Nelson Garcia Diaz

Expediente 6/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
6/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Nelson Garcia Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudiera recurrir en queja el auto de cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 13 a 23), que desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello "DESTRUIBLE" en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *****, en su carácter de apoderado para actos de administración y pleitos y cobranzas de los quejosos *****, y el menor de edad de identidad protegida de iniciales *****, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con sede en Tapachula. ACTOS RECLAMADOS (.).ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro Control Electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 6/2023-III-B. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: (.).En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. (.).Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La omisión de dar respuesta a las peticiones de quince y dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, relativas a que se le hiciera entrega inmediata y sin demora de las constancias de trámite de solicitudes de refugio a favor de *****, y el menor de edad de identidad protegida de iniciales *****. Establecido lo anterior, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: (.).De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un procedimiento en forma de juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la resolución que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento en forma de juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. (.).Por ello, se estima que los actos dictados en los procedimientos en forma de juicio siguen la misma suerte y, por ende, son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y solo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En el caso, la parte quejosa se duele de la omisión de dar respuesta a las peticiones de quince y dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, de parte de la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con sede en Tapachula. Al respecto, se estima que dicho acto no constituyen para la parte promovente del amparo un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Para afirmar lo anterior, debe precisarse que cuando un individuo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, no obstante que se duela de violaciones al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo; por tanto, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el caso concreto, en virtud de que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable no ha dictado la determinación correspondiente en el procedimiento de origen. Asimismo, dado que, por regla general, las omisiones en que incurre una autoridad al no acordar promociones de las partes en el procedimiento, o de proseguir en tiempo con su trámite, resulta una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. En efecto, el acto reclamado no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato, ya que no vulnera o menoscaba derechos sustantivos de las partes; por el contrario, únicamente produce efectos en el procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, una vez que se emita la resolución correspondiente. (.).Por otro lado, cabe señalar que tampoco se está ante una abierta dilación del procedimiento o paralización total de este que amerite declarar procedente el presente juicio, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Lo anterior es así, pues al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime la existencia de una abierta dilación al procedimiento, susceptible de ser reclamada en vía de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. (.).De esta forma, atendiendo al contenido de dicho criterio jurisprudencial, el término de cuarenta y cinco días naturales que prevé, es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. Por otra parte, es menester hacer mención que la Secretaria de Gobernación a través de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), cuenta con el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, para emitir la resolución respectiva, tal y como lo dispone el artículo 24, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, como se aprecia a continuación: (.).En ese contexto, en el presente asunto, las peticiones cuya respuesta reclama la parte quejosa, se realizaron mediante escritos presentados el quince y dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, ante el la oficina del Titular de la Oficina de Representación en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con sede en Tapachula, como se aprecia de los acuses de recibo que adjuntó a su demanda de amparo; documentales, que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas, las cuales se admiten y desahogan dada su especial y propia naturaleza. En tal virtud, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, iniciaron el dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, y concluirán el veintinueve y treinta de enero de esta anualidad, respectivamente, con lo cual se tiene que a la fecha de presentación de la demanda constitucional (tres de enero de dos mil veintitrés), habían transcurrido sólo diecisiete y dieciocho días naturales, a partir de la fecha en que fueron formuladas dichas peticiones. De acuerdo a lo anterior, tal dilación no puede entenderse como una paralización total del procedimiento, y por tanto, la falta de contestación de que se duele la parte quejosa, no afecta derechos sustantivos, sino que solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De ahí que el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia antes analizadas, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *****, en su carácter de apoderado para actos de administración y pleitos y cobranzas de los quejosos *****, y el menor de edad de identidad protegida de iniciales *****. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora, no pasa inadvertido que el promovente solicitó que las notificaciones se le realizaran vía electrónica; sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), no se encontró registro del usuario *****. En consecuencia, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa, la presente determinación y los subsecuentes proveídos, por medio de la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; sin perjuicio de que con posterioridad designe diverso domicilio dentro de la ciudad, para oír y recibir notificaciones de índole personal. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, puesto que sucédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. (.).PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet ****** o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es ******, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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