Néstor Alonso Camorlinga Alvarado
Expediente 423/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Néstor Alonso Camorlinga Alvarado
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Cumple prevención.Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual ********************, cumple con el requerimiento realizado por este juzgado en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés. Análisis de la demanda y escrito aclaratorio.Del análisis del escrito de cuenta, así como de la demanda y de sus anexos, se obtiene que el quejoso reclama del Juez de Control de Colima, Colima, el acuerdo emitido en audiencia de trece de marzo del año en curso, dentro de la causa penal ********************, en la que negó la ampliación del plazo otorgado para dar cumplimiento al acuerdo reparatorio celebrado entre las partes el once de abril de dos mil veintidós, el cual ordenó la suspensión del proceso penal en tanto se diera cumplimiento a lo anteriormente mencionado, lo cual no aconteció, por lo que la responsable revocó dicha suspensión del proceso y señaló fecha para la realización de la audiencia intermedia de juicio.Desechamiento de la demanda.Bajo tal aspecto, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual dicta lo siguiente:"Artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de planoEl citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 188643, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA".En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Así, en el caso particular este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:[.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.Se exceptúa de lo anterior:a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.Como se puede apreciar, el contenido del referido artículo revela la existencia del principio de definitividad, mismo que consigna la obligación de combatir el acto reclamado, previo a promover el juicio de amparo, a través de los medios ordinarios de defensa que establezca la ley que rija el acto reclamado, salvo las excepciones que se detallan; lo anterior revela que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, de manera que su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de otros medios legales ordinarios.En ese sentido, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por regla general obliga a quien pretende acudir al escrutinio constitucional que previamente agote la vía recursiva ordinaria contemplada por la ley reglamentaria del acto, siempre que a través de ésta, el acto pueda ser modificado, revocado o anulado; de manera que puedan ser remediadas las violaciones de las que se duela la persona, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa. Cabe destacar que los medios de impugnación que contemple la ley reglamentaria del acto, deben ser idóneos, aptos y suficientes para modificar, revocar o anular el acto de autoridad, de lo contrario sería ilusorio el derecho fundamental de acceso a un recurso efectivo que asiste a la persona gobernada, de manera que también es importante que la autoridad de amparo verifique esa situación.Entonces, procede verificar si contra el acto respecto del cual, el quejoso solicita se ejerza escrutinio constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé algún mecanismo de defensa que les permitiera modificar, revocar o anularlo, por lo que resulta conveniente transcribir el contenido de los artículos 456, 465 y 467 de la codificación penal adjetiva en comento:"Artículo 456. Reglas generalesLas resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. (.) En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda"Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda"Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelablesSerán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:I. Las que nieguen el anticipo de prueba;II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen;III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión;IV. La negativa de orden de cateo;V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares;VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan;VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso;VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso;IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado;X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, oXI. Las que excluyan algún medio de prueba".De lo transcrito se observa que el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria del acto-, prevé dos mecanismos de defensa para impugnar determinaciones judiciales, a saber: Revocación; yApelación.El numeral 467 señala que, cuando se impugnen actos atribuibles al juez de control, el recurso de apelación procede solamente contra determinadas actuaciones, entre las que no se encuentra la determinación que califique el cumplimiento dado al acuerdo reparatorio y fija fecha para la audiencia intermedia; en tanto que el precepto 465 transcrito, dispone que la revocación se hará valer en cualquier fase del procedimiento penal, contra resoluciones de mero trámite que no requieran sustanciación.De lo anterior se obtienen las siguientes premisas: a). Que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que intervenga la autoridad judicial; yb). Que debe interponerse en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación.Además, su procedencia no está sujeta a un catálogo limitativo de decisiones judiciales que son recurribles por este medio, sino que la norma contiene un enunciado abierto que permite a las partes interponer el recurso contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin sustanciación entendiéndose como autos de mero trámite, aquellas decisiones que no involucran pronunciamiento por parte de la autoridad, en torno al fondo del asunto planteado.Ahora, para entender cuáles son las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, resulta prudente acudir al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece lo siguiente:"Artículo 211. Etapas del procedimiento penalEl procedimiento penal comprende las siguientes etapas:I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, eb) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, yIII. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación.El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firmea interpretación de dicho numeral revela, que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio; mientras que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme.Así, se deduce que el recurso de revocación puede promoverse desde que se celebra la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, pues en estas etapas es donde tiene participación la autoridad judicial.Expuesto lo anterior, es necesario tener presente qué debe entenderse por: "decisiones de mero trámite y sin substanciación".Las actuaciones de mero trámite son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, son cuestiones que impulsan el proceso; sin embargo, no trastocan la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refiere al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio.Mientras que, una determinación resuelta sin sustanciación es aquella que no sigue un procedimiento específico; es decir, que se resuelve sin estar precedida de etapas procesales.Desde la apreciación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sustanciación