Nelson Caballero Arzapalo

Expediente 816/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
816/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Nelson Caballero Arzapalo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno; mediante el cual, se tuvo por no presentada la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales; en consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento con el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente, y por carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1469/2019-IV-B, promovido por EMILIO JAVIER CASTILLA ROCHE, contra el acto que reclama al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció EMILIO JAVIER CASTILLA ROCHE, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, que quedó registrada con el número 1469/2019; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Recurso de queja. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve en la Oficialía de Partes de este Juzgado Segundo de Distrito, la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la prueba de inspección que ofreció, motivo por el cual se suspendió el procedimiento en el presente asunto; recurso que fue admitido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y registrado bajo el número de toca de queja 323/2019. Luego, mediante auto de diez de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibida de la aludida Superioridad la resolución ejecutoria dictada el veintiocho de febrero de la citada anualidad, misma que declaró infundado el recurso de mérito, por tanto, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada. CUARTO. Posteriormente, mediante oficio de nueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable, solicitando que se le informara si obraba en autos del presente juicio de amparo, algún inconveniente u obstáculo para la apertura de la etapa de juicio oral en la carpeta administrativa 70/2018 de su índice; al respecto, se le indicó que, en términos de lo dispuesto en artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo sí existía obstáculo legal, ya que de proceder con la apertura del juicio oral que refiere, se actualizaría la causal improcedencia establecida en el numeral citado, al cambiar la situación jurídica del ahora quejoso, lo que haría inútil o ineficaz la acción constitucional, dejando al quejoso en estado de indefensión. QUINTO. Segundo recurso de queja. Es el caso, que por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veinte en la Oficialía de Partes de este Juzgado Segundo de Distrito, la parte tercera interesada interpuso queja en contra del aludido proveído de nueve de septiembre del citado año, motivo por el cual se suspendió el procedimiento en el presente asunto; recurso que fue admitido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y registrado bajo el número de toca de queja 191/2020. Mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida de la aludida Superioridad la resolución ejecutoria dictada el ocho de abril pasado, misma que declaró infundado el recurso de mérito, por tanto, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada; por lo que se señaló de nueva cuenta fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede a esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve dictada en la carpeta administrativa 70/2018, en la que se resolvió que no ha lugar a decretar la prescripción de la acción penal por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO.- Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa son inoperantes en parte e infundados en otra, como a continuación se expondrá. Al respecto, el justiciable señala como motivo de disenso que la autoridad responsable, al emitir el acto que por esta vía se reclama, viola sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, defensa y de acceso a la justicia, y sus derechos como imputado, toda vez que de manera incorrecta el Juez de Control consideró que no se actualiza en el caso la prescripción de la acción penal, pues a pesar de que la misma audiencia fue dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo en la que se determinó por cuanto hace a su coprocesada de iniciales N.B.R.A., lo cierto es, que la prescripción de la acción penal fue decretada sobre la base de los mismos hechos. Ahora bien, a efecto de dotar al presente estudio del contexto fáctico adecuado, a continuación se hace una breve relación de antecedentes del acto, tomando en consideración las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, relativas a la carpeta administrativa 70/2018, mismas que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, Cobra especial atención, las documentales que remitió el juez de primer grado consistentes en dos discos versátiles digitales (DVD´s), en los cuales destaca la videograbación de la audiencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, cuya parte conducente constituye el acto reclamado, la cual también goza de la misma valoración probatoria ya indicada, ya que contiene la certificación respectiva por parte del juez de control responsable, por lo que se le concede valor probatorio pleno. Es aplicable la Jurisprudencia 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Previo a resolver sobre el presente medio extraordinario de defensa, conviene narrar los antecedentes del acto reclamado, mismos que obran de las pruebas documentales aportadas por las partes y de los registros audiovisuales que se adjuntaron al informe justificado y, que en lo conducente son los siguientes: 1. El veintinueve de mayo de dos mil quince, Fernando Francisco Javier Ponce García, presentó querella contra ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE y otro, por la probable comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO previsto y sancionado por los artículos 324, fracción VII y 325, fracción IV, del Código Penal del Estado de Yucatán. 