Nelson Ricardo Luna Baquero
Expediente 1281/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1281/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nelson Ricardo Luna Baquero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos, sentencia causa ejecutoria. Vistos los autos y la certificación de la secretaria, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta de noviembre del año en curso, que sobreseyó el juicio de amparo, fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo, toda vez que en este asunto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Se dejan sin efecto providencias. En atención a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. I. Se desiste de la demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ********************, a través del cual se desiste de este juicio de amparo. Por tanto, por seguridad jurídica, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que se haga presente en las oficinas de Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, ubicado en Avenida Símbolos Patrios número 906, Municipio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, lugar donde se encuentra el amparista en mención (o en el lugar en donde sea localizados) y lo requiera, para que en el acto de su notificación, manifieste si ratifica su solicitud de desistirse de la demanda de amparo que dio origen a este procedimiento. Apercibido, que de no ratificarlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el trámite del asunto. Ilustra a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la foja 295 del tomo XXIV, agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. Asimismo, tomando en consideración que se trata de un juicio de amparo promovido en contra de actos que atentan contra la libertad personal, se instruye al actuario de la adscripción a fin de que al momento de la diligencia explique al quejoso los alcances y las consecuencias de su decisión, que tiene como motivo el desistimiento en el juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 370/2021, de rubro y texto siguiente: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." Hecho lo anterior, se acordará lo conducente. Notifíquese personalmente al quejoso.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Informa respecto a la suspensión decretada de plano. De conformidad con lo establecido por el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio (recibido vía correo electrónico) de la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, mediante el cual, en atención a lo requerido en auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, informa que se ha emitido resolución de deportación dictada en el procedimiento administrativo migratoria, por lo tanto, mediante acuerdo de veintiocho de octubre pasado, le indicó al quejoso los requisitos que debe cumplir, mismos que fueron precisados por el juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, sede en la Ciudad de México, al conceder la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo 937/2022, de su estadística. Asimismo, menciona que el promovente de la demanda de amparo, ******, en ningún momento se ha presentado en las instalaciones de la Sub-Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por el juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, sede en la Ciudad de México. Sin embargo, no remitió documentales en que acrediten su dicho; por ello, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, por conducto de la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, para que dentro del plazo de veinticuatro horas remita a este Juzgado, copia certificada de: a) resolución de deportación dictada contra el quejoso ***** y b) constancias que acrediten que le notificó al citado quejoso, los requisitos que debe cumplir para poder obtener su libertad en el procedimiento migratorio. Finalmente, no pasa inadvertido que el oficio de cuenta fue recibido vía correo electrónica, toda vez que se tiene la certeza de su procedencia, en atención a que con anterioridad, en este juicio de amparo, se han recibido comunicaciones en similares términos. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito firmado por ******, quien promovió demanda de amparo a favor del quejoso *******, mediante el cual, solicita que se hagan efectivos los apercibimientos decretados y ordenar el inmediato cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano concedida por el juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio 937/2022. Ahora, es necesario recordar que la suspensión de oficio fue decretada de plano para los efectos siguientes: "Por tanto, tomando en consideración que la suspensión de plano constituye un mecanismo para garantizar la libertad personal y la prohibición de cualquier acto que atente contra la integridad, con fundamento en los artículos 15, 122, 125 y 126 de la Ley de Amparo procede concederla -incluso si examinar otros requisitos ni siquiera los contenidos en los artículos 128 y 129, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 128 ambos de la ley de la materia- para que las autoridades responsables lleven a cabo lo siguiente: - La estación migratoria en el Estado de Oaxaca que como autoridad tenga la custodia del directo quejoso, deberá ponerlo e inmediata libertad, hasta en tanto se resuelva en definitiva la situación migratoria o trámite migratorio, por lo que en caso de que la estancia en el país del peticionario presente inconsistencias en su documentación migratoria, procederá de manera inmediata a efectuar los trámites relativos para determinar su situación migratoria y con ello, quedará a su disposición para continuar el procedimiento administrativo migratorio al que en su caso se encuentren los quejosos. Cabe mencionar que la efectividad de la presente suspensión se encuentra condicionada a que el directo quejoso realice lo siguiente: - Se presente ante la autoridad migratoria encargada de registrar las firmas de la persona sujeta a procedimiento administrativo, en los días y horas que establezca dicha potestad. - Proporcionen a la estación migratoria en la que se encuentra, un domicilio en el que se le pueda localizar dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad ante quien se está realizando sus trámites administrativos. NO abandone la demarcación que corresponda al domicilio indicado. La autoridad migratoria deberá indicar la forma y los términos en que la parte quejosa deberá acudir a estampar las firmas ante ella, para la efectividad de a medida cautelar. - Para lo anterior, deberá salvaguardar bajo su más estricta responsabilidad su vida, salud e integridad física y personal." En consecuencia, con copia del escrito de cuenta y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación informen el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano que se otorgó a la parte quejosa, en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por el juzgado Decimosegundo de Distrito en Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Reiterando que el quejoso DEBERÁ QUEDAR EN INMEDIATA LIBERTAD Y SIN DEMORA, aun cuando se encuentre sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, en cuyo caso, es pertinente asegurar el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo migratorio competencia de la autoridad responsable, como se dijo en el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se concedió la medida cautelar. Apoya lo anterior, la tesis con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época; Registro: 2013361; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h; Materia(s): (Común); Tesis: XXVI.2 K (10a.). SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SISTEMAS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. En relación con el cumplimiento de la suspensión provisional o definitiva, en la Ley de Amparo abrogada el legislador dispuso dos sistemas: a) el previsto en el artículo 143, que remite al capítulo que contiene el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (empleado de forma analógica y sólo parcialmente tratándose de la suspensión); y, b) el precisado en el artículo 206, que establece reglas precisas en cuanto a la forma en que debe sancionarse el desacato a la suspensión. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente contiene disposiciones de similar contenido, con la diferencia de que su artículo 158 remite al título quinto, denominado: "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas para lograr, a su vez, el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo; no obstante ello, aun puede afirmarse que, en la actualidad, el cumplimiento de la suspensión está regulado por dos sistemas, a saber: a) uno que ve directamente al cumplimiento del auto o interlocutoria de la suspensión, que no tiene tramitación incidental; y, b) otro que ve al desacato de la autoridad responsable y da lugar a un incidente, los cuales pueden ser aplicados "simultáneamente" por el juzgador y funcionan "paralelamente", de conformidad con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2005-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.". Así, el primer sistema es el que establece el artículo 158 citado, el cual permite al juzgador que se acate la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para ello; su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; no requiere tramitación incidental y puede considerarse oficioso, en la medida en que no necesita la promoción del quejoso, aunque no se excluya esa posibilidad; también puede considerarse preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, antes llamado denuncia de violación a la suspensión. El segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero de la propia ley, que va de los artículos 206 a 209 y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, no es de oficio, pues requiere la promoción de parte; puede considerarse represivo, ya que su principal consecuencia es hacer efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 209 de la Ley de Amparo (consistente en la denuncia ante el Ministerio Público Federal por los delitos previstos en el artículo 262, fracciones III y IV, de esta ley), a la autoridad responsable que, como resultado del incidente de violación a la suspensión, se le requirió el cumplimiento, al quedar demostrado que no ha cumplido dicha medida o que lo hizo de manera excesiva o defectuosa; es en este sistema donde tradicionalmente se declara, de permitirlo la naturaleza del acto reclamado, la nulidad del acto violatorio de la suspensión y se ordena que las cosas vuelvan al estado que tenían previamente o se exige a la autoridad que cumpla la suspensión cuando ésta tiene un efecto positivo, en el entendido de que si en el otro sistema se hizo esa declaración, no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión y a establecer, en su caso, si procede el requerimiento de inmediato cumplimiento con el apercibimiento señalado." Hágase saber a las autoridades responsables que de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo anterior [CON INDEPENDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 262, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, V, 269 de la Ley de Amparo], se le impondrá multa por la cantidad de $14,433.00 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización; los cuales se obtienen de multiplicar la cantidad de 96.22 que es el valor de la unidad de esa medida, a partir del uno de febrero del año en curso, por ciento cincuenta. Notifíquese por lista electrónica y por oficios a las autoridades responsables.
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