Nely Pulido Mercado
Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nely Pulido Mercado
- Raúl Alexis Soto Pulido
- Nely Pulido Mercado y Otros.
- Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
"...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido el proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, por el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 194 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196 de la Ley de Amparo, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vistos el estado de autos, de los que se advierte que de las constancias remitidas por la Fiscal Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VII Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, las cuales de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene valor probatorio pleno, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Así se considera, en razón de que en esta instancia constitucional Nely Pulido Mercado demandó el amparo y protección de la Justicia del Poder Judicial de la Federación en favor de Raúl Alexis Soto Pulido, señalando como actos reclamados: "La Ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación en menoscabo de los derechos humanos de mi hijo ************ sin haber cometido algún delito, y sin existir algún, señalamiento, denuncia y/o querella orden de detención, presentación o comparecencia manteniéndolo privado de su libertad en los separos de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán, Coatzintla de esta Ciudad, violando por consiguiente las garantías consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 de Nuestra Constitución General de la República, y los derechos humanos de mi representado." En acuerdo de esa misma data -veintisiete de octubre de dos mil veintiuno-, se admitió la demanda de amparo y, entre otras cuestiones, se decretó la suspensión de plano en favor del directo quejoso ************; providencia que fue para el efecto de que, de inmediato cesaran los actos consistentes en la ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; asimismo, para que la autoridad administrativa pusiera inmediatamente a disposición del Ministerio Público que correspondiera a dicho quejoso; a su vez para que el Representante Social, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, pusiera en libertad al multicitado quejoso o bien, lo consignara ante el juez penal correspondiente. Asimismo, se comisionó al Actuario Judicial de la adscripción para que se constituyera "en los separos de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán-Coatzintla", donde se dijo que se encontraba detenido, y que, en caso de localizar al quejoso, lo requiriera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días legalmente computado, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor por Nely Pulido Mercado, con los apercibimientos de ley; además, se instruyó al fedatario público para que diera fe, si en el lugar en que se encontraba recluido el directo quejoso, éste era objeto de malos tratos, golpes o tortura o incomunicación y/o sujetas a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y que de ser así, diera fe de las lesiones que en un momento dado presente en su persona. Determinación a la que el Actuario dio cumplimiento, levantando la diligencia de esa misma data, en la que asentó, que el directo quejoso le manifestó no haber recibido malos tratos, golpes por alguno de los elementos aprehensores, que además la Fiscal Quinta le permitió comunicarse con sus familiares; asimismo, el fedatario dio fe que el multicitado quejoso no presentaba lesiones ni signos de maltrato físico que se apreciaran a simple vista. Luego, de las referidas constancias que allegó a este sumario la autoridad responsable Fiscal Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VII Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se advierte que, en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación ***********, ordenó la libertad bajo del directo quejoso ***********. Asimismo, anexó el diverso oficio por medio del cual ordena al Coordinador General de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán- Coatzintla, con residencia en esta ciudad, dejar en inmediata libertad al mencionado quejoso *************. Incluso, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, compareció (en calidad de libre) el propio **********ante la propia Fiscalía, en esa diligencia se le hizo la devolución del vehículo involucrado en esa indagatoria y se dio por recibido. En atención al descrito estado de autos, este órgano de control constitucional estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, atento a lo siguiente. El aludido precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y, como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica del quejoso, impide la actualización de esa causal de improcedencia. Tiene aplicación la Tesis 2a./J. 9/98, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, febrero mil novecientos noventa y ocho, página doscientos diez, que estableció: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en el siguiente: "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA.- La Ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación en menoscabo de los derechos humanos de mi hijo Raúl Alexis Soto Pulido sin haber cometido algún delito, y sin existir algún, señalamiento, denuncia y/o querella orden de detención, presentación o comparecencia manteniéndolo privado de su libertad en los separos de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán, Coatzintla de esta Ciudad, violando por consiguiente las garantías consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 de Nuestra Constitución General de la República, y los derechos humanos de mi representado. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORIAS.- La ejecución de la ilegal privación de libertad, detención, retención o incomunicación en menoscabo de los derechos humanos de mi hijo Raúl Alexis Soto Pulido sin haber cometido algún delito, y sin existir algún, señalamiento, denuncia y/o querella orden de detención, presentación o comparecencia manteniéndolo privado de su libertad en los separos de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán, Coatzintla de esta Ciudad, violando por consiguiente las garantías consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 de Nuestra Constitución General de la República, y los derechos humanos de mi representado." En las relatadas condiciones, si de las constancias remitidas por la Fiscal Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VII Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se observa que la mencionada autoridad, en su carácter de responsable, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno dejó en libertad al quejoso ************, tal como se desprende del oficio en que se contiene la orden de dejarlo en libertad de esa misma fecha, recibido a las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos de la mencionada data en la Coordinación de la Policía Intermunicipal de Poza Rica- Miahuatlán- Coatzintla, residente en esta ciudad. Por tanto, es dable colegir que, si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el acto reclamado se encontraba vigente, dado que en esa fecha fue detenido el quejoso; el mismo dejó de estarlo el veintiocho siguiente, fecha en que fue puesto en libertad. Cobra aplicación, la jurisprudencia siguiente, Novena Época, Registro 917637, Segunda Sala, Tomo VI, Común, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 81. "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto combatido, puesto que, la abstención que concreta y específicamente originó el juicio de amparo desapareció, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de aquél que ya no está surtiendo sus consecuencias, ni lo hará; por lo que en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la invocada legislación, procede decretar el SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento a las partes, para los efectos legales procedentes. En ese sentido, se instruye a la Secretaría proceda realizar la cancelación de la citada data en la agenda que para tal efecto lleva este órgano jurisdiccional.