2. Seguido el procedimiento penal, radicado con el número de causa penal 70/2018, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, se formuló imputación en contra de ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE, por su probable participación en la comisión de la conducta considerada por la ley como delito de fraude específico previsto y sancionado por los artículos 324, fracción VII y 325, fracción IV, del código penal citado, cometido en perjuicio patrimonial de Fernando Francisco Javier Ponce García. 3. En audiencia celebrada el catorce de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, declaró como no procedente la causa de extinción consistente en la prescripción de la acción penal, prevista en el artículo 121 del Código Penal del Estado de Yucatán, en relación con el ordinal 64, fracción IV, del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán; por lo que no accedió al sobreseimiento de la causa; y dictó auto de no vinculación a proceso a favor de ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE y su coimputado; 4. Inconformes con tal determinación, el querellante Fernando Francisco Javier Ponce García y la fiscal adscrita a los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, interpusieron recurso de apelación. 5. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante resolución dictada en el toca penal 45/2018, la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, revocó la determinación impugnada y decretó auto de vinculación a proceso contra ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE y su coimputado, como probables coautores materiales y directos de la comisión del hecho calificado en la ley penal como delito de FRAUDE ESPECÍFICO previsto y sancionado por los artículos 324, fracción VII y 325, fracción IV, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por Fernando Francisco Javier Ponce García. 6.- Determinación que fue impugnada en amparo indirecto del que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, el cual radicó bajo el número 980/2018 del índice de este Juzgado Federal, en el que se le negó la protección constitucional al quejoso; motivo por el cual recurrió el fallo constitucional mediante el recurso de revisión, que fue registrado bajo el Toca 472/2018 del registro del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del décimo Cuarto Circuito, con sede en esta localidad, en la cual se confirmó la sentencia de amparo indirecto. 7.- Posteriormente, la defensa del encausado solicitó una audiencia especial a efecto de replantear lo relativo a la prescripción de la acción penal, partiendo del hecho de que el Tercer Tribunal Colegiado Auxiliar de la Segunda Región, con sede en Cholula, Puebla, en el Toca 420/2019, revocó la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 1373/2018, también del índice de este Juzgado federal, y dicha Superioridad estableció que operó la prescripción de la acción penal por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO que se le atribuyó a diversa coprocesada del aquí quejoso, por los mismos hechos denunciados. 8.- Petición que se atendió en la audiencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, llevada a cabo dentro de la carpeta administrativa 70/2018, en la que el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, resolvió que no ha lugar a decretar la prescripción de la acción penal por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO. En dicha audiencia, cabe precisar que al inicio, el resolutor de primer grado se avocó a atender lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo concerniente al juicio 1373/2018 del índice de este juzgado federal, en la que, como ya se indicó, se concedió la protección constitucional a la coinculpada de identidad reservada con iniciales N.B.R.A., y el Juez de Control procedió a dejar sin efectos la determinación anterior que constituyó el acto reclamado en dicho sumario y declaró la prescripción de la acción ejercida en contra de esa persona. Posteriormente (19:00), procedió a atender lo relativo a la solicitud de prescripción penal planteada por la defensa del implicado, por lo que abrió el debate y otorgó intervención precisamente al defensor particular del encausado, a este último, a la representación social y al asesor jurídico de la víctima, para después pronunciar su veredicto en torno a la petición, la cual negó, tal como