Nestor Abel Mercado Mendoza

Expediente 2682/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2682/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Nestor Abel Mercado Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, atento a lo solicitado, acúsese recibo del oficio 2865/2022, de su índice, por el que envió los autos originales del juicio de amparo 368/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, asimismo, hágasele de su conocimiento que el mismo fue remitido al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, a fin de que resuelva lo conducente en el conflicto competencial suscitado, lo que se comunica para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Efectos. En el fallo protector se determinó que el Juez Séptimo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, debe realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente el acuerdo reclamado de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil sumario 664/2022, de su índice. 2. Recabe las pruebas señaladas por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, así como en el escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós, consistente en las actuaciones de la carpeta de investigación, 52822/2022, misma que se lleva ante la Agencia del Ministerio Público Adscrito a la Agencia del Ministerio Publico Operativa 02, de la Unidad para la Investigación de Delitos contra Mujeres y Delitos en Razón de Género y, demás que considere necesario. 3. Hecho lo anterior, y, con plenitud de jurisdicción decida respecto de las medidas de convivencia del menor M.A.G.R., con su padre, velando en todo momento por el interés superior del menor." Se requiere cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase Juez Séptimo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, dé cumplimiento a la sentencia dictada por este Juzgado Federal y remita copias certificadas de las constancias que lo acrediten. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Superior jerárquico de la autoridad responsable. Sin que proceda requerir al superior jerárquico en términos de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, ya que, como lo ha establecido el Pleno de Circuito en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2013, los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, en razón de que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo. De dicha contradicción surgió la jurisprudencia de registro 2007295, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 9, agosto de 2014, tomo II, visible a página 1378, de rubro siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO.". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE, EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE PASADO, LA RESOLUCIÓN EN CITA SEÑALA: "I. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada electrónicamente por ***********, en su carácter de abogado patrono del quejoso **********, contra el acto que reclama del Juez Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales que menciona. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 2682/2022. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora bien, analizado el escrito inicial de demanda, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. En efecto, con relación a la causal de improcedencia que se analiza, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". IV. Causa de improcedencia actualizada. En la especie, la parte quejosa reclama al Juez Noveno de lo Familiar del Primer partido Judicial del Estado de Jalisco, el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ******, a través del cual, por una parte, se admitió la planilla de liquidación interpuesta por la actora *******, se admitió el incidente de cambio de custodia y por otra parte, se negó la disolución del vínculo matrimonial que une al quejoso ************, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de sus menores hijas. Como cuestión preliminar, es menester puntualizar que el acto reclamado consistente en la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada en autos del expediente ********, debe considerarse como un auto complejo; en virtud de que, la autoridad responsable, resolvió diversas cuestiones. Determinaciones que, aun cuando están materialmente contenidas en una misma resolución judicial, como acto de decisión, se encuentran desvinculadas entre sí. En razón de lo anterior, es dable concluir que, el análisis de la procedencia del juicio de amparo respecto de ese acto [resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós] se llevará acabo de manera desvinculada, pues por un lado se analizará lo relativo a la admisión de la planilla de liquidación interpuesta por la actora ********, y por otra parte, se negó la disolución del vínculo matrimonial que une al quejoso **********. En relación al acto reclamado consistente en la admisión de la planilla de liquidación interpuesta por la actora ******** y el incidente de cambio de custodia cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "Artículo 107. El amparo indirecto es procedente: (.) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa premisa, se considera que la determinación impugnada no es un acto de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influyan para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte inconforme. En efecto, la resolución reclamada no es de aquellas que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte promovente del amparo obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en su esfera jurídica la posible violación procesal que ahora reclama. Asimismo, en caso de que se emita un fallo en su contra, es factible de impugnarse como violación procedimental a través de diverso medio de defensa que, en su caso, pueda promover contra la resolución que resuelva el incidente de actualización de liquidación y de cambio de custodia; por tanto, se estima que el presente juicio de amparo resulta improcedente. Con relación a lo previo, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Partiendo de ello, adujo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Tal como se desprende del criterio jurisprudencial recién transcrito, el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ********, a través del cual, por una parte, se admitió la planilla de liquidación interpuesta por la actora ********* y el incidente de cambio de custodia, no afecta de manera directa los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, por lo que se concluye que el juicio de amparo en que se actúa deviene improcedente, pues como se dijo, el acto reclamado sólo constituye, en su caso, una infracción procesal que puede ser reparada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en relación a dicha liquidación y cambio de custodia. