Nereo García Juárez
Expediente 520/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nereo García Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos, determinación causa estado Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo, relevancia documental y destino del expediente Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
notificacion a la parte quejosa por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de notificación que antecede, se advierte que el actuario adscrito, realizó lo encomendado en autos (foja 59) y en diligencia formal el quejoso ratificó el escrito recibido en este juzgado, el veinticinco de julio del año en curso; en atención a lo anterior, se provee: De las actuaciones que obran en el expediente, se obtiene que ******, defensor particular del quejoso *******, mediante escrito presentado en el buzón judicial el********************, y turnado el treinta y uno de mayo del año en curso a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial región de la Cañada, con sede en Cuicatlán, Oaxaca. En auto de uno de junio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo y se previno a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de cinco días, y bajo protesta de decir verdad, precisara, que acto de autoridad en particular reclama al Juez de Control del Circuito Judicial Región de la Cañada, sede en Cuicatlán, Oaxaca, es decir, cual es el acto en específico, la actuación u omisión que genera una vulneración al derecho al debido proceso. Por auto de quince, veintinueve de junio y seis de julio del año en curso, con la finalidad de no dejar al promovente en estado de indefensión, se previno al defensor particular del aquí quejoso, para que regularizara su demanda de amparo con la intención de que señalara en que diligencia o acto procesal considera que el juez responsable omitió analizar de manera oficiosa la supuesta negligencia de su defensa, por ejemplo, si ello sucedió en la audiencia de imputación, al momento de dictar vinculación a proceso, al debatir la medida cautelar, al fijar el plazo para el cierre de la investigación, al no permitírsele aportar datos de prueba, o bien, sobre alguna actuación u omisión por parte del ministerio público, etcétera. No obstante, mediante escrito recibido el trece de julio del año en curso, el defensor particular del quejoso volvió a insistir en las omisiones que previamente había indicado en los escritos de fechas catorce y veintiocho de junio, así como cinco de julio de la presente anualidad. Por tal motivo, este órgano jurisdiccional, en proveído de catorce de julio del año en curso, requirió al directo quejoso Nereo García Juárez, para que manifestara bajo protesta de decir verdad, en qué diligencia o acto procesal considera que el juez responsable omitió analizar de manera oficiosa la supuesta negligencia de su defensa, por ejemplo, si ello sucedió en la audiencia de imputación, al momento de dictar vinculación a proceso, al debatir la medida cautelar, al fijar el plazo para el cierre de la investigación, al no permitírsele aportar datos de prueba, o bien, sobre alguna actuación u omisión por parte del ministerio público, etcétera; para la cual, debería especificar las fechas exactas de la diligencia o acto procesal en que ocurrió la negligencia atribuida a la defensa. En ese orden de ideas, mediante escrito recibido en este Juzgado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés -mismo que fue ratificado en la diligencia actuarial de veintisiete de julio del año en curso-, el quejoso Nereo García Juárez, indicó que la actuación donde se materializó la omisión del Juez responsable de analizar de manera oficiosa la supuesta negligencia de su defensa fue en la audiencia de ********************, donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la presente demanda está relacionada con el juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso *****; lo cual, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que se ordena traer a la vista. En ese orden de ideas, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." La causa de improcedencia invocada, establece que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que se consideran consentidos tácitamente, lo que se traduce que al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador definió como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, conviene precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 12/2015 (10a.), sostuvo que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados en el proceso penal a partir del tres de abril de dos mil trece, es el genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo que, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe atenderse lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Expuesto lo anterior, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el quejoso, así como de las constancias que obran en el juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional; se obtiene que en audiencia de ********************, celebrada en la causa penal ********************, fue dictado en contra del aquí quejoso auto de vinculación por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación en grado de tentativa en agravio de la niña de identidad reservada identificada con las iniciales S.V.G.M., asimismo, se le impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. De ahí que, si el quejoso señala que la omisión de la autoridad responsable de analizar de manera oficiosa la supuesta negligencia de su defensa se materializó en la audiencia de ********************, donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; es claro que es esa actuación procesal la que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En ese orden de ideas, sí en la propia audiencia de ********************, el quejoso quedó notificado de la determinación donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es inconcuso que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del ********************de dos mil veinte, día siguiente (hábil) a aquél en que surtió efectos la notificación al interesado, conforme a lo que establece el artículo 82, fracción I, inciso a), último párrafo, de ese ordenamiento legal -ley que rige el motivo de disenso-. Por lo que, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr a partir del ********************hasta el********************-descontando los sábados y domingos, así como dos de noviembre de dos mil veinte, al ser inhábiles-. Entonces, si la demanda de amparo origen de este juicio de amparo se presentó hasta el********************, su promoción resulta notoriamente extemporánea; por lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, sean