Nelson Onofre Hernández

Expediente 696/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
696/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Nelson Onofre Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, a través del cual acusa recibo de la misiva 8751/2019, derivada del proveído de dos de abril del año en curso y designa delegados. Atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento que se formuló a la oficiante y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los que se designan.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE POR MEDIO DE LISTA: "RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Nelson Onofre Hernández, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 696/2019-II-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del estudio integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama: - La determinación judicial dictada por el Juez Civil de Cuantía Menor de Xonacatlan, Estado de México, en el juicio mercantil 123/2018, a efecto de ejecutar el auto de exequendo en contra del aquí quejoso, demandado en el citado juicio de origen. En ese orden, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca. ." A su vez, el contenido del diverso artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." (.)" De la hipótesis normativa reproducida con antelación se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios de defensa común; principios previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley aplicable se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Y que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la Ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diverso artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 107, fracción XII de la citada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo). f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, en el caso concreto el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está excenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, el quejoso es parte formal en el procedimiento de origen, a saber, parte demandada; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Luego, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la Ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Establecido lo anterior, se advierte que contra el acto reclamado consistente en el auto de exequendo (auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste), emitida por el Juez Civil de cuantía menor de Xonacatlan, Estado de México, en los autos del expediente 123/2018, procede el recurso de revocación, cuya esencia se encuentra contenida en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. . Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. - - - De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Ahora bien, no resulta inadvertido para este órgano jurisdiccional el artículo 1339, en donde se establece, entre otras prevenciones, que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional). Además, también se considera lo previsto en los citados artículos 1334 y 1335 del ordenamiento mercantil anteriormente mencionado, los cuales están comprendidos en el capítulo XXIV de tal legislación, denominado "De la revocación y reposición", que contienen las reglas de procedencia de los recursos de revocación y reposición, de cuyo análisis no se advierte alguna limitante para interponer la revocación en contra de las determinaciones o resoluciones dictadas durante el procedimiento, como en el caso acontece, con el auto de exequendo reclamado. Así, de una interpretación sistemática, analítica y armónica de los artículos 1334, 1335 y 1340 del Código de Comercio, se puede arribar a la conclusión de que si la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, entonces, en atención a los referidos artículos 1334 y 1335 del ordenamiento legal en cita, que determinan que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, se concluye que los autos que recaigan en negocios cuyo valor no exceda el monto antes precisado, al no ser apelables, son revocables, sin importar o con independencia de la cuantía o del monto de lo reclamado en el juicio de origen. A su vez, de lo establecido en el artículo 1339 del Código de Comercio, se observa que sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, por ende, debe entenderse que "recurribles" son las resoluciones en donde el negocio sea mayor a dicho monto e "irrecurribles" sólo comprende al recurso de apelación, cuando su monto sea menor a tal suma de dinero, pues es en el capítulo relativo a tal recurso (apelación) en donde se encuentra establecido dicho artículo, no así, de la revocación; máxime que el citado artículo (1334), establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En conclusión, de una interpretación relacionada de los artículos invocados, se concluye que todos los autos, decretos e interlocutorias dictados en un juicio mercantil (ya sea ordinario o ejecutivo), que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación, previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo se advierte que en los autos del expediente 123/2018, la suerte principal reclamada en el juicio ejecutivo mercantil de origen asciende a la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional); en el que el juez de origen emitió auto de mandamiento en forma de ejecución, por tanto, contra esa determinación procede el recurso de revocación, previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, ello en virtud de que el quejoso es parte en el juicio de origen (demandado), lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Así, del análisis de los preceptos legales antes transcritos, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez Civil de cuantía menor de Xonacatlan, Estado de México, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos señalados también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (recurso de revocación), previo a la promoción del juicio de amparo. Por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el recurso de revocación, previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio; con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que el peticionario de amparo, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley que rige la controversia de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que como ya se dijo se trata de una de las partes formales dentro del juicio civil subyacente (parte demandada). Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia I.6º.CJ/37, aprobada por el Sexto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 2002, Novena Época, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 59/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 157, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de septiembre del año dos mil diez, Novena Época, materia civil, con número de registro 163734, que establece: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." En consecuencia, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XVIII, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Nelson Onofre Hernández, en virtud de ser notoriamente improcedente."

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