se observa del registro de audio y video (42:35), sobre la base de las siguientes consideraciones esenciales: No hay datos novedosos en la carpeta de investigación que hagan posible la prescripción de la acción penal, tema que fue atendido al dictar el auto de vinculación en contra del encausado. Que la concesión del amparo otorgado a la coinculpada N.B.R.A., no puede hacerse extensivo a efecto de que por esa circunstancia deba decretarse la prescripción de la acción penal respecto del implicado, atento al principio de la relatividad de las sentencias que opera en el juicio de amparo. Que no hay jurisprudencia obligatoria sobre este tema, por lo que advierte que sólo hay criterios encontrados de Tribunales Colegiados, ya que el Colegiado con sede en Cholula, Puebla, amparó a la parte quejosa, pero que el homónimo con sede en esta ciudad de Mérida, negó la protección constitucional; y, Que es criterio de dicho juez A quo, que el sólo hecho de que el querellante Fernando Francisco Javier Ponce García, manifestara que la fecha en la que tuvo conocimiento de la traslación de dominio era el seis de febrero de dos mil catorce, desde esa data no puede iniciarse el cómputo de un año requerido para que opere la prescripción de la acción penal, pues que con tal manifestación no se advierte que conozca quién llevó a cabo la conducta delictiva. La anterior resolución constituye el acto aquí reclamado. Ahora bien, como se anticipó, son inoperantes en parte e infundados en otra, los conceptos de violación vertidos por el justiciable. En relación con los primeros, debe decirse que la mayoría de los argumentos del justiciable están enfocados en señalar que en el caso concreto, contrario a lo que señaló el Juez de Control, se actualizó el primer supuesto de prescripción previsto por el artículo 121 del Código Penal del Estado de Yucatán que supone como condición, que la víctima u ofendido tenga conocimiento del delito y de los probables responsables. El inconforme arguye que el querellante tenía un plazo límite para poder ejercitar su requisito de procedibilidad para interponer querella ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, el cual vencía el día seis de febrero del dos mil quince, circunstancia que no aconteció de esa manera pues el ofendido decidió plantearla por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO hasta el quince de junio del dos mil quince, cuando en todo caso ésta debió ser presentada el día seis de febrero del dos mil quince por encontrarse dentro de la primera hipótesis del artículo 121 del Código Penal del Estado de Yucatán. Asimismo, refiere el quejoso que el Juez debió declarar procedente la prescripción de la acción penal prevista en el artículo 121 del Código Penal del Estado, pues de los datos aportados por las partes se evidencia que el querellante conocía del delito y los imputados, ya que el delito se consumó el doce de agosto de dos mil trece (con la firma de los contratos de cesión de derechos y donación), por lo que el ofendido tuvo conocimiento de los hechos desde esa fecha, sin embargo, este último refirió que tuvo conocimiento de los hechos y de las personas que lo cometieron, el día seis de febrero de dos mil quince, por lo tanto, ya sabía del delito y de quien lo cometió. Al respecto, como se anticipó, la inoperancia de los argumentos expuestos por el justiciable radica en que todos esos aspectos que menciona ya fueron materia de análisis al pronunciarse este juzgado Federal en torno al punto específico de la prescripción al momento de resolver el juicio de amparo 980/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se tiene a la vista como hecho notorio, promovido en contra del auto de vinculación dictado en contra del quejoso por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto y sancionado por los artículos 324, fracción VII y 325, fracción IV, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por Fernando Francisco Javier Ponce García. En efecto, en su momento, en la referida sentencia constitucional, engrosada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que este juzgado Federal ya hizo pronunciamiento específico en torno a los hechos aludidos por el quejoso respecto a la prescripción de la acción penal. A fin de evidenciar lo anterior, a continuación se invoca la parte conducente de dicho fallo de amparo: "[.] En efecto, es preciso destacar por razón de orden, que en el particular, la Sala responsable correctamente determinó que en el caso que se analiza no es procedente la prescripción de la acción penal prevista en el artículo 121 del Código Penal del Estado con relación al 64, fracción IV, del Código Procesal Penal del Estado, porque si bien es una figura que opera por simple transcurso del tiempo; en la etapa procesal en la que se analiza no se encuentra demostrado por encima de toda duda razonable, que opere en favor de los imputados dicha figura. Lo anterior, porque como bien consideró la Sala responsable, en el caso, el Juez tomó en consideración la querella del agraviado Fernando Francisco Javier Ponce García, recibida por la Fiscalía Estatal el quince de junio