NERY ZELENE MORENO HERNANDEZ y Otros.
Expediente 1340/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/07/2022
Partes del expediente
- NERY ZELENE MORENO HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en la que en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no obran los acuses de los oficios 27677, 27678, 27679, 27680 y 27681, con los que se notificó a las autoridades responsables la sentencia dictada en autos, ya que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y dicho sentido no les causa ningún perjuicio, ni las legitima para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Se ordena reexpedir oficio. Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo a la certificación de cuenta, se ordena reexpedir los oficios 27677, 27678, 27679, 27680 y 27681, dirigidos a las autoridades responsables, a efecto de que tengan conocimiento de la sentencia dictada en autos. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el mismo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso c), toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva; por tanto, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Se conmina. Por último, se conmina al secretario Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, para que en lo subsecuente de cuenta de manera oportuna con el estado procesal y de trámite de los expedientes a su cargo, porque su retraso entorpece la administración de justicia. Notifíquese.
- Incidental
Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas concedido a la autoridad responsable Titular del Diario Oficial de la Federación, para que rinda su informe previo; asimismo, no obran en autos los informes previos solicitados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, todas con sede en Ciudad de México y al consultar la página de internet www.estafeta.com para rastrear los oficios por los cuales se les requirió por dicho informe, se advierte que los mismos no han sido entregados a sus destinatarios; aunado a que la fecha de la audiencia incidental se encuentra señalada para el día de hoy. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del tres de enero de dos mil veinte. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia con registro 2015318, Tesis: 2a./J. 137/2017 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo Il, página 879, de rubro siguiente: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS" . Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.
- Principal
Cumplimiento de prevención. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda; atento a su contenido, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento en sus términos al requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, pues manifiesta que "lo que afecta a los quejosos y en específico la norma que se combate no establece ni dicta una sustitución patronal, como es bien sabido, en una relación de trabajo, el ente encargado del pago del salario es el patrón (Estado), y la norma no refiere a una sustitución de patrón propiamente. La inconstitucionalidad reclamada es por el hecho de no garantizar expresamente en el precepto que se combate el respeto a la (sic) prestaciones y derecho (sic) laborales ya adquiridos por los quejosos y que fueron circunstancias y condiciones de trabajo que se pactaron estrictamente al momento de ser contratados y en actos subsecuentes y no pueden ser materia de un inminente menoscabo. Lo que representa una latente invasión a la esfera jurídica de los quejosos ya que los bonos que se detallaron son una prestación cubierta por parte del Estado de Baja California, y que a través de la norma que se combate se condiciona a disponibilidad de presupuesto, cuando no se trata de un programa de apoyo social, sino de una relación laboral y derechos adquiridos que si el pago de salario será cubierto por la federación, debe respetarse tal cual es percibido actualmente". Desistimiento de autoridad. Ahora, en atención a lo anterior y visto el estado de autos, se tiene a la parte quejosa por desistido de la autoridad señalada como "Fiscalía General de la República", con sede en Ciudad de México, como lo indicó en su escrito registrado con folio 19974. Admisión de la demanda. En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, que promueven 1) Nery Zelene Moreno Hernández; 2) Erendira Avalos Hernández; 3) Xóchitl Reyna Raigosa o Xóchitl Raigosa Reyna; 4) M. Consuelo Moreno; 5) José Alberto Morales Rojo; 6) Nabor Silva Pantoja o Nabor Pantoja Silva; 7) Armando Ayala Castillo; 8) María Elisa Alvarado León y 9) Esteban González Pérez, contra las autoridades y actos señalados en su escrito de demanda. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión solicitado. Ministerio Público en amparo contra normas generales. Con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, notificación que deberá efectuarse por oficio, conforme a lo establecido por el artículo 26, fracción II, inciso c) del referido ordenamiento legal, así como las subsecuentes notificaciones conducentes dirigidas a ésta en el presente expediente, lo anterior en razón de que en el presente asunto se señaló como acto reclamado una norma general. Tercero interesado. Dada la naturaleza de los actos reclamados, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las once horas con veinte minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro de quince días hábiles legalmente computado, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. En el entendido que en el informe de mérito, tendrán que manifestar si las constancias que en su caso sean enviadas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. En caso de no hacer lo antes descrito en los términos indicados, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso de que no rindan su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del ordinal 117 de la ley de la materia y se impondrá a las autoridades omisas, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por las mismas quejosas o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda; mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Cambio de titular. Asimismo, visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.
