Nephtalí Celis García
Expediente 125/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Nephtalí Celis García
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos que se estimen de interés o de valor para la parte quejosa y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; aunado a que el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa, y por lista a las partes restantes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de ****, Estado de México, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde su informe justificado. Téngase por rendido el informe de cuenta y por recibidas las constancias que remite la autoridad oficiante, consistentes en copia certificada del auto admisorio de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y la constancia de notificación respectiva, emitidas en el expediente labora SAT471/2020. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, vistas las copias certificadas remitidas por la responsable, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia. ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En este orden, cabe señalar que los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.) Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, incido d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, se advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el quejoso reclama: La omisión de dictar auto admisorio y de ordenar el emplazamiento de la parte demandada en el expediente laboral SAT/471/2020. Sin embargo, de las constancias que remitió el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, relativas al expediente laboral SAT/471/2020, en proveído dictado en diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, admitió la demanda presentada el seis de noviembre de dos mil veinte por Nephtalí Celis García, y comisiono al actuario adscrito a dicha Sala Auxiliar para que se constituya en el domicilio del demandado Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, a efecto de que procediera a notificarlo y emplazarlo a juicio. Razón por la cual se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría emitir una sentencia de amparo que ordenara a la autoridad responsable acordar el escrito presentado en seis de noviembre de dos mil veinte, y ordenara el emplazamiento a la parte demandada, cuando de las constancias remitidas por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se advierte ya lo hizo, y que a la quejosa le fue notificado el acuerdo correspondiente el dieciocho de marzo siguiente. En razón de lo anterior se estima que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno. ORDEN DE PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de auto al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del auto, para que ésta quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por cualquier persona; en el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Por otra parte, conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. CAPTURA DE AUTO. De conformidad con el Titulo Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), Capítulo Cuarto (sentencia y tesis), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, dada la trascendencia del presente proveído, y por única ocasión, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa, y por lista a las partes restantes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio que remite vía interconexión la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el cual informa que en los autos del recurso de revisión 129/2020 el veintiséis de marzo de dos mil veinte, dictó proveído en el que suspende el procedimiento, hasta en tanto la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, resuelva respecto de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción hecha valer por el promovente de amparo Miguel Ángel Martínez Estrada. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento para los efectos correspondientes del caso. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve *****, por propio derecho, en contra de las autoridades responsables y por los actos que a continuación se indican: Autoridades responsables Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Acto reclamado La omisión de dictar auto admisorio y de ordenar el emplazamiento de la parte demandada en el expediente laboral SAT/471/2020. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico. Regístrese bajo el número de expediente que le corresponda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Desechamiento de autoridad responsable El artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, señala que son autoridades para el juicio de amparo, aquéllas que con independencia de su naturaleza dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo anterior, se advierte que las atribuciones y obligaciones de los secretarios de acuerdos y auxiliares, son mayoritariamente de vigilancia, supervisión, dirección y control de los juicios laborales; en tales circunstancias es evidente que no tiene la potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar algún acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien que su omisión lo haga; en consecuencia, el Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, no puede considerarse como autoridad para el Juicio de Amparo. Admisión de demanda Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo por no haber sido solicitado, de conformidad con lo previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo. Intervención del agente del ministerio público federal adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Solicitud de informe justificado Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación: a) Que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a la legal notificación del presente proveído. b) Al que deberán acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. c) En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberán enviar debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. d) Asimismo, deberán remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Se solicita a las autoridades responsables remitan su informe justificado al correo institucional: 1jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, o bien a través del sistema de interconexión. Apercibidas que de no remitirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se le impondrá al omiso en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional Se señalan las diez horas con cinco minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Emplazamiento de tercero interesado. Sin que le asista el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en virtud de que, en términos del artículo 17 constitucional y a la luz de la lógica jurídica, nadie válidamente puede tener un interés jurídico en que subsista una omisión o una dilación en la integración del juicio laboral; pues de pretenderlo así, iría contra los principios de justicia pronta y expedita que consagra el citado precepto constitucional. Obligación de informar respecto de alguna causa de improcedencia del juicio. Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia; asimismo, informen si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número de expediente y el órgano jurisdiccional que conoce o conoció de dicho juicio. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Domicilio Toda vez que la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en Andador Jesús Vilches s/n, edificio ABBA, piso sótano, despacho 3 (tres), exterior colonia Centro Urbano, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado de distrito; en consecuencia, se ordena que las subsecuentes notificaciones a su nombre, se hagan por lista que se fija en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a la que en la fecha del dictado del presente acuerdo tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Ofrecimiento de pruebas Por lo que hace a los medios de convicción que menciona como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, se tienen únicamente por anunciadas. Ahora bien, respecto a su solicitud relativa a requerirle a la responsable a efecto de que remita copias certificadas del expediente SAT/471/2020; dígasele que deberá estar a lo ordenado en párrafos que anteceden, en donde se le requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, mismo al que deberán acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo anterior con fundamento en el artículo 117 cuarto párrafo de la ley sustantiva de la materia. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea En términos de lo que establecen los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto Por otra parte, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: por lista al quejoso, por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables.
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