Nemesio García Maldonado

Expediente 272/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
272/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Nemesio García Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de julio de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual informa que en trece de junio de dos mil veintidós, remitió los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; sin que haya lugar a realizar un mayor pronunciamiento en razón de que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se recibieron dichos autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de junio de dos mil veintidós. En principio, glósese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual informa que realizó la devolución de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y que corresponde a este órgano jurisdiccional continuar conociendo del juicio de amparo 272/2022; por tanto, provéase lo conducente. En ese sentido, visto el escrito de demanda firmado por Nemesio García Maldonado, por propio derecho y en su carácter de Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipios de Guerrero "SETAIGEM", así como representante legal de las Secciones 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 12 del Comité Central Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores, Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipio del Estado de Guerrero "S. E. T. A. I. G. E. M" y promovente dentro del juicio natural, quien promueve contra actos de la Gobernadora del Estado de Guerrero y otra autoridad. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Nemesio García Maldonado, por propio derecho y en su carácter de Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipios de Guerrero "SETAIGEM", así como representante legal de las Secciones 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 12 del Comité Central Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores, Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipio del Estado de Guerrero "S. E. T. A. I. G. E. M" y promovente dentro del juicio natural, reclama de la Gobernadora del Estado de Guerrero y Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, la negativa de otorgar las renovaciones de las comisiones sindicales con goce de sueldo personal, decretada en el oficio SFA/SA/DGA y DP/0700/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós. En ese sentido, a criterio de este órgano de justicia federal, se actualiza la causa de improcedencia dispuesta en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que dice: "61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente como sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo referido, debe indicarse que en el caso aplica el término de quince días, toda vez que el acto reclamado como se dijo consiste en la negativa de otorgar las renovaciones de las comisiones sindicales con goce de sueldo personal, decretada en el oficio SFA/SA/DGA y DP/0700/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós. En esa medida, es claro que no se ubica en ninguna de las excepciones a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, ya transcrito, por ello, es posible establecer que opera el término de quince días para promover el juicio de amparo indirecto. Por otro lado, del contenido del precepto 18 que antecede, se advierten tres hipótesis para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, los cuales son: 1.- A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2.- A partir de aquel en que haya tenido conocimiento del acto reclamado. 3.- A partir de aquel en que se ostente sabedor del acto reclamado. En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis marcada con el inciso 3), esto es, que el quejoso tuvo como término para promover la demanda de amparo desde el día siguiente a aquel en que se hizo sabedor del acto reclamado. Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran en el presente juicio de amparo se advierte en lo que interesa lo siguiente: 1. Mediante oficio SETAIGEM/CCE/001/2022, de diez de enero de dos mil veintidós, Nemesio García Maldonado, Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipios de Guerrero "SETAIGEM", solicitó a la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, el otorgamiento de las renovaciones de las comisiones con goce de sueldo indicadas en dicho oficio. 2. Por oficio SFA/SA/DGA y DP/0700/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, comunicó al quejoso Nemesio García Maldonado, Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipios de Guerrero "SETAIGEM", el impedimento legal que dijo tener para otorgar las renovaciones de las comisiones con goce de sueldo solicitadas, en virtud del criterio legal expuesto en el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dado que el órgano jurisdiccional consideró que no se cumplimentan los requisitos de los artículo 371, fracción X y 364 bis, de la Ley Federal del Trabajo; circunstancia por la que le indicó no es posible lo solicitado (acto reclamado). 3. Luego, a través del oficio SETAIGEM/CCE/018/2022, de ocho de febrero de dos mil veintidós, Nemesio García Maldonado, Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipios de Guerrero "SETAIGEM", solicitó a la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, tuviera a bien reconsiderar y revocar el oficio SFA/SA/DGA y DP/0700/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, por el cual se negó el otorgamiento de las renovaciones de las comisiones con goce de sueldo. 4. Mediante oficio SFA/SA/DGA y DP/1525/2022, de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, informó al quejoso Nemesio García Maldonado, Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipios de Guerrero "SETAIGEM", que no era posible reconsiderar el oficio SFA/SA/DGA y DP/0700/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, toda vez que de un análisis a la documentación que adjuntó a su oficio, se observa que no reúne las exigencias que establece la Ley de la Materia; asimismo, le indicó que no era factible revocar el oficio SFA/SA/DGA y DP/0700/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en razón de que dicha dirección no cuenta con las atribuciones de realizar revocaciones a los oficios que emite. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Entonces, de la narración anterior se tiene que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para acudir al amparo transcurrió a partir del catorce de febrero de dos mil veintidós, por ser el día siguiente al en que se hizo sabedor del acto reclamado (oficio SFA/SA/DGA y DP/0700/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós), ello tomando en consideración que mediante oficio SETAIGEM/CCE/018/2022, de ocho de febrero de dos mil veintidós, el quejoso Nemesio García Maldonado, Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipios de Guerrero "SETAIGEM", ya tenía conocimiento del acto reclamado, tan es así que a través del precitado oficio solicitó la reconsideración y revocación del oficio SFA/SA/DGA y DP/0700/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós (acto reclamado), en el que se expuso la negativa que existía para otorgar las renovaciones de las comisiones con goce de sueldo solicitadas; entonces, el término de quince días para presentar su demanda de amparo feneció el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, se desprende que la acción constitucional se instó hasta el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, lo que revela que la demanda fue presentada fuera del plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, fuera de los quince días que señala el citado precepto; de ahí que se considere un acto consentido al no haberse impugnado dentro del referido término, pues de considerar que dicho acto le acarreaba perjuicio, debió combatirse dentro del aludido plazo, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de controvertirlo en el juicio de amparo dentro de un término perentorio determinado, y no obstante lo deja pasar sin presentar la demanda, tal conducta evidencia conformidad o consentimiento con tal acto. Tiene sustento en el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la tesis visible a página trescientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y dos, Materia Común, Octava Época, registro 219095, que a continuación se trascribe: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." También es aplicable la Tesis que sustentó el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página doscientos treinta y cinco, Tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En este tenor, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la propia ley, por lo que con apoyo en el artículo 113, de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. En lo conducente y por analogía resulta aplicable la Tesis número P./J.115/2010, Número de registro 163172, que sustentó la Primera y Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cinco, tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, registro 163172, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Así también resulta aplicable la Tesis número XXI.2º.P.A.J/32, que sustentó la Primera y Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, Novena Época, registro 165582, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante oficio ***, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que mediante diverso oficio **, realizó la devolución de los autos originales del presente juicio de amparo, sin que a la presente data se hayan recibido. En mérito de lo anterior, solicítese de manera comedida y respetuosa a la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que de no tener inconveniente informe el estado en que se encuentra la devolución de los autos en comento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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