de dos mil quince, la cual ratificó el veinticuatro del mismo mes y año; también, existía una denuncia presentada por José Menéndez Medina ante la Procuraduría General de la República el once de febrero de dos mil catorce, la cual se enderezó por hechos coincidentes a los querellados ante la Fiscalía General del Estado, por lo que se consideró que: I). De ser idénticos los hechos que se ventilan ante las instancias mencionadas podría generar que dos autoridades diferentes conozcan y resuelvan sobre el mismo problema jurídico, por lo que podría actualizarse una litispendencia o una conexidad de delitos que le impedirían seguir conociendo del asunto y correspondiéndole conocer a quien en un primer momento resolvió, pues de lo contrario dejaría sin materia lo que habría de resolver la Procuraduría General de la República; o II). De haberse denunciado hechos diferentes, o sea, si no se trata de los mismos hechos, entonces operaría la figura de la prescripción. Así, la Sala consideró de manera correcta que ante esas consideraciones y la información que valoró el Juez de Control misma que proporcionó el asesor jurídico de la víctima, en el sentido de que en la carpeta de investigación relativa a la causa penal existía un escrito signado por el querellante Fernando Francisco Javier Ponce García, de trece de abril de dos mil dieciocho, que ratificó ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por comparecencia de dieciséis del propio año, en la que manifestó que ratificaba la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República, destacando el hecho de que de que el propio letrado a preguntas del Juez, no pudo proporcionar la fecha de la ratificación señalada, agregando que en la carpeta de investigación no obraba como dato de prueba el documento correspondiente. Por lo tanto como bien lo estimó la Sala responsable, ante la falta de información y datos que corroboren la aseveración de Ponce García, en el sentido de haber comparecido ante la Procuraduría General de la República a ratificar la denuncia enderezada por José Menéndez Medina el once de febrero de dos mil catorce, no es posible estudiar la denuncia de mérito y en su caso, actualizar una litispendencia. Asimismo, se estima correcta la determinación de la Sala responsable al destacar en la resolución que se analiza que como bien lo consideró el juzgador natural, existe una posible causa de interrupción de la prescripción de la acción penal, ya que se advierte una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República por José Menéndez Medina el once de febrero de dos mil catorce, es decir, cinco días después de que el querellante se enterara de los hechos materia de la controversia (seis de febrero de dos mil catorce), que si bien se estima conjetural la ratificación que se dice fue realizada por Ponce García; lo cierto es que no está sustentada con dato de prueba alguno, pero existe mención de la misma por parte del querellante en la carpeta de investigación a que se refiere la causa penal en estudio (memorial de trece de abril de dos mil dieciocho, ratificado por comparecencia del dieciséis de abril de dos mil dieciocho), de tal manera que, se insiste, es adecuada la determinación de la Sala responsable al destacar que en el particular se advierte esa duda razonable de que en el caso opere en favor de los imputados la prescripción de la acción penal y por ello no se actualiza en este momento. [.]". Ahora bien, como se observa de lo que precede, es claro que no es válido analizar de nueva cuenta el tema de la prescripción de la acción penal respecto de los argumentos que ahora vierte el quejoso, cuando este órgano jurisdiccional ya hizo el análisis correspondiente sobre los mismos hechos que obran en la carpeta administrativa de origen. En efecto, la cosa juzgada se produce cuando en un juicio de amparo anterior al que se analiza, se haya dictado sentencia ejecutoriada contra la cual, por obvias razones, no procede recurso que pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclamó y, lo resuelto en ella versó sobre la controversia principal o de fondo contra la que se promueve el nuevo juicio. Siendo necesario precisar que incluso, la sentencia emitida en el juicio de amparo anterior 980/2018 del índice de este juzgado Federal, en el que se le negó la protección constitucional al quejoso, fue recurrida en revisión, formándose el Toca 472/2018 del registro del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta localidad, el que confirmó la sentencia de amparo indirecto. En esa guisa, es claro que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido a analizar por segunda ocasión lo concerniente al tópico de la prescripción de la acción penal ejercida en contra del justiciable por el delito de fraude específico, máxime que lo ahora argüido versa sobre los mismos hechos que dieron origen a su consignación, respecto de los cuales no existe modificación alguna, ello al margen de que se trata de un acto reclamado distinto al que se analizó, ya que la resolución impugnada ahora es la que emitió el Juez de Control al resolver una petición de la defensa del inculpado para decretar la prescripción de la acción penal, pues no debe perderse de vista que todos los argumentos versan, se itera, sobre los mismos hechos que ya fueron analizados previamente por este juzgado Federal en diversa ejecutoria, por lo que opera en el caso la cosa juzgada. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer". Esto es así, pues la finalidad que persigue dicha figura jurídica es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de las decisiones ya adoptadas, que podrían vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio del quejoso, vulnerando con ello el principio constitucional de non bis in ídem. Sobre ello, es ilustrativa la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado". Por ende, no debe soslayarse lo decidido con antelación para resolver sobre el tema de la prescripción que refiere el quejoso, pues de ser así se obviaría el derecho fundamental de seguridad jurídica y la autoridad de cosa juzgada que tiene la ejecutoria emitida en el aludido juicio de amparo 980/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual cobró firmeza al ser recurrido en revisión en el Toca 472/2018 del registro del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta localidad, al confirmar la negativa de otorgar la protección constitucional al quejoso respecto del auto de vinculación dictado en su contra por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO. Sin que la presente determinación vulnere 1o. y 133 Constitucionales, ni el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, ya que la cosa juzgada aquí invocada es compatible con el derecho a la seguridad jurídica, pues la misma opera sobre la base de los mismos hechos ya analizados en diverso juicio de amparo, pues esta situación no puede desconocerse en este nuevo juicio constitucional. Postura que es compatible, como ya se indicó, con el derecho fundamental de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Lo anterior es necesario para la efectiva protección de los derechos de las personas, cuya previsión se encuentra en armonía con lo que establece al respecto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la amplia jurisprudencia en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en este juicio de amparo 1469/2019 se reclame la violación de derechos humanos bajo argumentos derivados de un nuevo criterio aplicado en favor de la coprocesada del inculpado. Ciertamente, porque lo anterior implicaría desconocer lo ya decidido en torno a la situación jurídica del quejoso en relación con los hechos materia de consignación, y además de lo ya considerado por un órgano Superior como lo es el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, quien al resolver el recurso de revisión correspondiente estimó que la sentencia impugnada fue correcta al analizar, entre otras cuestiones, el tema de la prescripción, por lo que confirmó la sentencia constitucional emitida por este juzgado Federal. Lo anterior, atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social; y que lo aquí resuelto impere, bajo el esquema de la Ley de Amparo, como una cuestión definitiva ya resuelta; es por ello que, claramente en el caso ha operado la cosa juzgada respecto a lo ahora planteado por el quejoso. Por otra parte, se consideran infundados los conceptos de violación, en los que el justiciable señala que el Juez de Control tuvo conocimiento sobre la actualización de la prescripción de la acción penal que dio origen al proceso natural, con motivo del fallo federal que obligó al propio A quo responsable a decretar prescrita la acción penal a favor de su coacusada Noemí Beatriz Roche Ancona, pero no obstante lo anterior, resolvió desconocer lo indicado en definitiva por el órgano judicial federal y en ese sentido negarle al aquí quejoso la solicitud de decretar prescrita la acción penal. Además, considera que el resolutor de primer grado se equivoca al estimar improcedente la solicitud de hacer extensivos a su favor, los efectos del fallo federal decretado a favor de Noemí Beatriz Roche Ancona, pues considera que los efectos de una sentencia de amparo que concede la Protección Federal, deben extenderse a sus coacusados, cuando se encuentre acreditado en autos que la situación de dichos coacusados es afín o común a la de quien se otorgó la protección federal, pues los efectos y las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los demás sujetos procesales en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional. En efecto, como se anticipó, no le asiste razón al quejoso en los argumentos anteriores, por lo que se considera correcta la actuación del Juez de Control al no hacer extensivos los efectos de la sentencia protectora emitida a favor de su coencausada. Ciertamente, la actuación del juez a quo se considera ajustada a derecho, ya que negó solicitud de prescripción penal planteada por la defensa del implicado, pues señaló correctamente que no hay datos novedosos en la carpeta de investigación que hagan posible la prescripción de la acción penal respecto al aquí quejoso. Sobre la premisa anterior, el juez desarrolló su determinación, destacado