Néstor Alonso Camorlinga Alvarado

Expediente 594/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
594/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2020

Partes del expediente

  • Néstor Alonso Camorlinga Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    La parte quejosa no impugnó el proveído de dos de octubre reciente, en el que se desechó su demanda de amparo...se declara que esa resolución causó estado...Archívese el presente juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Se ordena notificar por este medio a la parte quejosa de la determinación de dos de octubre de dos mil veinte, que dice: "...De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. El auto exequendo dictado el once de septiembre de dos mil veinte, en los autos del expediente 20-0697-111M, del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil de esta ciudad. 2. La diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento que se verificó el veinticuatro de septiembre pasado, por medio de la cual se ejecutó lo ordenado en el auto aludido en el punto anterior, y como consecuencia de lo asentado en el acta de dicha diligencia, la posibilidad de que acudan nuevamente a su domicilio con auxilio de la fuerza pública para ampliar el embargo. ? Antecedentes del acto reclamado A efecto de determinar la procedencia de este juicio constitucional conviene tener en cuenta los antecedentes de los actos reclamados los cuales se conocen de lo narrado bajo protesta de decir verdad por el quejoso, así como de las constancias anexadas a su escrito de demanda. a) Virginia Ríos Contreras y Margarito Pacheco Carrillo en su carácter de endosatarios en procuración de Mauricio Flores Campos, demandaron de Néstor Alonso Camorlinga Alvarado, en la vía ejecutiva mercantil el pago de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, más intereses pactados y demás consecuencias legales que se originen. b) Por auto de once de septiembre de dos mil veinte, el Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial con residencia en esta ciudad, radicó la demanda y ordenó su registro con el número 20-0697-111M; asimismo, emitió el auto de exequendo, y requirió de pago a la parte demandada y en caso de no hacerlo se embargaran bienes suficientes para garantizarlo y, finalmente, se le emplazara al juicio. c) El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, el Secretario de Acuerdos adscrito al juzgado responsable, levantó el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento a la parte quejosa; en la cual se embargó el bien inmueble en que se realizó la actuación, en virtud de que el propio demandado lo señaló como garantía. d) En el juicio ejecutivo mercantil aún no se dicta sentencia definitiva, debido a que como se mencionó en el párrafo que antecede, el demandado, aquí quejoso, fue llamado a juicio el veinticuatro de septiembre reciente. ?Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la ley impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia del juicio de amparo de forma manifiesta e indudable, que impide conocer sobre la constitucionalidad de los actos que reclama el amparista y que está previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" La mencionada disposición establece que el amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; en el presente caso, el promovente no cumplió con el principio de definitividad. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. ?????????????? En ese tenor, los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la ley, prescriben el principio de definitividad respecto de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales que se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: 1. Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. 2. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente) y que son: A. Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. En primer término, en el caso el promovente debió combatir el acto reclamado consistente en el auto emitido el once de septiembre de dos mil veinte, por el Juez Primero de lo Mercantil con residencia en esta ciudad, por el cual admitió a trámite el juicio mercantil ejecutivo de origen, que contiene un requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de la parte quejosa (auto exequendo), a través del medio ordinario de defensa procedente, que en la especie resulta ser, el recurso de revocación, previsto en los artículos 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio, que establecen lo siguiente: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. ?????????????? Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De los artículos transcritos, se advierte que sólo serán recurribles mediante recurso de apelación las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. Asimismo, que procede el recurso de revocación contra de autos y decretos que no sean apelables, esto es, contra los dictados dentro de un juicio mercantil cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor o cuando el monto sea inferior al señalado en los diversos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por concepto de suerte principal. Luego, de la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que el monto principal de lo demandado en el natural asciende a $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.); de tal suerte que, en su contra procede el recurso ordinario de revocación previsto en el arábigo 1334 del Código de Comercio. En consecuencia, es indiscutible que el promovente del amparo estaba en condiciones de obtener la anulación, modificación o revocación de la resolución reclamada a través del recurso de revocación que se comenta. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, Página 401;que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Así las cosas, al prever la ley que rige el acto reclamado, un medio de defensa en su contra, es incuestionable que debió haber agotado el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio constitucional, de acuerdo con el invocado artículo 61, fracción XVIII, de la ley. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1214; del contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la ????? obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad.". Así mismo se cita, por la información que proporciona la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 350; cuyo rubro y texto señalan: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." No pasa desapercibido para este juzgador que el impetrante de garantías invoca para la procedencia de este juicio de amparo la jurisprudencia 1a./J. 6/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual lleva por rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO." Sin embargo, al existir un medio de defensa en la legislación ordinaria, el cual resulta idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado, además de eficaz para repararlo en un plazo razonable, este juzgador estima que previo a acudir al amparo indirecto debió agotarse el recurso de revocación. Similares consideraciones fueron tomadas en cuenta al resolver la contradicción de tesis 146/2015, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materias: común y civil, ?????????????? página 979, número de registro electrónico: 2011695, que lleva por rubro: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De igual manera, por lo que respecta a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que también reclama el quejoso, debió promover, previo a la interposición de la demanda de amparo, el medio de defensa ordinario en contra de dicho acto, ya que aún no se dicta la sentencia definitiva, por lo que estuvo en aptitud de controvertir las irregularidades que hace valer en este juicio