considerados consentidos tácitamente. Inclusive, no pasa inadvertido para este Juzgador, que en el juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado, el quejoso reclamó el auto de vinculación a proceso de ********************, dentro de la causa penal ********************, donde en sentencia de ********************, se negó el amparo solicitado. Resolución que fue confirmada en ejecutoria de ********************, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en el amparo en revisión penal ********************. Bajo ese orden, es evidente que no obstante el quejoso también estima que contó con una deficiente defensa técnica durante la etapa de investigación, lo cual trascendió en el fallo del auto de vinculación a proceso, este órgano jurisdiccional analizó la resolución emitida por el Juez responsable en dicha fase, estableciendo la legalidad de la misma; decisión que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito. Es más, aun cuando el quejoso refiere que la omisión de la autoridad judicial responsable de analizar de manera oficiosa la supuesta negligencia de su defensa también trascendió a la formulación de la imputación, al escrito de acusación y a la vista para contestar la acusación, se obtiene que las mismas, aún no se materializan en alguna actuación concreta de la autoridad judicial responsable. En razón de lo antes expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
notificación a la parte quejos por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos, el escrito de cuenta, signado por ***, defensor particular de *****; mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la prevención efectuada en autos, en su atención se provee: Dígasele al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que el quejoso no manifiesta en que actuación especifica dentro del procedimiento penal se materializó o tuvo trascendencia tal afectación al derecho de defensa. Por ello, se requiere al promovente, para que manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Deberá precisar en qué diligencia o acto procesal considera el quejoso que el juez responsable omitió analizar de manera oficiosa la supuesta negligencia de su defensa, por ejemplo, si ello sucedió en la audiencia de imputación, al momento de dictar vinculación a proceso, al debatir la medida cautelar, al fijar el plazo para el cierre de la investigación, al no permitírsele aportar datos de prueba, o bien, sobre alguna actuación u omisión por parte del ministerio público, etcétera; para la cual, deberá el quejoso especificar las fechas exactas de la diligencia o acto procesal en que ocurrió la negligencia atribuida a la defensa. Lo anterior, pues no basta con mencionar de manera genérica, que reclama "todas estas omisiones por parte de la autoridad surgen desde la etapa de investigación, hasta el escrito de acusación, así como la vista para contestar dicha acusación"; pues a efecto de integrar debidamente la litis constitucional, debe señalar de manera precisa los actos reclamados. Es así, porque el quejoso atribuye al juez responsable una omisión de garantizar una adecuada defensa; sin embargo, tal omisión, sólo puede surgir al momento de desarrollarse actos procedimentales, como se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 52 y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de criterio orientador la tesis con número de registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Robustece a lo anterior, la tesis con número de registro 2016418, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Finalmente, indíquese al quejoso que subsiste el plazo y apercibimiento referido en el acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa."
- Principal
(notificación por lista a la parte quejosa)"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos, el escrito de cuenta, signado por ********, defensor particular de ************; mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de uno de junio de la presente anualidad, en su atención, se provee: Dígasele al ocursante que deberá estarse a lo proveído en autos de quince y veintiuno de junio del año en curso, toda vez que, del contenido íntegro del libelo de cuenta, se aprecia que reproduce las omisiones referidas en sus escritos de catorce y veinte de junio de dos mil veintitrés. Por ello, se reitera al quejoso que, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que, si bien el juicio de amparo es procedente contra actos y omisiones; de los referidos libelos se obtiene que las omisiones a que hace referencia en realidad son argumentos o conceptos de violación encaminados a poner de relieve que se afectó el derecho de defensa adecuada de su defendido desde la etapa de investigación; sin embargo, el quejoso no manifiesta en que actuación especifica dentro del procedimiento penal se materializó o tuvo trascendencia tal afectación al derecho de defensa, como a manera de ejemplo, puede ser en el dictado del auto de vinculación a proceso. Por ello, se insiste al quejoso que debe señalar en este juicio de amparo, la actuación dictada en el procedimiento penal de la cual se duele y en la que se materializaron todas las omisiones consistentes en: "1.- La omisión de analizar de forma oficiosa y en cumplimiento de la vocación de todo Juez de Control de analizar las deficiencias de la defensa material del imputado y ahora acusado ********************, debiendo advertir la negligencia de la defensa en la etapa de investigación complementaria y ante la no atención de la vista que se le dio de la acusación formulada por el Agente del Ministerio público. 2.- Omisión del análisis oficioso como Juez de Control, de evaluar las fallas de la defensa no atribuibles a la teoría del caso a estrategia de la defensa, valorando las consecuencias de hecho, al advertir que no existió una investigación o actos de investigación propuestos de la Defensa a la etapa de investigación complementaria y la omisión de pronunciarse sobre la vista de la acusación y en su caso ofrecer los datos y medios de prueba que se propusieron en el término constitucional, y los cuales en audiencia de término constitucional trataron de ser incorporados de manera deficiente por la otrora defensa 3.- Omisión de valorar que la falta de una defensa adecuada afecto el fallo de vincular a proceso al imputado y transcendió a la formulación de la acusación 4.-Omision de advertirle al ciudadano ********************, los errores de su defensa y otorgarle la posibilidad de cambiar de abogado." Por tanto, subsiste el plazo y apercibimiento referido en el acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa."
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