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto: Registro digital: 190037 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 38/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 5 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. Contradicción de tesis 10/2000. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil del Primer Circuito y Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado de ese circuito. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juventino V. Castro y Castro; en su ausencia hizo suyo el proyecto José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 38/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, y con apoyo en el artículo 113 transcrito, todos de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. Diversa causa de improcedencia actualizada. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado consistente en el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio *******, a través del cual, se negó la disolución del vínculo matrimonial que une al quejoso ****************, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de sus menores hijas y no atendió la solicitud de que las partes involucradas acudan a terapia psicológica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, la disposición citada estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La citada causal de improcedencia tiene su razón de ser, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Respecto a los recursos, dice Eduardo Pallares, son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan, mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución judicial, sea este auto o decreto. Excepcionalmente, el recurso tiene por objeto nulificar la resolución o la instancia misma [Diccionario de Derecho Procesal Civil, decimoquinta edición, Editorial Porrúa, página 681]. Además, jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Cabe precisar que el aludido numeral 61, fracción XVIII, establece diversas excepciones a este presupuesto de improcedencia, a saber: a) Cuando se reclamen actos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Sin embargo, en el caso a estudio no se actualiza alguna de tales excepciones, pues el acto reclamado consiste en la determinación por la cual la autoridad responsable negó la disolución del vínculo matrimonial que une al quejoso ***************, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de sus menores hijas y no atendió la solicitud de que las partes involucradas acudan a terapia psicológica, contra la cual procedía el recurso de revocación en términos del artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. En efecto, el artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco establece lo siguiente: "Artículo 431. Procede el recurso de revocación contra los autos de primera y segunda instancia, con excepción de los que conforme a este Código admitan el recurso de apelación en su contra, sean irrecurribles o decretos de mero trámite." En ese sentido, es evidente que contra la determinación que negó la disolución del vínculo matrimonial que une al quejoso ********** y no atendió la solicitud de que las partes involucradas acudan a terapia psicológica, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de sus menores hijas, procede el recurso de revocación, dado que se trata de un auto de primera instancia que, no admite expresamente recurso de apelación, no está catalogado como auto irrecurrible y de ninguna manera puede considerarse decreto de mero trámite en la medida que negó una petición al quejoso. Es cierto, la determinación reclamada no admite recurso de apelación en su contra, pues el diverso artículo 639 de la misma ley, limita la procedencia de este medio de impugnación para cuando se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que declare procedente las excepciones de falta de personalidad o capacidad, ello en los juicios sumarios. Entonces, de lo dispuesto por los artículos transcritos se evidencia que contra de la determinación del juez responsable por la que negó la disolución del vínculo matrimonial que une al quejoso *********, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de sus menores hijas, procedía el recurso de revocación, mediante el cual podía ser modificado, revocado o nulificado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 171803 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.3o.C. J/39 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1214 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Cabe precisar que no pasa inadvertido para quien esto resuelve, la jurisprudencia 1ª./J. 77/2013 (10ª.), que señala la excepción al principio de definitivita en los casos donde estén involucrados menores de edad, toda vez que a consideración de quien esto resuelve, no se advierte que con los actos reclamados se ponga a los menores en una condición de riesgo, máxime que la parte quejosa tampoco refiere en su demanda de amparo encontrarse en alguna condición de vulnerabilidad con motivo del acto reclamado, de ahí que no se actualice el supuesto a que hace referencia dicha jurisprudencia, la cual es de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2004677 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil, Común Tesis: 1a./J. 77/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Por ende, previo a la interposición de la demanda de amparo en contra del acto que se pretende combatir, el quejoso debió agotar el recurso de revocación respectivo, y, al no contar con alguna constancia que permita concluir que haya sido así, es evidente que no cumplió con las exigencias del principio de definitividad. En consecuencia, al haberse demostrado la actualización de las causas de improcedencia citadas, como ya se precisó, debe desecharse de plano la demanda de amparo. VI. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Parte quejosa. a) Domicilio y autorizados. Téngasele designando como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda; además, se tienen como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que no están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. b) Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario "*****", a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. Comunicaciones no procesales. Se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica, como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. VII. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. VIII. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese personalmente."

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