Nelson Rigoberto Silguero Torres

Expediente 1075/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1075/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • Nelson Rigoberto Silguero Torres

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto, a través del cual, remite copia certificada de constancias de personalidad, del oficio 1104 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y del auto de radicación de diecinueve de octubre de dos mil veinte, que obran dentro del expediente laboral 222/E/2020. Por otro lado, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, al rendir el informe de cuenta, se desprende que el licenciado PASCUAL VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, tiene el carácter de apoderado legal de la parte actora, dentro de los autos del expediente laboral de donde emana el acto reclamado; en tales condiciones, téngasele por reconocida la personalidad con que comparece dentro del presente expediente. Ahora, en el presente sumario, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, se señala lo siguiente: "LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA ADMITIR A TRAMITE, RADICAR LA DEMANDA LABORAL, ORDENAR EL EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE LOS DEMANDADOS Y TERCEROS LLAMADOS A JUICIO, ASÍ COMO PRONUNCIARSE SOBRE LA COMPETENCIA, que remitiera la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad, y que ésta le asignó el número de expediente 97/E03/2017.". Así, se tiene que en la especie, de lo que se duele el quejoso Nelson Rigoberto Silguero Torres, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, es de la omisión de: Dictar acuerdo de radicación pronunciándose sobre la competencia para conocer sobre la demanda presentada, y emplazar a la parte demandada y terceros llamados a juicio. De las documentales anexadas al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de radicar la demanda laboral pronunciándose sobre la competencia para conocer de la demanda presentada, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en la especie de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que uno de los actos que la aquí parte quejosa Nelson Rigoberto Silguero Torres, reclama, consiste en la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, de radicar la demanda laboral pronunciándose sobre la competencia para conocer de la misma. Sin embargo, de las documentales que obran en autos se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable registró la demanda laboral interpuesta por el aquí impetrante bajo el número 222/E/2020, declarándose incompetente para conocer de la misma y remitiéndola al Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, para que este resolviera sobre el conflicto competencial suscitado. Por lo anterior, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de radicar la demanda laboral pronunciándose sobre la competencia para conocer de la misma, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal.De la porción del precepto transcrito se desprende que procede sobreseer en el juicio de amparo cuando de las constancias apareciere demostrado claramente que no existe el acto reclamado. Y, de las documentales anexadas al informe que se provee, se advierte la inexistencia del referido acto reclamado -a saber, la omisión de emplazar a la parte demandada y terceros llamados a juicio-; lo anterior, toda vez que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo -veintinueve de septiembre de dos mil veinte- no existía la determinación cuya omisión de notificación se reclama, pues no es factible que la autoridad incurra en la omisión de realizar el emplazamiento del demandado, antes de la radicación de la demanda laboral. Es decir, la autoridad no puede llevar a cabo la notificación de un acto que no ha sucedido o acontecido, pues para que la autoridad sea omisa debe existir el acuerdo que ordene llamar a juicio a la parte demanda y terceros llamados a juicio, lo cual como se ve, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo no existía tal orden, pues apenas en fecha reciente se registró y radicó la demanda laboral, declarándose incompetente el Tribunal de Conciliación para conocer de la misma, es decir no ordenó el llamado del demandado ni de los terceros llamados a juicio, lo cual no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. De ahí que, tal inexistencia se actualiza desde la óptica de que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía la determinación que radicaba el juicio de origen, mucho menos existía la orden de llamar a juicio a los integrantes en conflicto. En el caso, al no ser así, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las once horas con cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable, vía electrónica a la parte quejosa, y por correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.

  2. Principal

    VISTO lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa Licenciado Pascual Vázquez Martínez, y en atención a su contenido. Se autoriza la consulta y acceso vía internet del expediente electrónico, proporcionando en el escrito que se provee nombre de usuario, correo electrónico y número de teléfono 8341302205 y 8341341638. Consecuentemente, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a la parte tercero interesado, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario "EDGARROCHA" y correo electrónico pvemasesores74@gmail.com en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese, privilegiándose el uso de los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal; así como a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este juzgado.

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes signado electrónicamente por el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, en su carácter de apoderado legal del directamente quejoso Guadalupe Santos Medina, mediante el cual solicita se requiera de nueva cuenta a la autoridad responsable a fin de que cumpla en sus términos con la ejecutoria. Ahora bien, de los que se advierte que tanto la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y la autoridad vinculada Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, no han informado el cumplimiento dado al fallo protector dictado dentro del presente asunto, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, a efecto de que: ".para el efecto de que la autoridad responsable realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 391/E/2015, y se le cubra a la parte actora - aquí quejosa- la cantidad de $213,802.70 (doscientos trece mil, ochocientos dos pesos 70/100 M.N.), observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con asiento en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; esto es, se cubra al aquí quejoso Guadalupe Santos Medina, la cantidad de $213,802.70 (doscientos trece mil ochocientos dos pesos 70/100 moneda nacional), que por concepto de pago de prima de antigüedad, se le adeudan. requiérase a la autoridad vinculada Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, acredite con las constancias respectivas el cumplimiento al laudo condenatorio dictado por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, de esta ciudad, dentro de los autos del expediente laboral 291/E/2015; pues no obstante que el Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la información Pública de dicha Secretaría de Finanzas informó que se tiene contemplado cumplir con el laudo en los últimos cinco días hábiles del mes de marzo del dos mil veintiuno; sin embargo, la fecha que menciona no se encuentra dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 192 de la Ley de Amparo - tres días- para acatar el fallo protector. En su caso, deberán informar las gestiones que están realizando para acatar el fallo protector, y no incurrir en trámites ilegales o evasivas, pues el cumplimiento de una ejecutoria de amparo es de orden público la que debe ser acatada dentro de los plazos que establece la Ley de Amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a sus Titulares una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada.

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