Nelson Marquez Grajales
Expediente 409/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nelson Marquez Grajales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data dos de junio de dos mil veintitrés (fojas 61 a 65 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 409/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data dos de junio de dos mil veintitrés (fojas 61 a 65 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En Boca del Río, Veracruz, siendo las diez horas con cuarenta minutos del nueve de agosto de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 409/2023, promovido por Nelson Marquez Grajales; el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Ingrid Alvarez Cruz, secretaria quien da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por las autoridades responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. . Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa junto con su escrito de demanda; así como las documentales remitidas por la autoridad Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, como justificación de sus actos (I tomo de prueba). Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de la Materia aplicable, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior el Juez acuerda: con fundamento en el citado numeral, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se aprecia que las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se da por concluido este período de la audiencia constitucional, quedando los autos en estado para dictar sentencia, la que se emite en este acto, en los términos siguientes: En seguida, se dicta SENTENCIA PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y recibido en este órgano jurisdiccional ese mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a las responsables sus informes justificados; dar la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que los actos que se reclaman en esta instancia son: a) La omisión y/o desatención de acordar el escrito de fecha 16 de marzo de 2023 presentado por el suscrito ante dicha responsable en la misma fecha (16 de marzo de 2023) en el que solicité reconsiderara que por congruencia e inmediatez procesal, previo a la celebración de la audiencia inicial de imputación, que dijo señalar para el 19 de mayo de 2023 dentro del proceso penal 375/2022 del índice de esa responsable, debía desahogar la audiencia del cuaderno de control 84/2022 de su índice, relativo a las omisiones del ministerio público dentro de la carpeta de investigación 84/2021 del índice de la Fiscal Tercero de la Sub unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito en la ciudad de Cardel, lo que traería como consecuencia el diferimiento de la audiencia de imputación contemplada para el día 19 de mayo de 2023, dentro del proceso penal 375/2022 de su índice, con motivo del diferimiento de la audiencia de control de 1 de diciembre de 2022 prevista por el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro del Cuaderno de Control 84/2022 de su índice relativo a la carpeta de investigación 84/2021 del índice de la Fiscalía Tercera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito en la Ciudad de Cardel Veracruz y que fue diferida para el 31 de mayo de 2023. b) La omisión y/o desatención de notificar formal y oportunamente en términos del artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales al suscrito y mis abogados del acuerdo que hubiere recaído el escrito de 16 de marzo de 2023, en el que solicité el diferimiento de la audiencia de imputación contemplada para el día 19 de mayo de 2023, dentro del proceso penal 375/20022 de su índice, con motivo del diferimiento de la audiencia de control prevista por el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro del Cuaderno de Control 84/2022 de su índice y relativo a la carpeta de investigación 81/2022 del índice de la Fiscalía Tercera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito en la Ciudad de Cardel Veracruz contemplada para el 1 de diciembre de 2022 y que fue diferida para el 31 de mayo de 2023. c) La violación grave al procedimiento previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y violación flagrante al debido proceso que se instruye en mi contra dentro del proceso penal 375/2022 del índice de esa responsable soslayando la existencia del cuaderno de control 84/2022 del índice de esa misma responsable y relativo a la carpeta de investigación 84/2021 del índice de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en la ciudad de Cardel Veracruz en el que se va a analizar las omisiones de la Fiscalía Tercera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en Cardel Veracruz para integrar la carpeta antes citada y que resulta el antecedente inmediato que dio origen al proceso penal 375/2022 del índice de la misma Juez responsable. d) La alteración y manipulación de fechas en acuerdos y documentos formales que afectan gravemente al debido proceso en perjuicio del suscrito como investigado dentro del cuaderno de control 84/2022 del índice la responsable y consecuentemente en el proceso penal 375/2022 de su mismo índice en los que el suscrito soy parte. e) LA NOTIFICACIÓN ILEGAL que se dijo me fue hecha el 1 de diciembre de 2022 del ACUERDO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022 hecha al suscrito y mis abogados, presuntamente dentro del cuaderno de control 84/2022 de su índice, acuerdo que dice atender el oficio 85/2023 signado por la Lic. Cecilia Uscanga Fernández Fiscal Tercero de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en la ciudad de Cardel el cual resulta a todas luces ausente de certeza, incongruente y desproporcionado en relación a la fecha del escrito que dice atender y a la fecha en que éste fue presentado ante la misma juez responsable. f) EL ACUERDO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022 emitido y notificado presuntamente el mismo 1 de diciembre de 2022 al suscrito y mis abogados, dentro del cuaderno de control 84/2022 de su índice, que dice atender el oficio 85/2023 signado por la Lic. Cecilia