Nelson Paul Rodríguez Ibarra
Expediente 823/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Nelson Paul Rodríguez Ibarra
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el diecisiete de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por *****, en su carácter de defensora particular de *****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA. Por este medio y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se notifica a la parte quejosa, el proveído de esta misma data, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *****, en su carácter de defensora particular de *****, contra actos del Juez de Control en Materia Penal, con sede en Guanajuato Capital; que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 apartado b, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 823/2016-VI, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo, como cita, sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo de la Ley de Amparo; mismo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Ahora bien, conviene precisar que el quejoso señala como acto reclamado destacado la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, dictada el diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por el Juez de Control de la ciudad de Guanajuato Capital, dentro de la audiencia de vinculación a proceso. Sin embargo, atendiendo al análisis íntegro del ocurso de demanda, se aprecia que el peticionario del amparo también se duele del auto de vinculación a proceso dictado en la misma fecha, diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la audiencia citada. En tales condiciones, se tiene como actos reclamados, dentro del presente sumario, los siguientes: 1. La medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, y 2. El auto de vinculación a proceso. Ambos actos dictados el diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, los cuales constituyen actos que implican ataques a la libertad personal del quejoso, dentro de un procedimiento judicial. Ahora, hasta el dos de abril de dos mil trece, la característica del acto impugnado permitía al quejoso la promoción del juicio de amparo biinstancial en su contra en cualquier tiempo, pues de acuerdo con la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo vigente hasta esa fecha, este tipo de actos eran excluidos de la regla genérica establecida por el artículo 21 de la misma legislación, que fijaba el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Sin embargo, en dicha fecha, dos de abril de dos mil trece, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, por lo que, al haberse presentado la demanda de amparo el día trece de octubre de dos mil dieciséis, le es aplicable ésta, de conformidad con su artículo primero transitorio que prevé: "La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación". Bajo esa tesitura, la nueva legislación de la materia, en relación con el término para la promoción de la demanda establece como una excepción a la regla genérica, aquellos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. En efecto, el numeral 17, dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De la interpretación del numeral transcrito, se advierte con claridad que el término genérico para la interposición del juicio de amparo indirecto, es de quince días, con la salvedad, de entre otras, que el acto reclamado implique ataques a la libertad fuera del procedimiento. Excepción en la cual no encuadran los actos reclamados (medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y el auto de vinculación a proceso, dictados el diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por el Juez de Control de la ciudad de Guanajuato Capital, dentro de la audiencia de vinculación a proceso), pues el diverso artículo 170 de la Ley de Amparo, señala que para efectos del juicio de amparo, el procedimiento penal inicia con el dictado del auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional, figura procesal jurídica equiparable al auto de formal prisión; por ende, debe entenderse que, la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y el auto de vinculación a proceso, forman parte de un procedimiento penal. Máxime que, como lo narra la parte quejosa en su demanda de garantías, la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y el auto de vinculación a proceso, le fueron dictados al quejoso en data diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la audiencia de vinculación a proceso, esto es, en fecha posterior a la entrada en vigor de la vigente Ley de Amparo (que establece el término genérico de quince días para promover amparo contra actos privativos de libertad, dentro de procedimiento). En ese orden de ideas, si en la especie los actos reclamados se pronunciaron dentro de un procedimiento penal, como se advierte de lo narrado por el quejoso en su demanda de amparo, ello conlleva a determinar que estos no se ubican en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo 17 antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. En efecto, del citado numeral 17 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 18 del propio ordenamiento legal, se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido. De tal manera que, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece como regla genérica que la presentación de la demanda debe ocurrir en el plazo de quince días, plazo que, en términos del numeral 18, debe computarse, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al último de los preceptos en cita, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. En el caso que nos ocupa, la parte promovente manifestó en su escrito de demanda de amparo, que la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y el auto de vinculación a proceso que aquí reclama le fueron dictados el diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la audiencia de vinculación a proceso, manifestación que, tiene pleno valor probatorio de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." Así, en el caso se está en presencia de la primera de las tres hipótesis previstas por el diverso precepto 18 de la ley de la materia, relacionadas con anterioridad, a efecto de contar el término de quince días para la interposición del juicio de amparo; en virtud de que de la demanda de garantías, se aprecia que el ahora inconforme fue notificado de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y el auto de vinculación a proceso aquí reclamados, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, día en que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Ello es así, en virtud de que tal diligencia debe llevarse a cabo indiscutiblemente con la presencia del inculpado, como lo establece el artículo 275 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, quien quedará notificado de las determinaciones que en dicha audiencia se emitan, como lo dispone el diverso numeral 92, segundo párrafo, de la misma legislación. Luego, en términos del artículo 101 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, a partir del día siguiente hábil comenzó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis y culminó el siete de octubre de la citada anualidad, sin contar los días veinticuatro y veinticinco de septiembre, así como uno y dos de octubre de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos, inhábiles según lo previsto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así, si la parte quejosa presentó su demanda de garantías el trece de octubre de la presente anualidad, según se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es inconcuso que, en dicha data, ya había fenecido el término legal para presentarla; resultando así extemporánea, al no haberse promovido dentro del plazo a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, ya que la misma no fue interpuesta dentro del término legal que marca la ley de la materia. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 30 fracción II de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tiene como su autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Angélica Cortés Rosales, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciada en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.
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