- Incidental
Apertura de incidente. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 1340/2019-II, promovido por 1) Nery Zelene Moreno Hernández; 2) Erendira Avalos Hernández; 3) Xóchitl Reyna Raigosa o Xóchitl Raigosa Reyna; 4) M. Consuelo Moreno; 5) José Alberto Morales Rojo; 6) Nabor Silva Pantoja o Nabor Pantoja Silva; 7) Armando Ayala Castillo; 8) María Elisa Alvarado León y 9) Esteban González Pérez, contra actos del Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades, con dos copias simples de la demanda de amparo y sus aclaraciones, se abre a trámite por duplicado el presente incidente de suspensión. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente señala como actos reclamados la expedición, aprobación y publicación de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, específicamente su artículo 107, por medio del cual se establece que las prestaciones estatales deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria correspondiente, mismo que fue publicado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Efectos de la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que no les sea aplicada la norma que impugnan, es decir, el artículo 107 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Por tanto, una vez precisados los actos reclamados y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. En ese orden de ideas, la solicitud de suspensión se analizará con base en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; c) Los que la suspensión origine a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Negativa de la suspensión. En ese tenor, aun y cuando se cumplen con los requisitos que exige el citado artículo, respecto de los actos que reclama la parte quejosa y que hace consistir en la expedición, aprobación y publicación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, específicamente el artículos 107, se niega la suspensión provisional, toda vez que se trata de actos consumados en contra de los cuales resulta improcedente la medida cautelar, pues equivaldría a darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Sirve de apoyo al razonamiento anterior, por identidad de razón la jurisprudencia 382, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, impresa en la página 412, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, Materia Suspensión (ADM), Quinta Época, Apéndice 2000, (registro 911315), del tenor literal siguiente: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS.- No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." De igual manera, apoya lo anterior lo establecido en la Jurisprudencia número 174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 775, del Tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto expresan: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad que es lo que puede perjudicar a los quejosos es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión". Por otra parte, en lo que corresponde a la suspensión solicitada, en relación con los efectos y consecuencia de la disposición normativa que impugnan su inconstitucionalidad, igualmente se estima debe negarse. Lo expuesto, porque aun y cuando por lo que hace a los quejosos 1) Nery Zelene Moreno Hernández; 2) Eréndira Ávalos Hernández; 3) Xóchitl Reyna Raigosa o Xóchitl Raigosa Reyna; 6) Nabor Silva Pantoja o Nabor Pantoja Silva; 7) Armando Ayala Castillo; y 8) María Elisa Alvarado León, se reúne el primer requisito que prevé el artículo 128 de la Ley de Amparo; esto es, que los impetrantes solicitaron expresamente la suspensión en su demanda de amparo y demuestra su interés suspensional con las constancias que evidencian que se encuentran laborando en un centro educativo durante este período escolar, como son las constancias signadas por el Delegado de Oficialía Mayor en Tijuana del Gobierno del Estado de Baja California, en la que asentó que prestan sus servicios a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, ocupando actualmente la categoría de maestros de grupo, entro otras; y el recibo de pago del mes de septiembre de dos mil diecinueve. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al examinar la procedencia de la suspensión provisional contra la norma impugnada, se estima que no se satisface el segundo de los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que el otorgamiento de la medida cautelar traería como consecuencia la afectación del interés social y contravendría disposiciones de orden público. Se considera así, porque la inaplicación de la norma tildada de inconstitucional, generaría mayor perjuicio a dichos impetrantes, en la medida de que causaría la inexistencia del sistema de administración del presupuesto docente, con la consecuencia de que la ministración de los pagos no llegue a efectuarse de la manera en que actualmente es realizada. Lo anterior es así, ya que en términos de los