Nelson Huerta Celis
Expediente 367/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nelson Huerta Celis
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda interpuesta por ********************, no fue recurrido por la parte promovente, y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Tengase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Nelson Huerta Celis; en atención a su contenido, se tiene por desahogada en tiempo y forma la prevención que le fuera formulada mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso, para los efectos conducentes. Por tanto, vista la demanda promovida por Nelson Huerta Celis, contra los actos que reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz y otras autoridades, la cual fue registrada bajo el número 367/2019-II-A. Al respecto, se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO
- Principal
Téngase por recibido el primer oficio de cuenta signado por el Director del Centro de Reinserción Social Zona I "Xalapa", con sede en Pacho Viejo, Veracruz, por medio del cual en cumplimiento al auto que concedió la suspensión de plano al aquí quejoso, informa que no son ciertos los actos que se le atribuyen, y no obstante ello informa que acatará la medida concedida. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de su parte las documentales anexas a dicho informe. Por otra parte, téngase por recibido el segundo de los oficios de cuenta, firmado por la Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, por medio del cual remite copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas en proveído de fecha veintiséis de abril del dos mil diecinueve; al respecto, agréguese para que obren como correspondan y tómense en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Nelson Huerta Celis contra los actos que reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y otras autoridades. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 367/2019-II-A. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, como lo establecen los artículos 125 y 126 de la ley en cita. LAS RAZONES DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA. Ello, porque el quejoso afirma que es objeto de tortura física y psicológica dentro del Centro de Reinserción Social de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, además de que se encuentra incomunicado, realizando trabajos forzados, por lo que se presume que está sujeto a actos de los previstos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentran, la incomunicación, tortura, tormento y maltratos. Asimismo, la tesis de jurisprudencia I. 3º. A. J/7, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN consisten en que: I. Cese cualquier acto que de los previstos por el artículo 22 constitucional o cualquiera que afecte la integridad o la dignidad del quejoso. II. No se le mantenga al quejoso incomunicado, torturado, atormentado ni maltratado; hasta en tanto se resuelva en lo principal el juicio de garantías, pues de lo contrario, de consumarse se haría imposible físicamente restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales. LA EXCEPCIÓN DE LA SUSPENSIÓN, consiste en que la autoridad responsable se encuentra en aptitud de separar de la población al quejoso, mientras no se encuentre incomunicado, con motivo de que su estancia en la población constituya un riesgo de seguridad debidamente justificada, y en su caso, con motivo de la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta por la autoridad facultada para dictarla, que haya sido analizada en alguna vía legal. COMO MEDIDA ADICIONAL, dado que el quejoso Nelson Huerta Celis, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de dicho centro penitenciario, y proceda a: a) Localizar a Nelson Huerta Celis, y solicitar su presencia. b) Hecho lo anterior, verifique el estado físico y condiciones en que se encuentra el quejoso Nelson Huerta Celis, asentando en el acta respectiva los pormenores de la diligencia. LOS REQUERIMIENTOS A LA RESPONSABLE con motivo de la suspensión, consisten: 1. En el término de veinticuatro horas comunique a este Juzgado, a través de oficio, de la forma y términos que haya dado al cumplimiento de esta medida suspensional; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes. Es oportuno aclarar que el término citado transcurre de momento a momento, sin tomar en consideración días y horas inhábiles. LOS APERCIBIMIENTOS A LA RESPONSABLE con motivo de la suspensión, consisten en: 1. La violación a esta suspensión entraña el delito establecido en la fracción III, del numeral 262 de la Ley de Amparo, relativo a que se desobedezca un auto de suspensión debidamente notificado. 2. El no informar sobre las medidas tendientes al cumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a que se actualice la comisión de un delito en términos de lo dispuesto por el artículo 215 del Código Penal Federal, por cuanto hace a la desobediencia, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. PREVENCIÓN. En otro orden de ideas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo vigente que disponen: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.] Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. [.] Atento al marco normativo que se establecen en los anteriores criterios, imponen la obligación a este juzgador, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita. Ahora bien, del análisis íntegro del escrito de cuenta, en específico del capítulo de actos reclamados, se advierte que el quejoso Nelson Huerta Celis señala que el auto de formal prisión que se dictó en su contra fue pronunciado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, el veinte de febrero del dos mil diecinueve, en los autos de la causa penal 481/2017, de su índice, por el delito de violación cometido en agravio de Enrique Fernández Juan, sin que al efecto haya señalado la fecha en que fue notificado de dicha resolución. Asimismo, tomando en consideración que es obligación del gobernado indicar bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen el acto reclamado; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establecen los citados numerales de la ley de la materia, requiérase al promovente para que en el término establecido exhiba un escrito de aclaración al que deberá acompañar siete copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto, en el entendido de que tres son para correr traslado a las autoridades señaladas como responsables, una para la parte tercero interesada, dos para la formación de los cuadernos incidentales y una más para dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado para los efectos de su representación social. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J.36/2001, publicada en la página setenta y nueve, del Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/2000, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." SENTIDO DE LA PREVENCIÓN QUE SE FORMULA. En resumen, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de proveer lo correspondiente sobre la admisión de la demanda de amparo intentada, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Deberá indicar bajo protesta de decir verdad, la fecha en que fue notificado del auto de formal prisión que fue pronunciado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, el veinte de febrero del dos mil diecinueve, en la causa penal 481/2017, que se instruye en su contra por el delito de violación. Tiene aplicación al caso en concreto la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Noveno Circuito y Cuarto del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, Décimo Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Hecho que resulta indispensable para el suscrito, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la demanda de amparo, por lo que, deberá aclarar tal circunstancia. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. REQUERIMIENTO. Gírese oficio al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de que sea notificado del presente proveído, remita copia certificada de la resolución de veinte de febrero del dos mil diecinueve, dictada dentro de la cuasa penal 481/2017, de su índice, así como de las constancias de notificación realizadas a las partes, o en su caso, manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrán una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero, conforme al artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el señalado en el escrito de demanda, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Shamed González Contreras, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 126188, y por autorizados con las restricciones que impone el citado precepto, a Demian Tare Sierra González, Jesús Henoc Galván Simón y/o Ismael J. Montayo Martinez y/o Manuel Hernández Hernández, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen con el registro correspondientes, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. Sin embargo, por única ocasión se ordena notificar el presente proveído personalmente al directo quejoso en el lugar de su reclusión, a fin de que tenga conocimiento de la radicación del asunto y para efecto de que el actuario de fe de las condiciones en que se encuentra. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRONICO. Por otra parte, respecto a su solicitud de que se le otorgue acceso al expediente electrónico, se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de éste juzgado, para que una vez que se encuentre firmado el presente expediente, realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario "SHAMED200290", a fin de que el promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y en el domicilio señalado en su escrito de demanda.
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