que esas cuestiones ahora argumentadas ya las había atendido en su momento al dictar el auto de vinculación en contra del encausado por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, lo cual se observa de autos, así fue. Luego, el juez de primer grado atinadamente indicó que la concesión del amparo otorgado a la coinculpada Noemí Beatriz Roche Ancona, que había emitido instantes antes en la misma audiencia al atender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo relativa, no podía hacerla extensiva a favor del aquí quejoso para decretar la prescripción de la acción penal por lo que respecta a él, atento al principio de relatividad de las sentencias que opera en el juicio de amparo. Determinación que se considera objetivamente correcta, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo, conocido como "Fórmula Otero", se traduce en que la sentencia protectora que se dicta en el juicio de amparo, tendrá siempre efectos particulares, o sea, se limitará a impartir la Protección Constitucional en el caso particular sobre el que verse el proceso promovido por determinada persona, prohibiendo las declaraciones generales, respecto de la ley o el acto que la motivare. El principio de relatividad de las sentencias constitucionales, opera también en materia de amparo penal, pues significa que los efectos de la cosa juzgada en un caso determinado, no producen consecuencias en todos los casos similares, ni respecto de cualquier afectado por la ley o el acto materia del caso concreto; es decir, la sentencia de amparo no surte efectos erga omnes, sino que beneficia, exclusivamente, a quien solicitó y obtuvo el amparo, por una parte y, por otra, que la ley o el acto reclamado, permanecen inalterados desde el punto de vista de su validez o vigencia para todos aquellos que no tuvieron el carácter de quejoso, incluyendo a los coinculpados. Dicho principio de relatividad de las sentencias de amparo, lo recogen tanto el artículo 107, fracción II de la Constitución Federal como el numeral 76 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ...II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare." "Artículo 76. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare." En esa guisa, es claro que lo pretendido por el justiciable en torno a que el Juez de Control realizara una nueva ponderación de los hechos basada en una resolución en materia de amparo que sólo fue dirigida a la situación particular de la coacusada Noemí Beatriz Roche Ancona, es inadmisible jurídicamente. Lo anterior es así, pues en lo que respecta al aquí quejoso ya había sido analizado el tema de la prescripción, respecto del cual, éste agotó los medios de impugnación a su alcance. Se afirma lo anterior, ya que, en contra de la resolución del juez de origen, promovió juicio de amparo indirecto en su contra, y posteriormente, inconforme con lo resuelto por este juzgado Federal, interpuso recurso de revisión, siendo atendido por un Tribunal Colegiado, quien de nueva cuenta analizó el tópico de la prescripción, resolviendo que no se actualizaba en la especie respecto del quejoso; con lo que el asunto y el tema adquirió la categoría de cosa juzgada. Por tanto, es correcta la actuación del juez natural en relación con este punto de la resolución combatida de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, pues a pesar de que la sentencia constitucional amparadora fue emitida tomando en consideración los mismos hechos de la carpeta administrativa que rige para la situación jurídica del aquí justiciable, lo cierto es, que ello obedece a que fue un tribunal distinto quien consideró de acuerdo a su criterio resolver en ese sentido, sin que ello vincule al Juez de origen a hacerlo también respecto a los coprocesados de la ahí quejosa, en principio, porque ese no fue el efecto de la sentencia amparadora y, en segundo lugar, atento al principio de la relatividad de las sentencias de amparo, lo que se ve robustecido con la cosa juzgada que opera en el presente asunto en relación con el aquí justiciable. Así, la decisión del Juez de Control se estima ajustada a derecho, pues se advierte correcto el razonamiento que realizó en el sentido de que sobre el tema no hay jurisprudencia obligatoria, y que, en su caso, sólo existen criterios encontrados de Tribunales Colegiados, ya que el Colegiado con sede en Cholula, Puebla, amparó a la parte quejosa, y el diverso Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito con sede en esta ciudad de Mérida. Por tanto, sobre la base de los argumentos anteriormente vertidos, se concluye que no le asiste razón al quejoso en los puntos que refiere en sus conceptos de violación, por lo que se califican de infundados. Así las cosas, ante lo inoperante e infundados de los motivos de disenso aquí analizados, se impone NEGAR al quejoso la protección constitucional solicitada en relación con la resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las demás partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE respecto del acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

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