transitorios primero y segundo del decreto (Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto), revelan que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, está vigente a partir del uno de octubre de dos mil diecinueve, como se sostiene en la demanda; consecuentemente la inaplicación por suspensión de los artículos que regulan los procedimientos de pago de salarios y demás prestaciones a los maestros y maestras, implicaría la ausencia de alguna norma sobre ese tema, lo que necesariamente conlleva que el pago a los docentes no llegue a su destino final (en la medida de que la actuación de toda autoridad debe fundarse en la ley). Lo que sin duda redundaría en su perjuicio. Sumado a lo expuesto, está el hecho de que el otorgamiento de la medida en los términos solicitados, significaría la creación de un sistema de administración de ese tipo de presupuesto, no normado en ninguna otra ley; es decir, los efectos de la suspensión abarcaría los alcances de una disposición no creada por el órgano legislativo, generando incertidumbre a los gobernados y, por ende, contrario al concepto de interés social y orden público, traducido en las normas vigentes que regulan las facultades de las autoridades. Además, es necesario dejar en claro que en ningún caso los efectos de la suspensión llegan al extremo de crear una facultad al Estado o alguna otra dependencia gubernamental, que no se establezca en alguna disposición, con mayor razón cuando se trata de la administración del presupuesto en el que tiene injerencia un sector de la sociedad. Máxime que de las manifestaciones plasmadas por los quejosos, no se advierte que en la actualidad exista una disminución o falta objetiva en sus prestaciones, quienes sólo plantean un eventual riesgo no reflejado en la realidad, pues no debe de perderse de vista que el numeral 44 de la ley en comento, prevé que serán respetados los estímulos otorgados bajos las Reglas del Programa de Carrera Magisterial y del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en la Educación Básica. Por ende, como se adelantó, resulta procedente negar la suspensión provisional solicitada. Ahora, en cuanto a los diversos quejosos 4) M. Consuelo Moreno; 5) José Alberto Morales Rojo; y 9) Esteban González Pérez, también debe negarse la suspensión provisional de los actos reclamados, aunque por motivos diversos. Del estudio de la norma reclamada, se aprecia que los aspectos regulados por ella, se encuentran vinculados con el personal educativo en activo, pues establece la forma en que deberá impartirse la educación en el país, lo que incluye al personal educativo encargado de realizar dichas funciones en las entidades federativas y sus relaciones con las autoridades correspondientes y, por ende, la manera en que deberán regularse las condiciones de la prestación del servicio respectivo, y la regulación presupuestaria del personal educativo en activo. Luego, si en el caso concreto los citados quejosos señalan que son jubilados, es inconcuso que no demuestran ubicarse en la hipótesis normativa que reclaman con motivo de su sola entrada en vigor, porque no es personal educativo en activo. Aunado a ello, del contenido de la disposición reclamada no se obtiene que aquellos tengan como efecto directo -o incluso indirecto- modificar la forma en que se calcula el pago de las pensiones que recibe, pues -como se explicó- particularmente los artículos 107 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, hace referencia al personal activo, no a los jubilados o pensionados, por lo que la afectación que se aduce no resulta evidente. Por ende, como se adelantó, resulta procedente negar la suspensión provisional solicitada. Audiencia incidental. Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá verificativo a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Informe previo. Pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas; enviándoles para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberán precisar si es cierto o no el acto reclamado, la naturaleza del procedimiento, las partes en el mismo y el estado procesal que guarda; así como expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tenga a su alcance. Haciéndoles saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de cierto el acto reclamado, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista que sí cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la constancia que se glosa y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, la primera por no contar con el registro correspondiente y los demás por haberse solicitado en esos términos. Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su intención las documentales que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de ser tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones.
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