Nereida Valdez Martínez
Expediente 1308/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1308/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 26/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nereida Valdez Martínez
- Fiscal General del Estado de Morelos
- Víctor Valdez Pérez
- VÍCTOR VALDEZ PÉREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1308/2016-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar los cuadernos incidentales previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción, asimismo, se declara que los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado Por otra parte, toda vez que el FISCAL GENERAL DEL ESTADO, por conducto del, Director de La Unidad Jurídica de La Fiscalía General del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el DIRECTOR GENERAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, mediante el cual informa sobre el requerimiento realizado por auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis; el que se ordena agregar a los autos sin mayor acuerdo en virtud de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos, lo anterior se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio presentado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual formula alegatos, agréguese a los autos sin mayor acuerdo, en virtud de que por auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se sobreseyó el presente juicio de amparo, lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar Por cuanto a la expedición de copia certificada de la sentencia, como lo solicita la parte promovente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del artículo 2°, de la Ley de la Materia, expídase a su costa las copias que solicita. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. YARIGH*
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante el cual remite copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal JC/758/2016, por el delito de homicidio calificado en contra de los quejosos VÍCTOR VALDEZ PÉREZ y NEREIDA VALDEZ MARTÍNEZ; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes. A tales fotocopias certificadas, se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones, con fundamento en el artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, como el quejoso en el presente juicio reclama de la autoridad responsable la orden de APREHENSIÓN, DETENCIÓN, RETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LOS QUEJOSOS, CATEO y su ejecución, sin embargo, resulta incuestionable que ha cambiado la situación jurídica del promovente de amparo, ya que el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado, dictó auto de vinculación a proceso el catorce de agosto de dos mil dieciséis, en contra de los quejosos VÍCTOR VALDEZ PÉREZ y NEREIDA VALDEZ MARTÍNEZ, por el delito de homicidio calificado; por tanto, deviene improcedente el juicio de garantías. Esto es así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." En efecto, del primer párrafo de la fracción XVII, del precepto 61, de la ley en consulta, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: "1.- Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial ya sea en materia civil, familiar, penal o administrativo, o en un procedimiento seguido en forma de juicio.---2.- Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquél acto procedimental haya definido su posición frente al órgano jurídico.---3.- Que después de admitida la demanda sobrevenga, en el procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte.---4.- Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la legalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo.---5.- Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de éste último.". Esta hipótesis se actualiza en el presente caso, por lo que se permite establecer que al producirse este nuevo acto, se dio un cambio de situación jurídica en relación con el acto reclamado consistente en la orden de APREHENSIÓN, DETENCIÓN, RETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LOS QUEJOSOS, CATEO y su ejecución, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto precedente al mismo, y las posibles violaciones deben considerarse irreparablemente consumadas, al haber sido los quejosos, consignados ante un Juzgado por la probable participación en la comisión del delito citado con antelación y este haber dictado auto de vinculación a proceso en su contra. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la tesis aislada II.2o.P.20 P (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, diciembre de dos mil doce, página mil doscientos ochenta y siete, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados. De igual forma, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Junio de dos mil ocho, página doscientos setenta, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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