constitucional. Ello, como lo establece el precepto 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en relación con el diverso 1414 de este último, que disponen: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." "Artículo 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas." De la interpretación literal de los artículos transcritos, se concluye que cualquier actuación o diligencia, así como su omisión, es susceptible de ser impugnada para que quede sin efectos, mediante el incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, de los hechos expuestos bajo protesta de decir verdad, así como de las pruebas que se adjuntan a la misma, se advierte que el promovente es parte demandada en el juicio mercantil ejecutivo 20-0697-111M, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Partido Judicial, con sede en esta ciudad, y que el veinticuatro de septiembre pasado, se efectuó la ejecución en reclamo, en la cual la parte impetrante de garantías se adolece de que el secretario ejecutor asentó en el acta, a petición del actor en el juicio primigenio, que solicitaba el uso de la fuerza pública para regresar con posterioridad y llevar a cabo mayor señalamiento de bienes muebles en el interior de su domicilio, ante la negativa del aquí quejoso de permitir el acceso al inmueble. Así, se reitera que previamente a la promoción del presente juicio de amparo, el promovente tuvo que haber combatido su reclamo, a través del incidente de nulidad de actuaciones, para cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio, pues si el quejoso le asiste el carácter de demandado en el juicio natural y aún no se dicta sentencia definitiva en el sumario de origen, se encuentra legitimado para la promoción de dicho incidente, máxime cuando el uso de la fuerza pública debe ser previamente autorizado por el juez responsable. Lo anterior, porque el referido incidente de nulidad de actuaciones para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, aunque no se trata de un recurso, constituye un medio de defensa ordinario dentro del procedimiento natural, que puede nulificar la actuación de que se trate, pues los preceptos invocados establecen las bases para que la parte que considere que existe una actuación hecha en forma distinta a la prevenida, iniciará incidente de nulidad de actuaciones que tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede; sin que el ahora quejoso lo hubiese hecho valer antes de promover la demanda de amparo que originó el trámite de esta instancia. En ese contexto, se reitera que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que, tratándose de actos emitidos por autoridades jurisdiccionales, y en caso de existir en contra del acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe agotarse sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto lo contenga para que esté a disposición de las partes en ese procedimiento y queden vinculadas a agotarlo. De tal manera que no es optativo para el quejoso cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el citado artículo 61 en su fracción XVIII, es terminante al disponer que se deben agotar los medios legales de defensa establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior la jurisprudencia III.1o.C.J/34, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XVI, noviembre de 2002, visible en la página 1041; cuyo rubro y contenido son: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ?????????????? ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." También sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia VI.2o. J/291, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80-agosto de 1994 página 65; cuya sinopsis es: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AMPARO IMPROCEDENTE. (SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Si el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil y la peticionaria de garantías aduce que tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural antes de que se dictara sentencia definitiva en el mismo, teniendo el carácter de parte en éste, es inconcuso que se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el artículo 61, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos del diverso 1051, pues el juicio de garantías como medio extraordinario de defensa, sólo es procedente en contra de actos definitivos, debiendo entenderse por tales, aquéllos respecto de los que no existe ningún medio ordinario de defensa o recurso que hecho valer pudiera producir la modificación, revocación o anulación del acto." Asimismo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/243, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX-septiembre de 2004, página 1651; que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." De igual forma, sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.11/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 55, tomo I, junio de 2018, página 8; que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Ante ello, el ahora quejoso debió combatir el acto que destaca a través del medio de impugnación mencionado y no lo hizo, como se desprende de su narrativa, contenida en la demanda de amparo; por tanto, queda claro que el promovente del amparo no culminó tal extremo, lo que da lugar a la consecuencia anotada, por lo que es evidente que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del presente juicio de amparo. No es óbice a esta consideración que se hayan embargado un bien inmueble en la diligencia reclamada, pues ello también es materia del incidente de nulidad a analizarse en el juicio de origen. Es aplicable, por sus razonamientos, la tesis 1a. CCXLV/2017 (10a.) de la Primera Sala Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial?????????????? de la Federación, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 422; que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." (lo resaltado es propio). Bajo ese orden de ideas, cabe puntualizar que, relativo a las excepciones al principio de definitividad, no se actualiza ninguna, conforme lo siguiente: A. En efecto, los actos impugnados no importan privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Finalmente, el peticionario del amparo no le reviste el carácter de persona extraña a juicio por equiparación, toda vez que de lo narrado bajo protesta de decir verdad y de las constancias anexadas a su demanda de amparo, se advierte que a la fecha no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio mercantil ejecutivo 20-0697-111M, lo cual confirma que puede hacer valer el incidente de nulidad de actuaciones. De este modo, si la parte quejosa tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia definitiva en el juicio primigenio, es evidente que la violación procesal en comento no es irreparable, ya que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, los cuales pueden ser impugnados dentro del propio juicio. Es aplicable por analogía, la tesis V.1o.C.T.105 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XXVI, julio de 2007 visible en la página 2674; cuyo rubro establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DEL ILEGAL O DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO A JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA, NO TIENE ESE CARÁCTER Y, POR ENDE, ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)." En similares términos se pronunció el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 100/2018, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Consecuentemente, con fundamento en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley, se desecha la demanda de amparo.Notifíquese electrónicamente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima · 6,320 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano