Nemecio Salazar Young

Expediente 404/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
404/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Nemecio Salazar Young
  • Titular de la Representacion En Quintana Roo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano Con Residencia En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    V-Agréguese el escrito de cuenta signado por Nemecio Salazar Young, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias que derivan del presente asunto. Al respecto, con apoyo en el artículo 3°, de la Ley de Amparo en relación con el 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena expedir a su costa la copia certificada que solicita, sin que tenga que erogar alguna cantidad por concepto de cobro o contribución impuesta por este Juzgado Federal, previo recibo que se quede en autos, de la persona autorizada para tal efecto. En tales consideraciones, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, todavía no se realiza en un contexto de "normalidad", y en virtud de que es necesaria la comparecencia al órgano jurisdiccional del promovente, deberá gestionar la cita respectiva disponible en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccion ales/citas, en el entendido de que su presencia ese día en el recinto, se circunscribirá al trámite inherente a dicha diligencia. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    IV-Vista la certificación secretarial que antecede y toda vez que mediante oficio número SEADS/1135/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, se comunicó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal, acordó la adscripción del juez David Pacheco Monroy, como titular de este juzgado federal, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga.Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por Nemecio Salazar Young, respecto del acto que reclamó de la autoridad responsable.En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes.Por tanto, en cumplimiento al artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo.Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por último, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 404/2021-IV, promovido por NEMECIO SALAZAR YOUNG, contra el acto que atribuyó al Titular de la Representación en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, por violación al artículo 8º de la Constitución Política Federal; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Secretaria de Guardia de este Juzgado de Distrito el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, NEMECIO SALAZAR YOUNG, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó al Titular de la Representación en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: "La omisión de dar contestación a mis peticiones realizadas en escrito de fecha 24 de febrero de 2021, que presentado ante esa autoridad responsable el día 25 de febrero de 2021, como se advierte en el acuse de dicho escrito de petición en donde consta el sello con fecha, hora y rubrica de recepción". SEGUNDO. Por proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el número de expediente 404/2021-IV, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó la representación al Fiscal Federal de la adscripción; se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tener del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, Constitucionales; 35, 37 y 107 de la vigente Ley de Amparo; 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de método, la titular de este órgano jurisdiccional procede a la fijación del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá; conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al asunto que nos ocupa por identidad de razón, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la autoridad responsable el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Titular de la Representación en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, no obstante que al rendir el informe justificado, la Subdelegada Jurídica de dicha dependencia, negó la existencia del mismo; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en virtud de las manifestaciones que expuso en el sentido de que en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, se dio contestación al escrito de mérito, mismo que se encuentra a disposición de la parte quejosa en la dependencia ante la cual se presentó, lo que se corrobora con las documentales que anexó a su informe de ley, las cuales adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 226 consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. No obstante la certeza del acto reclamado, debe decirse que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, no serán materia de examen los motivos de inconformidad expuestos por la parte quejosa para controvertir el acto reclamado, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." En ese sentido, de la interpretación a lo dispuesto en la fracción citada, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto o actos reclamados (los cuales a juicio de la parte promovente causan perjuicio a sus derechos humanos), dejen de surtir efectos en la esfera jurídica del gobernado, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis número P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se localiza a foja 71 del Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de representación en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de esta ciudad, al rendir su informe justificado y a requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, se advierte que mediante oficio número I.143.OR.ROO.SJ.002659.2021, se dio contestación a su escrito de petición presentado el veinticinco de febrero del año en curso, mismo que quedó a su disposición en la dependencia de mérito, por lo que resulta incontrovertible que en el particular, se ha actualizado la causal de improcedencia en cita. No pasa inadvertido, que la autoridad responsable haya manifestado al rendir su informe de ley, que el oficio de contestación al escrito presentado el veinticinco de febrero del año en curso, quedó a disposición de la parte quejosa en la dependencia de mérito, sin que se le haya notificado dicha determinación; sin embargo, ello no constituye obstáculo para resolver en los términos de la presente sentencia, porque este Juzgado le notificó dicha circunstancia al quejoso e incluso le previno para que precisara si era su deseo ampliar la demanda de amparo en cuanto al acto reclamado, en relación con la contestación a su escrito de mérito, sin que haya realizado manifestación alguna, no obstante de encontrarse notificado del aludido auto de veintidós de septiembre del año en curso, por lo que en el caso se procedió a resolver únicamente por el acto reclamado a la autoridad responsable. Así las cosas, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el caso acontece. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La interpretación relacionada de lo dispuesto por los preceptos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de Ley de Amparo, permite considerar que la causal de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el presente asunto eso es lo que acontece, pues el acto de autoridad reclamado en esta instancia constitucional ya no existe en la realidad ni sus efectos, y en consecuencia de ello no hay motivo para estudiar su legalidad o ilegalidad, porque ya no existiría derecho humano violado que reparar. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se leen en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis número de 168,189, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Enero de 2009, Tesis: 2a./J. 205/2008, visible a Página: 605, del rubro y tenor literal: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En tales circunstancias, en el caso procede sobreseer en este juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, impide a este juzgador el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior integración, publicada en la página 88, tomo 187-192, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. OCTAVO. Gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, adjuntándole copia de la demanda de amparo, a fin de que remita la boleta de turno correspondiente y realice la compensación respectiva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por NEMECIO SALAZAR YOUNG, contra el acto que reclamó del Titular de la Representación en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el considerando séptimo, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Así lo resolvió la Licenciada SOCORRO DEL CARMEN DÍAZ URRUTIA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien firma en unión de la Licenciada Georgina Pacheco Hernández, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Notificación electrónica.

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