Néstor Alberto Mendoza Fiool

Expediente 584/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
584/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
26/01/2016

Partes del expediente

  • Néstor Alberto Mendoza Fiool

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ****l, por derecho propio, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el tercer considerando de esta resolución, por los motivos y fundamentos ahí expuestos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Néstor Alberto Mendoza Fiool, mediante el cual solicita de este Juzgado Federal requiera a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Robo, con residencia en esta ciudad, a fin de que remita copia certificada de la averiguación previa 7248/15/311AP, con el fin de ofrecerlas como prueba dentro del presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues como ya se le dijo en proveído de fecha catorce de diciembre de dos mil quince (foja 24 vuelta), le asiste a la parte quejosa la obligación de exhibir las pruebas que estime conducentes para acreditar ya sea la existencia del acto reclamado o la inconstitucionalidad del mismo, y sólo en caso de que la autoridad le niegue la expedición de las copias solicitadas, y que ello sea debidamente acreditado por el quejoso, es que corresponde a este juzgado hacer el requerimiento de envío, ello de conformidad en el artículo 121 de la Ley de Amparo, circunstancia que no se acredita en el presente asunto; ya que el documento que anexa el promovente a su escrito de cuenta, no cuenta con sello de recibo de la autoridad responsable; por tanto, por sí solo carece de valor probatorio. De igual forma no pasa desapercibido la manifestación del quejoso en cuanto a que la autoridad responsable se negó a recibir el escrito mediante el cual solicita copias certificadas de la averiguación previa en comento, sin embargo, resulta insuficiente, toda vez que como se dijo en párrafos precedentes su solo dicho no acredita la negativa de la autoridad responsable. Máxime que si bien es verdad que en términos de los artículos 121 y 75 de la Ley de Amparo, durante la tramitación del juicio de amparo es factible ofrecer pruebas, también lo es que corresponde a este órgano de control decidir al respecto, esto es, si la admite o la desecha, pues de la literalidad de dichos preceptos no se advierte disposición especifica en ese sentido. Es ilustrativa la tesis jurisprudencial 1a. 4/90 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VI, Julio-Diciembre 1990, página 113, registro 206215 que a la letra dice: PRUEBAS. FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABARLAS DE OFICIO. No puede reputarse como una violación al procedimiento en agravio del quejoso, el que el juez de Distrito no recabe de oficio las pruebas rendidas ante la responsable, porque la facultad que concede al juzgador federal el artículo 78 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como un derecho procesal de las partes, en los términos de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia, listada bajo el número 66, en la página 428, de la parte correspondiente al Pleno, del Informe de labores de 1985, bajo la voz: "PRUEBAS QUE PUEDEN RECABAR DE OFICIO LOS JUECES DE DISTRITO. ARTICULO 78, TERCER PARRAFO DE LA LEY DE AMPARO." De manera que, correspondiendo al quejoso la carga de la prueba de la inconstitucionalidad de los actos reclamados cuando éstos no son violatorios de garantía en sí mismos, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se fundaron, de conformidad con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, al no haber acreditado el amparista la inconstitucionalidad de la resolución impugnada, es correcta la negativa de la protección constitucional solicitada.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los escritos de cuenta signado por Ángel Pantoja Pantoja, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante los cuales, con el primero de ellos hace diversas manifestaciones en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Patrimoniales con residencia en esta ciudad y solicita que este órgano jurisdiccional requiera la autoridad responsable a fin de que remita copias certificadas de diversas actuaciones y con el segundo escrito de cuenta, solicita autorización para el uso de medios electrónicos. Ahora bien, del estado de autos se advierte de que la autoridad responsable en el presente juicio de amparo y quien rindió su informe justificado es el 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Robo, con residencia en esta ciudad, no así el Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Patrimoniales con residencia en esta ciudad, como refiere el promovente en su primer escrito de cuenta. Por otra parte, en cuanto a las manifestaciones del quejoso referentes a que el informe justificado resulta insuficiente para precisar la certeza de la existencia del acto reclamado así como respecto a la solicitud de que este juzgado requiera a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Robo, con residencia en esta ciudad, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues le asiste a la parte quejosa la obligación de exhibir las pruebas que estime conducentes para acreditar ya sea la existencia del acto reclamado o la inconstitucionalidad del mismo, y sólo en caso de que la autoridad le niegue la expedición de las copias solicitadas, y que ello sea debidamente acreditado por el quejoso, es que corresponde a este juzgado hacer el requerimiento de envío, ello de conformidad en el artículo 121 de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto a lo peticionado en el segundo escrito de cuenta, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.

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