Nemias Caballero Cruz

Expediente 219/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
219/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Nemias Caballero Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Sentencia definitiva cuyo punto resolutivo establece: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa *****, contra los actos reclamados a la[s] autoridad[es] responsable[s]; en los términos precisados en el considerando segundo de la presente resolución.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] rinde[n] su[s] informe[s] justificado[s] e informa el cumplimiento a la suspensión de plano; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado de autos se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional a las once horas con tres minutos del dos de abril de dos mil diecinueve, sin embargo, toda vez que de autos se advierte que las autoridades responsables remitieron los informes correspondientes; por tanto el presente juicio se encuentra debidamente integrado. En tales condiciones, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional en comento y se fija como nueva fecha para que tenga verificativo las once horas con treinta y tres minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Director de la Policía Estatal Acreditable, con sede en la ciudad de Colima y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 18 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 219/2019-III. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama la orden de traslado del Centro de Reclusión en el que actualmente se encuentra a uno diverso, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión de plano de dichos actos. Se concede de plano y de oficio la suspensión. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En el caso, la orden de traslado del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra a uno diverso y su ejecución, es de aquellos previstos en el aludido numeral 126 de la Ley de Amparo, en razón de que se trata de uno emitido fuera de procedimiento que indirectamente afecta la libertad personal del impetrante; de ahí que, es procedente conceder la suspensión de plano de dicho acto. Lo anterior acorde a lo dispuesto en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Por lo que, aun cuando el traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado o sentenciado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Luego, debe concluirse que el acto reclamado -orden de traslado- afecta la libertad del quejoso, dada la naturaleza de la misma, en la medida que modifica los términos en que debe estar privado de ese derecho. Por tanto, se concede la suspensión de plano a Nemias Caballero Cruz, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan, es decir, que el quejoso no sea trasladado a lugar distinto al en que actualmente se encuentra recluidos; hasta en tanto se resuelva el presente juicio. Lo anterior, no surtirá sus efectos, si el traslado obedece para ponerlos a disposición inmediata de autoridad judicial competente o a que el solicitante del amparo, se encuentra en un proceso cuya orden fue emitida por la autoridad judicial rectora, por delincuencia organizada o requiera medidas especiales de seguridad, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional; en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, o, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario -hipótesis previstas en el numeral 52 de la Ley de Ejecución Penal-, y cuente con previa autorización por autoridad judicial. Con fundamento en el artículo 107, fracción VIII constitucional reformado, en relación con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se previene a las autoridades responsables que la desobediencia a este mandato será sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. No se desconoce que el artículo 126 de la Ley de Amparo, constriñe a que el ataque a la libertad sea fuera de procedimiento, y en el caso no se sabe si existe una orden jurisdiccional; sin embargo, de la demanda de amparo, se desprende que el solicitante de la protección constitucional sólo señaló como responsables a autoridades administrativas, como lo son el Director de la Policía Estatal Acreditable, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Colima y Director del Centro de Reinserción Social de Colima; no así judiciales, por lo que la suspensión decretada solo puede alcanzar a aquéllas. La suspensión de oficio y de plano que se concede se hace extensiva a cualquier acto prohibido en el artículo 22 constitucional, es decir, a penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, así como de penas inusitadas y trascendentales, por lo que las autoridades responsables deberán cesar de inmediato los actos reclamados en contra de la parte quejosa. La medida cautelar de que se trata surte sus efectos desde luego y sin necesidad de otorgar garantía, pues de ejecutarse los actos reclamados causarían a la parte quejosa un gravamen de imposible reparación, pues se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado mientras se cumplieran tales requisitos, contrariando así los fines de la suspensión. Las autoridades responsables deberán informar de inmediato el cumplimiento que den a este mandato, con la consiguiente responsabilidad en caso de ser omisas, debiendo anexar copias certificadas de las constancias que acrediten, bajo el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a la anterior determinación, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Requerimiento de Informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s]. Pídase el informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s], quien[es] deberá[n] rendirlo por escrito y de la siguiente forma: 1. Dentro del plazo de quince días hábiles. 2. En donde de ser el caso de que el informe sea en sentido negativo, se le solicita (sin que sea obligatorio) lo rinda en el plazo de cinco días hábiles; lo anterior sin que contravenga la jurisprudencia por contradicción P./J.22/2018, ya que no se les restringirá el término de quince días que les otorga la Ley de Amparo para rendir su informe justificado, a fin de preparar con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en los que basarán su pretensión, al ser un acto inexistente, lo que permite garantizar a las partes el derecho a la tutela judicial efectiva y se impartirá una justicia completa, pronta e imparcial. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En la inteligencia que de no hacerlo o de no remitir, en su caso, las referidas constancias, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la[s] autoridad[es] que el informe que se le[s] requiere debe[n] preferentemente enviarlo al correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (31) 6-48-00 extensión 1251; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la[s] autoridad[es] las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga[n] la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. En caso de inexistencia de autoridad[es] Con apoyo en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos de la demanda de amparo, entre los que se encuentran: el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); por tanto, en caso de que la[s] autoridad[es] señalada[s] como responsable[s] resulte[n] inexistente[s], es innegable que el acto que se le[s] atribuye también es inexistente, y por tanto, se suspenderá de toda comunicación con la[s] misma[s], sin que se necesario dar vista a la con dicha circunstancia, pues quedan a salvo sus derechos para hacer la designación correspondiente, acontecimiento que le será notificado por medio de lista de acuerdos. Se fijan las once con treinta y tres minutos del día dos de abril del dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional. Domicilio procesal e intervención de autorizados.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · 15,493 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano