Nelson Roysseel Molina Vidal
Expediente 1758/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1758/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- Nelson Roysseel Molina Vidal
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; el libelo de cuenta signado por +++, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Al efecto, se acuerda: REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ++++, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de garantías de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. . Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: Resolución de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca civil ++++, Décimo Subsecuente, que confirma el auto de treinta de septiembre del año en curso, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil+++, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, en el que se negó la solicitud de que por acuerdo de las partes se determinara qué fracción física del inmueble adjudicado le corresponde a cada copropietario. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. . ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. . En la especie, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En efecto, la lectura de los preceptos legales en cita, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; es decir, contra la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, la cual determine como cumplida o no la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen del procedimiento citado, Asimismo, tratándose de procedimientos de remates se entenderá como última resolución aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso las violaciones cometidas durante ese procedimiento, también se harán valer cuando se reclame esta última, en los términos del párrafo anterior, lo que implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, pues por la naturaleza propia del procedimiento, conlleva una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que existió la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que retrase la administración de justicia. Establecido lo anterior, es importante citar brevemente algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten del escrito inicial de demanda, en el que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que en autos del juicio ejecutivo mercantil +++, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, se aprobó el remate y se le adjudicó el cincuenta por ciento del inmueble embargado, que como parte alícuota le correspondia al demandado en el citado juicio, por lo que el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, solicitó se citara a las partes para efectos de determinar la fracción física del inmueble que le correspondía a cada copropietario, solicitud que le fue negada por el Juez antes citado, por lo que inconforme ante dicha negativa interpuso recurso de apelación radicándose ante la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, el cual mediante resolución de veintiséis de noviembre del año en curso, en autos de toca civil ++++, confirmó el auto recurrido. Resolución anterior es la que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En el caso particular, debe afirmarse que si el acto reclamado es la resolución que confirmó el auto que negó citar a las partes para efectos de determinar la fracción física del inmueble que le correspondía a cada copropietario del bien inmueble materia del juicio de origen, debe decirse que dicho acto no constituye la última determinación en el procedimiento de remate respectivo. Lo anterior, pues como quedó asentado en líneas anteriores, se entenderá como tal aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en la que en todo caso se harán valer las violaciones procesales en el procedimiento de remate. Estimar lo contrario, haría que el juicio de amparo se utilizara para retardar y obstaculizar el cumplimiento de una resolución con el carácter de cosa juzgada. Por su contenido jurídico es aplicable la jurisprudencia que a la letra dice: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, . En las relatadas consideraciones, se actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, aplicada a sentido contrario. A mayor abundamiento, lo anterior fue así considerado en la medida en que de las propias manifestaciones del quejoso se advierte que el bien le fue adjudicado en la parte alícuota que le corresponde y que pretende que se defina la parte física que le es propia a cada una de las partes copropietarias previo a que se le ponga en posesión material y jurídica del inmueble, esto es, se trata de un asunto en el cual aún se está en una etapa previa a la referida en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de la materia para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Por otra parte, se advierte que la resolución de la que se duele la cual fue emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, por lo tanto, no puede considerarse que el acto reclamado esté en el supuesto de excepción, pues, se insiste, el quejoso no evidencia que violen derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. De modo que en este caso únicamente procede el juicio de amparo contra la última resolución que se dicte en ese procedimiento, por última resolución, debe entenderse aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sustenta lo anterior, la tesis sostenida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cirduito, del rubro y texto siguientes AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. . DESECHAMIENTO DE DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Por las razones que informa se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. . Asimismo, en el caso ha quedado evidenciado que existen diversos criterios jurisprudenciales que apoyan esa conclusión, esto es, la improcedencia y desechamiento de la demanda de amparo. Al respecto es aplicable la tesis del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. . Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia, a ++++, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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