Nery Carolina Aguilar Espinosa y Otros.
Expediente 489/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 27 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 04/04/2023
Partes del expediente
- Nery Carolina Aguilar Espinosa y Otros.
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de esta ciudad
- Nery Carolina Aguilar Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que en la caja de valores de este Juzgado, se encuentra resguardado billete de depósito N 682196, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., por la cantidad de $15,208.20 (quince mil doscientos ocho pesos 20/100 moneda nacional), exhibido por el representante común de la parte quejosa, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero interesado, con motivo de la suspensión definitiva concedida en el presente incidente. En consecuencia, se deja a disposición de la parte quejosa el billete de depósito en comento; de igual manera, se apercibe a los quejosos que de no hacerlo dentro de un plazo de dos años, contados a partir al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, dicho billete se hará efectivo a favor del Erario Federal. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 50 y 51 de la Ley de la Tesorería de la Federación, en lo que nos interesa, sobre el fenómeno de la prescripción de los derechos del beneficiario en el lapso que establece la ley, mismo artículo que establece lo siguiente: Artículo 50. Los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios. Cuando no sea posible determinar la fecha a que se refiere el párrafo anterior, el plazo de prescripción será de tres años contado a partir de la fecha en que se recibió el depósito por la Tesorería. El término de prescripción a que se refiere este artículo se interrumpe por cada gestión de devolución o entrega que, mediante escrito, lleve a cabo el depositante o sus legítimos beneficiarios, y se suspenderá a partir del ejercicio de las acciones promovidas con ese objeto ante los tribunales competentes y hasta que se resuelvan en definitiva. La Tesorería podrá declarar de oficio la prescripción de los depósitos que constituya y disponer su aplicación al erario federal en el concepto respectivo de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda. Artículo 51. Los créditos a cargo del Gobierno Federal prescribirán en el término de dos años, contado a partir de la fecha en que el acreedor pueda legalmente exigir su pago, salvo que las leyes establezcan otro término, caso en el que se estará a lo que éstas dispongan. El término de prescripción a que se refiere el párrafo anterior se interrumpe por cada gestión de cobro realizada, mediante escrito, por quien tenga legítimo derecho para exigir su pago, y se suspende a partir del ejercicio de las acciones promovidas con ese objeto ante los tribunales competentes y hasta la resolución definitiva. Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las autoridades competentes para ordenar o autorizar los pagos declararán de oficio la prescripción correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; lo de cuenta, agréguense a los autos el oficio con anexos signados por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de esta ciudad, por medio de los cuales, en atención al requerimiento formulado en autos, remite copias certificadas de la audiencia confesional de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en autos del expediente laboral J/O/1236/20211, de su índice. Ahora bien, del estado que guardan los autos se aprecia que la autoridad laboral señaló las trece horas con las diez horas del veintinueve de noviembre del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial. En consecuencia, atendiendo a lo que disponen los artículos 17 de la Constitución General de la República, 192 y 193, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de esta ciudad, para que una vez que tenga verificativo la diligencia en cita, informe el resultado de la misma. Se le hace del conocimiento que subsiste el apercibimiento de multa con el que se le conminó en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en caso de no hacerlo y ante la actitud de no informar y enviar las constancias relativas. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; lo de cuenta, agréguense a los autos el oficio con anexos signados por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de esta ciudad, por medio de los cuales, en atención al requerimiento formulado en autos, remite copias certificadas de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido en autos del expediente laboral J/O/1236/20211, de su índice. Asimismo, se aprecia que señaló las trece horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre y las diez horas del veintinueve de noviembre, ambos del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de pruebas confesional y testimonial, respectivamente. Por tanto, téngase a la autoridad oficiante en vías cumplimiento a la ejecutoria de amparo. REQUERIMIENTO. En consecuencia, atendiendo a lo que disponen los artículos 17 de la Constitución General de la República, 192 y 193, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de las fechas programadas para las diligencias en cita, informen el resultado de las mismas. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa...
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto; lo de cuenta, agréguense a los autos el oficio con anexos signados por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada del auto de trece de octubre de la anualidad en curso, emitido en autos del expediente laboral J/O/1236/2011, así como cédula de notificación de catorce del mismo mes y año. Téngase a la autoridad oficiante en vías cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, tomando en cuenta que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del amparo en revisión 280/2019, modificó la sentencia recurrida para efectos que: "Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio laboral J/O/1236/2011, a partir de las diligencias de citatorio y emplazamiento efectuadas a Nery Carolina Aguilar Espinosa y Luis Eduardo Gutiérrez Aguilar, incluyendo el laudo dictado en dicho juicio, con excepción del auto admisorio y emplazamiento realizado al codemandado Luis Francisco Gutiérrez Díaz y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo Construcción y Electrificación de los Altos y/o Constructora San Luis y/o Coloso Construcciones; hecho lo anterior, ordene se emplace a Nery Carolina Aguilar Espinosa y Luis Eduardo Gutiérrez Aguilar en los términos de la ley que rige el acto y continúe con todo el procedimiento en todas sus etapas correspondientes." REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas y Actuario de su adscripción, de esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES días hábiles, en lo que a su esfera competencial corresponde, informen las actuaciones que faltan por realizar dentro del expediente J/O/1236/2011, de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías, debiendo remitir las constancias que emita para tal efecto. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) diarios, que asciende a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) cada uno, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la autoridad laboral, que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. En ese sentido, si este órgano de amparo advierte la presencia de hechos que pudieren encuadrar en el supuesto del ilícito indicado, bajo la presencia de los elementos que lo configuran, se procederá a dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que actúe conforme a sus facultades ministeriales.
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