Neptali Moises Gutierrez Juárez

Expediente 695/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
695/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Neptali Moises Gutierrez Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de nueve de junio del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, del mismo ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece: Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto. Por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final y sólo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En la especie, la parte quejosa se duele del acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente en materia de responsabilidad administrativa ***, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso auto de ocho de abril del año en curso y, en consecuencia, se tuvo por no emitido el dictamen pericial exhibido, al no haberse ratificado dentro del término concedido. No obstante, este juzgador determina que no existe una afectación a algún derecho fundamental del promovente que haga procedente el juicio de amparo, toda vez que dicho auto no puede considerarse como un acto dentro juicio cuya ejecución sea de imposible reparación puesto que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento y los mismos pueden desaparecer si la resolución que se dicte dentro del procedimiento de origen es favorable a sus intereses. En ese sentido, se pone de manifiesto que no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Pues se reitera, la parte quejosa se duele del acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente en materia de responsabilidad administrativa ***, por el cual se tuvo por no emitido el dictamen pericial exhibido, al no haberse ratificado dentro del término concedido, cuestión que se reitera únicamente afecta derechos procesales y no los derechos sustantivos antes mencionados. De esta manera, en caso de que la resolución dictada en el procedimiento administrativo de origen, sea contraria a los intereses de la parte quejosa, esta tendrá la posibilidad de controvertirla a través del medio ordinario de defensa, haciendo valer las violaciones procesales que estime se cometieron y, posterior a ello, de ser procedente, a través del juicio de amparo directo. Cabe destacar que dar trámite al presente juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que quienes promovieron el juicio de amparo tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Lo anterior, en virtud de que, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo prevé que, una afectación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Lo anterior, toda vez que el desechamiento, admisión o valoración de una prueba, cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del quejoso, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir puede quedar subsanada con el sólo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, determinadas probanzas sean o no tomadas en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías. Aunado a que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo, tal y como lo previene los artículos 170, 171 y 172, todos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovido por ***, al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se concede al quejoso la consulta del expediente electrónico, quien cuenta con registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con los nombres de usuarios ***; por tanto, se faculta al analista jurídico SISE adscrito a este juzgado para que realice la autorización correspondiente. Ahora bien, como lo solicita el quejoso, a fin de privilegiar la actuación de las partes a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se tienen por señalados los aludidos usuarios ***, para oír y recibir notificaciones; no así el diverso domicilio indicado para tal efecto, sito en calle ***. Téngase a *** y ***, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y, únicamente en términos restringidos del citado precepto legal, a las personas restantes, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. De igual forma, en atención a lo preceptuado por el artículo 2°, fracción XIX del Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados los correos electrónicos *** y ***, así como los números telefónicos *** y *** a efecto de que por dichos medios, este juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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