Nestor Antonio Sánchez Guadarrama

Expediente 1837/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1837/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Nestor Antonio Sánchez Guadarrama
  • Magistrados que integran la Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos de los artículos 14, fracción II, y 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Asimismo, por lo que hace al presente cuaderno de conformidad con el artículo 17, párrafo primero del Acuerdo en comento, permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su transferencia. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos del presente juicio, se aprecia que las partes no hicieron valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de once de julio de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que dicho auto ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  3. Principal

    SE NOTIFICA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Néstor Antonio Sánchez Guadarrama, por propio derecho, contra actos de los Magistrados que Integran la Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1837/2023-II. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por Néstor Antonio Sánchez Guadarrama, contra la resolución dictada en siete de noviembre de dos mil veintitrés en el toca ********************, por los Magistrados que Integran la Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la cual, se modificó la diversa interlocutoria de ocho de septiembre del año en curso dictada en el expediente ********************, relativo al Procedimiento Especial de Divorcio Incausado del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de esta determinación. Asimismo, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión en un tanto, para proveer respecto de la solicitud formulada por el quejoso. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se establecen las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación, solicitándoles privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir sus informes justificados y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá, en lo individual, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el supuesto de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como sustento al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado de Distrito; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, en lo individual, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Por otra parte, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a ********************; por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que le practique el emplazamiento correspondiente en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído; asimismo, le haga saber el derecho que tiene de apersonarse a este juicio si a su interés conviene; además, deberá requerirla, para que al momento de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de su legal emplazamiento, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; apercibida que de no hacerlo así, las posteriores, e incluso las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señalo correo electrónico como domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual no es factible, toda vez que no lo contempla la ley de la materia; se le tienen para tales efectos las listas que se publican en este órgano jurisdiccional. Además, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Incidental

    SE NOTIFICA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple del escrito inicial de demanda, fórmese cuaderno único del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1837/2023-II, promovida por ** por propio derecho, contra actos de los Magistrados que Integran la Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otras autoridades. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye la parte quejosa y que determina la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándoles que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe previo; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajfcorreo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, el acto reclamado materia del presente incidente de suspensión, se hace consistir en: La resolución dictada en siete de noviembre de dos mil veintitrés en el toca 903/2023, por los Magistrados que Integran la Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la cual, se modificó la diversa interlocutoria de ocho de septiembre del año en curso dictada en el expediente 1325/2023, relativo al Procedimiento Especial de Divorcio Incausado del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Una vez precisado el acto reclamado por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión provisional solicitada, tocante a la emisión de dicho acto, ya que reviste el carácter de consumado y contra actos de esa naturaleza es improcedente conceder la medida cautelar, toda vez que la consumación se surte al momento en el cual los actos han sido emitidos por la autoridad a quien se le atribuyen; pues de concederse, este órgano jurisdiccional le daría efectos restitutorios, propios de la sentencia definitiva, lo que implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal. Es aplicable, la jurisprudencia 12 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917-2000, materia común, con número de registro 917546, que establece: ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva en el amparo que se pronuncie." Ahora bien, en relación a los efectos y consecuencias de la resolución reclamada, con fundamento en los artículos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que en caso de no haberse realizado, no se ejecute la resolución reclamada; lo anterior hasta en tanto se comunique a las responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva; sin que ello implique la suspensión del procedimiento respectivo del cual emana el acto reclamado. En la inteligencia de que si con anterioridad a la emisión de la presente medida cautelar, se llevó a la ejecución de dicha resolución, la misma no tendrá efectos restitutorios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada con número de registro 354859 visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Enero de 1940, Tomo LXIII, página 616, del rubro y texto siguientes: ALIMENTOS CAÍDOS, SUSPENSIÓN CON MOTIVO DE. La Suprema Corte de Justicia ha sentado jurisprudencia en el sentido de que es improcedente conceder la suspensión respecto del pago de pensiones alimenticias, porque responden a una necesidad imperiosa e inaplazable de los acreedores alimentistas; pero esa tesis se refiere al pago de pensiones presentes o futuras y no a las que por cualquier causa se hayan dejado de cubrir, pues, en ese caso, las pensiones caídas ya no responden a esa necesidad, desde el momento en que estando destinadas a la subsistencia del que debe recibirlas, éste ha podido subsistir, no obstante que el deudor no las ha proporcionado; y el cobro de esas pensiones puede suspenderse como el de cualquier otro crédito, pues es indudable que no se afecta el interés general ni se contravienen disposiciones de orden público, y la suspensión debe concederse mediante fianza." Así como la jurisprudencia en materia civil con número de registro 912985 visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo IV, civil, Jurisprudencia SCJN página 34, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE PENSIONES CAÍDAS. Procede la suspensión cuando se trata de pensiones alimenticias caídas, es decir, que no fueron pagadas oportunamente, ya que no existe la necesidad imperiosa que desde luego las reciba el acreedor alimentista." De igual forma, la jurisprudencia I.3o.A. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Abril de 1994, Núm. 76, página 27, con número de registro 212751, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día - lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos. Cabe mencionar que la medida provisional se otorga sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual sólo se puede determinar en la sentencia de amparo. Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. La medida cautelar surte sus efectos desde luego, sólo que dada la naturaleza del juicio de origen, se advierte la existencia de tercero interesado que puede resentir perjuicios con la suspensión concedida, de conformidad con lo previsto por los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo el promovente del amparo deberá otorgar dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, garantía a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad que resulte de la operación siguiente: En primer término, se debe tomar como base para fijar la garantía que cubrirá los posibles daños y perjuicios, la cantidad a que se le condenó en la determinación reclamada, es decir, 62,272.70 (sesenta y dos mil doscientos setenta y dos pesos 70/100 Moneda Nacional), misma que servirá de base para establecer lo que en su caso, debe exhibir la parte quejosa para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros interesados; considerando además el término de cuatro meses con dieciocho días, tiempo probable para la resolución del juicio constitucional. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J.46/2012 (10a.), publicada en la página 363, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012 Tomo 1, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos." Para atender al contenido del criterio invocado, debe tomarse en cuenta la estadística del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en condiciones de advertir la probable duración del juicio de amparo. A efecto de consultar los indicadores, se debe ingresar a la página web http:www.dgepj.cjf.gob.mx; a continuación, seleccionar la opción Estadística judicial y elegir la opción "Indicadores"; en donde se toma la sección año estadístico dos mil veintiuno: tipo de órgano, juzgados de distrito y nivel de indicadores, por lo que selecciona productividad; finalmente se elige indicadores y la opción duración en días juicio de amparo indirecto. Aparece un resultado por circuitos, sin embargo, ese no es el indicador que sirve de referencia para el cálculo, pues es un valor promedio de todo el circuito; sino que debe tomarse la opción en el rubro "Segundo Circuito", y se muestra el número de días por cada uno de los juzgados de distrito de esta ciudad como se muestra a continuación: Por lo que, de una manera objetiva al caso concreto y para dar certeza a las partes, este órgano jurisdiccional considera justo y proporcional, que dicho parámetro sea el resultado del promedio general de los citados Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad; el cual es de 56.71 días; que divididos entre treinta, por imperativo jurisprudencial, genera un resultado de un mes con veintiséis días, como tiempo de duración probable del asunto. Del mismo modo, al consultar los indicadores de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para calcular el tiempo aproximado de la resolución de los recursos de revisión, por parte de los tribunales colegiados de este circuito, en materia civil, varía para cada uno de los cuatro órganos jurisdiccionales, como a continuación se expone: Sin embargo, como no se tiene la certeza de qué tribunal conocería del recurso de revisión que se interpusiera en el presente asunto, en el caso de que se recurriera la sentencia que se llegara a dictar en el cuaderno principal, pues resulta una de las eventualidades que no pueden conocerse de antemano, por lo que de una manera objetiva al caso concreto y para dar certeza a las partes, este órgano jurisdiccional considera justo y proporcional, que dicho parámetro sea el resultado del promedio general de los citados tribunales colegiados, el cual es de 82.82, que divididos entre treinta (días), genera un resultado aproximado de dos meses y veintidós días, tiempo de duración hasta su resolución del recurso de revisión. Así, la suma de ambas instancias remite a un total de cuatro meses y dieciocho días, que es la probable duración del juicio en ambas instancias. Ahora bien, para la fijación de una cantidad concreta por concepto de daños y perjuicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 422014, en sesión de once de noviembre de dos mil catorce, determinó que tomando en cuenta que los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero interesado le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquel, de la suma de dinero que por derecho le correspondía como lo es cuando se dicta a su favor una sentencia o laudo). Luego, el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto la ejecución de un pago en cantidad líquida a favor del tercero interesado, por lo que el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo en relación con dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, y ese dato es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, para calcular los posibles daños, debe tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio de amparo a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse del factor. Y tratándose de los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero, de tener bajo su dominio el monto del dinero durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio de amparo, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, debe atenderse a la tasa de interés que refleje el valor del dinero, y para lo cual es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación -con la precisión que se efectuará en el apartado respectivo, con motivo de la Jurisprudencia 1J. 62017-. De la contradicción de tesis de referencia se desprendió la jurisprudencia 71/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro catorce, enero de dos mil quince, tomo I, página cinco, décima época, del de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." En acatamiento al indicado criterio obligatorio para este Juzgado de Distrito, debe decirse que se estima conveniente fijar el monto de 3,695.22 tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 22100 moneda nacional para garantizar los daños y perjuicios. Cantidad que resulta de tomar en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor anual, que el INEGI publica, así como el porcentaje inflacionario del tiempo estimado en que se resolverá el juicio de amparo indirecto y su revisión. La cual se fija, por lo que hace a los daños, considerando el porcentaje inflacionario anual a la fecha en que se calcule la garantía, como referencia del tiempo probable de resolución del juicio, el cual se puede obtener de la página https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/, parámetros son fijados mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México, que arroja como tasa anual de inflación 4.32, que dividida entre doce, para obtener un promedio mensual, da como resultado 0.36, que multiplicado por 4.5 (meses y días probables de resolución del juicio), tiempo probable de la resolución del juicio de amparo, se obtiene una tasa del 1.62 por ciento, sobre la cantidad líquida; de ahí que si ésta es de 62,272.70 (sesenta y dos mil doscientos setenta y dos pesos 70/100 Moneda Nacional), resultan 1,008.81 (mil ocho pesos 81/100 moneda nacional). Por otro lado, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, anual al día en que se decreta la medida cautelar solicitada, que se obtiene de la liga https://www.banxico.org.mx/apps/daoweb/4/59/tasaintere s.html?plazo=4, es de 11.5040 por ciento, que por disposición jurisprudencial debe tomarse en consideración. Tal como se observa de la Jurisprudencia 1a./J. 6/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Civil, Registro: 2014801, Página: 466, de rubro y texto siguientes: "PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), (1) de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.", estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México expidió la Circular 3/2012, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para determinarla, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional, se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así expresamente en las publicaciones respectivas." Por tanto, si la cantidad total a que fue condenada la parte quejosa asciende a 62,272.70 (sesenta y dos mil doscientos setenta y dos pesos 70/100 Moneda Nacional), aplicada a esa suma la tasa de interés mencionada, arroja un resultado de 7,163.85 (siete mil ciento sesenta y tres pesos 85/100 moneda nacional). Esta cantidad, dividida entre doce, por referirse a una tasa de interés anualizada, establece como resultado el de 596.98 (quinientos noventa y seis pesos 98/100 moneda nacional), el que a su vez, multiplicado por 4.5, que son los meses y días determinados para la resolución definitiva del asunto, arroja un resultado de 2,686.41 (dos mil seiscientos ochenta y seis pesos 41/100 moneda nacional), por concepto de perjuicios. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, el quejoso deberá garantizar el pago de los posibles daños y perjuicios, que se ocasionaren al tercero interesado en caso de que no se obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional, ante este Juzgado de Distrito por la cantidad de 3,695.22 (tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 22/100 moneda nacional), que podrá exhibir dentro de los cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, mediante billete de depósito expedido a su nombre por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito o en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Cabe mencionar que la medida provisional se otorga sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual sólo se puede determinar en la sentencia de amparo. Se requiere a la parte quejosa que de exhibir la garantía antes fijada en billete de depósito, o en cualquiera de las formas previstas en la ley, a efecto de que este juzgado la tenga por otorgada, deberá contener en el apartado relativo a concepto manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión provisional en el presente juicio de amparo. Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. Luego, dado que de la demanda de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercera interesada a Nadia Cristina Domínguez Estrada, por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se constituyan en el domicilio aportado por la parte quejosa y le notifique la presente determinación. Lo anterior, en cumplimiento a la jurisprudencia P.J. 1432000 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2000, Tomo XII, Novena Época, visible en la página 23, que refiere: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señalo correo electrónico como domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual no es factible, toda vez que no lo contempla la ley de la materia; se le tienen para tales efectos las listas que se publican en este órgano jurisdiccional. Además, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Israel Jacob Arias Cejudo y Verónica de Jesús Camilo, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

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