tiene un enfoque concreto y para su delimitación debemos remitirnos a la exposición de motivos del proceso legislativo, expedida el cuatro de abril de dos mil trece, misma que en su parte medular, regula en el punto trece lo siguiente: "El de revocación. Para decisiones de mero trámite, tomadas dentro o fuera de la audiencia; sin que en el primer supuesto haya precedido debate". La transcripción previa revela que el legislador, en el texto vigente de la disposición legal que regula el recurso de revocación, sustituyó el segundo supuesto de procedencia -no deben estar precedidas por debate entre las partes-, como inicialmente se planteó en la exposición de motivos, por el concepto "sin sustanciación"; de manera que en una interpretación teleológica, es decir, la que busca descubrir la finalidad y objetivo que originó su creación, es dable otorgar significado al concepto de sustanciación de la hipótesis normativa.En ese contexto, una resolución sin sustanciación se refiere a determinaciones de mero trámite emitidas de plano, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un trámite específico a seguir previo a la emisión de su determinación; esto es, no contempla la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestar o contradecir la petición de la solicitante; por tanto, el juzgador resuelve lo pedido de plano.Por ende, si bien el principio de contradicción que rige el procedimiento en el sistema de justicia penal adversarial y oral, sustenta la intervención de las partes, no en todas las actuaciones judiciales o diligencias se otorga audiencia a los contendientes, debido a la trascendencia de la actuación, o bien, pueden existir actuaciones o acuerdos entre ellas que no lo ameriten. Conforme a lo anterior, se puede concluir que la sustanciación a que se refiere el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales implica que se trate de resoluciones emitidas de plano, por no existir en la norma procesal, una tramitación especial para su dictado, de manera que no se puede limitar únicamente a la falta de debate entre las partes contendientes, sino a la falta de un trámite específico previamente establecido.Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), registro digital: 2022001, de rubro y texto siguientes:"RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia.Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial.Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico".Consecuentemente, la procedencia del recurso de revocación no requiere interpretación adicional, pues los supuestos respectivos son claros.En el caso concreto, de los antecedentes plasmados en la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no interpuso, previo a promover el juicio amparo indirecto, el recurso de revocación en contra del acto reclamado, consistente en la determinación emitida en audiencia de trece de marzo del año en curso, por el Juez de Control del Sistema Acusatorio, en esta ciudad, dentro de la causa penal ********************, en la que se señaló fecha para la celebración de la audiencia intermedia, por lo que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de imorocedencia.Sobre el tema, se cita por ilustrativa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, registro: 187016, de rubro y texto siguientes:"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías".Es así, pues el acto reclamado se trata de un auto de mero trámite porque a través de éste no se realizó algún pronunciamiento de fondo, sino que, el juzgador solamente se limitó a señalar fecha para que tuviera verificativo la audiencia intermedia, en términos del artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin más, lo que de ninguna manera se entiende como decisión sobre algún punto de controversia.Asimismo, se dictó sin sustanciación, pues el juez no debió seguir algún procedimiento establecido por la norma, como dar vista a las partes o emplazarlas para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sino que fijó de plano, data para celebrar la audiencia intermedia. Adicionalmente, debe decirse que la revocación constituye un mecanismo de defensa idóneo para modificar, revocar o anular la determinación de trece de marzo de dos mil veintitrés, atribuido a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio, en esta ciudad, dentro de la causa penal ********************, pues la vía recursiva citada tiene como propósito que la autoridad judicial, a solicitud de la parte procesal, revise nuevamente su decisión y resuelva lo procedente, es decir, si la confirma o emite otra en sentido diverso, de ahí su idoneidad para modificar, revocar o anular el acto.Lo anterior, aunado a que el auto recurrido, no es un acto que para el impetrante importe peligro de privación de vida, ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o cualquiera de los vedados por el numeral 22 de la Constitución Política Federal; tampoco se traduce en una orden de aprehensión o de reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de su libertad, resolución que niegue libertad bajo caución o que establezca requisitos para su disfrute, decida sobre alguna incidencia de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte su libertad personal; tampoco se observa que se accione el escrutinio constitucional debido a que el promovente sea persona extraña en el juicio de origen y tampoco está impugnando su vinculación a proceso.De acuerdo con lo expuesto, pues como se indicó, cuando la decisión impugnada no involucra pronunciamiento por parte de la autoridad judicial sobre el fondo del asunto, ésta es de mero trámite. Además, la expresión "resolución de mero trámite que se resuelve sin sustanciación" no se traduce en que la base normativa del recurso de revocación sea insuficiente y tampoco que exista necesidad de realizar interpretación adicional para determinar la procedencia del mecanismo de defensa, porque, como se señaló, la diferencia entre la apelación y revocación radica en que la primera regula de manera expresa los casos de procedencia y la revocación opera contra decisiones que no impacten en el fondo del asunto, sino que, como se dijo, solo aborden asuntos relacionados con el trámite del procedimiento, lo cual claramente abarca el señalamiento de fecha para que tenga verificativo la audiencia intermedia, pues ese acto de ninguna manera impacta en la litis sobre la cual vera la disputa entre la representación social y el implicado y su defensa. Por tanto, en el presente caso, no se advierte, incluso indiciariamente, que la base normativa que regula la procedencia del recurso de revocación sea insuficiente y, mucho menos, que se requiera emprender interpretación adicional del numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales para conocer que la fijación de fecha para la celebración de la audiencia intermedia, constituye un auto de mero trámite.Sin que escape a la visión de este órgano jurisdiccional que la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece una excepción adicional al principio de definitividad, la cual establece que se podrá promover de forma directa el amparo indirecto, sin necesidad de agotar recursos ordinarios, en los casos en que el artículo que haga alusión al referido recurso ordinario tenga que sujetarse a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo.Sin embargo, dicha excepción tampoco se actualiza en el caso concreto, puesto que, como se dejó ver párrafos atrás, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya interpretó el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; entonces, es más que evidente que ya no exista duda en torno a lo que dicho precepto legal establece y como debe entenderse.Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en el criterio 2a./J.86/2018 (10a.), registro digital: 2017808, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla."De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Materias: Penal, Común, Décima Época, registro digital 2021251, página 283, del rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo".No se desatiende que la parte quejosa solicita, ante su calidad de imputado, que se supla en su beneficio la deficiencia de la queja; sin embargo, su solicitud en ese aspecto resulta improcedente, pues dicha figura no puede ir más allá de su finalidad, que lo es, subsanar la deficiencia de sus argumentos.Dicho de otro manera, la suplencia a que alude la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, no puede subsanar el incumplimiento del principio de definitividad, sino, únicamente su deficiente argumentación; por tanto, si la quejosa no agotó los medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto reclamado le concede, no puede más que concluirse que no existe posibilidad de aplicar en su beneficio la referida suplencia.Sobre dicho tópico, se cita el criterio I.3o.C.835 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 163725, de rubro y texto siguientes:"SUPLENCIA DE LA QUEJA. SU PROCEDENCIA Y ALCANCE EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El artículo 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional, reproducidos, a su vez, en los artículos 76 Bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que es deber a cargo de los tribunales federales que conozcan del juicio constitucional y de la instancia revisora, de suplir la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, uno de cuyos supuestos, contemplado en la fracción V del artículo 76 Bis y en la fracción VI del artículo 91 de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los menores o incapacitados, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de garantías o el recurso de revisión, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, puesto que la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapacitados. Bajo esa tesitura, los órganos federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Esa regla general de suplir la deficiencia de la queja en la demanda y en los agravios constitucionalmente opera en el juicio de amparo, pero no es una institución que exente a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad. Ciertamente, aun y cuando se trate de una controversia de orden familiar, es necesario que oportunamente interponga los recursos o medios ordinarios de defensa procedentes de acuerdo a los preceptos legales aplicables, antes de acudir al juicio de amparo, ya que dicha institución opera respecto a violaciones procesales anteriores al dictado de la sentencia definitiva. Entonces, en relación a actos derivados de controversias del estado civil, que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, solamente opera en vía de amparo directo, resultando necesario que se eleve a la potestad jurisdiccional común la causa de pedir a través del recurso idóneo correspondiente, porque la suplencia de la queja no debe llegar al extremo de aceptar que quien sufra un agravio en un procedimiento en que es parte, no se inconforme aunque sea de manera deficiente".Ante tales circunstancias, al surtirse en el caso la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente, pues no existe duda en que se pueda formar un criterio distinto. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con la formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente.En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico."Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesario para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano."En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente:"PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función".Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala:"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente".Notifíquese en términos de ley.
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Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Primer Partido Judicial, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 423/2023-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis de la demanda y de sus anexos, se obtiene que la parte quejosa reclama del Juez de Control de Colima, Colima, el acuerdo emitido en audiencia de trece de marzo del año en curso, dentro de la causa penal ********************, en la que negó la ampliación del plazo otorgado para dar cumplimiento al acuerdo reparatorio celebrado entre las partes el once de abril de dos mil veintidós, el cual ordenó la suspensión del proceso penal en tanto se diera cumplimiento a lo anteriormente mencionado, lo cual no aconteció, por lo que la responsable revocó dicha suspensión del proceso y señaló fecha para la realización de la audiencia intermedia de ley; sin embargo, no proporciona el número de carpeta de investigación a fin de emplazar como tercero interesado al fiscal que señala, ni expone lo ocurrido desde el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós a la fecha en que se emitió la determinación que reclama. Prevención. Por tanto, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II y V; 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, de cumplimiento a lo siguiente: 1. Narre bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, en los que deberá precisar lo ocurrido desde el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós a la fecha. 2. Proporcione el número de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal ********************, a fin de emplazar como tercero interesado al agente del Ministerio Público que la tramitó. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promoventes, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, que dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. Asimismo, la tesis publicada en la página ciento cincuenta y seis, Tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE SU DOMICILIO. Si el quejoso no precisó en su demanda de amparo, el domicilio del tercero perjudicado, pues sólo dijo que constaba en los autos relativos, y no cumplió con el requerimiento que el Juez de Distrito le hizo para que señalara ese domicilio, dentro del término que al afecto le fijó, debe estimarse correcto el auto por el cual el inferior tuvo por no interpuesta la demanda, de conformidad con lo que dispone el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual manera, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Intervención de autorizados. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en amplios en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Acceso al expediente y notificaciones electrónicas. Ahora bien, respecto al segundo de los documentos de cuenta, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.
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