Nereida Olimpia Cruz Alavez

Expediente 1007/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1007/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Nereida Olimpia Cruz Alavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en el juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó en el juicio, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1007/2023, promovido por ********************, en contra de los magistrados de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del ahora Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si se actualiza la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES En su demanda de amparo, la quejosa refiere bajo protesta de decir verdad, que el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, presentó demanda en contra del director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca y otras autoridades. Dicha demanda, fue turnada a la Tercera Sala Unitaria del Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, quien lo registro bajo el número 138/2019. Posteriormente, debido a que dicho tribunal se excusó de conocer de la referida demanda, el quince de agosto de dos mil veintitrés, se turnó aquélla a la Primera Sala Unitaria del ahora Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, quedando registrado bajo el número 335/2023; por lo que manifiesta que han pasado más de tres años de iniciado su expediente y no se ha señalado fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos. Ante ello decidió acudir a la presente instancia constitucional. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se realizó mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en la cual ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisan. Por cuestión de turno, se remitió a este juzgado al día hábil siguiente lo que fue el dos de octubre del actual, donde se registró con el progresivo 1007/2023 y se admitió en proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, previo cumplimiento a la prevención; en la cual se: i) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; ii) otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y iii) señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, como lo explica la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por analogía: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la intención de la quejosa es reclamar de los magistrados de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del ahora Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 335/2023. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto atribuido a los magistrados de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del ahora Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 335/2023 de su índice. Se sostiene lo anterior, porque la magistrada titular de la Primera Sala Unitaria Especializada en Controversias Administrativas entre los Municipios y sus Agencias del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado; sin embargo, del contenido del informe de ley, se desvirtúa dicha negativa pues hace manifestaciones que se advierte la existencia del acto reclamado. Esto es, en acuerdo de veinte de octubre del actual [posterior a la presentación de la demanda de amparo] señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos [materia de la litis en este juicio] veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés; lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó a su informe de ley, a la cual se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto de la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que de la constancia que envió la autoridad responsable, se advierte que en el expediente 335/2023 de su índice, dicto un acuerdo el veinte de octubre del año en curso, en lo que interesas determinó lo siguiente: "[.] Por lo anterior, al no haber pruebas pendientes por requerir y con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales, se fijan las TRECE HORAS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, por así permitirlo las labores de esta Sala dada la cargo [sic] de trabajo que existe en la misma, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE LEY, en la cual se procederán a desahogar las pruebas que las partes hayan ofrecido dentro del juicio y se recibirán alegatos, los cuales deberán ser formulados por escrito de conformidad con los artículos 187 y 204 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. [.]" Por ende, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, debido a que resulta evidente que la omisión reclamada a la autoridad responsable, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos [veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés]. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, según se aprecia de la papeleta de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintitrés, señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos [veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés] debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual cesó y por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí analizado, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo ante la cesación de los efectos de los actos reclamados a la referida autoridad responsable. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el informe justificado de la autoridad responsable, no haya sido rendido al menos con ocho días de anticipación, puesto que, como ya se dijo, de las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado, se actualiza de manera clara, manifiesta e indubitable la causal de improcedencia en estudio; máxime que a ningún fin práctico conduciría diferir la audiencia constitucional para que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que el sentido de la sentencia sería el mismo; además, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. VIII. DECISIÓN En consecuencia, ante la cesación de los efectos del acto reclamado, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado que atribuye a la autoridad señalada como responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VII de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que ***, cumple con la prevención contenida en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se dicta la determinación que corresponde en cuanto a la demanda de amparo. Admisión. Con fundamento en lo estatuido por los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, inciso d), 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo presentada ***, contra actos de los magistrados de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado. Incidente de suspensión. Tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberá exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con el proceso de origen. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causal de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo. Fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Emplazamiento del representante social de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV, 26, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y escrito aclaratorio. Juicio en línea. Debido a que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

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