Uscanga Fernández Fiscal Tercero de la sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en la ciudad de Cardel el cual resulta a todas luces ausente de certeza, incongruente y desproporcionado en relación a la fecha del escrito que dice atender y a la fecha en que éste fue presentado ante la misma juez responsable. g) LA AUDIENCIA DE 19 DE MAYO DE 2023 ordenada dentro del proceso penal 375/2022 del índice del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial con sede en la ciudad de Veracruz, Veracruz que fue presuntamente ordenada en acuerdo emitido en audiencia de 22 de febrero de 2023 derivado del diferimiento de esa audiencia con motivo de la inasistencia de la Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito en Cardel, Veracruz. B) DE LA LIC. CECILIA USCANGA FERNÁNDEZ TITULAR DE LA FISCALÍA TERCERA DE LA SUBUNIDAD INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL XVII DISTRITO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CARDEL, VERACRUZ. a) El Oficio número 85/2023 de fecha 14 de marzo de 2023 signado por la Lic. Cecilia Uscanga Hemández en su carácter de Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito con sede en la ciudad Cardel en el municipio de la Antigua en el Estado de Veracruz, en el cual pretende justificar su inasistencia a la audiencia de control de 1 de diciembre de 2022 contemplada para desahogar la audiencia prevista por el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro del cuaderno de control 84/2022 del índice de la otrora Juez responsable y relativo a la carpeta de investigación 84/2021 del índice de la Fiscalía Tercera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito en la ciudad de Cardel Veracruz. b) La violación al debido proceso e incumplimiento del deber legal que le impone el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales para atender oportuna y diligentemente el cuaderno de Control 84/2022 del índice del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Oral Penal en la Sala A, relativo a la carpeta de investigación 84/2021 del índice de esa misma Fiscal responsable. c) El incumplimiento del deber legal de integrar a la carpeta de investigación los datos de prueba aportados por el suscrito dentro de la carpeta de investigación 84/2021 de su índice. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la 1. Fiscal Tercera en la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial en Veracruz; así como a la 2. Jueza de Control de Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, adscrita a la Sala "A", con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia de su respectivo informe justificado y aclaratorio que rindió al mismo el Juez responsable (fojas 44, 52, 62 y 65, respectivamente) lo que además se corrobora con las copias certificadas del cuadernillo de control número 84/2022 que remitió el Juez responsable como justificación de los actos reclamados; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia respecto de los actos reclamados al 1. Fiscal Tercera en la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial en Veracruz. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, este Juzgador de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II , del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad en mención no tiene el carácter de responsable para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tal definición se encuentra inmersa en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable al 1. Fiscal Tercera en la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial en Veracruz, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa, por los motivos siguientes: Cabe recordar que la facultad investigadora del Estado por la comisión de delitos, corresponde al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales . De acuerdo con el citado precepto constitucional el Ministerio Público tiene encomendadas dos funciones específicas en materia penal, a saber: (1) una función investigadora, la cual consiste en la facultad y obligación de indagar sobre la posible comisión de un evento delictivo, practicando las diligencias correspondientes a fin de ejercer acción penal cuando considere que hay elementos suficientes para ello; y (2) una función acusadora, la cual puede entenderse como el deber de sostener la imputación formulada en contra de determinada persona a lo largo de todas las etapas del proceso, hasta el momento en que la autoridad jurisdiccional resuelva en definitiva en torno a dicho conflicto penal. Acorde con esa facultad constitucional, por regla general el agente del Ministerio Público puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar, actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas, en forma unilateral y obligatoria y, por tanto, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, en el procedimiento penal acusatorio una vez judicializada la carpeta de investigación, el agente de Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad y adquiere el de parte dentro del proceso. En ese sentido, del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." Dicho numeral establece la calidad del Ministerio Público como parte dentro de los procedimientos que prevé el citado código adjetivo; por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico, al dejar de tener imperio sobre los demás sujetos del procedimiento. Al respecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. En el caso, el acto que se reclama la postura adoptada por el 1. Fiscal Tercera en la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial en Veracruz, al pretender justificar su inasistencia a la audiencia inicial señalada para el uno de diciembre de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de control 84/2022 del índice del Juzgado responsable; así como la omisión de dicho Fiscal de cumplir con la obligación que le impone el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales para atender oportuna y diligentemente el citado cuaderno de control, por lo que, atendiendo a lo establecido en el artículo 105 del referido