Nery Josue Chacach Lopez
Expediente 480/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Nery Josue Chacach Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, se advierte que mediante oficio SEADS/717/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la Jueza Judith Alhelí Andrade Villafán, a este órgano constitucional, con efectos a partir del ocho de diciembre de dos mil veintidós, en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Por otra parte, se advierte que no se interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós emitida por este juzgado de distrito (fojas 100 a 105), que sobreseyó el presente juicio constitucional; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: PRIMERO. Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo ********************, promovido por el quejoso directo Nery Josué Chacach López, contra actos del Delegado Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. SEGUNDO. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. TERCERO. Por otra parte, se considera que este expediente es susceptible de depuración, en términos de lo expuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda, el auto en el que se concedió la suspensión de plano y sentencia respectiva). CUARTO. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Arturo Samaniego Morales, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. JAAV/ASM/GVP
- Principal
S E N T E N C I A********************VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por********************, por conducto de su autorizado; y,********************RESULTANDO********************PRIMERO. Mediante escrito presentado vía electrónica en cinco de septiembre de dos mil veintidós,********************, por conducto de su autorizado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:********************"De todas las autoridades señaladas como responsables, se señalan los siguientes actos reclamados: I. Privación ilegal de la libertad así como la incomunicación de los quejosos en las instalaciones de la estación migratoria de la oficina de representación en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración, agravándose en virtud que los quejosos se han colocado en una situación específica de vulnerabilidad al encontrarse incomunicados sin existir motivo ni razón para su detención, ni habérsele concedido la libertad provisional de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 52 fracción VII último párrafo, artículos 73, 111 y 113 todos de la ley de migración.********************II. Emisión e intento de ejecución de una orden de deportación, expulsión o retorno asistido o voluntario (de número desconocido) ausente de adecuada fundamentación y motivación en perjuicio de los quejosos.********************III. La incomunicación a la que han sido sometidos los quejosos en el lugar en que se encuentran.********************IV. Omisión de la obligación de garantizar un derecho a la defensa efectiva, frente al procedimiento de devolución/retorno asistido o voluntario/deportación/expulsión de primera y segunda entrevista, que culminó con la emisión del Acta de expulsión o deportación o retorno. Omisión que, entre otras cosas implica.********************V. Ausencia de garantía de representación legal oportuna y adecuada.********************5.1. Ausencia de otorgamiento de un permiso de acuerdo al establecido por el artículo 113 de la Ley de Migración, aplicando "el mejor derecho al gobernado".********************5.2. Ausencia de notificación consular que permitiera la defensa y garantía de derechos de los quejosos."********************SEGUNDO. Por auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda y se registró en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como juicio de amparo ********************; en el que se proveyó sobre la suspensión de plano. ********************Luego, una vez que el quejoso********************, ratificó ante la presencia judicial la demanda presentada en su favor, por auto de siete de septiembre del año en curso, se admitió la misma; por lo que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente le corresponde y se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo al tenor del acta que antecede, y********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo.********************SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia.********************En ese orden, el actuar que se estima conculcatorio de derechos se hace consistir en esencia en la privación de la libertad con motivo del aseguramiento, alojamiento y detención administrativa en términos de la Ley de Migración, incomunicación y deportación del quejoso.********************TERCERO. No son ciertos los actos reclamados consistentes en incomunicación y deportación del quejoso, por así advertirse de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 31 y 71 y 72).********************Además, cabe precisar que de las constancias de notificación personal de cinco de septiembre del año en curso, se advierte que el quejoso no se encontraba incomunicado, ni fue objeto de maltrato alguno, pues así lo manifestó de viva voz a la actuaria adscrita al momento de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor (foja 12); lo que corrobora la inexistencia de la incomunicación reclamada.********************Asimismo, a la fecha de la presentación de la demanda las autoridades responsables no habían emitido resolución alguna ordenando la deportación del quejoso.********************Luego, la parte quejosa no ofreció ni aportó prueba alguna en contrario que desvirtuara la negativa de las responsables; por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional dada la inexistencia del acto reclamado antes citado.********************CUARTO. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad con motivo del aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso, al así advertirse del informe justificado rendido por las autoridades responsables.********************Certeza que se acredita con las documentales que en copia certificada adjuntó a su informe justificado el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; las que cuentan con valor demostrativo pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones públicas certificadas por autoridad en ejercicio de sus funciones.********************QUINTO. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, sea que las hagan valer las partes o sean advertidas de oficio.********************En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."********************De conformidad con la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna.********************Atento a lo anterior, de las constancias que remitieron el Delegado Local de la Oficina de Representación, y el Director de la Estación Migratoria, ambos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, como anexo a sus oficios ********************y ********************recibido el veintiuno de octubre pasado (fojas 87 y 92), se advierte que el veinte de octubre de dos mil veintidós, se emitió resolución en el expediente ******************** en la que se resolvió otorgar al quejoso un oficio de salida definitiva del país en un término no mayor a quince días; lo cual le fue notificado al impetrante en la misma fecha y quedó en libertad.********************En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -cinco de septiembre de dos mil veintidós- las autoridades responsables aun no ponían en libertad al quejoso de mérito, tal afectación cesó una vez que la responsable emitió el oficio ********************de veinte de octubre de dos mil veintidós, por medio del cual, el quejoso******************** fue puesto en libertad (foja 90).********************De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable emitió una determinación para poner en libertad al quejoso. ********************En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos de los actos impugnados en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia.********************Resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."********************De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes:********************"ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos delacto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.".********************Por tal motivo, como se adelantó, no es factible emprender estudio sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que éste cesó en sus consecuencias y actualizando así la causa de improcedencia antes invocada.********************Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la legislación aplicable, debe sobreseerse el presente juicio de amparo.********************SEXTO. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley de la materia.********************SÉPTIMO. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente.********************Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Federal, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales.********************Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se********************R E S U E L V E********************PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por******************** contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.********************SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.********************ARA/MBOS/Heisey
- Principal
Se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las trece horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Se agrega escrito del promovente, dígase al promovente que, como se le reiteró en auto de cuatro de los actuales, la suspensión de plano decretada en favor del quejoso, no tiene el alcance jurídico para otorgar su libertad deambulatoria por encontrase sujeto al procedimiento administrativo migratorio 434/2022; sin embargo, su solicitud de libertad mediante custodio puede realizarla ante la autoridad migratoria correspondiente, atendiendo al procedimiento administrativo que se le sigue. Notifíquese.
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