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vistos el estado de autos, de los que se advierte que de las constancias remitidas por la Fiscal Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VII Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, las cuales de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene valor probatorio pleno, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Así se considera, en razón de que en esta instancia constitucional Nely Pulido Mercado demandó el amparo y protección de la Justicia del Poder Judicial de la Federación en favor de Raúl Alexis Soto Pulido, señalando como actos reclamados: "La Ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación en menoscabo de los derechos humanos de mi hijo ************ sin haber cometido algún delito, y sin existir algún, señalamiento, denuncia y/o querella orden de detención, presentación o comparecencia manteniéndolo privado de su libertad en los separos de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán, Coatzintla de esta Ciudad, violando por consiguiente las garantías consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 de Nuestra Constitución General de la República, y los derechos humanos de mi representado." En acuerdo de esa misma data -veintisiete de octubre de dos mil veintiuno-, se admitió la demanda de amparo y, entre otras cuestiones, se decretó la suspensión de plano en favor del directo quejoso ************; providencia que fue para el efecto de que, de inmediato cesaran los actos consistentes en la ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; asimismo, para que la autoridad administrativa pusiera inmediatamente a disposición del Ministerio Público que correspondiera a dicho quejoso; a su vez para que el Representante Social, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, pusiera en libertad al multicitado quejoso o bien, lo consignara ante el juez penal correspondiente. Asimismo, se comisionó al Actuario Judicial de la adscripción para que se constituyera "en los separos de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán-Coatzintla", donde se dijo que se encontraba detenido, y que, en caso de localizar al quejoso, lo requiriera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días legalmente computado, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor por Nely Pulido Mercado, con los apercibimientos de ley; además, se instruyó al fedatario público para que diera fe, si en el lugar en que se encontraba recluido el directo quejoso, éste era objeto de malos tratos, golpes o tortura o incomunicación y/o sujetas a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y que de ser así, diera fe de las lesiones que en un momento dado presente en su persona. Determinación a la que el Actuario dio cumplimiento, levantando la diligencia de esa misma data, en la que asentó, que el directo quejoso le manifestó no haber recibido malos tratos, golpes por alguno de los elementos aprehensores, que además la Fiscal Quinta le permitió comunicarse con sus familiares; asimismo, el fedatario dio fe que el multicitado quejoso no presentaba lesiones ni signos de maltrato físico que se apreciaran a simple vista. Luego, de las referidas constancias que allegó a este sumario la autoridad responsable Fiscal Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VII Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se advierte que, en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación ***********, ordenó la libertad bajo del directo quejoso ***********. Asimismo, anexó el diverso oficio por medio del cual ordena al Coordinador General de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán- Coatzintla, con residencia en esta ciudad, dejar en inmediata libertad al mencionado quejoso *************. Incluso, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, compareció (en calidad de libre) el propio **********ante la propia Fiscalía, en esa diligencia se le hizo la devolución del vehículo involucrado en esa indagatoria y se dio por recibido. En atención al descrito estado de autos, este órgano de control constitucional estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, atento a lo siguiente. El aludido precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y, como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica del quejoso, impide la actualización de esa causal de improcedencia. Tiene aplicación la Tesis 2a./J. 9/98, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, febrero mil novecientos noventa y ocho, página doscientos diez, que estableció: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en el siguiente: "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA.- La Ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación en menoscabo de los derechos humanos de mi hijo Raúl Alexis Soto Pulido sin haber cometido algún delito, y sin existir algún, señalamiento, denuncia y/o querella orden de detención, presentación o comparecencia manteniéndolo privado de su libertad en los separos de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán, Coatzintla de esta Ciudad, violando por consiguiente las garantías consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 de Nuestra Constitución General de la República, y los derechos humanos de mi representado. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORIAS.- La ejecución de la ilegal privación de libertad, detención, retención o incomunicación en menoscabo de los derechos humanos de mi hijo Raúl Alexis Soto Pulido sin haber cometido algún delito, y sin existir algún, señalamiento, denuncia y/o querella orden de detención, presentación o comparecencia manteniéndolo privado de su libertad en los separos de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán, Coatzintla de esta Ciudad, violando por consiguiente las garantías consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 de Nuestra Constitución General de la República, y los derechos humanos de mi representado." En las relatadas condiciones, si de las constancias remitidas por la Fiscal Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VII Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se observa que la mencionada autoridad, en su carácter de responsable, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno dejó en libertad al quejoso ************, tal como se desprende del oficio en que se contiene la orden de dejarlo en libertad de esa misma fecha, recibido a las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos de la mencionada data en la Coordinación de la Policía Intermunicipal de Poza Rica- Miahuatlán- Coatzintla, residente en esta ciudad. Por tanto, es dable colegir que, si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el acto reclamado se encontraba vigente, dado que en esa fecha fue detenido el quejoso; el mismo dejó de estarlo el veintiocho siguiente, fecha en que fue puesto en libertad. Cobra aplicación, la jurisprudencia siguiente, Novena Época, Registro 917637, Segunda Sala, Tomo VI, Común, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 81. "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto combatido, puesto que, la abstención que concreta y específicamente originó el juicio de amparo desapareció, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de aquél que ya no está surtiendo sus consecuencias, ni lo hará; por lo que en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la invocada legislación, procede decretar el SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento a las partes, para los efectos legales procedentes. En ese sentido, se instruye a la Secretaría proceda realizar la cancelación de la citada data en la agenda que para tal efecto lleva este órgano jurisdiccional.
- Principal
"...Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexo, signado por la Fiscal Quinta de la Unidad Integral del Séptimo Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo solicitado en proveído de veintisiete de enero del año en curso, remite copias autenticadas de la totalidad de la carpeta de investigación... lo anterior en virtud que el veintiocho de enero de dos mil veintidós, se proveyó lo conducente..."
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