ordenamiento, los actuación desplegada por el Ministerio Público dentro del procedimiento penal acusatorio y oral, lo es con la calidad de parte procesal, no como autoridad investida de mando. Es aplicable a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de voz y contenido siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia. Así como la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de voz y contenido siguientes: MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional. Conforme a lo anterior, la intervención que tiene el Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, no reúne las características para ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo; toda vez que en su actuación no existe una relación de supra a subordinación con el imputado, sino que, ambas partes se encuentran en una situación de igualdad ante la Ley; siendo el juez de control, quien determina lo procedente en cuanto a la intervención que realicen las partes. Así, tomando en cuenta que los actos que reclama el quejoso del 1. Fiscal Tercera en la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial en Veracruz, es claro, que en esa fase del procedimiento la actuación del agente del ministerio público responsable carece de facultades de imperio, característica del acto autoritario. Por ende el acto que se le reclama, no puede considerarse como acto de autoridad para el juicio de amparo; ante ello, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Por otro lado, por lo que hace al acto reclamado al 2. Jueza de Control de Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, adscrita a la Sala "A", con sede en Veracruz, Veracruz, si bien al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión y/o desatención de dar acordar el escrito de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, manifestando al efecto que no se advierte promoción de fecha dieciséis de marzo del presente año en el que la parte quejosa haya solicitado el diferimiento de la audiencia inicial; sin embargo, que dicha promoción sí fue acordada en sus términos, lo cual, efectivamente se advierte de las constancias que remitió como justificación de sus actos, donde por acuerdo de veintisiete de de abril de dos mil veintitrés, la Jueza responsable dio contestación a la petición planteada en el citado escrito; y advirtiéndose además que en esa misma fecha, a las diecinueve horas del veintisiete de abril, se notificó por medio de una llamada telefónica al asesor jurídico del aquí quejoso, de nombre Osbaldo López, dejándose constancia de notificación de ello. (fojas 47 y 48 del tomo de pruebas) Como se aprecia de la lectura integral de la demanda, el quejoso hizo consistir su reclamo en la y/o desatención de dar acordar el escrito de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Ahora bien, es importante mencionar que, para determinar la certeza de un acto, cuya naturaleza es omisiva, debe existir previamente la obligación correlativa de realizar el acto positivo, conforme lo dispongan las normas legales, y que la autoridad obligada a hacerlo se abstenga de realizarlo sin justificación legal alguna. Así, un acto omisivo atribuido a la autoridad, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y de la propia autoridad responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales o legales que ineludiblemente esté constreñida a realizar; y no simplemente por el sólo hecho de incurrir en la omisión derivada de criterios subjetivos de las partes. En estas circunstancias, para delimitar la actualización de un acto de naturaleza omisiva, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica. En este aspecto es ilustrativa la tesis 1ª.XXIV/98, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y tres, Tomo VII, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." ANTECEDENTES Para evidenciar la inexistencia del acto reclamado a la presentación de la demanda, se relatan los siguientes antecedentes: 1.- José Manuel Montiel Cervantes y Victor Manuel Cervantes Grajales denunciaron a Nelson Maquez Grajales ante la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito con sede en Cardel, Veracruz, quien radicó la carpeta de investigación bajo el número 84/2021. 2.- Derivado de lo anterior la Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Justicia del XVII Distrito con sede en Cardel, Veracruz, solicitó ante el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, fecha para la celebración de la audiencia inicial, lo cual dio origen a la radicación del proceso penal 375/2022 del índice del Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "A". 3.- En relación con lo anterior, se difirieron las audiencias señaladas para las catorce horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós y dieciséis horas con treinta minutos del día veintisiete de octubre de dos dos mil veintidós. 4.- Mediante auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, se reprogramó la audiencia prevista por el artículo 258 del código nacional de procedimientos penales y se fijaron las diez horas del día treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés para su celebración. 5.- Mediante escrito de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, presentado por Nelson Márquez Grajales dentro del cuadernillo de control 84/2022-A, solicitó se difiriera la audiencia señalada para las diez horas del día treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. 7.- Por auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se acordó dicho escrito, en el sentido de desechar de plano lo solicitado, toda vez que ya estaba señalada la fecha para la celebración de la audiencia dentro del cuadernillo de control 84/2022. 8. A las diecinueve horas del veintisiete de abril del año en curso, se notificó por medio de una llamada telefónica al asesor jurídico del aquí quejoso, de nombre Osbaldo López. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto, los alcances derivados del análisis del mismo, deben ser considerados de acuerdo con la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en abandono a la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL." Sobre ese panorama, contrario a las manifestaciones del quejoso con relación a la omisión de acordar el escrito de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, presentado en autos del proceso penal 375/2022, relacionado con el cuadernillo de control 84/2022, es evidente que ya se había acordado dicho escrito desde el veintisiete de abril de noviembre de dos mil veintitrés, y notificado en la propia fecha, como se advierte de las constancias que remitió el Juez responsable como justificación de sus actos, específicamente a foja cuarenta y siete y cuarenta y ocho del tomo de pruebas. Documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°. En ese orden de ideas, deviene incuestionable que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de mayo de dos mil veintitrés) no existía obligación del Juzgado Responsable para dar contestación al escrito recepcionado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Lo anterior significa que, en virtud de haber reclamado la omisión de acordar el escrito fechado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, presentado en el citado proceso penal el veintisiete de abril del año en curso, los puntos a analizar se reducen únicamente a ese supuesto, y no a las circunstancias antecedentes -o posteriores- al acto reclamado al momento de la presentación de la correspondiente demanda de garantías. De ahí que resulta improcedente el juicio de amparo al quedar evidenciado que la parte quejosa en su demanda de amparo solicitó la contestación de su escrito que ya había sido acordado y notificado desde antes su presentación, por lo tanto, no se puede considerar que existió una omisión de dar respuesta pues como se dijo, ya había sucedido incluso antes de que el quejoso instara en la vía constitucional. Por otra parte, respecto de los actos reclamados consistentes en el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, emitido y notificado dentro del cuaderno de control 84/2022, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, numerales que al efecto disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor (.)." De la interpretación armónica y sistemática de los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si éste no se promueve dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, según corresponda, y que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual debe contarse a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 18 de la mencionada ley, a saber: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Cabe señalar que las reglas de temporalidad señaladas tienen aplicabilidad al caso, pues los actos señalados como reclamados provienen de un procedimiento judicial y aunque es de naturaleza penal, no se encuentra contemplado en la hipótesis que señala la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor que dispone: "cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Así pues, en aplicación del marco jurídico previamente establecido, el suscrito encuentra que en el caso la demanda, respecto de los citados actos, se promovió extemporáneamente, ya que sin prejuzgar sobre la legalidad de la notificación practicada respecto del auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se reprograma la audiencia inicial para celebrarse el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; es claro que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, lo cual aconteció el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, transcurrió en exceso el plazo para acudir a la jurisdicción de amparo. El criterio que aquí se sostiene es compatible, y encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del País que enseguida se inserta. AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. Finalmente, respecto del acto reclamado consistente en la audiencia programada para el diecinueve de mayo del año en curso, que refiere el quejoso se fijó en auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, debe tenerse por inexistente, ya que de las actuaciones del cuaderno de control 84/2022 del índice del Juzgado responsable, no se advierte que en la data que indica el quejoso se haya emitido auto alguno que fijara fecha de audiencia para celebrarse el diecinueve de mayo de los corrientes; y por el contrario, existe constancia de que el uno de diciembre de dos mil veintidós, se difirió la audiencia inicial para el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Por ende, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó medio de convicción alguno con el cual acreditara la existencia del auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés emitido en el cuaderno de control 84/2022, en el que aduce se señaló como fecha para celebrar la audiencia inicial el diecinueve de mayo del año en curso, siendo que a éste corresponde acreditar la existencia de los actos que les atribuyen, se sobresee al respecto en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2º. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito . CONCLUSIÓN Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. En términos de lo anteriormente considerado, el suscrito estima procedente emitir el presente fallo. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por NELSON MÁRQUEZ GRAJALES, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con anexo del 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento con lo solicitado mediante proveído de seis de julio del año en curso, por lo que queda sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en concordancia con el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Nelly del Rosario Vásquez Gerónimo343/2022
- Nelly Irazú Larios Paniagua179/2019
- Nelly Isabel Rodríguez Gil315/2021
- Nelly Martínez Romero119/2019
- Nelma Cano Mojica412/2019
- Nelson Arturo Leyva Macip540/2017
- Nelson Márquez Grajales719/2022
- Nelson Márquez Grajales719/2023
- Nelson Márquez Grajales626/2022
- Nemesio Ricardo Domínguez Rodríguez764/2022
- Neri Alonso Navarro267/2020
- Neri Alonso Navarro994/2018