagan presumir una ejecución en una entidad diversa al del Estado de México, es inconcuso que dicho acto pueda tener ejecución en el territorio en que el suscrito ejerce su jurisdicción. Sin que en el caso se estime necesario prevenir al quejoso para que precise si señala autoridades ejecutoras en el Estado de Puebla, conforme lo previsto en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Pues el peticionario de amparo indicó que se presentaron en su domicilio particular ubicado en el Estado de México, con el propósito de ejecutar la orden de aprehensión reclamada a autoridades con residencia en esa misma entidad, sin que se aprecie la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en el Estado de Puebla; por ende, no existe obligación de realizar dicha prevención. En conclusión, al no existir indicio de que la ejecución del acto reclamado haya iniciado en esta entidad o que pueda tener ejecución en el territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción, se determina carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, pues en la demanda de amparo el quejoso señaló autoridades con residencia en el Estado de México y domicilio particular en dicha entidad, lo que implica necesariamente que el acto reclamado (la orden de aprehensión), debe tener ejecución en el territorio en el que ejercen sus facultades las autoridades responsables y no en el que este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. Similar criterio se sostuvo al resolverse el conflicto competencial 2/2018 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En consecuencia, se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para lo cual se remite vía electrónica el expediente de amparo en que se actúa para los efectos legales procedentes, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, y que en conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo informe si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas la profesionista, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y solo para oír y recibir notificaciones a David Camarillo Calderón y Gilberto Martínez Torres, por así especificarlo la parte quejosa. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento del correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por NÉSTOR DANIEL HERNÁNDEZ NIEVES, contra los actos del AGENTE DEL MINISTERIO ORIENTADOR DEL PRIMER TURNO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 149/2021. PRECISIONES Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama de las siguientes autoridades: 7331/2021 AGENTE DEL MINISTERIO ORIENTADOR DEL PRIMER TURNO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 7332/2021 AGENTE DEL MINISTERIO ORIENTADOR DEL SEGUNDO TURNO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 7333/2021 AGENTE DEL MINISTERIO ORIENTADOR DEL TERCER TURNO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 7334/2021 DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 7335/2021 COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL Y ELEMENTOS A SU CARGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) "A) La ilegal orden de INVESTIGACIÓN , BÚSQUEDA Y DETENCIÓN LIBRADA EN MI CONTRA, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad Ejecutora tendiente a procurar mi detención y por consiguiente la privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado dictado por las autoridades señaladas como ordenadoras. De la misma autoridad señalada corno responsable ordenadora, señalo como agravio el hecho de no estar informado acerca del procedimiento que se sigue en mi contra por un delito que ignoro cuál sea, pero respecto del que me deberían informar, para así estar en posibilidad de integrar una buena defensa y anexar las pruebas tendientes para justificar mis excepciones. De la autoridad indicada como responsable ejecutora me quejo el que se trate de dar cumplimiento a una orden de detención que a mi criterio es ilegal, ya que no he sido notificado con anterioridad del procedimiento penal y mucho menos he dado motivo para que se libre o haya librado orden de INVESTIGACIÓN, BÚSQUEDA Y DETENCIÓN EN MI CONTRA por una autoridad con facultades para ello." Así mismo, el quejoso refiere en su libelo de demanda, que su domicilio para oír y recibir notificaciones es el ubicado en calle Tenacaxtli manzana 37 lote 5 en el barrio Labradores Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y en sus antecedentes del acto reclamado, manifiesta bajo protesta de decir verdad: "un día antes de la presentación de este amparo, aproximadamente a las diez de la mañana, personas que dijeron ser agentes de la policía ministerial de la fiscalía del Municipio de Chimalhuacán, estado de México, se presentaron en mi domicilio particular ya señalado, con el propósito de privarme de mi libertad, supuestamente llevando una orden consigo.". Sin que de la lectura integral de su demanda de amparo se advierta que la parte quejosa refiera si alguna de las autoridades que la han buscado con la finalidad de privarlo de su libertad tiene jurisdicción en el Estado de Puebla. INCOMPETENCIA. En mérito de lo cual, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por NÉSTOR DANIEL HERNÁNDEZ NIEVES, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, precepto que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, de la lectura integral del artículo transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito deba conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: a) Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima se actualiza la hipótesis señaladas como inciso a), pues evidentemente el acto reclamado (orden de aprehensión) debe tener ejecución en el Estado de México, pues en dicho lugar ejercen su jurisdicción las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, aunado a que refiere que pretenden ejecutarla en su domicilio particular mismo que se encuentra ubicado en el Estado de México. De ahí que al no haberse señalado a alguna autoridad en el Estado de Puebla, ni existan datos que hagan presumir una ejecución en una entidad diversa al del Estado de México, es inconcuso que dicho acto pueda tener ejecución en el territorio en que el suscrito ejerce su jurisdicción. Sin que en el caso se estime necesario prevenir al quejoso para que precise si señala autoridades ejecutoras en el Estado de Puebla, conforme lo previsto en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Pues el peticionario de amparo indicó que se presentaron en su domicilio particular ubicado en el Estado de México, con el propósito de ejecutar la orden de aprehensión reclamada a autoridades con residencia en esa misma entidad, sin que se aprecie la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en el Estado de Puebla; por ende, no existe obligación de realizar dicha prevención. En conclusión, al no existir indicio de que la ejecución del acto reclamado haya iniciado en esta entidad o que pueda tener ejecución en el territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción, se determina carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, pues en la demanda de amparo el quejoso señaló autoridades con residencia en el Estado de México y domicilio particular en dicha entidad, lo que implica necesariamente que el acto reclamado (la orden de aprehensión), debe tener ejecución en el territorio en el que ejercen sus facultades las autoridades responsables y no en el que este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. Similar criterio se sostuvo al resolverse el conflicto competencial 2/2018 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En consecuencia, se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para lo cual se remite vía electrónica el expediente de amparo en que se actúa para los efectos legales procedentes, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, y que en conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo informe si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas la profesionista, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y solo para oír y recibir notificaciones a David Camarillo Calderón y Gilberto Martínez Torres, por así especificarlo la parte quejosa. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento del correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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