Nereida Marilu Prado Alvarado

Expediente 980/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
980/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Nereida Marilu Prado Alvarado
  • Directora General del Colegio de Bachilleres, Tuxtla Gutierrez, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que por acuerdo de dos de diciembre de este año, se glosó a las presentes actuaciones el oficio firmado por la apoderada legal del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual remitió las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo dictada en este asunto. En ese mismo acuerdo, se dio vista a las partes para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento por parte de la autoridad responsable; con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Tal acuerdo se tuvo por notificado a la parte quejosa, el cinco de diciembre del año actual, sin que hiciera manifestación alguna; por lo que, este juzgado procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Para ello, primeramente es menester dejar sentado que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en sentencia dictada por este juzgado, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: En virtud de haberse pronunciado ya conforme a lo pedido por la parte quejosa, únicamente procediera a notificarle en forma personal y en breve término, en el domicilio que manifestó para tal efecto en su petición. Sentencia concesoria del amparo que al no haber sido recurrida en revisión, se declaró ejecutoriada y se requirió a las autoridades responsables su acatamiento. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable (fojas 125 a 129), las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que: Notificó personalmente a la parte quejosa los memorándums CBC.DG.DIRAC.851/2019, CBC.DG.DIRAC.852/2019, CBC.DG.DIRAC.853/2019, y CBC.DG.DIRAC.865/2019, todos de tres de septiembre del año en curso, en el domicilio indicado en su petición. Sin que este juzgado se encuentre en aptitud legal de verificar la legalidad de la respuesta o la notificación realizada a la parte quejosa, porque la concesión del amparo impiden que este juzgado examine los motivos o fundamentos que sustenten la misma, pues en su caso serán materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Apoya esta decisión la jurisprudencia 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Página: 203, que dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia". Así como la diversa jurisprudencia 26/98, de la Primera Sala del Alto Tribunal, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, página 272, que dice: INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO. Si bien el debido respeto al derecho de petición que una ejecutoria de amparo determine infringido, supone no sólo que se dé contestación a la petición que le fue formulada a la autoridad responsable, sino también que la misma se haga de su conocimiento, ello no puede llevar a considerar que, para efectos de determinar el debido acatamiento a la ejecutoria, deba analizarse la legalidad de la notificación de la resolución por la que se da respuesta a la petición del quejoso, pues la misma debe tenerse como válida mientras no exista una resolución dictada en el medio de defensa legal procedente que declare lo contrario. Por tanto, en la inconformidad hecha valer contra el acuerdo en que se tiene por cumplida la ejecutoria no procede analizar los vicios de legalidad aducidos contra dicha notificación, por no ser materia de la misma dicho estudio. Por lo anterior, se estima que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con los efectos de la ejecutoria en sus términos. Todo lo cual, hace patente que la responsable se apegó a los lineamientos plasmados en el fallo concesorio del amparo; en consecuencia, procede declarar que LA SENTENCIA SÍ SE ENCUENTRA CUMPLIDA. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Y DE LOS CUADERNILLOS INCIDENTALES [SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR DEFINITIVA]. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de este juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, que en el incidente de suspensión derivado de éste último, se negó la medida cautelar definitiva de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa. En tal virtud, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda lo siguiente: El presente expediente y el original del cuaderno incidental de suspensión, serán resguardados en el archivo de éste juzgado de Distrito durante de tres años, por lo que una vez se cumpla dicho término, los mismos serán transferidos al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que el expediente principal es susceptible de depuración, transcurridos más de cinco años a partir de la emisión de este acuerdo. Por su parte, el cuadernillo original del incidente de suspensión será destruible, transcurridos más de cinco años a partir del dictado del presente proveído acuerdo. Finalmente, por lo que concierne al duplicado del cuadernillo incidental, este podrá ser destruido transcurridos seis meses contados a partir de que se dicte el presente proveído. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/7188/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que por acuerdo de dos de diciembre de este año, se glosó a las presentes actuaciones el oficio firmado por la apoderada legal del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual remitió las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo dictada en este asunto. En ese mismo acuerdo, se dio vista a las partes para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento por parte de la autoridad responsable; con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Tal acuerdo se tuvo por notificado a la parte quejosa, el cinco de diciembre del año actual, sin que hiciera manifestación alguna; por lo que, este juzgado procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Para ello, primeramente es menester dejar sentado que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en sentencia dictada por este juzgado, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: En virtud de haberse pronunciado ya conforme a lo pedido por la parte quejosa, únicamente procediera a notificarle en forma personal y en breve término, en el domicilio que manifestó para tal efecto en su petición. Sentencia concesoria del amparo que al no haber sido recurrida en revisión, se declaró ejecutoriada y se requirió a las autoridades responsables su acatamiento. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable (fojas 125 a 129), las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que: Notificó personalmente a la parte quejosa los memorándums CBC.DG.DIRAC.851/2019, CBC.DG.DIRAC.852/2019, CBC.DG.DIRAC.853/2019, y CBC.DG.DIRAC.865/2019, todos de tres de septiembre del año en curso, en el domicilio indicado en su petición. Sin que este juzgado se encuentre en aptitud legal de verificar la legalidad de la respuesta o la notificación realizada a la parte quejosa, porque la concesión del amparo impiden que este juzgado examine los motivos o fundamentos que sustenten la misma, pues en su caso serán materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Apoya esta decisión la jurisprudencia 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Página: 203, que dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia". Así como la diversa jurisprudencia 26/98, de la Primera Sala del Alto Tribunal, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, página 272, que dice: INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO. Si bien el debido respeto al derecho de petición que una ejecutoria de amparo determine infringido, supone no sólo que se dé contestación a la petición que le fue formulada a la autoridad responsable, sino también que la misma se haga de su conocimiento, ello no puede llevar a considerar que, para efectos de determinar el debido acatamiento a la ejecutoria, deba analizarse la legalidad de la notificación de la resolución por la que se da respuesta a la petición del quejoso, pues la misma debe tenerse como válida mientras no exista una resolución dictada en el medio de defensa legal procedente que declare lo contrario. Por tanto, en la inconformidad hecha valer contra el acuerdo en que se tiene por cumplida la ejecutoria no procede analizar los vicios de legalidad aducidos contra dicha notificación, por no ser materia de la misma dicho estudio. Por lo anterior, se estima que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con los efectos de la ejecutoria en sus términos. Todo lo cual, hace patente que la responsable se apegó a los lineamientos plasmados en el fallo concesorio del amparo; en consecuencia, procede declarar que LA SENTENCIA SÍ SE ENCUENTRA CUMPLIDA. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Y DE LOS CUADERNILLOS INCIDENTALES [SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR DEFINITIVA]. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de este juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, que en el incidente de suspensión derivado de éste último, se negó la medida cautelar definitiva de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa. En tal virtud, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda lo siguiente: El presente expediente y el original del cuaderno incidental de suspensión, serán resguardados en el archivo de éste juzgado de Distrito durante de tres años, por lo que una vez se cumpla dicho término, los mismos serán transferidos al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que el expediente principal es susceptible de depuración, transcurridos más de cinco años a partir de la emisión de este acuerdo. Por su parte, el cuadernillo original del incidente de suspensión será destruible, transcurridos más de cinco años a partir del dictado del presente proveído acuerdo. Finalmente, por lo que concierne al duplicado del cuadernillo incidental, este podrá ser destruido transcurridos seis meses contados a partir de que se dicte el presente proveído. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/7188/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio firmado por la Apoderada Legal del Colegio de Bachilleres de Chiapas, mediante el cual remite copias de los oficios entregados a la promovente de amparo, relacionados con el cumplimiento del fallo amparatorio. Ahora, con apoyo en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso alguno contra la sentencia definitiva dictada en este expediente, por lo que, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se declara que dicha resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la quejosa Nereida Marilú Prado Alvarado, contra los actos reclamados al Coordinador Zona Costa del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en un plazo de tres días, contado a partir de que se encuentren notificadas del contenido de este acuerdo, den cumplimiento a la ejecutoria de mérito en los términos señalados en la sentencia definitiva. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la mencionada Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, glósese a los autos el oficio suscrito por la Apoderada Legal del Colegio de Bachilleres de Chiapas, señalada como autoridad responsable en este asunto, designación que acredita con el poder notarial que exhibe; en atención a su contenido, téngase por hechas sus manifestaciones y como lo solicita mediante oficio que al efecto se gire, devuélvasele los memorándums que refiere, previa compulsa que se realice de los mismos para dejarse en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano