Nelsón Anibal Urquia Calix
Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 29 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Nelsón Anibal Urquia Calix
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta secretarial, signado por la autoridad responsable Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, a través del cual desahoga los diversos requerimiento que le fueron formulados en diversas fechas, y al efecto remite la digitalización del expediente administrativo del aquí quejoso **********; agréguese a los presentes autos para los fines legales a que haya lugar, y con su contenido dese vista a las partes. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, en específico del oficio de cuenta, se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, el siete de junio de dos mil veintidós, se emitió en favor del aquí quejoso **********, acuerdo de salida, dejándolo en libertad deambulatoria a efecto de que acudiera a las oficinas de regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, e iniciara el trámite correspondiente a fin de obtener el documento que acredite su regular estancia en el país. Constancias que fueron remitidas en el oficio de cuenta, mismas que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues manifestó la responsable de mérito, bajo protesta de decir verdad que son copias integras e inalteradas de las originales. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" Bajo ese contexto, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por el alojamiento decretado en su favor, en las instalaciones de la Estación Migratoria, en esta ciudad, a la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386 del tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, acorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica; personalmente al quejoso y mediante oficios a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, como de la certificación de cuenta se advierte, que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, se advierte que no obran en autos las constancias relativas al Procedimiento Administrativo Migratorio instaurado al quejoso **********. Requiere constancias. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Representante Local y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta localidad, para que en un término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada del Procedimiento Administrativo Migratorio instaurado al quejoso **********. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 363, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos nueve, del Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que al rubro dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad, de que caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Difiere audiencia constitucional. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para celebrarse el día de hoy y al efecto se fijan las ONCE HORAS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que no obran en autos las constancias relativas al Procedimiento Administrativo Migratorio instaurado al quejoso ********** de nacionalidad Hondureña. Requiere constancias. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Representante Local y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta localidad, para que en un término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada del Procedimiento Administrativo Migratorio instaurado al quejoso ********** de nacionalidad Hondureña. Lo anterior, en virtud de que la autoridad señalada ha sido omisa en manifestar si las documentales relativas al expediente administrativo 1732/2022, instaurado al aquí quejoso, las cuales remitió por oficio INM/ORCHIH/SCVM/896/2022 de uno de mayo de dos mil veintidós. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad, de que caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa por doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable de referencia. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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